El subdirector editorial de El
Siglo de Torreón, Arturo G. González, escribe sobre el caso Moreira.
"¿Hasta dónde sabían el actual gobernador (Rubén Moreira) y el hoy
presidente de la República (Peña) de lo que estaba ocurriendo en
Coahuila?", pregunta.
PERIFÉRICO
‘Terremoto’ Coahuila. Claves y preguntas/ colaboración especial para AN
Arturo González González
La
conspiración. Por lo que se ha publicado hasta ahora de la investigación sobre
Coahuila en Estados Unidos y España, es posible asegurar que con pruebas
físicas, evidencias de transacciones y testimonios de personas confesas y
testigos, las autoridades de ambos países han construido un caso que apunta a
una clara hipótesis:durante el gobierno de Humberto Moreira y Jorge
Torres (2005-2011) operó una red de corrupción que implica a funcionarios,
medios de comunicación, empresarios y grupos criminales para sustraer dinero
-unos 3,000 millones de pesos (mdp)- de las arcas estatales e invertirlo en
bienes y cuentas en ambos países.
Se trata
de mucho más que “problemas migratorios o fiscales”, como algunos han querido
hacer ver. Los fiscales de las dos naciones han encontrado en toda esta trama,
con distintas responsabilidades para cada participante, evidencia de la
comisión de delitos como fraude bancario, transporte de dinero robado, lavado
de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal.
Todos encuadrados en un esquema de conspiración de al menos siete personas y
con la complicidad de buena parte de los funcionarios del gabinete estatal que
operó en esos años y que, según testimonios, estaban al tanto de lo que
ocurría.
Los
involucrados. En el transcurso del caso se ha detenido a los empresarios Guillermo
Flores Cordero y Rolando González-Treviño, quienes se han declarado culpables y
han aportado información a las autoridades norteamericanas; además de Javier
Villarreal, extesorero de Coahuila, quien también ha reconocido su
culpabilidad. Debido a sendos acuerdos de confesión, tanto González-Treviño
como Villarreal se encuentran libres bajo fianza a la espera de sentencia.
Además, el gobierno de Estados Unidos ha confiscado propiedades en Texas y
cuentas bancarias en el mismo estado y en Bermudas de los tres implicados. En
cuanto al exsecretario de Desarrollo Social y exgobernador interino, Jorge
Torres López, fue declarado prófugo de la justicia estadounidense por delitos
cometidos dentro del esquema descrito arriba. La pieza más reciente colocada en
este rompecabezas legal es Humberto Moreira, incriminado en la confesión de González-Treviño
sin ser mencionado por nombre, sólo por el cargo que ocupaba cuando habría
cometido los delitos, detenido el viernes pasado en el aeropuerto de Bajaras,
en España, e ingresado al penal de Soto del Real bajo los cargos de lavado de
dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal.
Gasto,
deuda y poder. En contraste a lo que ocurre en
el extranjero, en México se ha levantado una espesa bruma institucional sobre
lo ocurrido en Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira y Jorge Torres , un
sexenio de excesos, opacidad, discrecionalidad y concentración de poder en lo
político, y de violencia y descomposición en lo social. En esos seis años, la
deuda estatal pasó de 323 mdp a 36,600 mdp, cifra que se ha incrementado hasta 41,000
mdp, según datos revelados por la Auditoría Superior del Estado. Es decir, la
deuda se multiplicó 127 veces.
La mayor
parte de este recurso (24,500 mdp) fue contratado en 2010, cuando Moreira aún
era gobernador en funciones pero buscaba ya la presidencia nacional del PRI. Torres
López era secretario de Desarrollo Social y en ese año ejerció un presupuesto
récord de 13,270 mdp, 44 % del presupuesto total del gobierno, de los cuales,
10,400 mdp se fueron a programas sociales opacos. En noviembre de 2010, Moreira
rindió su quinto y último informe en el Coliseo Centenario de Torreón en un
faraónico acto en donde el acento fue puesto en la política asistencialista,
que al paso del tiempo resultó un fracaso en términos sociales, ya que la
pobreza creció según datos de Coneval. En enero de 2011 dejó el cargo y Torres,
artífice de esa política clientelar, se convirtió en gobernador interino.
Moreira llegó a la dirigencia del PRI en marzo, sólo para dejarla 9 meses
después, en diciembre, cuando el escándalo se había destapado, cuando Enrique
Peña Nieto ya era precandidato único a la Presidencia de la República, y cuando
su hermano, Rubén Moreira, acababa de asumir la gubernatura luego de una
elección en la que no sólo arrasó, sino que registró una votación récord.
Ilegalidad
y faltante. Parte de lo turbio de la deuda
es la manera en que fue contratada. Al menos 5,300 mdp fueron obtenidos a
través de créditos tramitados con documentos apócrifos. Además, alrededor de
18,000 mdp, es decir, la mitad de la deuda detectada hasta 2012, fueron
solicitados sin aprobación del Congreso local, principalmente en 2010. A pesar
de ello, en agosto de 2011 la legislatura en turno autorizó la reestructuración
y, con ello, legalización de la deuda, obligando a la entidad a comprometer
cada año alrededor de 4,000 mdp al pago de servicio de la misma, una cantidad
mayor incluso a la destinada a inversión pública. Pero quizás lo más grave de
todo es que, al día de hoy, se desconoce el destino de 18,000 mdp, cantidad
similar a la no aprobada por el Congreso, y que no aparece explicada en la
cuentas públicas del gobierno anterior. Parte de ese dinero corresponde al
ejercido en 2010 supuestamente en programas sociales, pero de los 10,400 mdp,
sólo del 14 % está comprobado su ejercicio; del resto, unos 9,000 mdp, nada se
sabe.
A pesar
de que el gobierno de Rubén Moreira ha hecho énfasis en el tema de la
transparencia, la mayor parte de la información relacionada con el destino de
la deuda se encuentra en la oscuridad, ya sea porque ha sido reservada, porque
han desaparecido documentos o simplemente porque la administración se ha negado
a proporcionarla. A lo anterior hay que sumar la omisión pertinaz de la
Procuraduría General de Justicia del Estado para avanzar en las averiguaciones
abiertas por denuncias presentadas por la Auditoría o por particulares.
Preguntas. Por lo expuesto hasta aquí, son válidas las siguientes preguntas: ¿por
qué el gobierno de Coahuila no ha iniciado una investigación sobre
la sustracción de dinero de las arcas estatales?
¿Por qué
si, como suponen, todo está “en orden”, cada vez que surgen más evidencias en
el extranjero la reacción tanto del PRI como del gobierno estatal es el
silencio?
¿Por qué
las cuentas públicas del sexenio pasado simplemente no cuadran?
Si el
dinero investigado en Estados Unidos y España asciende a 3,000 mdp ¿dónde están
los 15,000 mdp restantes?
¿Hubo
dinero de la deuda en las campañas electorales de 2011, incluida la de
Coahuila, y en la presidencial de 2012?
De ser
así ¿qué implicaciones tendría la detención de Humberto Moreira?
Y por
último: ¿hasta dónde sabían el actual gobernador y el
hoy presidente de la República de lo que estaba ocurriendo en este estado?
