21 de diciembre de 2015

EL GOBIERNO “PROSPERO” DE JAVIER DUARTE DE OCHOA NO PAGA EL AGUINALDO Y LAS DOS QUINCENAS DE ESTE MES DE DICIEMBRE, COMO SE HA HECHO DESDE HACE DÉCADAS, A PENSIONADOS, JUBILADOS, Y TRABAJADORES EN ACTIVO AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO…



www.gobernantes.com
A través de las llamadas redes sociales, por medio de llamadas telefónicas, con programas y de viva voz, se está convocando a pensionados, jubilados, y trabajadores en activo al servicio del Gobierno del Estado a manifestarse este lunes en Xalapa, desde temprana hora, para exigir al "gobierno" de Javier Duarte de Ochoa que pague el aguinaldo y las dos quincenas de este mes de diciembre, como se ha hecho desde hace décadas, y no argumente pretextos absurdos de que sólo pagará una y la otra la depositará hasta fin de mes argumentando "políticas de austeridad". 

Lo que no intuyen los obtusos "estrategas" de "la prosperidad" es que con esta medida lo único que están haciendo es arrojar más gasolina al fuego que ya existe, y que se puede convertir en un incendio de grandes proporciones que si intentan apagarlo, se van a quemar. Los rumores y las versiones corren por cafés, bares, restaurantes, puestos callejeros, parques, plazas públicas, en el autobús urbano, en los taxis, en todas partes, en el sentido de que Duarte de Ochoa ya se autopagó sus dos quincenas, su compensación, sus bonos de fin de año y su aguinaldo, y junto a él todos los funcionarios de "alto nivel", y quieren sacrificar, absurdamente, a los trabajadores, sobre todo a los que ya están retirados y que apenas y sobreviven con sus exiguas pensiones. Lo que no entiende el "brillante economista" es que al no entregar ese dinero sumerge a la economía de Xalapa y la entidad en un estado de depresión y de crisis, y si no ha pagado a los empresarios de todos los ramos lo que les debe, y aparte no entrega dinero a los trabajadores, está jugando con fuego. 

Las cosas pueden llegar a situaciones inéditas en la historia de Veracruz, aunque Duarte de Ochoa es completamente indiferente al reclamo de un pueblo harto de sus excesos y abusos, y piensa que lo que él diga es la ley. Ojalá y la convocatoria que ha circulado este fin de semana, desde la tarde del viernes, tuviera una abrumadora respuesta para que quien pretende gobernar a base de tuitazos y encerrado en su bunker de la Casa Veracruz -seguramente alistando maletas para partir con la familia de "merecidas vacaciones" de Navidad y fin de año-, se dé cuenta, si es que aún le fosforean las neuronas, como decía socarronamente aquél exgobernador, que está a un paso de ser el verdugo del partido que en mala hora le postuló para un cargo que no solo le ha quedado muy grande, sino que ha sido uno de sus peores errores a lo largo de su existencia en Veracruz, a tal grado que se ha ganado ya, a pulso, el título de "el peor gobernador de Veracruz en un siglo", lo cual es decir todo...

PRIMER MAPA OFICIAL DE DESAPARICIONES EN MÉXICO; EN VERACRUZ 1 DE CADA 4 CASOS DEL PAÍS






Por primera vez, el gobierno federal reveló una radiografía oficial de las desapariciones en México basada en investigaciones en curso, que confirma que Veracruz y Tamaulipas son los estados con el mayor número de casos ocurridos, mientras que las fuerzas federales son las que encabezan las denuncias por desaparición forzada.

El mapa fue elaborado por la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (que ya se convirtió en Fiscalía tras el acuerdo publicado el 9 de octubre) y está sustentado en  los expedientes abiertos para el rastreo de poco más de 600 personas desaparecidas en un lapso de dos años.

A diferencia del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas que no está depurado, este diagnóstico  parte de  averiguaciones previas en donde está confirmada la desaparición de la persona y la posible intervención del crimen organizado. La información fue publicada en el Tercer Informe de Labores que la PGR entregó al Congreso.

En el tema específico del delito de desaparición forzada, la Unidad sustentó su análisis en 17 averiguaciones previas ya en integración  por casos ocurridos en un lapso de veinte años.
Cabe destacar que entre esos casos no figura el de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que la averiguación se mantuvo más de un año a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), sin que se diera acceso a los especialistas de la referida Unidad que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

En octubre, el subprocurador de derechos Humanos de PGR, Omar Betanzos, confirmó que el expediente pasará de la SEIDO a su oficina, lo que permitirá a la fiscalía especializada intervenir también en esta investigación.

Cuatro grupos de desaparecidos

Para mostrar el nivel de incidencia de las desapariciones la PGR determinó dividir en cuatro grupos los casos que tiene bajo investigación a partir del sitio en el que se registraron los hechos.
Se trata,  según la explicación que da la Unidad especializada, de las zonas con mayor o menor incidencia y también  se incluye a Estados Unidos, Honduras y Guatemala por la cercanía con México.  Yucatán y Campeche no aparecen en ningún grupo, ya que no se tienen averiguaciones registradas en esas entidades.

El Grupo 1 está conformado, de acuerdo con el informe oficial, por los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Coahuila. Solo estos cuatro estados acumulan 46% de todas las investigaciones por desaparición que ha iniciado en dos años la unidad especializada, es decir, prácticamente la mitad de todos los casos.

En su informe, la PGR no detalló cantidades específicas por estado; sin embargo, una revisión hecha por Animal Político a través de solicitudes de transparencia a la base de datos de la Unidad, arroja que Veracruz es la entidad con la mayor proporción de desapariciones con un 24%. Esto significa que prácticamente 1 de cada 4 desapariciones en México ocurre en el estado gobernado por Javier Duarte.

Tamaulipas y Coahuila, que también forman parte del grupo 1, concentran el 18 y 16% de los casos bajo investigación respectivamente.

El Grupo 2 definido por la Unidad Especializada lo conforman los estados de Michoacán, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal con una incidencia de 20% del total de las desapariciones en el país, o lo que es lo mismo una quinta parte del total de las averiguaciones.

El Grupo 3 concentra  un porcentaje más bajo, con 12% de casos, ocurridos en Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Morelos y Durango.

Finalmente el Grupo 4 tiene una incidencia más elevada con 22 por ciento de las averiguaciones abiertas pero aquí se contemplan  quince entidades federativas en total además de Honduras, Guatemala y Estados Unidos.

La PGR destacó que a través de esta organización se han conformado equipos de trabajo especializados lo que ha permitido obtener mejores resultados. Destacó que en el último año se consiguió la localización de 48 personas, 36 con vida y 12 sin vida. Las personas fueron ubicadas principalmente en el estado de México, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz.

Por otra parte la Unidad Especializada de la PGR reportó que en los últimos doce meses se tiene registro de la desaparición de 39 personas de nacionalidad extranjera, principalmente franceses, ecuatorianos, peruanos y argentinos.



Federales lideran desaparición forzada

La Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR también reveló que en sus dos años de existencia inició 17 averiguaciones previas por caso específicos de presunta desaparición forzada, es decir, desapariciones en donde presuntamente estuvieron involucradas autoridades facultadas para realizar detenciones.

La mayoría de los expedientes corresponden a casos ocurridos entre los años 2013 y 2014, con un total de doce. No obstante, hay dos averiguaciones relacionadas con desaparición forzada que habrían acontecido en 2012 y tres más por hechos de 1994, es decir, hace más de veinte años.

El reporte de la PGR reveló que no son las autoridades locales sino las federales las que encabezan las denuncias por desaparición forzada que están bajo investigación. Acumulan 76% de los casos.

La Policía Federal es la institución involucrada en el mayor número de casos con siete denuncias seguida del Ejército Mexicano con seis. En cambio, apenas tres casos corresponden a la Policía Municipal y uno a la Policía Estatal.

“Las entidades federativas donde se denuncia un mayor número de personas desaparecidas con presunta responsabilidad de autoridades federales o locales son Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz” señala el informe entregado al congreso.

La Unidad Especializada no detalló los casos que se encuentran bajo investigación con excepción del de la joven Nitza Paola Alvarado, la cual presuntamente fue detenida ilegalmente por elementos del Ejército mexicano en diciembre del 2009 en Chihuahua, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

En este caso la PGR subrayó que existe “un plan de búsqueda” de esta joven al que ya se comprometió el estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y subrayó que se trata de una averiguación previa que sigue en integración.

Otro caso de desaparición forzada que será asumido en breve por la Unidad Especializada ya como Fiscalía es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Siguiendo la recomendación de organizaciones civiles y de expertos independientes la SEIDO declinó su competencia en el asunto para ser remitido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos donde está radicada la Fiscalía especializada.

Cabe señalar que en poco más de un año, y aunque la investigación oficial apunta a que policías municipales intervinieron en la detención ilegal de los normalistas, la SEIDO no pudo reunir los elementos suficientes para realizar las consignaciones por el delito de desaparición forzada.


Solo cinco estados con bases homologadas

El pasado 26 de octubre la PGR anunció la puesta en marcha de un nuevo protocolo denominado AM/PM (Ante Mortem – Post Mortem) diseñado por la Cruz Roja Internacional, con el objetivo de acelerar la búsqueda de personas desaparecidas.

Fundamentalmente, explicó la PGR, se trata de un software alimentado por dos bases de datos, que cruza información genética de personas muertas sin identificar con datos de familiares de desaparecidos.

“La PGR trabaja en la capacitación del personal encargado de operar la base de datos AM/PM y se realizan las actualizaciones necesarias para atender los requerimientos técnicos de la plataforma digital para que el software opere en todas las Delegaciones de la PGR de las entidades federativas” dijo la dependencia.

La Procuraduría no especificó en su comunicado cuantos y cuales estados ya estaría funcionando este nuevo sistema pero el informe presentado al Congreso revela que son apenas cinco entidades, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, el estado de México y el Distrito Federal, los que ya estandarizaron sus bases de datos.

En abril de 2015, agrega el reporte se recibió un versión mejorada del software AM/PM por parte de la Cruz Roja, pero aún no se completa al cien por ciento su implementación pues continúan las capacitaciones y adecuaciones técnicas.