De acuerdo con la versión oficial (del subsecretario de Gobernación,
Roberto Campa Cifrián y del comisionado general de la Policía Federal, Enrique
Galindo) el modus operandi para la detención, desaparición forzada, asesinato,
calcinación y trituración de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca,
Veracruz el pasado 11 de enero, es una calca de lo que ocurrió en Iguala,
Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Los funcionarios federales dejaron claro que fueron elementos de la
Policía Estatal los que detuvieron a los jóvenes, los entregaron a un grupo de
la delincuencia organizada (al que no identificaron, porque es parte de las
investigaciones), que a su vez los interrogaron, condujeron al rancho El Limón,
los privaron de la vida, los incineraron, trituraron sus restos en un molino de
caña y posteriormente arrojaron los restos a un río.
Todos estos movimientos y acciones se realizaron sin que ninguna otra
autoridad se percatara de los hechos, pese a que el automóvil en el cual se
trasladaban los jóvenes fue localizado en el municipio de Medellín de Bravo, a
más de 70 kilómetros del lugar de su detención, y el rancho El Limón se ubica
en el municipio de Tlalixcoyan.
Las diferencias con lo ocurrido en Iguala, Guerrero, son la hora, la
corporación policiaca y el cártel involucrados y las razones para su detención.
En Iguala fue en la noche mientras en Tierra Blanca fue por la mañana, pues los
jóvenes se detuvieron a desayunar. En Guerrero fueron policías municipales y el
cártel de Guerrero Unidos; en Veracruz, policías estatales y ha trascendido que
se trata del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En el caso de los normalistas de Ayotzinapa la razón de su detención fue
que causaban desmanes; en el caso de los jóvenes, Galindo especificó en varias
entrevistas en radio, que no existía ninguna razón específica para detenerlos:
“No sobresale ninguna circunstancia particular, ni siquiera cometen una falta
administrativa, no se pasan un alto, no se estacionan mal; simplemente hay una
especie de sospecha no fundada en nada lo que lleva a detener a los jóvenes”.
Las confesiones del octavo integrante de la Policía Estatal de Veracruz,
que permitieron reconstruir todos los hechos vinculados con la desaparición de
los cinco jóvenes, coincidió con dos eventos que permiten contextualizar la
actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas: la revelación, por parte de
los padres de los futbolistas del equipo Los Avispones de Chilpancingo (también
agredidos en los hechos de Iguala), de que el autobús en el que viajaban fue
detenido y retenido un buen lapso de tiempo por policías federales, unos
kilómetros antes del sitio donde fueron emboscados y balaceados por los
policías municipales; y la difusión del informe definitivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita a México, a fines del año
pasado.
El portal Aristegui Noticias publicó una carta entregada por los padres
de los futbolistas a la diputada panista María Guadalupe Murguía, que encabeza
la comisión especial sobre el caso Iguala, en la cual aseguran que los
federales “tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando… Manifestamos que
el ataque a nuestros hijos fue planeado, ya que fue el último en perpetrarse y
tres horas después del primero y el Ejército y Policía Federal tuvieron
conocimiento y participación en los operativos y deambularon toda esa noche y
no hicieron nada por parar a 22 policías (municipales)”.
Así lo acontecido con los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y
la acusación de los padres de los futbolistas emboscados en Iguala, aportan
elementos adicionales para respaldar las afirmaciones del informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que afirma: “…la CIDH recibió información de
que algunos elementos de la Policía Federal y las policías estatales, así como
muchas policías municipales, estarían coludidas con organizaciones del crimen
organizado”.
Más adelante enfatizan: “En muchos casos los grupos delincuenciales
actúan en aparente colusión directa con autoridades estatales, o por lo menos
con la aquiescencia de éstas. En este sentido, el caso Ayotzinapa es un ejemplo
emblemático de la colusión entre agentes del Estado e integrantes el crimen
organizado, ya que, según la versión oficial, la Policía Municipal de Iguala
estuvo coludida con un grupo delincuencial para desaparecer a los estudiantes.
Asimismo, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes,
autoridades de la Policía Estatal, Federal y del Ejército habrían acompañado
los incidentes. Por lo tanto también podrían haber estado en colusión con
grupos del crimen organizado”.
Ante el informe, el gobierno de México, por conducto del secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió su mismo discurso: “El informe
no refleja la situación general del país… las observaciones preliminares de la
CIDH –que hoy se retoman en el informe– se habían construido a partir de
encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados…”
Sin embargo, el discurso oficial es insostenible cuando los “temas
específicos y lugares focalizados” se repiten en muchos estados del país, como
establece el informe con el análisis puntual de diversos casos en Guerrero,
Michoacán y Estado de México y hoy evidencia el desenlace de los jóvenes
desaparecidos en Tierra Blanca.
Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto (particularmente en
2014, 2015 y lo que va de 2016, como documenta el informe de la CIDH y
corrobora la versión oficial respecto a los hechos en Tierra Blanca), la
colusión de los agentes del Estado con los integrantes del crimen organizado no
se limita a casos o lugares específicos, sino que es una práctica generalizada
y extendida en varios estados del país. Por otra parte, las evidencias también
permiten afirmar que dicha colusión no se limita a las policías municipales y
estatales, como afirma el gobierno federal, sino que abarca también a las
fuerzas federales y hasta el mismo Ejército.
