XALAPA,
Ver. (apro).- Víctor Manuel Arcos Suárez, exprecandidato del PRI a la alcaldía
de Emiliano Zapata y empresario musical, demandó por la vía mercantil y
administrativa a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al gobierno de
Javier Duarte por incumplimiento de contrato en la realización del Festival por
la Paz efectuado en agosto pasado y que casi después de un año no ha podido ser
liquidado.
Arco Suárez señaló que su empresa Hacienda Musical se ha visto
perjudicada por un monto de casi 4 millones de pesos si a ello suma la
contratación de diversos grupos musicales, hospedaje y traslado en avión de los
artistas, así como el montaje de la escenografía para la realización del
festival, aparte de los intereses moratorios que ha tenido que pagar derivados
del contrato SSP-UA-142/14.
“El contrato se sufragaría con recursos federales, incluso mis
contadores dicen que el monto ya fue deducido de impuestos, pues el gobierno
(de Duarte) ya dio el contrato como pagado. Sin embargo, a mí no me han abonado
un solo peso”, acusó.
La querella fue interpuesta en la Sala Regional zona Centro,
Xalapa, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Arcos Suárez, quien presume su militancia priista, asegura que
ya se cansó de hacer “antesala” en la oficina del titular de la SSP, Arturo
Bermúdez Zurita; en la Secretaría Particular del gobernador, y en la Secretaría
de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para exigir su pago y por el que debió
absorber intereses moratorios de 70 mil pesos mensuales.
El Festival por la Paz fue realizado el pasado 26 de agosto bajo
el contrato de la licitación simplificada LICTP-014-14, en el que actuaron el
grupo puertorriqueño Merenglass, la Sonora Santanera y el grupo Jaleo, entre
otros.
Arcos detalla que su empresa sufragó toda la logística, desde
los boletos de avión, hospedaje y contratos individuales de los artistas hasta
la renta de toldos y baños móviles.
“El contrato que firmé con el gobierno y con la SSP me exigía
solvencia financiera y así lo asimilé”, explica.
Al igual que a su empresa, abunda, el gobierno de Duarte y la
Junta Estatal de Mejoras tienen adeudos millonarios con otras agrupaciones
musicales que han tocado en fiestas patronales y en distintas ferias de la
región.
En la plaza Lerdo, renombrada plaza Regina Martínez, es común
que una vez al mes grupos de banda, conjuntos de música cumbia y hasta
“sonideros” se planten frente al Palacio de Gobierno para protestar por la
falta de pagos correspondientes a conciertos que datan desde el primer año de
la actual administración priista.
Víctor Manuel Arcos entregó a Apro copia de las tres facturas que el
gobierno estatal y la SSP dieron como asimiladas dentro del contrato, y la de
mayor costo es por un monto de un millón 852 mil 889 pesos y fue recibida con
el folio Factura A3 con fecha del 25 de septiembre de 2014.
“El dinero para pagar esa factura ya fue depositado por el
gobierno federal, ya fue deducible de impuestos y la SSP ya la dio por pagada,
cuando no es así. Creo que la SSP está incurriendo en un delito”, expone.
En Proceso 2019 se publicó que la insolvencia en
la entidad es tal, que miembros de las cámaras nacionales de Comercio (Canaco)
y de la Industria de la Transformación (Canacintra), así como de la Coparmex y
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) literalmente
“acampan” en la Sefiplan para exigir la “liberación de sus saldos”.
El reportaje detalla en que los empresarios han aceptado “pagos
chiquitos” mensuales que apenas equivalen a 15% de lo que el gobierno de Duarte
les adeuda.
En esa coyuntura, hasta la Asociación Mexicana de Distribuidores
de Automotores en Veracruz ha exigido, vía dos desplegados de prensa, el pago
de 10 millones 47 mil 840 pesos por concepto de vehículos adquiridos el año
pasado por dependencias como SSP, Obras Públicas y Medio Ambiente y cuyo último
requerimiento reclamaron el mes pasado.
