Este es el
calculo que la reportera de Vanguardia de Saltillo, obtuvo del PensionISSSTE,
la hoja laboral de Humberto Moreira quien solo trabajó 3 años frente a un grupo
y se está pensionando con $37, 128 pesos mensuales, una injusticia laboral
frente a miles de profesores que solo obtienen 1,000 pesos mensuales después de
25 años de vida frente al pizarron, por esta razón, los Moreiras tienen
amenazados al dueño del periódico y a la reportera Roxana Romero que hizo la
investigación y que no alcanzaron a publicarla debido al ataque policiaco de
Fuerza Coahuila, un grupo de choque a las ordenes del hermano Ruben Moreira,
gobiernicola de este estado dominado por la mafia magisterial de la Profesora
Elba Esther Gordillo (a) la Guerrera de Neiman-Marcus.
Este es el calculo
que la reportera de Vanguardia de Saltillo, obtuvo del PensionISSSTE, la hoja
laboral de Humberto Moreira quien solo trabajó 3 años frente a un grupo y se
está pensionando con $37, 128 pesos mensuales, una injusticia laboral frente a
miles de profesores que solo obtienen 1,000 pesos mensuales después de 25 años
de vida frente al pizarron, por esta razón, los Moreiras tienen amenazados al
dueño del periódico y a la reportera Roxana Romero que hizo la investigación y
que no alcanzaron a publicarla debido al ataque policiaco de Fuerza Coahuila,
un grupo de choque a las ordenes del hermano Ruben Moreira, gobiernicola de
este estado dominado por la mafia magisterial de la Profesora Elba Esther
Gordillo (a) la Guerrera de Neiman-Marcus
Policía de Coahuila
irrumpe con violencia en finca del director del diario Vanguardia.
POR LA REDACCIÓN DE
PROCESO ,
6 MAYO, 2016
ESTADOS
Twitter 830 1
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La
madrugada de este viernes, una treintena de elementos del grupo especial
“Fuerza Coahuila” irrumpieron con lujo de violencia en la finca “El Cielo”,
propiedad del director del diario local Vanguardia, Armando Castilla Galindo,
con la misión de desalojar el inmueble, en cumplimiento de una orden judicial
proveniente del Poder Judicial de la Ciudad de México por un supuesto adeudo.
Según el diario, el operativo se
realizó en la oscuridad y casi de manera clandestina. Incluso, destaca que los
uniformados, que en todo el tiempo obedecieron órdenes de un civil ajeno a la
corporación no identificado, utilizaron maquinaria pesada.
Como si se tratara de un operativo
dirigido contra una organización criminal, los policías rompieron candados,
invadieron propiedad privada e instalaron un “perímetro de seguridad” de varios
kilómetros alrededor de la finca para ejecutar un presunto desalojo ordenado
judicialmente.
Por si fuera poco, atravesaron un
trascabo en el camino para impedir el paso.
Sin apegarse a su eslogan “Seguridad
y Justicia”, los uniformados provocaron también que un vehículo particular
arrollara al director de “Vanguardia”, quien resultó lesionado. Los reporteros
de esa casa editorial se salvaron de ser atropellados también.
Al respecto, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Gobierno de Coahuila la
implementación de medidas cautelares para evitar “que se ponga en riesgo la
integridad personal y la seguridad física del personal del diario Vanguardia,
así como de sus instalaciones y equipos”.
Por la noche, la Secretaría de
Gobierno estatal se desmarcó del operativo al decir que la actuación de la
policía fue legal y a petición de jueces de Coahuila y la Ciudad de México por
un juicio hipotecario generado en 2009.
Vanguardia fija
postura
Luego de los hechos, el diario
Vanguardia fijó su postura:
“No podemos ignorar que este presunto
acto judicial coincide con las denuncias que hemos realizado en los últimos
días para dar a conocer actos de “vigilancia” e intimidación que han sufrido
miembros de nuestro personal y nuestro Director”, consignó el diario en la nota
de la agresión.
“La forma en la cual se realizó la
presunta diligencia judicial y, sobre todo, la actuación de los elementos
policiales al mando del Secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora
Rodríguez, nos deja claro que se trata de una acción concertada que busca fines
más allá del presunto cumplimiento de la ley y la defensa del estado de
derecho.
“Camiones de mudanza salieron con las
pertenencias del Director, hasta el momento se desconoce dónde están.
“El exceso en el uso de la fuerza
implica, para nosotros, un mensaje claro: los autores intelectuales del ataque
tienen en la fuerza su único argumento para imponer su ideario y lograr con
ello el cumplimiento de su agenda particular”.
En nota por separado, “Vanguardia”
recordó que tras la alerta lanzada el pasado 4 de mayo ante una serie de
ataques, intimidación y acoso hacia sus periodistas, pocas voces dejaron de
sumarse a esta denuncia pública. Agradecemos las múltiples muestras de
solidaridad que hemos recibido de otros medios de comunicación, colegas,
lectores y ciudadanos comprometidos”.
“Al respecto, es importante
puntualizar –enfatizó– que, como ha ocurrido lamentablemente en el caso de
otros medios del país, en VANGUARDIA hemos procurado actuar con responsabilidad
frente a las diversas situaciones que los miembros de nuestro personal, y como
empresa, hemos enfrentado desde que la delincuencia organizada le impuso al
país una agenda marcada por la violencia y el desafío permanente a las
instituciones públicas. No realizamos señalamientos con ánimos de estridencia,
ni lanzamos voces de alerta de manera gratuita. Tenemos claro que la denuncia
de ataques contra la libertad de expresión debe tener como propósito no
solamente visibilizar un hecho concreto, sino contribuir a la defensa de una
libertad fundamental en las sociedades democráticas.
Prosiguió:
“En este sentido, la decisión de
alzar la voz en esta ocasión, más que una consecuencia, fue también una acción
para sumarnos a la campaña emprendida en el País para pedir freno al acoso al
periodismo en todas las latitudes. Informar no es un delito y, más aún: Nuestra
vida es informar.
“El último de los actos
intimidatorios de una ola iniciada a finales de enero pasado, fue la
persecución y acoso la noche del martes y madrugada el miércoles a una
integrante de nuestro cuerpo de reporteros, justo el Día Internacional de la
Libertad de Prensa. Ante esto, pocas palabras se necesitan para dejar en claro
la impunidad con la que, quienes han decidido vivir fuera de los límites
legales, se mueven en nuestros tiempos. Por lo mismo, callar no era una opción,
pues sería tanto como contribuir a la invisible mutilación que sufre el
periodismo día a día.
“Nuestra voz se suma así a la de
muchos, es sólo una más tan importante como cada una de quienes firmemente
seguimos construyendo para un mejor lugar. A final de cuentas, somos
periodistas y nos afanamos cada día en ser buenas personas. Seguimos trabajando
para que nuestra entidad sea un mejor lugar para vivir. Al final de cuentas
somos periodistas que nos afanamos por hacer nuestro trabajo correctamente.
Agradecemos infinitamente a todos aquellos que nos alientan a seguir siendo una
pieza más en la lucha por la vida de un periodismo sin ataduras.
CNDH solicita
medidas cautelares
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) dirigió una solicitud de medidas cautelares al secretario
general de Gobierno de Coahuila Víctor Manuel Zamora Rodríguez para evitar “que
se ponga en riesgo la integridad personal y la seguridad física del personal
del diario Vanguardia, así como de sus instalaciones y equipos”.
Con base en notas periodísticas,
aseguró que el diario con sede en Saltillo, “ha sido objeto de actos de intimidación
consistentes en ataques cibernéticos a sus equipos; además, su personal ha
sufrido acciones de vigilancia y seguimiento a una de sus reporteras, incluso
hasta su domicilio, así como amenazas y agresiones contra colaboradores de esa
casa editorial en distintos momentos”.
La CNDH recordó que en la
Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en
México” –aprobada por el Consejo Consultivo del organismo el pasado 8 de
febrero–, se establece la necesidad de que todas las agresiones cometidas
contra periodistas y medios de comunicación sean investigadas y sancionadas,
“pues la impunidad de estos crímenes fomenta su repetición y un contexto
adverso a la libertad de expresión en nuestro país”.
El organismo agregó que permanecerá
atento a la evolución de los hechos relacionados con el diario Vanguardia y
reiteró su respaldo a los periodistas “en su ejercicio profesional; su
compromiso con garantizar el debido respeto a sus libertades de expresión y de
prensa, así como con las mejores causas de la democracia en nuestro país”.
Gobierno justifica
desalojo
Por la noche, la Secretaría de
Gobierno de Coahuila se desmarcó de la actuación de la policía y justificó el
desalojo al informar que el Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil
César Alejandro Saucedo Flores giró oficio al encargado del Agrupamiento de la
Policía de Proximidad Social de Fuerza Coahuila para auxiliar “con el uso de la
fuerza pública” la realización de una diligencia dentro del exhorto 29/2016.
La orden fue para desalojar un predio
y entregarlo a las personas a las cuales hace referencia el exhorto, según
explicó en un comunicado.
La dependencia agregó que el exhorto
fue girado por la Secretaria Conciliadora adscrita al Juzgado Sexagésimo
Tercero de lo Civil en la Ciudad de México Rosalba Reyes Rodríguez, deducido
del Juicio 1102/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido en el
año 2009 por Olga Leticia Muñoz Cena contra Gustavo Antonio Lara Ramos. Por esa
razón, dijo, se presentaron los policías y quedaron a disposición de la
autoridad judicial.
El gobierno de Coahuila se deslindó
al asegurar que los uniformados “acudieron en cumplimiento de la Ley y por
instrucciones de la autoridad judicial limitándose a ofrecer seguridad en la
diligencia”. Ésta, dijo, estuvo a cargo de Oscar David Benavides López,
actuario del Juzgado local mencionado.
En el comunicado, la administración
destacó que en la nota difundida por el diario Vanguardia “no se menciona que
el señor Armando Castilla Galindo tuvo comunicación telefónica con el
secretario de Gobierno, profesor Víctor Zamora Rodríguez, para solicitarle se
suspendiera la diligencia”.
Detalló que en esa llamada Castilla
Galindo “no manifestó en ningún momento haber sido agredido, así como tampoco
alguna otra persona cercana a él”.
Incluso, la autoridad agregó que
“después de cruzar varias llamadas telefónicas, se le explicó al señor Armando
Castilla lo que arriba se describe: que se actuó en cumplimiento a lo ordenado
por la autoridad judicial”.
El gobierno destacó que “en ninguna de las constancias remitidas obra el nombre
del señor Armando Castilla como propietario del predio en litigio”.
Tras este deslinde, la Secretaría de
Gobierno rechazó “todas las conclusiones que aparecen en el editorial que
contiene la nota en referencia. Como se señaló, la actuación de la policía
estatal fue a petición de la autoridad judicial de Coahuila y el Distrito
Federal”.
Y dijo que su titular Víctor Zamora
solicitó dar vista del hecho a la Procuraduría General de Justicia del Estado y
a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Además, dijo, instruyó
a la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia realizar la investigación
correspondiente y “en caso de que haya ocurrido una irregularidad, sea
castigada aún y cuando no se aprecie que exista alguna violación legal”.
