Comienza la segunda parte de la Operación Cicatriz Ayotzinapa; consiste primordialmente en convencer a propietarios de los medios...
Plan b
Desde
hace algunas semanas han comenzado a circular las opiniones sobre Ayotzinapa de
algunos de los más adinerados empresarios mexicanos. Todas coinciden con una
versión “Estudiaban para guerrilleros, se
ganaron la muerte por revoltosos; quienes han exagerado la dimensión del
caso lo hacen persiguiendo intereses ajenos a la vida de los 43 jóvenes”.
Como
siempre en la pirámide del poder la información producida por agentes del
Estado cae, a manera de cascada, desde la cima hacia abajo. Ahora, a cuatro
meses de las balaceras y la desaparición, comienza la segunda parte de la
Operación Cicatriz Ayotzinapa; consiste primordialmente en convencer a
propietarios de los medios de mayor circulación de sacar del espectro el tema,
diluirlo, desacreditar la calidad moral de los jóvenes, mientras a la vez
circulan la opinión de los que manejan el dinero que son también quienes pagan
la publicidad a los tribunales mediáticos, esos que establecen o ignoran los
temas socialmente importantes de acuerdo a criterios empresariales.
Para
nadie medianamente enterado es una sorpresa que se intente instaurar
la normalización de la desaparición forzada de los estudiantes, bajo la premisa de que eran ciudadanos
“difíciles” no deseables, “potenciales guerrilleros” ya hay periodistas que les
han llamado despectivamente “los pelones”.
Ayotzinapa
están en territorio guerrillero, aquél que dio vida al famoso Lucio Cabañas
Comandante de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, alumno graduado de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Lucio fue acribillado por el ejército
mexicano hace 41 años, luego de que él y su grupo secuestraran al ex gobernador
del estado. Cabañas se había convertido en leyenda por la defensa de los
campesinos de Guerrero frente a los empresarios y políticos que les robaron sus
tierras sumiendo en la pobreza poblaciones enteras.
Hoy en
día el sesenta por ciento del plan de estudios de la Normal Rural de
Ayotzinapa, de la cuál salieron los estudiantes desaparecidos, consta de
principios y actividades socialistas, como la defensa de la tierra, la lucha
contra el racismo y contra el neoliberalismo económico y político, por la
igualdad y la justicia salarial de un estado enriquecido por el turismo. Por si
usted no lo sabe, desde hace cuarenta años, cada doce meses los profesores de
las normales rurales tienen que suplicarle al gobierno que saque la
convocatoria de inscripciones, suplican por recursos para la educación, y con
el tiempo esas súplicas se han plagado de hartazgo.
El
autoritario gobierno de Guerrero juega este juego a la perfección: negocia cada
año el derecho a la educación y a la libertad de pensamiento. Porque conviene a
sus intereses, el gobierno estatal, con conocimiento
de los órganos de Inteligencia, juega al estira y afloja con los miembros
corruptos de los colectivos magisteriales de todas las escuelas públicas (no sólo de las normales); ellos
amenazan con hacer paros de todo el aparato educativo, el gobernador en turno
se dice “extorsionado” pero acepta entregar fondos en efectivo a los
corruptores magisteriales, en lugar de invertir de forma transparente en la
educación de todo el estado (Tanto PRI como PRD han jugado juntos).
Está
claro que los 43 no eran
sumisos jóvenes indígenas, maestros que soñaban con enseñar a leer y escribir a
los niños y niñas para que eventualmente tuvieran un trabajo miserable, sino
para que puedan trabajar y defender sus derechos y vivir dignamente. Los 43
son, o eran, jóvenes preparados para la vida, para la política, para la batalla
contra la opresión, informados, organizados, inteligentes, rebeldes y muy
probablemente indignados y rabiosos con la forma en que su estado y su país les
ha tratado desde que nacieron. Muertos o vivos, estamos hablando de activistas
que salieron a dar una batalla sobre la cuál los órganos de inteligencia del
Estado tenían información. Jóvenes aguerridos que hartos del narco-gobierno
querían una vida libre, sana y justa para todos.
Efectivamente
hay grupos de intereses alrededor del caso, sería imposible blindarlo de los
oportunistas corruptos (la complejidad es connatural a cualquier caso de esta
naturaleza), pero las exigencias son válidas y su vida importa. Lo fundamental,
además de la investigación penal, es comenzar a responder con la solución a los
problemas de raíz: que las movilizaciones que piden justicia activen un
movimiento por la educación libre, laica y de calidad en todo el estado de
Guerrero. Asegurarnos de que las normales rurales sigan abiertas, funcionando,
con recursos, libros, materiales para el sostén de las milpas y de los animales
de cría. Asegurarnos de que en toda la zona rural de guerrero haya clínicas de
salud, acceso al agua potable, apoyo a los modelos de vivienda ecológicos con
milpa propia, planes de promoción de la cultura y defensa del medio ambiente.
No
podemos distraernos: sí hay solución para Ayotzinapa y no está en el campo
criminal sino en el de la justicia social y la Seguridad Humana. Llevamos demasiado
tiempo arrojando tinta sobre las cenizas, llenando cárceles de presuntos
culpables, elucubrando sin evidencia. Mientras tanto la sociedad se divide más
y los agentes del Estado junto con algunos empresarios y periodistas sistémicos
trabajan para normalizar la desaparición forzada de activistas y defensores
sociales como castigo ejemplar.
Que se
transparente el gasto en educación de Guerrero, que el gobernador interino en
lugar de filtrar información diga quiénes lo extorsionan, cómo y cuando. Sí,
los 43 estudiantes, como millones en el país, tienen una ideología socialista,
eso no les hace menos ciudadanos, por el contrario, les hace más solidarios y
conscientes de la importancia de la educación y los derechos humanos. Pedir
justicia para ellos es también señalar la raíz del problema que los puso en
peligro.
.jpg)
