Huasteca y Sierra Oriental 10 de abril
de 2015.
El asesinato del General Revolucionario
Emiliano Zapata Salazar por la incipiente burguesía en el poder, cumple 96
años. El crimen fraguado desde el Estado se ejecutó para descabezar y apaciguar
al pueblo en armas; y, con la promulgación de la Constitución desde 1917, fue
para mediatizar el descontento popular y la consolidación de la clase en el
poder, quedando aplazadas las demandas históricas por las que luchó nuestro
pueblo durante la revolución mexicana de 1910-17.
Las causalidades económicas, políticas
y sociales que dieron origen a la insurrección armada del pueblo encabezado por
caudillos revolucionarios como el General Zapata, no han cambiado hasta hoy. De
los más de un millón de mexicanos que ofrendaron su vida en esa confrontación
antagónica, junto a los miles de asesinatos extrajudiciales y desapariciones
forzadas ejercidas contra luchadores sociales durante los últimos tres
sexenios, es la deuda histórica que tiene el Estado burgués mexicano con el
Pueblo.
Este antecedente inmediato de lucha popular,
es la manifestación concreta de los intentos de emancipación de la clase
oprimida del yugo opresor burgués durante la exacerbación de la lucha de clases
en nuestro país; producto de las políticas antipopulares de los personeros y
administradores del capital que han tratado de ahogar en sangre al pueblo
mediante los instrumentos policiaco-militares y paramilitares.
Políticas impuestas con la adecuación
del marco jurídico y la implementación del terrorismo de Estado para garantizar
los intereses de la oligarquía, endosándole el fardo de la explotación a la
clase trabajadora y en consecuencia su acelerada pauperización para finalmente
perecer por inanición. De este modo se ha institucionalizado la preservación de
la propiedad privada como base económica del sistema capitalista en función de
la concentración y centralización del capital en unas cuantas manos.
La acción concreta de fascistización
del Estado se expresa con la proliferación de bandas paramilitares bajo el mote
de autodefensas, policías comunitarias, guardia civil, etc.; encarcelamientos
selectivos, asesinatos extrajudiciales, masacres y detención-desaparición
forzada ejercidas contra luchadores sociales, todos bajo cobijo del manto de la
impunidad de los crímenes de Estado mediante argucias leguleyas del estado de
derecho burgués.
Todas estas acciones son para
garantizar sin menoscabo la rapiña, el despojo legalizado y violento de
los recursos naturales y energéticos. A través de la implementación del
programa FANAR vía SEDATU, es que se ejerce el despojo institucionalizado de la
propiedad social-familiar de la tierra, producto de la enajenación y
despolitización de los campesinos pobres; medidas contrainsurgentes que
condenan a la ruina y en consecuencia la desaparición de la mayoría de las tierras
comunales y ejidales, dando paso al máximo depredador, el gran capital
monopolista transnacional.
En este sentido, urge en primer
término, garantizar la preservación, concentración y reproducción del capital,
relegando el impulso de la pequeña producción campesina. E aquí la única razón
de la adecuación del marco jurídico a modo en materia agraria cuyas
consecuencias son nefastas para el pueblo, debido a la desatención y abandono
al campo donde queda de manifiesto el falso desinterés del Estado hacia este
sector de la economía.
Realidad reflejada en el desplazamiento
del campesino pobre de su condición de pequeño productor a simple peón
condenado a sobrevivir en la esclavitud moderna en los grandes campos agrícolas
como verdaderos centros de concentración y exterminio.
Es tal la perversidad del estado que
ante la adversidad y el alto nivel de miseria y marginalidad del pueblo utiliza
todos los medios posibles para promover e incentivar la privatización de los
ejidos generando la discordia y división entre los pobladores, impidiendo con
esto que el pueblo explotado se organice para luchar por sus derechos.
Concretamente con la utilización del programa “Cruzada Nacional Contra el
Hambre” bajo esta falacia da prioridad a la titulación de parcelas en los ejidos
que aún se resisten contra la privatización de la propiedad social mediante la
injerencia de agentes policiaco-militares con la fachada de funcionarios de la
SEDATU.
El papel fundamental de estos agentes
es la ubicación, seguimiento e incriminación de pueblos organizados y
luchadores sociales, concretándose la criminalización de la pobreza, protesta y
lucha popular, coartando el ejercicio pleno de los derechos legítimos del
pueblo mexicano.
Es en este contexto de polarización de
la sociedad y exacerbación de la lucha de clases, es que se desarrollan
diversas expresiones del movimiento popular por la exigencia de sus legítimas
demandas, dispersas aún, pero que de algún modo se desarrollan cualitativamente
en vías de la alianza estratégica obrero- campesino para confluir en la unidad
de todo el pueblo contra la embestida del Estado.
Es por ello, los que integramos el FNLS
hemos desarrollado la denuncia política de manera permanente:
1. Por el incremento
sistemático del hostigamiento y las amenazas por agentes
policiaco-militares del Estado durante el desarrollo de la Gira
Nacional, Desaparición forzada en México: caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y
Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad en los estados de
Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, donde participan los integrantes del
Comité de Familiares de detenidos-desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Abogados
que llevan la lucha jurídica de estos luchadores sociales, a la comisión civil
de búsqueda, a los que integramos nuestro Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo, así como a organizaciones y personalidades progresistas que han
apoyado y se han sumado a la exigencia de presentación con vida de estos
Luchadores Sociales.
2. Hostigamiento por
agentes del CISEN y pseudoperiodistas en el Foro: “El papel de la mujer en la
lucha popular” el día 8 de marzo del presente, realizado en Atlixco del estado
de puebla.
3. Amenazas de muerte
contra el Comité Cerezo México.
4. Retención y Amenaza a
nuestro compañero Ignacio Romero Carrera y José Luis García Tolentino
Luchadores Sociales Defensores de los Derechos Socio ambientales, militantes
del FNLS y Promotores de la Gira Nacional Desaparición Forzada en México caso
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en Orizaba, Veracruz por la
Policía Estatal el pasado 16 y 20 de marzo de 2015.
5. Permanente
hostigamiento y amenazas de muerte en contra del compañero Ollin Amaro Ayometzi
y familia miembro de la UPOE e integrante del FNLS en Puebla.
6. Difamación pública,
amenazas, hostigamiento e intimidación por pseudoperiodista de nombre Alfredo
N. N. “gerente” de canal local de TV 2e y por un supuesto comandante
militar y ex comandante de la policía municipal del municipio de Tantoyuca en
la administración municipal de Trinidad San Román de nombre Blas Ángeles
Mejía, en contra del compañero Francisco Hernández Santiago miembro de la Unión
Campesina Indígena Popular –UCIP-Cuauhtémoc-FNLS, en el municipio de Tantoyuca,
Ver., el pasado 30 de marzo del presente.
7. Amenazas de muerte y
de desalojo con 60 pistoleros del cacique Jesús Alejo Orantes Ruiz en
complicidad con el grupo paramilitar “el escuadrón de la muerte” de Ángel
Hidalgo y Bartolo Pérez Martínez en contra de los compañeros comuneros de
Venustiano Carranza, Chis., miembros de la OCEZ-FNLS.
8. El gobierno del
estado de Hidalgo, a través del grupo de coordinación interinstitucional ejerce
acciones coercitivas mediante amenazas con sanciones y el uso de la fuerza
pública contra la legítima exigencia al respeto de los derechos humanos y
constitucionales.
Como organización independiente,
surgimos por la exigencia de nuestras demandas económicas que la revolución
democrático-burguesa de 1910-17 no resolvió y al fragor de la lucha hemos adquirido
consciencia de clase por tal razón impulsamos:
a) La coordinación,
alianza y unidad de todo el pueblo en la lucha por el socialismo.
b) Por un nuevo reparto
agrario.
c) Legalización
inmediata de la posesión de la tierra gestionada por más de treinta y siete
años que por represalia política no ha sido resuelta por el Estado.
d) Alto al despojo
legalizado de la tierra y los recursos naturales vía FANAR-SEDATU.
e) Libertad de todos los
presos políticos del país.
f) Presentación con vida
de todos los detenidos-desaparecidos, juicio y castigo a los culpables.
g) Alto a la persecución
y hostigamiento político en contra de los que integramos el Frente Nacional de
Lucha por el Socialismo en el país y las organizaciones populares
independientes que impulsamos la Gira Nacional, Desaparición forzada
en México: caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen
de lesa humanidad.
FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS
DEL PAÍS!
¡PRESENTACION CON VIDA DE TODOS LOS
DETENIDOS-DESAPARECIDOS!
¡NI UNA LUCHA AISLADA MÁS!
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO Y
POPULAR!
FRENTE DEMOCRATICO ORIENTAL DE MÉXICO
“EMILIANO ZAPATA”, CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DEL SUR DE
VERACRUZ, MOVIMIENTO MAGISTERIAL POPULAR DEL SUR
DE VERACRUZ, CONSEJO CIUDADANO DE ZARAGOZA, ACCION CIVICA REPUBLICANA, GRUPO DE TRABAJO DEMOCRATICO, UNIÓN CAMPESINA INDÍGENA
POPULAR-CUAUHTEMOC, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS
HUASTECAS Y SIERRA ORIENTAL, MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE LA HUASTECA
VERACRUZANA, COLECTIVO DE ACCIÓN PROLETARIA, TIMOCEPANOTOKE NOCHE ALTEPEME
MASEHUALME –TINAM, MOVIMIENTO DE UNIFICACION Y LUCHA
TRIQUI, FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA
INDEPENDIENTE, FRENTE ORIENTE, MOVIMIENTE AGRARIO INDIGENA ZAPATISTA
DE TABASCO, CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS ALTAS
MONTAÑAS, PROMOTORA CNTE VERACRUZ, FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL
SOCIALISMO.
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