GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ
Comandantes indígenas
del EZLN en el Zócalo de la CDMX durante la Marcha del Color de la Tierra, 11
de marzo de 2001. Foto: José Carlo González/ La Jornada
Comandantes indígenas
del EZLN en el Zócalo de la CDMX durante la Marcha del Color de la Tierra, 11
de marzo de 2001. Foto: José Carlo González/ La Jornada
TAMBIÉN A 20 AÑOS DE LA
MARCHA DEL COLOR DE LA TIERRA, SEGUIR LUCHANDO CONTRA EL CAPITALISMO, “QUE ESTÁ
MÁS VIGENTE QUE NUNCA Y POR ESO HAY QUE DESTRUIRLO”, NO “REFORMARLO NI
HUMANIZARLO”: CARLOS GONZÁLEZ (CNI)
Comandantes indígenas
del EZLN en el Zócalo de la CDMX durante la Marcha del Color de la Tierra, 11
de marzo de 2001. Foto: José Carlo GoTAMBIÉN A 20 AÑOS DE LA MARCHA DEL COLOR
DE LA TIERRA, SEGUIR LUCHANDO CONTRA EL CAPITALISMO, “QUE ESTÁ MÁS VIGENTE QUE
NUNCA Y POR ESO HAY QUE DESTRUIRLO”, NO “REFORMARLO NI HUMANIZARLO”: CARLOS
GONZÁLEZ (CNI)
Este febrero se cumplen
25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres y 20
años de la Marcha del Color de la Tierra, dos acontecimientos que marcaron el
rumbo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso
Nacional Indígena (CNI). De la “traición” del gobierno a lo pactado en materia
de derechos y cultura indígena surgió la decisión de los zapatistas y de los
pueblos, naciones y tribus de buscar el ejercicio de su autonomía en los hechos
y, como lo enuncia el resolutivo de la reciente asamblea del CNI en Tepoztlán,
Morelos, seguir luchando contra el capitalismo que, en palabras del abogado
agrario Carlos González García, “está más vigente que nunca y por eso hay que
destruirlo”, no “reformarlo ni humanizarlo”.
Participante de los
diálogos de San Andrés entre 1995 y 1996 y miembro del CNI desde su fundación,
González García señala que de 1996 (año de la firma de los Acuerdos) al 28 de
abril del 2001 (fecha en la que se promulga la reforma constitucional que
supuestamente recogería los Acuerdos) es una etapa en que los zapatistas y los
pueblos que conforman el CNI apostaron a una reforma del Estado, “a partir de
una reforma a la Constitución que incorporara la parte nodal del espíritu de
los Acuerdos de San Andrés, como la autonomía y los derechos territoriales a
través de figuras legales específicas, tales como el reconocimiento de las
comunidades como entidades de derecho público”, entre otros puntos importantes.
De 1996 al 2001, el
esfuerzo del EZLN y de los pueblos que conforman el CNI se encaminó al
cumplimiento de los acuerdos signados con el gobierno federal en materia de
derechos y cultura indígena (en la primera de cuatro mesas de diálogo
contempladas, pues de ahí no se pasó). Es precisamente esta exigencia la que
los llevó a organizar la Marcha del Color de la Tierra, una movilización sin
precedentes en la historia de México, en la que durante 37 días los zapatistas
y el movimiento indígena nacional recorrieron 6 mil kilómetros con destino al
entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para interpelar a los
representantes de los partidos políticos en el Congreso de la Unión y exigirles
el reconocimiento constitucional de lo pactado.
Carlos González
recuerda que apenas un mes después de que los zapatistas y el resto de los
representantes indígenas regresaron a sus comunidades, luego de haber expuesto
sus argumentos en la tribuna de la Cámara de Diputados, “se consumó la traición
de toda la clase política que desconoció los derechos y cultura indígena”. En
la “traición”, advierte, participaron los representantes de todos los partidos
políticos en las Cámaras de Diputados y Senadores; el Ejecutivo Federal, que
refrendó una ley contraria a los acuerdos y la publicó en el Diario Oficial; la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó las controversias
constitucionales y los amparos que se interpusieron. En resumen, dice, “el
Estado mexicano en su conjunto validó una reforma constitucional que traicionó
la parte neurálgica de los Acuerdos de San Andrés”.
Este hecho llevó al
EZLN y al CNI a una segunda etapa, que, explica el abogado, se centró en la
construcción de la autonomía por la vía de los hechos. A partir de la
promulgación de esa reforma, añade, se abandonó la ilusión de que desde el
Estado y desde la clase política oficial se podía generar una transformación
que permitiera el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas”. La decisión de tomar ese camino se plasmó en los acuerdos de la
Octava Asamblea del CNI realizada a finales de 2001 y, de una forma muy
contundente, en la formación de los Caracoles zapatistas y sus Juntas de Buen
Gobierno en agosto de 2003. La tercera etapa que González dibuja en la historia
de este cuarto de siglo es la que se ha mantenido en los últimos años y la resume
como “la etapa de lucha anticapitalista”.
–¿Qué es lo que pasó
con “la traición”, qué intereses se sintieron afectados, a quién o quiénes no
les convino el cumplimiento de los Acuerdos?
Lo que ocurrió es que
los grupos empresariales, las Cámaras industriales, la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), presionaron y cabildearon con las cabezas
de los partidos políticos para el incumplimiento de los Acuerdos, pues los veían
como limitantes o como obstáculos para llevar a cabo una serie de leyes
neoliberales (que estaban encauzando desde 1992) para acelerar y profundizar el
despojo hacia las comunidades indígenas y campesinas.
Las reivindicaciones
indígenas no estaban chocando con el Estado o con la clase política que lo
administra. Lo que ocurrió y ocurre es que están chocando con los intereses del
sistema capitalista que estaba y está en un proceso de globalización y
crecimiento salvaje. En este sentido, los Acuerdos de San Andrés se veían como
una amenaza para el despojo capitalista y para el programa político económico
neoliberal que han tenido, hasta la fecha, los gobiernos en turno.
–¿Si los Acuerdos se
hubieran respetado y llevado a la Constitución, qué habría pasado con las leyes
actuales y con los megaproyectos en territorios indígenas? Los Acuerdos de San
Andrés en la Constitución serían un candado o un obstáculo para leyes y
megaproyectos, pero no los habrían detenido.
Existía y existe el
interés del gran capital en los territorios, de gobiernos extranjeros como el
de Estados Unidos, que tanta influencia ejerce en nuestro país, y de la clase
política que representa fielmente sus intereses. Se trata de los capataces que
están al servicio de un finquero, como dicen los zapatistas. Entonces, creo, sí
se hubieran llevado a cabo los megaproyectos, pero les hubiera costado más
trabajo.
En este país y en este
mundo, los procesos de explotación y despojo capitalista avanzan de manera
avasallante aun en contra de las leyes. El capital busca formalizar el despojo,
la acumulación y la explotación en un conjunto de leyes, pero si no existen en
la Constitución, estos procesos de cualquier forma avanzan. Los Acuerdos en la
Constitución hubieran sido un freno para que avanzaran del modo avasallante en
que han caminado y también serían un obstáculo para que se procesaran leyes tan
terribles como la minera, la de aguas o la de bienes nacionales, que han
generado regímenes de concesiones que en realidad son procesos de privatización
disfrazados, al igual que las últimas reformas estructurales que impulsó
Enrique Peña Nieto en materia de energía e hidrocarburos.
Se cimbró la memoria
Los primeros días de
enero de 1996, el EZLN convocó al Foro Nacional Especial de Derechos y Cultura
Indígenas, que contó con la participación de más de 500 representantes de por
lo menos 35 pueblos indígenas del país. Al finalizar el encuentro, los
participantes acordaron la creación del Congreso Nacional Indígena, red de
pueblos, naciones, tribus y barrios que se constituiría formalmente el 12 de
octubre de ese mismo año con la presencia de la Comandanta Ramona.
Los zapatistas
continuaron así con la creación de espacios de organización política
simultáneos a las mesas de diálogo que llevaban a cabo con el gobierno federal
en la comunidad tsotsil de San Andrés Larráinzar. Para ellos, el proceso
organizativo era lo más importante. Y los dos años de negociación así lo
demostraron.
Los procesos son
dialécticos y complejos, dice Carlos González al recordar que hubo un momento
en que “se ejerció presión sobre el Estado pensando que se podía reformar”,
pero “lo más importante fueron las semillas que se sembraron”. La primera,
enumera, con el levantamiento zapatista; luego con la fundación del CNI; otra
con la Marcha del Color de la Tierra; una más con el Congreso de Nurío; y otra
con la participación de los representantes zapatistas y del CNI en el Congreso
de la Unión. “Se sembró una semilla hacia nuestros pueblos, una semilla de
rebeldía. Se cimbró la memoria”.
–¿Qué significó para
los representantes de los pueblos encontrarse entre ustedes casi cada mes en
las mesas de negociación de San Andrés?
Fue un proceso muy
importante que no se había dado desde la Conquista. Lo que logró el
levantamiento zapatista fue que los pueblos se miraran primero a sí mismos y
luego unos a otros. Esto fue parte fundamental del levantamiento, de los
diálogos de San Andrés, de los dos foros previos a la fundación del CNI y
posteriormente de la constitución del propio CNI. Ha sido un proceso de
encuentro, de diálogo, de reconocimiento entre los pueblos que ha ido madurando
y que le ha dado al CNI la capacidad de seguir existiendo, y aun con todas sus
limitaciones y con todos los problemas que ha tenido, seguir siendo un
referente.
Con la llegada de
Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, acusa González, “vino
un ataque furioso contra los planteamientos del zapatismo y del Congreso
Nacional Indígena. Se nos dijo que estábamos en el error, que estábamos
equivocados, que éramos salinistas, y se intentó aislar al zapatismo y a los
pueblos del modo más grosero posible. Pero el tiempo dejó claro que ni el
cambio es como se pensaba, ni lo que estamos proponiendo deja de tener
vigencia”. De cualquier forma, advierte el entrevistado vía telefónica, “no
dudamos que desde el poder se esté valorando si hay condiciones para revivir la
vía militar contra los zapatistas”.
Estos 25 años desde la
firma de los Acuerdos, resume el agrarista, “están en una lógica de lucha, de
resistencia, de rebeldía en contra del capitalismo. Con esta pandemia y con la
tremenda crisis económica, ecológica y civilizatoria que estamos viviendo, la
lucha contra el capitalismo es más que vigente, y la necesidad de destruirlo
también”.
Por eso, explica, los
días 23 y 24 de enero en Tepoztlán, Morelos, el Congreso Nacional Indígena
suscribió la Declaración por la Vida que hizo pública el EZLN el primero de
enero de este año, junto con colectivos, organizaciones e individuos de los
cinco continentes, en la que se plantea que “no es posible reformar este
sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, humanizarlo”, y por eso se
comprometen a “luchar, en todas partes y a todas horas —cada quien en su
terreno— contra este sistema hasta destruirlo por completo”.
En este contexto,
González García valora que hace un cuarto de siglo los Acuerdos de San Andrés
surgieron “del ánimo de propiciar una transformación profunda del sistema,
objetivo que se va radicalizando hasta llegar a Tepoztlán, donde el zapatismo
nos propone hacer un recorrido por todo el mundo para denunciar las
brutalidades del sistema y también para juntar y crecer la resistencia y la
rebeldía en contra del capitalismo que nos está llevando a la destrucción como
humanidad”.
Se trata, añade, de
“llevar la denuncia de lo que está pasando en el país a todo el mundo y de
responder así al aislamiento que pretende el gobierno”. Bajo la premisa de que
fuera de México existe la idea de que el gobierno de López Obrador “es un
gobierno de izquierda que tiene en el centro los intereses de los pueblos
indígenas”, los zapatistas y el CNI se encargarán de “desenmascararlo”. Se
denunciará, advierte González, “la brutalidad del sistema y por lo que está
pasando nuestro país; hablaremos de los megaproyectos que se imponen en los
territorios; de la fuerte militarización, como no se había vivido nunca; de la
política extractivista; del asesinato y desaparición de los defensores del
territorio, como el caso del comunicador nahua Samir Flores Soberanes, de
Amilcingo, Morelos”.
En el pronunciamiento
de la asamblea del CNI en Tepoztlán, se anuncia la incorporación de
representantes del CNI y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA- MPT) en el recorrido mundial
anunciado por el EZLN, el cual iniciará en el mes de julio por diversos países
de Europa, con “la certeza de que la lucha por la humanidad es mundial”.
https://ojarasca.jornada.com.mx/2021/02/12/25-anos-de-los-acuerdos-de-san-andres-3808.html?fbclid=IwAR3VqCCrk0ozJQtFLWJUzebNDFxx0MC5ScZZnq8T5WpZfCGOEGJmt2RU1TU
