Rúbrica
Por: Aurelio Contreras Moreno
Un
verdadero horror que pinta de cuerpo completo al gobierno de Javier Duarte de
Ochoa es el nuevo Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el
Estado de Veracruz, que fue aprobado “en lo oscurito” para pasárselo de humo a
los ciudadanos de la entidad.
Dicho ordenamiento,
que entró en vigor el pasado 16 de junio, es violatorio de los derechos
humanos, restringe la libertad de expresión, criminaliza la protesta en la vía
pública y hasta se da el lujo de “prohibir” la mendicidad. Una absoluta aberración.
Por ejemplo, el
artículo 272 establece que el peatón tendrá la obligación de transitar por
las aceras o banquetas “sin invadir la vía pública de manera intempestiva”, con
lo cual se pretende restringir las protestas.
Esta idea es
reforzada en el artículo 273, que prohíbe a los peatones “cruzar
intempestivamente la vía pública, así como alterar el orden, la seguridad
pública, el tránsito y la seguridad vial”, y en el artículo 278, incluido en el
capítulo III del citado Reglamento titulado “Permiso para el Uso de la Vía
Pública”, donde se dispone que se puede dar aviso a la autoridad vial con seis
horas de anticipación para realizar eventos en las calles, lo que deja a
decisión del gobierno si otorga o no tal permiso.
Un
artículo que es verdaderamente repudiable es el 277, donde se ordena que todo
peatón que transite en la vía pública deberá hacerlo por su extrema
derecha y tendrá la obligación de portar una identificación con fotografía en
la que se señale la dirección de su domicilio particular.
La asociación civil
Artículo 19 señala que dicho artículo es abiertamente violatorio del derecho a
la movilidad y libre tránsito, ya que el artículo 11 de la Constitución General
de la República “prohíbe la necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto
u otros requisitos semejantes para transitar libremente por el país”.
Para
que no queden dudas de que se trata de una normatividad coercitiva y
francamente totalitaria, el artículo 333 establece arrestos
administrativos y sanciones por “ofender e inferir ultrajes a la autoridad;
alterar el orden, la seguridad pública, el tránsito y la seguridad; impedir que
policía realice su trabajo; por no transitar por la acera, banqueta, paso
peatonal y en general por la vía pública por su extrema derecha, impidiendo u
obstaculizando el paso de los demás usuarios”, así como por “invadir vía
pública de manera intempestiva”, para que a nadie le quede duda.
En ese sentido, el
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que se conforma por
numerosas organizaciones no gubernamentales y de defensa de derechos humanos,
exigió al Gobierno de Veracruz revisar y modificar “todas las disposiciones que
restrinjan indebidamente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión,
reunión y protesta social en el espacio público. En una entidad donde la
libertad de expresión se encuentra bajo asedio, se requieren garantías para su
ejercicio, no restricciones ilegítimas”.
¿Le parece poco?
Pues hay más. El artículo 237 prohíbe “ofrecer a los ocupantes de los vehículos
mercancías o servicios, repartir propaganda o solicitar ayuda económica, sin
contar con el permiso de la autoridad competente”.
En otras palabras,
el gobierno de Javier Duarte pretende, por decreto, borrar la mendicidad y el
trabajo callejero en el estado, sin ofrecer a cambio una sola alternativa de
sustento para las personas que se ganan la vida de esa manera. Los autores de
este bodrio deben creer que están en Suiza y no en Veracruz.
La cereza del
pastel es la instalación de radares para aplicar multas indiscriminadas por
infracciones que los automovilistas ni siquiera saben que van a cometer, con la
finalidad de recuperar por esta vía el dinero que el gobierno dejó de percibir
por concepto de la tenencia vehicular, que derogó por pura demagogia.
Este petardo
jurídico se quiso implantar desde que el diputado local del PRI Adolfo Ramírez
Arana presentó la iniciativa de nueva Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el
Estado de Veracruz meses atrás, pero ante la oleada de críticas, no lo sacaron
adelante en ese momento. Con una descarada alevosía, introdujeron en el
reglamento lo que no pudieron meter en la ley.
Esto forma parte de
una escalada autoritaria en Veracruz. Conforme se acerque el proceso electoral
local el duartismo buscará cerrar los espacios a la disidencia, la protesta y
la crítica. Su campaña para controlar las redes sociales y este reglamento,
fascistoide y regresivo, son la punta del iceberg.
Pero no se podía
esperar menos de un gobernador que es abierto admirador del dictador fascista
español Francisco Franco. Nada más falta que pida que lo saluden al grito de
¡Heil, Duarte!
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