18 de agosto de 2015

VERACRUZ A LA DERIVA

Segundo estado en el que más aumentó la pobreza y la pobreza extrema de 2012 a 2014 (5.4% y 2.9%, respectivamente, según CONEVAL); tercero más endeudado del país (40 mil 952 millones, según la SHCP); cuarto en analfabetismo (según el INEGI); en los primeros tres en opacidad (de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación); primero en periodistas desaparecidos (según la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión, de la PGR)… 

Las cifras podrían acumularse. Definitivamente algo se pudre –o mejor dicho, se pudrió, hace tiempo– en Dinamarca.

Ajeno a la alternancia democrática (gobernado ininterrumpidamente por el PRI y sus antecedentes desde los años treinta del siglo pasado), cada vez más pobre (solo superado históricamente por entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca), presa de la inseguridad (disparada en los últimos dos sexenios estatales, el de Fidel Herrera Beltrán, durante el cual el crimen organizado se enseñoreó del estado ante la indiferencia de su gobierno, en el mejor de los casos, y el actual, de su heredero Javier Duarte de Ochoa), sin una auténtica libertad de prensa (los medios de comunicación locales con mayor presencia están al servicio del gobierno y los periodistas críticos e independientes apenas tienen espacios o son reprimidos).

Veracruz vive desde hace ya varios años uno de los periodos más oscuros de su historia reciente y, aun dentro del panorama poco alentador del resto del país, parece un estado marginal, a la deriva, como aquella Península que José Saramago imaginara desprendiéndose de Europa en La balsa de piedra (dicha situación, por cierto, contrasta con la histórica riqueza y vitalidad artística y cultural del estado).
El clima de inseguridad ha alcanzado niveles raras veces vistos. No se trata únicamente de la habitual cuota de ejecuciones o secuestros, generalmente asociados al crimen organizado sino de una violencia atípica, dirigida, casi especializada. 

Apenas el 5 de junio pasado, en Xalapa, un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana fue brutalmente agredido por encapuchados que entraron a su domicilio armados de machetes y palos (sobra decir, no hay culpables). 

El reciente homicidio en la ciudad de México del fotógrafo Rubén Espinosa, que trabajó varios años en Veracruz, y cuatro mujeres, ha hecho voltear a ver de nuevo la crítica situación que se vive en el estado. Las causas y los responsables del multihomicidio están aún por determinarse; lo que no está por determinarse, lo que es un hecho, es que Espinosa abandonó Veracruz porque se sentía acosado, intimidado, por ejercer su labor periodística, como consta en esta entrevista.


En Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi, novela sobre un viejo periodista portugués que se rebela contra la opresión salazarista, el protagonista remata su carta de denuncia con estas líneas: “Invitamos a las autoridades competentes a vigilar atentamente estos episodios de violencia, que a su sombra, y tal vez con la complicidad de alguien, se están perpetrando hoy en Portugal”. Para este caso, léase México, léase Veracruz.

CASO NARVARTE, ENTRE LA CALUMNIA Y LA MENTIRA; COLOMBIANOS

La comunidad de Colombia en México calificó a las autoridades capitalinas como tendenciosas, irresponsables y que atentan contra la dignidad de Mile Virginia Martín, una de las cinco víctimas asesinadas en la colonia Narvarte el pasado viernes 31 de julio.

A través de un comunicado los ciudadanos del país sudamericano exigieron al jefe de Gobierno de la capital, a la procuraduría como secretaría de seguridad locales “justicia” para que se esclarezcan los terribles hechos donde también fue ultimado el periodista Rubén Espinosa.
“Colombianas y colombianos en México expresamos nuestro dolor y nos solidarizamos con los familiares para exigir justicia ante las autoridades competentes ante estos terribles hechos”, indican.
Precisaron que en el caso de su compatriota ella y su familia han recibido por parte de las autoridades un trato discriminatorio y que por lo tanto las versiones que circulan en diversos medios de comunicación sobre la vida privada de Mile Virginia son falsas.

D.R. unomásuno, unomásuno Televisión 2015

CASO NARVARTE, ENTRE LA CALUMNIA Y LA MENTIRA POLÍTICA

Uno de los principales retos que tiene la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ante el caso del múltiple homicidio de la colonia Narvarte, en el que fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera así como tres mujeres más; es dar el rumbo correcto para esclarecer el caso sin caer en la presión que grupos mediáticos con intereses ocultos ejercen para que el resultado de las investigaciones los complazca y que se ajusten a sus fines políticos, culpando al Gobierno de Javier Duarte. 
El procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, señaló en entrevista para el universal quealgunos grupos sociales le han llegado incluso a decir que si el resultado de sus pesquisas no lleva a que el gobierno de Veracruz tuvo algo que ver con las ejecuciones, no le creerán; a lo que el procurador capitalino ha respondido que él es el procurador y no un político, por lo que las investigaciones deben de llevar a que se haga justicia, y no política. 
Y es que muy a pesar de que la presión mediática interesada insista en no dar crédito a ninguna otra versión que no sea la de un supuesto “crimen de Estado”, lo cierto es que las evidencias de la investigación de la PGJDF apuntan cada vez con mayor fuerza a la teoría de que habría sido una venganza —disfrazada de robo— entre narcomenudistas.
Y es que según la cronología de hechos que en días recientes han difundido distintos medios, son abundantes las evidencias de que el fotorreportero Rubén Espinosa estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada y que el objetivo del asalto, el robo y el crimen era la ciudadana colombiana, quien según las distintas periciales se dedicaba al narcomenudeo.
Ya que si se hubiese tratado de un crimen dirigido al fotoperiodista, como especulan voces interesadas en distorsionar la verdad, y solo culpar al Gobierno de Javier Duarte, existen muchos momentos en los que se hubiese podido cometer el crimen sin comprometer a personas inocentes, sin provocar el escándalo mediático y, sobre todo, sin necesidad de llegar a cinco muertes.
Por tanto el multihomicidio en la colonia Narvarte, ha sido convertido en una poderosa arma política por grupos que solo buscan desinformar a la ciudadanía para así alcanzar sus fines.
El procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, dio a conocer que la PGJDF va por una investigación con datos y evidencias concretas, y no por una respuesta política, por lo cual esta mañana dio a conocer algunos de los hallazgos en las indagatorias del multihomicidio de la Narvarte:
– La supuesta presencia de una mujer que ronda la calle de Luz Saviñón y que no llegó al mismo tiempo que los tres presuntos criminales.
– La policía encontró drogas en la habitación que compartían Milet y Yesenia.
– Los atacantes no utilizaron silenciador.
– Hicieron los disparos a corta distancia y con una sola arma.
– Milet sufrió abuso sexual.
– En el auto de Milet, el Mustang rojo, se encontraron estupefacientes.
– Se presume que los dos cómplices del detenido y consignado, Daniel Pacheco Gutiérrez, no han abandonado la ciudad de México.
– No se ha identificado a la mujer que presuntamente pudo haber acompañado a los tres criminales.
Víctima de la Narvarte utilizaba múltiples identidades: Mile, Nicole…
Investigadores del caso hallaron en el departamento documentos de la joven de nacionalidad colombiana en los que usaba nombres diferentes; Por otra parte, las autoridades hallaron en el apartamento al menos seis chips de diferentes compañías telefónicas entre sus cosas, los cuales, suponen, utilizaba para ocultar sus llamadas.
Las declaraciones de quien vivía con ella, documentos hallados en el departamento y una cuenta de Facebook que abrió la mujer, dan muestra de las distintas identidades que utilizaba esta joven.
El perfil descubierto más recientemente, es en el que se hacía llamar “Azucena Diaz”. Con ese nombre abrió una cuenta en la red social y en ella subió solamente una fotografía, en la que se le ve posando en un yate, pero en la que evitó que se viera su rostro.
Hasta la fecha las indagatorias por el múltiple crimen apuntan a que esta mujer era el blanco del ataque.
La tortura que sufrió, la agresión sexual y la saña con la que fue asesinada hacen suponer a las autoridades que todo se trató de una venganza de narcomenudistas en su contra.

DECLARAN FUNCIONARIOS DE VERACRUZ POR MULTIHOMICIDIO EN NARVARTE

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Los servidores públicos requeridos por la PGJDF pertenecen a seguridad y derechos humanos de Veracruz...
Luego que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, rindiera su declaración ante autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en torno al multihomicidio de la colonia Narvarte, funcionarios de menor rango también declararán en calidad de testigos.
Los funcionarios requeridos por la PGJDF pertenecen a seguridad y derechos humanos de Veracruz.
Un Ministerio Público viajó hasta Veracruz para realizar las diligencias con el personal que considera que podría tener información de las amenazas que recibió el fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado en el departamento 401 de la calle Luz Saviñon 1909 de la colonia Narvarte, junto con 4 mujeres, entre ellas, la activista Nadia Vera, egresada de la Universidad Veracruzana.
En días pasados, el gobernador Javier Duarte declaró en torno al caso y reconoció que Rubén Espinosa no tenía ningún contrato con la administración veracruzana ni estaba en su nómina.

El mandatario estatal también rechazó que lo hayan linchado en los medios y que con informaciones a cuentagotas se le hubiera hecho un juicio sumario en los medios.

EL MULTIHOMICIDIO FUE POR ENCARGO

Max Morales, abogado criminalista.
Max Morales, abogado criminalista. J. Raúl Pérez
Por:  Jesusa Cervantes/Proceso
La tortura, violación y el tiro de gracia que recibieron cinco personas –entre ellas el reportero gráfico Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera– el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México revelan una acción de sicarios, perpetrada por personas que “llevaban consigna”, además de la participación de cuatro o cinco victimarios.

Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos y quien desde 1991 se dedica a investigar y estudiar perfiles de secuestradores, sostiene que quienes perpetraron el crimen fueron “asesinos a sueldo”.

Por su parte Max Morales, abogado criminalista y quien realizó el perfil psicológico del secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, echa abajo la hipótesis de la procuraduría capitalina, que tiene entre sus principales líneas de investigación la del robo. “Es una fantasía”, asegura, lo dicho por las autoridades porque no está debidamente sustentado. Y centra su atención en la maleta sustraída y en que no se llevaron las computadoras portátiles ni los teléfonos inteligentes.

En entrevista, este criminólogo que ha participado en el esclarecimiento de algunos multihomicidios ocurridos en la Ciudad de México no descarta como móvil el “crimen político”; sin embargo, aclara que sólo lo ve como una posibilidad, pues se inclina más hacia robo de información, dinero o droga, pues “la tortura” se aplica para obtener información.

Ambos investigadores coinciden en el reclamo a las autoridades por la falta de secrecía y la filtración de datos de la investigación.

Cadena rota

Entre las primeras fallas de la procuraduría capitalina destaca que no se cumplió “la cadena de custodia”; es decir, no se preservó intacta la escena del crimen; no se hizo el perfil del delincuente ni la victimología, que significa investigar “por qué te pasó lo que te pasó y con ello llegas al responsable. Si aplicas la psicología del delito vas a entender la naturaleza del mismo y por qué operó de tal forma”, dice Ruiz Canales a Proceso.

Además demanda que al único detenido y consignado hasta ahora, Daniel Pacheco Gutiérrez, se le aplique el polígrafo –en presencia de representantes de derechos humanos– y se le haga un análisis de estrés de voz.

Basado sólo en las declaraciones que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha filtrado, Max Morales considera que el amago a las víctimas, la tortura, violación y los cinco “tiros de resolución”, se pueden perpetrar en 48 minutos, pero con la participación de cuatro o cinco personas y no sólo tres, como sostiene el detenido.

Descarta que se haya tratado de un robo a casa-habitación, como sostiene la autoridad. Argumenta: “Dejaron muchas cosas” de las que un ladrón profesional se lleva. “Iban por otra cosa”. Quien se dedica al robo de casas “no viola ni tortura. Te lesionan, te amagan… En un robo te amordazan y te dejan vivo. Entonces, ¿por qué cargar la violación, matarlas y torturarlas? Pues porque necesitas saber algo”, afirma.
–¿Se podría tratar de una venganza? –se le pregunta.

–Pudiera ser. Vas predestinado a matar, pero no torturas al resto.

Morales acota que sí hubo robo, porque se llevaron una maleta, “pero se llevaron (algo) por lo que ellos iban, lo demás lo dejaron y eran cosas importantes. Sería posible un robo dirigido”.

Entonces, añade, es importante saber qué llevaba la maleta: droga, dinero, información o documentos. “Lo planearon muy bien y probablemente conocían a alguien, pues les abrieron la puerta”. Pudo haber sido la empleada doméstica y eso hay que investigarlo, agrega. Todo ello se puede saber con las pruebas del polígrafo y de estrés de voz.

Se refiere luego a la presunta relación del “viene-viene” con la colombiana Milena Virginia Martín y la considera absurda, pues no corresponde a su nivel socioeconómico. En todo caso, dice, una de las líneas de investigación debiera apuntar a la empleada doméstica, que también fue ejecutada, por ser de una condición económica parecida.

“Aquí hubo una saña dirigida; alguien les abrió la puerta”, sostiene, “fueron meticulosos”, y por la forma en que actuaron y la información que se ha publicado se puede considerar que fueron más de tres y quien se llevó la maleta es el jefe.

El rostro del detenido muestra a un sádico, no se ve arrepentido; está justificando que no participó en la muerte, él puede ser el jefe. Y adelanta: “Si hay un autor intelectual, lo contrató a él. Si es que lo hubo”.

–¿Pudo tratarse de un crimen político? –se le pregunta.

–Es difícil pero no imposible, porque hay que ver qué es lo que contenía la maleta.
No considera que Nadia Vera estuviera verdaderamente asustada en la última entrevista que dio, pero el reportero gráfico sí. “Puede ser que Nadia tuviera información o documentos que descubrió, pero ni a Nadia ni a Rubén los matarían así, sino que simularían un asalto en la calle”.

Coincide con Ruiz Canales en que no pudo tratarse de una violación como objetivo, pues lo habrían realizado con los cinco, ensañándose con Rubén.

Perfil de sicario

Ruiz Canales, quien estuvo cerca del proceso jurídico por el asesinato del hijo de Fernando Martí en 2008 y ha participado en la indagación de por lo menos mil 500 homicidios en todo el país, es contundente: no fue robo; el perfil criminal de los ladrones no registra asesinato. Considera que fueron cuatro o cinco quienes perpetraron las violaciones, torturas y ejecuciones.

“No es lo mismo un secuestrador que un violador. El ladrón va por el bien, no lo deja, como el abandono del Mustang rojo, los teléfonos y las computadoras. El violador ejerce poder sobre su víctima a través del sometimiento sexual.

“La violación, tortura y ejecución son actos atípicos en un robo. Esas peculiaridades obedecen más al perfil de un sicariato. Veo un conjunto de acciones donde a sicarios les pagaron por hacer sufrir. Están entrenados para manejar armas y cosifican a sus víctimas. No ven las virtudes de un ser humano”.

Y añade: “Lo que veo es que este grupo ejerció pasiones, es decir, sentimientos, en particular odio y desprecio. Aunque seas contratado, eres la extensión de quien te contrata; quien te pagó te hizo un pedido y el sicario lo hace mientras le paguen. El sicario es la extensión de quien lo contrata y expresa su sentir, pero también manifiesta su propia enfermedad. Un sicario sí usaría un tubo para violar, porque a él lo contratan para hacer sufrir.

“La tortura muestra que se buscaba información, para eso es. Si es cierto que se ejerció con un pelapapas, entonces fue una tortura prolongada, dura, se tomaron su tiempo. El torturador busca métodos para hacer daño y causar el mayor terror a sus víctimas. A esa tortura, estoy seguro, la presidió un interrogatorio.”
En 48 minutos, más de cuatro sicarios pueden matar, violar y torturar, sostiene y considera que todos iban armados.
Para Ruiz Canales es risible el dicho del único detenido sobre la presunta participación de un malabarista y un acomodador de autos.
“Los presuntos asaltantes de casa abandonan el bien más preciado del robo, que es el Mustang, el cual en dos días pueden vender con papeles legales; dejaron dos computadoras portátiles y teléfonos que son fácilmente vendibles en horas y lograr por ellos 5 mil 500 pesos por lo menos; pero no sólo eso… dicen que uno de ellos era amigo de la modelo.

“Conozco a las modelos. No se mueven con gente de menor ingreso que ellas. Dicen que el viene-viene se mueve en Calzada del Hueso y Miramontes. Ahí no hay más que la Comercial Mexicana, donde obtendría 200 pesos por día. Alguien con un ingreso de 200 pesos diarios no puede tener un arma nueve milímetros, un Renault y tener como amigas a modelos. No encaja.”

Hace referencia al malabarista. Sostiene que por conocer la zona y estar haciendo desde 2010 un documental sobre la gente que labora en la calle, conoce perfectamente a quienes ahí trabajan “y no hay ninguno con las señas que dio el detenido.

“Nada suena lógico y alcanzar ese nivel de delito no se hace de la noche a la mañana. Hay todo un proceso –sostiene–. Por lo tanto, no por ser una persona que labora en la calle como malabarista se es un delincuente. Muchos son gente con preparación que han decidido obtener un ingreso mediante el arte que practican y saben. Ellos se conocen, se juntan en Ciudad Universitaria a practicar y no hay en esa avenida de Miramontes malabaristas con esas características.”

Ruiz Canales abunda sobre el robo y sostiene: “Una persona que tiene que compartir la renta no tiene grandes recursos y quien se dedica a este delito sabe cuánto puede obtener y si la víctima tiene dinero. El hecho encaja más en el perfil de un sicariato y no se puede olvidar que tanto Nadia como Rubén habían sido hostigados y amenazados. No hay que olvidar que en Veracruz se puede contratar a un sicario por sólo 10 mil pesos.


“Creo que iban sobre ellos. La señora Alejandra fue un daño colateral al igual que Yesenia Quiroz. El procurador tiene la obligación –y la victimología así lo marca– de establecer como línea de investigación las amenazas que recibieron las víctimas. Pero para el procurador, éstas nunca existieron. Ni se enteró.”

FUNCIONARIOS DE VERACRUZ DECLARARÁN POR CASO NARVARTE

Exigen justicia en Xalapa para las víctimas del multihomicidio en la Narvarte. Foto: Miguel Ángel Carmona
Exigen justicia en Xalapa para las víctimas del multihomicidio en la Narvarte. Foto: Miguel Ángel Carmona
MÉXICO, D.F., (apro).- A casi tres semanas del multihomicidio en la colonia Narvarte, y en respuesta a la presión ejercida por periodistas, escritores, académicos y organizaciones sociales, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) envió a un grupo de ministerios públicos al estado de Veracruz, para tomar declaración a exfuncionarios y funcionarios públicos en el marco de la línea del móvil político.
Entre los exservidores y servidores públicos que deberán declarar se encuentran el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, y la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Benita González.
En un comunicado, la PGJDF destacó que los representantes sociales de la Fiscalía de Homicidios permanecerán varios días en Veracruz, a efecto de que quien tenga algún dato que aportar en torno del multihomicidio perpetrado el 31 de julio, pueda hacerlo en las instalaciones de la Fiscalía General con sede en Jalapa.
El pasado martes 11 el gobernador Javier Duarte entregó por escrito su declaración ministerial sobre el caso, en el que dos de las víctimas, el fotoperiodista Rubén Espinosa y la promotora cultural Nadia Vera, fueron hostigados y amenazados antes de abandonar la entidad y refugiarse en la capital el país.
Sin dar a conocer el contenido de la declaración y sin interrogatorio de por medio, el mandatario la hizo llegar a los enviados de la PGJDF, encabezados por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, a través de la Fiscalía General del estado (FGE).
Duarte de Ochoa preparó la testimonial junto con su equipo de abogados. No le llevó mucho tiempo porque se limitó a reproducir el mensaje que leyó en la rueda de prensa matutina del pasado lunes 10, y en adjuntar copias de las documentales que obran en poder de la FGE en las que acreditan que Rubén Espinosa y Nadia Vera nunca presentaron querellas penales en el ámbito local, que sólo lo hicieron ante instancias federales.
El interrogatorio al que fue sometido Duarte por la PGJDF incluyó un cuestionario elaborado por la organización Artículo 19, que dirige Darío Ramírez, de 41 preguntas, 23 de las cuales están relacionadas directamente con la actividad profesional que ejercía el fotoperiodista Rubén Espinosa.
El pasado domingo 16, periodistas, organizaciones de la comunidad colombiana en México y sociedad civil se manifestaron frente a las instalaciones de la PGJDF para solicitar que no cesen las investigaciones por el multihomicidio de la colonia Narvarte.
Alrededor de 200 personas se reunieron en la Glorieta del Ángel de la Independencia para iniciar su recorrido hacia la dependencia capitalina ubicada en la colonia Doctores.
En las escalinatas del monumento de Paseo de la Reforma, un sector de manifestantes formó la leyenda “Justicia para Rubén”, en referencia al fotoperiodista víctima de estos hechos.

17 de agosto de 2015

DONDE EL GOBIERNO VE ORO TAMBIÉN VE MUERTE; EJÉRCITO TRATA DE ATACARNOS Y DESAPARECERNOS: VOCERO OSTULA

Gobierno-de-México-resta-importancia-a-las-acusaciones-de-una-masacre-perpetrada-por-el-ejército
(17 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Donde el gobierno ve oro también ve muerte, esa es su visión; donde él ve madera, nosotros vemos árboles; donde ve minas, nosotros vemos nuestras montañas libres de contaminación. Como pueblo no buscamos el dinero, nosotros vemos naturaleza viva y no nos importa si dentro de las montañas hay oro o cualquier otro tipo de mineral. Los políticos y los empresarios ven los cerros y piensan que están cubiertos de dinero, esa es la diferencia entre la mentalidad de los indígenas y la del gobierno, por eso busca erradicarnos”, puntualiza Gregorio Santos, vocero de la comunidad de Ostula, Michoacán en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO.
Con esas palabras se explica el porqué de la lucha de Ostula, la cual, al igual que varias más que han optado por la autodefensa y autodeterminación comunitaria durante toda la historia mexicana, nace de las profundas necesidades de vida y los constantes intentos de despojo. Ostula ha mantenido el movimiento en defensa de su territorio desde el 2009, a partir de que el pueblo decide organizarse para hacerse cargo de su seguridad y protección, no solamente de los embates del narcotráfico, sino también de las autoridades gubernamentales.
Santos explica que la intromisión del gobierno federal, por medio del Ejército, no es un hecho que sorprenda, ya que no es la primera vez que son víctimas de ataques de este tipo, y lo cataloga como un ‘hecho politizado’, al que, en sus palabras, “dejó de importar semanas después de la muerte del menor y las otras afectaciones padecidas por otros miembros de la comunidad…
Quien sigue interesado en detener nuestro movimiento es el gobierno, el nuevo obstáculo que vivimos desde hace semanas, es la situación jurídica de nuestro compañero Cemeí Verdía, líder de autodefensas de Aquila, Michoacán, quien estaba por obtener su libertad, pero ahora nos dicen que falta un único documento para que se dé paso a su liberación, aunque convenientemente los de la paquetería no han llegado y siguen retrasándose”.
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Las autoridades michoacanas han explicado este hecho, aseverando que el documento que debió llegar en máximo cinco días, no ha podido pasar un retén, “lo cual es un mero pretexto del gobierno, porque si realmente quisiera liberarlo el requisito faltante hubiera llegado en tiempo y forma, sin embargo sabemos que es un acto deliberado para entretener a nuestra comunidad y que nos debilitemos, pero las autoridades se equivocan con nosotros, siempre hemos sido un pueblo de lucha, y no vamos a caer”, sentencia Santos.
La comunidad da cuenta de cómo en un principio los ataques vinieron por parte del narcotráfico, padeciendo graves consecuencias que incluyeron muerte y violaciones sexuales constantes; Cemeí Verdía dio inicio a una campaña de concientización para la unión de fuerzas comunitarias que denunciaran los frecuentes atropellos, al mismo tiempo aseguró a los habitantes que la situación sería aún más critica de no hacer nada, instando así a la unión de las distintas zonas.
“La explicación de los constantes embates de narcotraficantes, a nuestro territorio, no es más que un mecanismo de la narcopolítica, el gobierno los usa para quedarse con lo nuestro, estos actos inician desde el más alto nivel del Estado y llega hasta las autoridades municipales”, afirma Santos.
En Ostula, como en otras comunidades, la delincuencia se encuentra en cada rincón de los territorios alejados de las grandes ciudades, ahí se vive la extrema violencia a diario, algunos pueblos se levantan, otros prefieren mantener el silencio y otros más son desalojados de manera forzosa de sus propiedades. En regiones donde existe mayor unidad, los principales líderes de los movimientos de lucha son (frecuentemente) detenidos con mayor rapidez que los capos del narcotráfico.
“A Cemeí no lo pueden dejar preso, no hay nada que lo detenga en la cárcel, pero hacen todo para retrasar su salida, sin embargo nosotros nos estamos organizando, si el gobierno está planeando algo en nuestra contra, nosotros también tenemos un plan de acción, no nos va tomar desprevenidos, porque estamos acostumbrados a luchar contra el mal gobierno. Aunque busque poner a las otras comunidades en nuestra contra y haya un enfrentamiento interno que desacredite a nuestro movimiento, no lo habrá, pero el viernes pasado tuvimos una larga conversación con los representantes de varias comunidades para explicarles la situación de peligro y hostigamiento que vivimos”, explica Santos.
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El vocero afirma que el territorio de Reforma mantiene ya un bloqueo, como resultado de la manipulación gubernamental, que también ha generado el rechazo a prestar atención a las propuestas de los representantes de Ostula.
“Estamos preparándonos para evitar los enfrentamientos internos, seguimos enviando comitivas para que se unan a la sorpresita que le tenemos preparada al gobierno. Lo hemos dicho: no nos vamos a dejar. No estamos luchando nada más por una comunidad sino por todas las que conforman el estado y el país; bien sabido tenemos que el gobierno quiere las minas, la madera, las tierras, debemos evitar que tome el control de nuestro territorio, porque no sabemos a dónde nos va a enviar…
Hoy se han olvidado de nosotros, aunque antes se hayan sorprendido cuando supieron que el ejército entró abiertamente y nos atacó, pero eso pasó a la historia, cuando ese día debe permanecer en la memoria, porque se demostró que fuerzas armadas abrieron fuego en nuestra contra, una acción concatenada a la de los criminales que siempre nos atacan…
Se debe mantener en la memoria que gritar ¡Vivan los Caballeros Templarios! fue la prueba de unión ejército-narco y al mismo tiempo la señal de provocación para que nosotros respondiéramos el ataque y si no respondimos es porque tenemos otro tipo de lucha, contra el ejército no se puede pelear, ellos están entrenados y nosotros no. Nunca vas a poder con el ejército, pero no por eso dejaremos de defender la tierra y no permitir que nos quieran despojar de ella”, sentencia Santos.
A esto suma que la familia del niño que falleció por los disparos perpetrados por el ejército, nunca recibió el apoyo gubernamental que se les prometió y quienes llegaron, solamente les llevaron ‘una que otra cosa’ a los padres, “lo cual fue una burla porque solamente se tomaron la foto, piensan que una vida se puede restituir así fácilmente”, asegura el vocero de la comunidad.
Así es como la inconformidad de la comunidad se ha hecho presente en las últimas semanas debido al abandono que han padecido, después que se diera a conocer las dimensiones que ha cobrado su lucha, en voz de Santos, se asevera que después de la tragedia, los embates no solamente vinieron del gobierno al negar que los elementos hubieran disparado, sino también de periodistas y medios de comunicación que “se han atrevido a poner en duda nuestra realidad, esto sucede porque pareciera que están acostumbrados a sentarse en un escritorio esperando publicar noticias que no afecten la imagen gubernamental, ellos intentan esconder la realidad del país…
Hemos visto y leído como se ha difamado lo que se escribe de nuestra problemática, dicen que todo es mentira, ellos deberían de tomarse un tiempo e investigar a fondo nuestra realidad, incluso los invitamos a que vengan a nuestra comunidad, que vivan un poquito de lo que nosotros padecemos; si a uno de ellos le asesinaran a un hijo, hermano, padre o madre, no le gustaría que se pusiera en duda su pena, afirmando que se ha inventado…
Nosotros mantenemos las puertas abiertas, todos deben conocer cómo el ejército ha tratado de atacarnos y desaparecernos, lo que buscamos en que no se olviden de nosotros y de nuestra tragedia, que sigan manteniendo los ojos en Ostula, y que no minimicen nuestra problemática”, puntualiza Santos.
Asegura que derivado de la falta de atención y seguimiento a lo que acontece en la comunidad, hechos como el reciente descubrimiento de una fosa clandestina con tambos que resguardaban productos para la producción de cristal y otros elementos de un narco laboratorio fueron entregados al Ministerio Público, pero el hecho no se dio a conocer en los medios y tampoco se dio inicio a la investigación pertinente como se debió realizar, y solamente quedó en el olvido. “Porque en Ostula no pasa nada, todo es exageración, dicen muchos lamentablemente, pero seguimos en la lucha, no nos vamos a mover de aquí, las mismas leyes demuestran que somos originarios de México, es por ello que iremos a la ciudad de México y les recordaremos nuestra realidad, para que nuestro problema sea exhibido a nivel nacional e internacional y sepan la forma en que el gobierno nos ataca”, explica Gregorio Santos.