Los estados de Veracruz y Puebla
que son gobernados por Javier Duarte de Ochoa y Rafael Moreno Valle Rosas, PRI
y PAN respectivamente, se han convertido en una pesadilla para aquellos que
intentan ir en contra de sus mandatos que son considerados lugares donde la
represión es tema de cada día.
Estudiantes, activistas y periodistas son parte de una estrategia
de terror donde sus derechos humanos son violados de manera constante; donde la
impunidad y la corrupción son conceptos que se aplican en sus gobiernos.
La lista
negra de Duarte
La madrugada del 05 de junio, ocho activistas y estudiantes de la
Universidad Veracruzana (UV) fueron brutalmente agredidos en un domicilio
particular en la ciudad de Xalapa.
Un grupo de 10 hombres vestidos de civil, con los rostros
cubiertos y con chalecos estilo policía entraron a la casa y golpearon a los
jóvenes con bates, palos, machetes y armas largas quienes les provocaron
heridas, contusiones, fracturas, pérdida de la dentadura, entre otras lesiones.
Además los despojaron de sus objetos personales como teléfonos celulares y
computadoras portátiles.
Las ocho víctimas, cuatro hombres y cuatro mujeres, son alumnos de
Derechos, Filosofía, Pedagogía, Ingeniería, Administración, Sociología e
Historia, de entre 19 y 32 años; se dedican a actividades de carácter social,
integrantes de colectivos y grupos en defensa de la tierra, territorio y
recursos naturales.
En conferencia de prensa realizada en el Centro Pro de Derechos
Humanos, en la que estuvieron tres de los ocho jóvenes agredidos ese día,
todavía con las secuelas de los golpes en el rostro y cuerpo, denunciaron hoy
que el Gobierno de Duarte tiene una lista negra de 30 personas “peligrosas”
para el orden público.
“Vivimos en un clima de persecución, detenciones arbitrarias,
acusaciones a los estudiantes de Humanidades de ser responsables de ataques al
INE en Xalapa. Hay una lista negra donde hay activistas y estudiantes que
luchamos en contra de megaproyectos”, dijo Ignacio Córdova, uno de los
estudiantes de la Universidad Veracruzana atacado el 5 de junio.
Asimismo señalaron que en la víspera del ataque, el Fiscal General
de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras los criminalizó
injustamente.
“Nosotros somos universitarios que se solidarizan con las causas
justas: movimiento magisterial, estudiantes de Ayotzinapa. La mayor parte de
nosotros somos artistas, hacemos poesía, prensa, proyectos audiovisuales.
Defendemos los ríos y afectaciones de las comunidades afectadas por la Reforma
Energética”, indicó Córdova.
Señalaron que este Gobierno pretende enviar un mensaje de “terror”
a la población que pretenda participar en asuntos públicos o políticos,
denunciaron sobrevivientes de esos hechos, académicos, activistas y defensores
de derechos humanos.
La
tiranía de Moreno Valle
La madrugada del 06 de junio, policías estatales irrumpieron en
siete casas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, a quienes sin
ninguna orden de cateo ni aprehensión, llevaron por la fuerza a la Procuraduría
del estado de Puebla.
Ese día se les acusó de participar en los hechos violentos
perpetrados contra la Secretaría de Economía, las oficinas del INE en el estado
y una de las estaciones del transporte colectivo Metrobus.
Después de una larga jornada donde nunca se demostraron tales
hechos, fueron liberados. Sin embargo la pesadilla continúa, pues el proceso en
su contra sigue vigente por lo que podrían ser reaprehendidos en cualquier
momento.
Ante esto, el procurador Víctor Carrancá Bourget advirtió que las
investigaciones persisten debido a los ataques y bombazos a instalaciones
públicas del 1 de junio y 27 de marzo del 2015.
En entrevista para medios locales, destacó:
“No prejuzgo, la información que tenemos se tendrá que ir
consolidando y en el momento que existan elementos suficientes vamos a proceder
contra quien resulte responsable”.
Al igual que en Veracruz, los siete estudiantes se dedican a
difundir información sobre los presos políticos del gobierno morenovallista y
analizan las situaciones sobre las represiones sociales que se suscitan en el
estado.
En conferencia de prensa, los jóvenes señalaron que esta situación
se trata “simplemente de represión de parte del gobierno de Rafael Moreno
Valle” e indicaron que interpondrán denuncias ante las comisiones estatal y
nacional de derechos humanos, así como una contrademanda contra las
autoridades.
