Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).–
La estrategia de Seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, expuesta ayer en
la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no representa un cambio
de viraje ni un golpe de timón respecto al camino trazado por el antecesor en
Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, opinan especialistas y catedráticos en esa
materia de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Ante un problema que implica soluciones complejas, los especialistas observan que la administración presente emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha optado por restarle importancia a la inseguridad en la línea discursiva.
El mayor ejemplo de ello es que las víctimas mortales y los desaparecidos están ausentes de todas las exposiciones y anuncios. “No hay cambio de viraje en la estrategia. Se siguen descabezando organizaciones. La orientación es la misma. Los operativos continúan de manera inercial, aunque ya no son cantados mediáticamente. No hay diferenciación tajante. No la hay y tan no la hay, que tenemos deficiencia en los resultados”, opina Eruviel Tirado, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la mencionada casa de estudios.
Respecto a las llamadas “víctimas colaterales” –el término utilizado por el ex Presidente Felipe Calderón para referirse a quienes murieron o desaparecieron en el combate al narco y hoy ausentes en el discurso de Peña Nieto–, el catedrático expone: “Es un cálculo perverso. No significa que eso soluciona el problema por arte de magia. Esta es una cuestión que engaña con las percepciones y entonces, no se hace nada. Hay una mejoría en la percepción de inseguridad, pero ésta sigue siendo altísima”.
Pablo Monsalvo, estudioso de la Seguridad Pública y Nacional, y académico en la UIA, también se refiere a que en la política de Seguridad ha predominado el discurso más que la claridad en la estrategia. Por ejemplo, dice: “Se habla de la coordinación, pero la coordinación no es suficiente. La coordinación habla de voluntad. El que quiere se coordina y aquí se requiere que haya mando, que la Ley ordene y las autoridades responsables de la tarea, la hagan.
La coordinación queda como segundo nivel, lo primero es que haya orden, que haya mandato, que haya soberanía, que haya responsabilidad”. Otra de sus observaciones está en los centros penitenciarios, los cuales constituyen la cuarta línea de la estrategia leída ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto. “Hoy se trata de centros de delincuencia. Hay muchos problemas de evasión que el año pasado hicieron crisis. (El Presidente) habla de que hay que transformarlos. No se puede transformar lo que no se ha formado. Hay que formarlos”.
Eruviel Tirado, incluso, ve una utilización indiscriminada en los conceptos de Seguridad Nacional y Seguridad Pública que tiende a confundir a la sociedad. Ayer, el nombre del Consejo llevó el término Seguridad Pública, pero la temática se basó en problemas federales que en rigor, corresponderían a la Seguridad Nacional. “Yo no hablaría de ignorancia –dice Eruviel Tirado–, sino de una confusión deliberada. La gente de la calle, los mismos alumnos involucrados en las agencias de seguridad, no saben distinguir entre ambos conceptos. La Seguridad Pública tiene que ver con la protección de las personas y de sus bienes. La Seguridad Nacional tiene que ver con el Estado. Son dos cosas totalmente distintas”.
En cuanto a las reforma aprobadas el pasado 22 de agosto en la Cámara de Diputados que permiten a las dependencias gubernamentales ampararse con el argumento de la Seguridad Nacional para no responder peticiones ciudadanas a través del IFAI, ambos especialistas opinan que ello lleva a este ámbito al campo de la opacidad y ello no es conveniente desde ninguna perspectiva. Tirado dice que tal reforma es parte de un esquema estratégico. “Hay carencia de información y blindamos a las autoridades neurálgicas para que no la den. Es absurdo que nos hablen de razones de Estado cuando el concepto (de Seguridad Nacional) está cambiando”.
El anuncio de la Gendarmería Nacional –hecho por el comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb– les brinda a ambos especialistas elementos para imaginar un escenario en que los pueblos de México continuarán con la presencia de fuerzas armadas. Para Tirado, la Gendarmería implica una semejanza crucial con el gobierno anterior. “Ese organismo no es nuevo, es una fuerza intermedia. No es una policía de seguridad pública propiamente dicha. Recordemos que ese fue el origen de la Policía Federal, un núcleo militarizado. Llevamos ya 15 años en eso”.
Tirado abunda que la regionalización del país –incluida en la estrategia peñanietista– evoca la división del país que se hizo en 1928 cuando se instalaron las primeras zonas militares con el fin de regir el territorio nacional. “Eso nos debe llamar la atención para establecer una crítica histórica y política a las fuerzas armadas y al Estado mexicano. Ya tenemos al país dividido en zonas y regiones militares y navales para el control del territorio. Y la crisis de Seguridad para sacar al Ejército a las calles ha sido que hemos perdido el control”.
El concepto de “coordinación” fue clave en la 34 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública efectuada ayer en la residencia oficial de Los Pinos, presidida por el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. En declaraciones que rompieron con la política en materia de Seguridad del sexenio anterior, los integrantes del gabinete en ese ámbito refrendaron que las entidades federativas y las instancias a cargo, se encuentran en plena colaboración para combatir el flagelo de la violencia, derivado de la expansión de la criminalidad organizada.
Al finalizar una serie de ponencias, el Presidente Enrique Peña Nieto expuso que su administración se ha enfocado a realizar los cambios o ajustes necesarios a nivel institucional para brindar mayores resultados a la población. Puso énfasis en que la coordinación efectiva y la inteligencia eficaz que distingue a la nueva política pública de Seguridad y Justicia, presentada en al pasada sesión del Consejo, efectuada en en diciembre pasado, el número de homicidios vinculados con delitos federales se redujo en 20 por ciento. El Presidente Peña Nieto mencionó que el Consejo Nacional de Seguridad es el mejor ejemplo de la coordinación institucional que debe prevalecer en todo el país para brindar mejores resultados a la población, y que las políticas públicas que de él derivan están encaminadas a lograr un mismo propósito: “que México sea un país de paz, un país más seguro”.
En la oportunidad de su ponencia, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso que “hay acciones que parten de la efectiva colaboración” y abundó que se puede afirmar que existe trabajo conjunto entre gobernadores y autoridades federales. Según el encargado de la política interior, “nada está por encima de la tranquilidad y la seguridad de las familias”.
En este panorama, el Procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, especificó que el organismo a su cargo continuará como eje central de la administración del Derecho Penal, pero tendrá que actuar conforme a las necesidades de la federación.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, anunció la conformación de una Gendarmería Nacional, la cual entrará en funciones en julio de 2014 con cinco mil elementos, un mando civil y el ordenamiento de actuar en poblaciones rurales y periurbanas.
Este anuncio, el funcionario lo hizo en respuesta inmediata al activista Alejandro Martí, presidente de la Asociación contra el Secuestro SOS, quien como representante de la sociedad civil exigió al gobierno federal cumplir con los compromisos adquiridos en 2010, como la homologación policial y mando único.
El hombre cuyo hijo fue secuestrado y que marcó la impronta de la frase “si no pueden, renuncien”, dirigida al gabinete de Felipe Calderón, dijo ayer: “No vemos avance en homologación policial. Tampoco en mandos únicos. Son compromisos que se hicieron desde 2010”.
Por parte de la sociedad civil estaba también María Elena Morera, presidenta nacional de México Unido contra la Delincuencia. Ella pidió que la seguridad nacional no se convierta en argumento para ocultar información, una vez aprobadas las reformas constitucionales en materia de transparencia que permiten a cualquier dependencia gubernamental no acatar las peticiones a través del IFAI con ese argumento. Para ella no hubo respuesta.
INTELIGENCIA SOBRE EL USO DE LA FUERZA
En este panorama, habló el Presidente Enrique Peña Nieto. Fue interrumpido dos veces con aplausos. La primera, cuando mencionó que la estrategia de seguridad se basa en el privilegio de la inteligencia sobre la fuerza.
La segunda, al resaltar que durante su gobierno, 62 de los 121 presuntos delincuentes más buscados fueron detenidos sin que se realizara un solo disparo en la mayoría de los casos gracias a la coordinación de entidades.
El Presidente dijo ayer que la fuerza del Estado no debe medirse por su poder de fuego, sino por “su capacidad para aplicar la ley con la menor violencia posible”. Las Diez Estrategias de Seguridad de Peña Nieto
Primera: La prevención del delito y reconstrucción del tejido social, con atención a las causas económicas, sociales y culturales que propician la actividad delictiva.
Segunda: Justicia Penal Eficaz. En este sentido, es indispensable acelerar la transición hacia el nuevo modelo de justicia penal acusatorio y adversarial que mandata la Constitución.
Tercera: Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía. (Gendarmería Nacional)
Cuarta: Transformación del Sistema Penitenciario. Los centros de readaptación deben lograr que los internos, al concluir su sentencia, puedan reinsertarse con éxito en la sociedad y no volver a delinquir.
Quinta: Promoción y articulación de la participación ciudadana. En este nuevo paradigma de seguridad y justicia, la sociedad tiene mucho que aportar, desde la denuncia del delito, la organización de comités vecinales e incluso en labores de servicio social y reconstrucción del tejido comunitario.
Sexta: Cooperación internacional. El diálogo o intercambio ordenado y permanente con otras naciones es esencial para hacer frente a las organizaciones criminales transnacionales.
Séptima: Información que sirva al ciudadano.
Octava: Coordinación entre autoridades.
Novena: Regionalización. Cada una de las cinco zonas operativas en que se ha dividido al país responde a la necesidad de enfocar los esfuerzos institucionales de acuerdo a las particularidades de cada región.
Décima: Fortalecimiento de la inteligencia.
Ante un problema que implica soluciones complejas, los especialistas observan que la administración presente emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha optado por restarle importancia a la inseguridad en la línea discursiva.
El mayor ejemplo de ello es que las víctimas mortales y los desaparecidos están ausentes de todas las exposiciones y anuncios. “No hay cambio de viraje en la estrategia. Se siguen descabezando organizaciones. La orientación es la misma. Los operativos continúan de manera inercial, aunque ya no son cantados mediáticamente. No hay diferenciación tajante. No la hay y tan no la hay, que tenemos deficiencia en los resultados”, opina Eruviel Tirado, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la mencionada casa de estudios.
Respecto a las llamadas “víctimas colaterales” –el término utilizado por el ex Presidente Felipe Calderón para referirse a quienes murieron o desaparecieron en el combate al narco y hoy ausentes en el discurso de Peña Nieto–, el catedrático expone: “Es un cálculo perverso. No significa que eso soluciona el problema por arte de magia. Esta es una cuestión que engaña con las percepciones y entonces, no se hace nada. Hay una mejoría en la percepción de inseguridad, pero ésta sigue siendo altísima”.
Pablo Monsalvo, estudioso de la Seguridad Pública y Nacional, y académico en la UIA, también se refiere a que en la política de Seguridad ha predominado el discurso más que la claridad en la estrategia. Por ejemplo, dice: “Se habla de la coordinación, pero la coordinación no es suficiente. La coordinación habla de voluntad. El que quiere se coordina y aquí se requiere que haya mando, que la Ley ordene y las autoridades responsables de la tarea, la hagan.
La coordinación queda como segundo nivel, lo primero es que haya orden, que haya mandato, que haya soberanía, que haya responsabilidad”. Otra de sus observaciones está en los centros penitenciarios, los cuales constituyen la cuarta línea de la estrategia leída ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto. “Hoy se trata de centros de delincuencia. Hay muchos problemas de evasión que el año pasado hicieron crisis. (El Presidente) habla de que hay que transformarlos. No se puede transformar lo que no se ha formado. Hay que formarlos”.
Eruviel Tirado, incluso, ve una utilización indiscriminada en los conceptos de Seguridad Nacional y Seguridad Pública que tiende a confundir a la sociedad. Ayer, el nombre del Consejo llevó el término Seguridad Pública, pero la temática se basó en problemas federales que en rigor, corresponderían a la Seguridad Nacional. “Yo no hablaría de ignorancia –dice Eruviel Tirado–, sino de una confusión deliberada. La gente de la calle, los mismos alumnos involucrados en las agencias de seguridad, no saben distinguir entre ambos conceptos. La Seguridad Pública tiene que ver con la protección de las personas y de sus bienes. La Seguridad Nacional tiene que ver con el Estado. Son dos cosas totalmente distintas”.
En cuanto a las reforma aprobadas el pasado 22 de agosto en la Cámara de Diputados que permiten a las dependencias gubernamentales ampararse con el argumento de la Seguridad Nacional para no responder peticiones ciudadanas a través del IFAI, ambos especialistas opinan que ello lleva a este ámbito al campo de la opacidad y ello no es conveniente desde ninguna perspectiva. Tirado dice que tal reforma es parte de un esquema estratégico. “Hay carencia de información y blindamos a las autoridades neurálgicas para que no la den. Es absurdo que nos hablen de razones de Estado cuando el concepto (de Seguridad Nacional) está cambiando”.
El anuncio de la Gendarmería Nacional –hecho por el comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb– les brinda a ambos especialistas elementos para imaginar un escenario en que los pueblos de México continuarán con la presencia de fuerzas armadas. Para Tirado, la Gendarmería implica una semejanza crucial con el gobierno anterior. “Ese organismo no es nuevo, es una fuerza intermedia. No es una policía de seguridad pública propiamente dicha. Recordemos que ese fue el origen de la Policía Federal, un núcleo militarizado. Llevamos ya 15 años en eso”.
Tirado abunda que la regionalización del país –incluida en la estrategia peñanietista– evoca la división del país que se hizo en 1928 cuando se instalaron las primeras zonas militares con el fin de regir el territorio nacional. “Eso nos debe llamar la atención para establecer una crítica histórica y política a las fuerzas armadas y al Estado mexicano. Ya tenemos al país dividido en zonas y regiones militares y navales para el control del territorio. Y la crisis de Seguridad para sacar al Ejército a las calles ha sido que hemos perdido el control”.
El concepto de “coordinación” fue clave en la 34 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública efectuada ayer en la residencia oficial de Los Pinos, presidida por el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. En declaraciones que rompieron con la política en materia de Seguridad del sexenio anterior, los integrantes del gabinete en ese ámbito refrendaron que las entidades federativas y las instancias a cargo, se encuentran en plena colaboración para combatir el flagelo de la violencia, derivado de la expansión de la criminalidad organizada.
Al finalizar una serie de ponencias, el Presidente Enrique Peña Nieto expuso que su administración se ha enfocado a realizar los cambios o ajustes necesarios a nivel institucional para brindar mayores resultados a la población. Puso énfasis en que la coordinación efectiva y la inteligencia eficaz que distingue a la nueva política pública de Seguridad y Justicia, presentada en al pasada sesión del Consejo, efectuada en en diciembre pasado, el número de homicidios vinculados con delitos federales se redujo en 20 por ciento. El Presidente Peña Nieto mencionó que el Consejo Nacional de Seguridad es el mejor ejemplo de la coordinación institucional que debe prevalecer en todo el país para brindar mejores resultados a la población, y que las políticas públicas que de él derivan están encaminadas a lograr un mismo propósito: “que México sea un país de paz, un país más seguro”.
En la oportunidad de su ponencia, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso que “hay acciones que parten de la efectiva colaboración” y abundó que se puede afirmar que existe trabajo conjunto entre gobernadores y autoridades federales. Según el encargado de la política interior, “nada está por encima de la tranquilidad y la seguridad de las familias”.
En este panorama, el Procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, especificó que el organismo a su cargo continuará como eje central de la administración del Derecho Penal, pero tendrá que actuar conforme a las necesidades de la federación.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, anunció la conformación de una Gendarmería Nacional, la cual entrará en funciones en julio de 2014 con cinco mil elementos, un mando civil y el ordenamiento de actuar en poblaciones rurales y periurbanas.
Este anuncio, el funcionario lo hizo en respuesta inmediata al activista Alejandro Martí, presidente de la Asociación contra el Secuestro SOS, quien como representante de la sociedad civil exigió al gobierno federal cumplir con los compromisos adquiridos en 2010, como la homologación policial y mando único.
El hombre cuyo hijo fue secuestrado y que marcó la impronta de la frase “si no pueden, renuncien”, dirigida al gabinete de Felipe Calderón, dijo ayer: “No vemos avance en homologación policial. Tampoco en mandos únicos. Son compromisos que se hicieron desde 2010”.
Por parte de la sociedad civil estaba también María Elena Morera, presidenta nacional de México Unido contra la Delincuencia. Ella pidió que la seguridad nacional no se convierta en argumento para ocultar información, una vez aprobadas las reformas constitucionales en materia de transparencia que permiten a cualquier dependencia gubernamental no acatar las peticiones a través del IFAI con ese argumento. Para ella no hubo respuesta.
INTELIGENCIA SOBRE EL USO DE LA FUERZA
En este panorama, habló el Presidente Enrique Peña Nieto. Fue interrumpido dos veces con aplausos. La primera, cuando mencionó que la estrategia de seguridad se basa en el privilegio de la inteligencia sobre la fuerza.
La segunda, al resaltar que durante su gobierno, 62 de los 121 presuntos delincuentes más buscados fueron detenidos sin que se realizara un solo disparo en la mayoría de los casos gracias a la coordinación de entidades.
El Presidente dijo ayer que la fuerza del Estado no debe medirse por su poder de fuego, sino por “su capacidad para aplicar la ley con la menor violencia posible”. Las Diez Estrategias de Seguridad de Peña Nieto
Primera: La prevención del delito y reconstrucción del tejido social, con atención a las causas económicas, sociales y culturales que propician la actividad delictiva.
Segunda: Justicia Penal Eficaz. En este sentido, es indispensable acelerar la transición hacia el nuevo modelo de justicia penal acusatorio y adversarial que mandata la Constitución.
Tercera: Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía. (Gendarmería Nacional)
Cuarta: Transformación del Sistema Penitenciario. Los centros de readaptación deben lograr que los internos, al concluir su sentencia, puedan reinsertarse con éxito en la sociedad y no volver a delinquir.
Quinta: Promoción y articulación de la participación ciudadana. En este nuevo paradigma de seguridad y justicia, la sociedad tiene mucho que aportar, desde la denuncia del delito, la organización de comités vecinales e incluso en labores de servicio social y reconstrucción del tejido comunitario.
Sexta: Cooperación internacional. El diálogo o intercambio ordenado y permanente con otras naciones es esencial para hacer frente a las organizaciones criminales transnacionales.
Séptima: Información que sirva al ciudadano.
Octava: Coordinación entre autoridades.
Novena: Regionalización. Cada una de las cinco zonas operativas en que se ha dividido al país responde a la necesidad de enfocar los esfuerzos institucionales de acuerdo a las particularidades de cada región.
Décima: Fortalecimiento de la inteligencia.
