7 de febrero de 2017

EMPRESAS DE SEGURIDAD DE BERMÚDEZ ZURITA OPERAN CON NORMALIDAD EN LA CDMX

El exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita.
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Ciudad de México.- Las empresas de seguridad privada pertenecientes a Arturo Bermúdez Zurita continúan laborando con normalidad y ofreciendo sus servicios de resguardo de manera normal, pese a que el ex funcionario de Javier Duarte de Ochoa, enfrenta tres imputaciones penales por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y enriquecimiento ilícito.
Pero ni  los tres procesos penales iniciados en su contra por la Fiscalía General de Veracruz ni una sanción que le impuso la Secretaría de Gobernación en noviembre del 2016 han frenado sus negocios en la Ciudad de México.
Su empresa principal Seguridad Privada GPR continúa ofreciendo servicios de escolta a particulares y personal de vigilancia a todo tipo de comercios e inmuebles, según pudo comprobar Aristegui Noticias mediante llamadas telefónicas y recorridos realizados en los últimos días.
Arturo Bermúdez Zurita fue Secretario de Seguridad Pública de Veracruz bajo las órdenes del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Este fin de semana se le dictó prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que pasará los próximos ocho meses en un penal estatal
Su empresa Seguridad Privada GPR, cuenta con una suspensión temporal de tres meses que le impuso la Secretaría de Gobernación el 25 de noviembre del 2016, derivado de que incumplió con su obligación de informar a las autoridades federales sobre el nombre de sus guardias de seguridad.
Tampoco le envío los datos personales de todo su personal, desde escoltas hasta personal administrativo, ni del armamento y los vehículos que la empresa usa para cumplir con sus funciones.
Las compañías de Arturo Bermúdez: normalidad bajo sospecha
Para operar en el país, las empresas de Bermúdez tramitaron un permiso ante la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el cual continúa vigente, y obtuvieron otro por parte de la Secretaría de Gobernación, suspendido de manera temporal, según un aviso publicado por la Comisión Nacional de Seguridad en el Diario Oficial de la Federación.
Una revisión realizada por Aristegui Noticias, revela que el ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz es titular de seis empresas con distintas denominaciones para brindar seguridad privada, mismas que tienen su sede en dos inmuebles ubicados en las calles Luis Spota 151, colonia Independencia; y Centenario 29, colonia San Simón Ticumac, ambas en la delegación Benito Juárez.
Bermúdez Zurita también es titular de las empresas Grupo Profesional de Resguardo (GPR); Seguridad Privada GPR; Grupo Profesional de Alarmas (GPA); Profesionales en Seguridad Privada Integral; Profesionales Privados en Custodia y Resguardos Empresariales y Guardias Empresariales en Seguridad Privada.Una patrulla de la empresa de Bermúdez. Foto: Aristegui Noticias
De acuerdo con registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), el ex colaborador del ex  gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente  prófugo, cuenta con seis registros de marca para sus distintas empresas en materia seguridad, incluyendo las abreviaturas GPR, GPA y ETRI.
Además, el ex funcionario sujeto a proceso penal reservó dos marcas de bares y restaurantes con domicilios en Veracruz y la Ciudad de México: Luna Maya y Baremar, así como otra marca para el funcionamiento de alarmas y plantas de emergencia para abasto de luz eléctrica, Break Zone.
Aristegui Noticias realizó recorridos en los domicilios que el propio Bermúdez proporcionó para sus empresas de seguridad privada que operan en la Ciudad de México y pudo constatar que operan de manera normal. Incluso, se logró fotografiar a un vehículo rotulado con los emblemas de GPR sobre la calle de Luis Spota.
Tras conocerse la detención de Arturo Bermúdez, se hizo una nueva verificación de los servicios que ofrecen GPR y GPA, corroborando vía telefónica que no han sufrido ninguna afectación ni por la investigación a su titular ni por la suspensión que le impuso la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Seguridad Privada de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada que encabeza Juan Antonio Arámbula.
Las cinco residencias de Arturo Bermúdez en Texas
Las indagatorias contra el ex Secretario de Seguridad de Javier Duarte se derivan de un presunto enriquecimiento ilícito dado a conocer por Aristegui Noticias el 3 de agosto del 2016, fecha en la que se reveló que Arturo Bermúdez y su esposa eran poseedores de cinco residencias en el complejo The Woodlands, ubicado en Texas, Estados Unidos, mismas que estaban valuadas de manera conjunta en 2.4 millones de dólares, según registros oficiales.
Las propiedades fueron adquiridas por Bermúdez Zurita entre agosto de 2012 – apenas un año de su nombramiento como jefe policiaco, y abril del 2016, fecha en la que comenzaron a destaparse los escándalos de corrupción en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, actualmente prófugo de la justicia.
Un día después de las revelaciones que hiciera Aristegui Noticias sobre las casas de Bermúdez Zurita, el Secretario de Seguridad Pública de Veracruz renunció a su cargo. 
Con información de Aristegui Noticias

COFEPRIS HALLA EN VERACRUZ MEDICAMENTOS APÓCRIFOS PARA QUIMIOTERAPIAS

Avastin, el medicamento utilizado en quimioterapias. Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi tres semanas de que la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició verificaciones en instalaciones hospitalarias en Veracruz por la presunta aplicación de tratamientos falsos, ha encontrado una ampolleta apócrifa de Avastin –usado para tratamiento de quimioterapia –, así como indicios de otros medicamentos simulados.
En entrevista con Grupo Fórmula, el titular de la dependencia federal, Julio Sánchez y Tépoz, informó que desde el pasado 18 de enero y hasta este lunes han realizado más de 20 visitas de verificación a almacenes, farmacias y laboratorios, en particular al Centro Estatal de Cancerología.
Hasta el corte de la semana pasada, agregó, se tienen avances como el hallazgo de una ampolleta apócrifa de Avastin. No obstante, detalló que podría haber otros medicamentos que también son falsos y unos 20 frascos que no fueron aplicados a paciente alguno.
Además, encontraron 16.8 toneladas de medicamentos caducos en la entidad y sospechan que podría haber más; razón por la cual realizan investigaciones específicas para documentar las irregularidades.
El titular de la Cofepris prefirió no responder a las acusaciones que en días pasados le lanzó el gobernador Miguel Ángel Yunes, en el sentido de que sabía de la aplicación de medicamentos falsos a pacientes con cáncer, pues en 201m, cuando era comisionado de Fomento Sanitario, se informó a la Comisión del hallazgo de 60 ampollas de Avastin, pero éste no hizo nada el respecto.
“No tienen una relevancia en este momento para las investigaciones puesto que el gobernador Yunes ha sido muy claro y muy responsable en la comunicación que ha tenido con la autoridad sanitaria”, dijo.
Sánchez Tépoz solo comentó que continuará trabajando conjuntamente con el gobierno veracruzano para dar seguimiento a las denuncias hechas por el funcionario. Agregó que siguen con la búsqueda de 23 mil pruebas de VIH presuntamente apócrifas y adquiridas en 2011por la pasada administración.

6 de febrero de 2017

EL INFIERNO DE JAVIER DUARTE

El exgobernador de Veracruz es buscado en 190 países acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El infierno de Javier Duarte. Un gobernador que perdió el piso. De codearse con el rey de España, el Papa y la cúpula del PRI, ahora es buscado en 190 países por la Interpol. Huye sólo con su esposa; fue acusado de peculado y enriquecimiento ilícito por el hoy gobernador de oposición, Miguel Ángel Yunes. También, de haber destinado agua destilada para niños enfermos de cáncer en lugar de quimioterapias.

Duarte de Ochoa fue mandatario de Veracruz de 2010 a octubre de 2016, sobre él también pesan acusaciones como vínculos con la delincuencia organizada; esto no es una novela, es la realidad, parte de la historia moderna de México que no debemos olvidar.

En entrevista con EL DEBATE, Noé Zavaleta, corresponsal de Proceso en Veracruz, narra haber vivido ese sexenio escribiendo de asuntos de seguridad “a salto de mata”. Comenzó a laborar en la revista al cubrir la vacante que dejaría Regina Martínez, asesinada en 2012. Durante el gobierno de Duarte, asesinaron a 20 reporteros y comandos armados desaparecieron a 3 más, cuyo paradero aún se desconoce.

«La forma de trabajar era vivir a salto de mata...   se está expuesto a varios frentes, a la represión de estado o a las células del crimen organizado»

Zavaleta conoce de cerca la represión, amenazas y el exilio. Seis meses antes de que concluyera la administración de Duarte, publica un libro de crónicas del sexenio, donde se exponen casos de impunidad, corrupción e incompetencia gubernamental, asimismo se exhibe a policías estatales vinculados con el crimen organizado y agresiones a periodistas.

Días antes de la presentación formal del libro El infierno de Javier Duarte, ediciones Proceso, el autor recibe amenazas por redes sociales y correo electrónico donde se le vincula con la organización de los Zetas, colocándolo como un blanco para otras células delincuenciales.

Tras la denuncia pública y formal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, Noé Zavaleta tuvo que vivir los últimos meses del gobierno de Duarte en la Ciudad de México y con escoltas. Después, el gobernador priista pidió licencia para enfrentar el proceso en su contra. Ahora, Zavaleta ha regresado a Veracruz, y está claro en que lo ocurrido durante el pasado gobierno no debe quedar en el olvido.
¿Quién es Javier Duarte?
Una persona inmadura que le quedó muy grande el traje para llevar las riendas de 8 millones de veracruzanos. Es inseguro, visceral, caprichoso, que reaccionaba de ‘botepronto’, desde el 2014 ya había perdido el rumbo, el piso, y que fue tan leal a sus amigos cercanos que les permitió que dañaran el erario y robaran el recurso público sin el menor recato; él ya andaba extraviado en sus ínfulas de poder: “yo traje al rey de España por una cumbre latinoamericana, traje los Juegos Centroamericanos, fui recibido por el Papa Francisco”, cuando al estado se lo estaba llevando la ch...
Era muy visceral, alguien altamente vengativo al interior del gobierno; se desquitó políticamente con gente que le fue leal al principio, pero luego le fueron dando la espalda y se quedó solo. Hoy anda huyendo de la justicia sólo con su esposa.
¿Cuándo se comenzaron a encender las alarmas?
Cuando cumplió su primer año: desvíos de recursos, el nulo avance en obras, desfalcos que detectó la auditoría desde antes que llegara Peña Nieto a la Presidencia; poco antes del 2012 ya veíamos que se había ido por el caño. El gobierno federal se dio cuenta en 2013, tardaron más de medio sexenio para reaccionar, fue por cuestiones políticas, lo dejaron pasar, pensaron que medio iba a componer el rumbo. ¿La oposición? fue cooptada: 10 panistas a lo largo de lo que avanzaba la administración se pasaron con cargos públicos al gobierno de Duarte.
¿Cómo surge el libro?
En particular surge por dos temas básicos que en lo personal me marcan: la necesidad de honrar la memoria de personas que hicieron un trabajo destacado en Veracruz y que no merecían morir, académicos, gente de los medios de comunicación que murieron en esta vorágine de violencia que surge en 2009-2010, y entre ellos muere un amigo muy particular, que es Rubén Espinoza, fotoperiodista de Proceso que trabajó en Veracruz, pero que fue asesinado en la capital del país, de hecho el libro está dedicado a él, puedes ver en el libro de gente que murió de la forma más absurda y sus asesinatos siguen en la impunidad.
Y del otro lado, en el mismo sentido es para que a los veracruzanos nunca se nos olvide que los que desgraciaron Veracruz tienen nombre y apellido: es Javier Duarte de Ochoa, pero también son sus cuatro procuradores generales de justicia que tuvo, su secretario de Seguridad Pública, sus seis tesoreros y cerca de 60 funcionarios de primer nivel que propiciaron esta desgracia en materia sobre todo en seguridad, procuración de justicia, no hablemos del tema financiero y de salud, donde causaron una debacle.
¿Pensabas que iba a pasar lo que ha ocurrido?
No me pasaba por la mente, varia gente me dice “tú lo tumbaste”, pero esto es un pequeño grano de arena, lleva más de 100 días prófugo, podrán pasar 200 y amén haya un pequeño funcionario menor detenido, salió ya el exdirector del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, (acusado de desvío de recursos públicos, estuvo 11 días en prisión y obtuvo un amparo) ... no creo en la justicia mexicana, sino esto es para mínimo apelar a la memoria.
No creí que iba a pasar esto ni que Los Pinos lo pudieran proteger para que al dejar el cargo se declarara prófugo de la justicia. Me gustaría que me callaran la boca, me gustaría que lo aprehendieran a él y a sus 60 colaboradores, y se llevara varios años en prisión, pero lo veo complicado; la justicia mexicana le apuestan al olvido.
Noé Zavaleta 
¿Cómo era hacer periodismo durante el gobierno de Duarte?
La forma de trabajar era vivir “a salto de mata”, muy nebuloso, porque normalmente como reportero de guerra siempre sabes que el enemigo está enfrente, pero en Veracruz siempre se está expuesto a varios frentes: a la represión de Estado del Ejecutivo, fuerzas de la Policía o a las células del crimen organizado. En el libro hay un capítulo dedicado a ilustrar cómo la delincuencia organizada silenció varias plumas.

¿Cambiaron las cosas en Veracruz?

No. Las pruebas están claras, el nuevo gobierno de oposición PAN-PRD (Miguel Ángel Yunes Linares) entró el primero de diciembre de 2016 y cinco días después hubo un enfrentamiento fuerte en el sur con 20 abatidos y policías heridos. La tabla de diciembre de 2016 y enero se disparó. El tema de violencia sigue igual, en enero asaltaron 10 sucursales bancarias en el puerto de Veracruz, en el destino turístico de la entidad es una exageración.


En el tema de periodistas, yo creo que este nuevo gobierno tiene claro que uno de los estigmas que rodea a Veracruz a nivel internacional es el tema de agresión a medios: asesinatos, desapariciones. Lo están cuidando, pero en censura y represión sigue igual... aunque uno ya no está tan intranquilo como en el anterior sexenio.

EXJEFE DE SSP VERACRUZ ACUMULÓ RIQUEZA POR 86 MILLONES DE PESOS EN SEXENIO DE DUARTE

POR NOÉ ZAVALETA , 6 FEBRERO, 2017

XALAPA, Ver. (apro).-La evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, le reportó ingresos por un total de ocho millones 229 mil pesos, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, según reportó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Sin embargo, adquirió bienes inmuebles por 42 millones, 737 mil pesos, con valor comercial de 86 millones, 773 mil pesos en el mismo periodo.

Ello, fue fundamental para que se liberará la orden de aprehensión en su contra derivada de la causa penal 13/2017.
Apro tuvo acceso a la carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII, en la que Bermúdez Zurita –conocido al interior de la SSP como Capitán Tormenta- fue sujeto a un dictamen de evaluación patrimonial emitido por el perito, Luis Miguel Olvera y en el que se alude a que el funcionario priista “incrementó” sus bienes comerciales por 64 millones 733 mil pesos, lo cual es discordante con los ocho millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio, y con su percepción anual del 2011 –primer año del anterior sexenio-, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil, 241 pesos.
Verónica Portillo Suazo, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral pidió la orden de aprehensión a Rufo Seechi Ordóñez, Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos contra Arturo Bermúdez el pasado 2 de febrero.
En el documento señala al calce: “no acreditó la procedencia de dichos recursos” y “se evidencia la probabilidad de que hayan sido detenidos del erario”.
La prisión preventiva de ocho meses sin derecho a fianza que dictó la Fiscal quedó fortalecida por una vinculación a proceso establecida en noviembre pasado, por abuso de autoridad y tráfico de influencias. En ella la juez de Control Estrella Iglesias ya le había fijado una fianza de un millón de pesos, además de prohibirle salir del país.
Desde la madrugada del sábado Bermúdez Zurita duerme de forma aislada en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el llamado Pueblo Mágico de Coatepec, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Empleados de la Dirección General de Readaptación Social (DGRS) confirmaron a este reportero que Bermúdez se encuentra aislado, que ha expresado miedo por ingresar con el resto de la población carcelaria y que los únicos privilegios de los que ha gozado es que le permiten ingresar su propia comida, así como sábanas y cobijas limpias de su propiedad.
“Capitán Tormenta”, criticado por colectivos de familiares de desaparecidos, medios de comunicación y reporteros de nota roja que vivieron en carne propia el ánimo represor de la SSP, fue protagonista en algunos memes en redes sociales este fin de semana.
Con la filtración de una foto ya interno en el penal de Pacho Viejo, donde se le observa con la mirada ofuscada y el ceño fruncido, ataviado con una camiseta naranja similar a la que usan los empacadores en Chedraui, no faltó quien hiciera un fotomontaje como si el exjefe policiaco fuera un “cerillo” de supermercado.
Riqueza súbita
En el oficio número 406 del Poder Judicial del Estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, donde se acuerda la orden de aprehensión en contra de Arturo Bermúdez se aclara que su declaración patrimonial solo incluye los bienes inmuebles adscritos a su persona, y no los del resto de sus familiares, cuyos propiedades abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya, así como operadoras de viajes turísticos.
Otra observación relevante en la carpeta de investigación 236/2016, señala que al término del 2012 Arturo Bermúdez registró adquisiciones de bienes inmuebles por 17 millones 496 mil pesos, con un valor comercial de 20 millones 689 mil pesos, mientras que en el 2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial no registro cambio alguno, pero en el 2016 (con corte a agosto), la fortuna del exjefe policiaco ascendió a 42 millones 737 mil pesos en bienes inmuebles con un valor comercial de 64 millones 733 mil pesos.
Entre los bienes de Bermúdez destacan lavanderías, propiedades en Texas, Estados Unidos, así como casas en Xalapa, zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y la Ciudad de México.
Con cuatro días cumplidos en prisión, Arturo Bermúdez Zurita se convierte en el segundo exfuncionario del gobierno de Javier Duarte ingresado a prisión, solo que el anterior, Leonel Bustos Solís, exdirector del Seguro Popular apenas duró once días tras las rejas, pues obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación para que se le “suspendiera” la prisión preventiva.
El caso de Arturo Bermúdez es distinto, pues además del desvió de recursos que la ha señalado la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se encuentra la acusación por enriquecimiento ilícito que le endilga la Fiscalía General del Estado, más el abuso de autoridad y tráfico de influencias en materia de seguridad. A ello se agrega que colectivos de personas desaparecidas lo incriminan como el principal responsable de desapariciones forzadas en el Estado.
Cifras oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) entregadas a este reportero vía transparencia indican que 17 de cada 100 desapariciones forzadas en el país ocurren en Veracruz, cifra por encima de entidades considerada violentas como Guerrero y Tamaulipas.

ALTO AL CERCO INFORMATIVO EN LA FGE: PERIODISTAS DE VERACRUZ.




Veracruz, Ver. a 5 de febrero de 2017

Gobernador Constitucional de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares

Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz

Presidenta de la Mesa Directiva de Congreso del Estado, María E. Manterola Sáinz

Presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, Ana Laura Pérez Mendoza

Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez

PRESENTE

Con fundamento en el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los aplicables en materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información a nivel federal y estatal, los que suscriben, 87 reporteros del norte, centro y sur del estado de Veracruz, representantes de medios de comunicación locales, estatales y corresponsales de medios nacionales e internacionales, externamos nuestra preocupación por el cerco informativo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha puesto en torno a hechos de violencia y a diligencias propias de la dependencia que dirige Jorge Winckler Ortiz. Toda la información alrededor de los acontecimientos que anexamos, son de la mayor relevancia para las audiencias que atendemos, porque son la pauta en la agenda pública estatal y nacionaldesde Veracruz, que se ha vuelto tema de interés para todos.

Quienes rubricamos esta misiva hemos cubierto y damos seguimiento a diversos hechos de violencia como el abandono de cadáveres en carreteras, lotes baldíos y ranchos; aparición de cuerpos sin vida en fosas comunes; detenciones de personas acusadas de diversos delitos. Asimismo, somos testigos de procedimientos penales vinculados a delitos del fuero común, entre otros.

El sistema de justicia penal acusatorio está reñido con la transparencia, la rendición de cuentas y la publicidad de los actos de gobierno, tanto en la fase de investigación de los hechos como la impartición de justicia, y las refuerza al ser un sistema garantista de derechos tanto de los imputados, las víctimas y la sociedad ofendida, precisamente, para evitar y combatir ladiscrecionalidad de las autoridades y los posibles abusos.

La impunidad o falta de justicia en Veracruz, no es responsabilidad de los periodistas sino de las autoridades que precisamente en un régimen de opacidad, de falta de rendición de cuentas y de débil escrutinio público, la han alimentado y dado la pauta para la implementación de un nuevo sistema ante la falta de resultados.

Los comunicadores somos parte de una sociedad observadora y vigilante del fenómeno de la violencia derivado del debilitamiento del Estado de Derecho que exige a las autoridades el cumplimiento de la ley y de la justicia, pero esta será irrealizable si las mismas pretenden ocultar los hechos, imponer versiones unilaterales, operar discrecionalmente en las investigaciones y guardar silencio ante las inquietudes y cuestionamientos de la opinión pública y de los periodistas.

De la forma más respetuosa expresamos que ni en los peores momentos del“duartismo”, ni tampoco en el ocaso del sexenio del no menos polémico Fidel Herrera Beltrán, se había vivido tanta ausencia de información por parte de la FGE, como en estos 60 días.

La opacidad informativa, el ocultamiento de hechos violentos, el silencio ante liberaciones de ex funcionarios estatales, han sido el tema y la queja de cada día dentro del gremio periodístico.

Desde que Winckler Ortiz tomó protesta como fiscal a propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se enarboló un discurso mediático donde se privilegiaba la transparencia y la apertura informativa. Incluso se utilizaron lemas y frases como “en mi gobierno no vamos a ocultar nada”, “no vamos a minimizar la violencia”, “vamos a reconocer lo que esté ocurriendo”, entre otros. Sin embargo, la política de la Fiscalía ha ido en una directriz contraría.

Tampoco se debe perder de vista que la FGE goza de autonomía y no debería depender de las decisiones o políticas del Gobierno del Estado, pero en Veracruz esto no ha ocurrido y la institución ha dado muestras de subordinación con la administración del ejecutivo Yunes Linares, tal y como sucedió en el sexenio pasado.

A continuación expondremos casos puntuales en los que ha prevalecido una falta de información oficial:

1.- En el pasado mes de diciembre de 2016, cuando Jorge Winckler ya era encargado del despacho, Veracruz cerró con más de 130 homicidios dolosos; y enero, con otros 110 casos. De este universo, la mayoría representan severas violaciones a los derechos humanos que se están documentando por fuente oficial. Uno de ellos es la aparición de una camioneta con ocho cuerpos sin vids en el municipio de Nogales, el pasado dos de febrero. Hasta la fecha no se ha tenido información de los hechos. En contraste, el gobierno del estado de Puebla, por medio de la SSP, sí aportó un comunicado oficial relacionado con el caso.

2.- Durante la madrugada del pasado 31 de enero, Leonel Bustos Solís, primer Exfuncionario de alto nivel detenido por la FGE, fue dejado en libertad. Ante esto, tuvieron que pasar más de 16 horas para que la Fiscalía confirmara dicho evento y diera a conocer qué acciones tomaría.

3.- En diciembre de 2016, cuatro días después de que se renovaran las instituciones estatales, hubo una serie de enfrentamientos armados que derivaron en la muerte de 20 civiles en Jesús Carranza.

4.- El 29 de diciembre se ocultó el homicidio de una madre y su hija de ocho años en Las Choapas; en este mismo municipio, ya al comenzar enero de 2017, no se emitió ni una línea sobre el rapto y homicidio de tres oficiales de la policía municipal; en enero de 2017 varios de esos casos fueron homicidios múltiples, como el 14 de enero en Papantla.

5.- Tampoco se informó sobre la identificación del exfiscal de Cardel, Pedro Huesca y su secretario, Gerardo Montile, quienes aparecieron en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz.

Estos son algunos de las decenas de casos que no han sido informados oportunamente a la sociedad, lo que confirma que hay un cerco que atenta contra las y los veracruzanos; esta situación vulnera el derecho a la información y la libertad de expresión, dos garantías que sin duda, han sido altamente alteradas en los recientes sexenios. Ni Jorge Winckler Ortiz ni Miguel Ángel Yunes son los dueños de la información. Que quede claro: es patrimonio de la sociedad, no de un sector de la prensa ni de los personajes que detentan poder. Ocultarla es una violación al derecho de la audiencia a estar informados.

Escudarse en que el nuevo Sistema de Justicia Penal obliga a reservar información, es una falacia y un engaño. Mientras a la mayoría de los medios de comunicación se les niega, a otros, los consentidos del nuevo régimen, se les filtra. Eso es violatorio de la ley que se dice cumplir.

Provoca, además, que para cumplir con nuestro compromiso con la sociedad, tengamos que recurrir a fuentes extraoficiales, que a nuestro juicio resultan más confiables que la propia autoridad. Si las instituciones no ofrecen información oficial, abre la puerta a la especulación y eso es dañino para opinión pública.

Demandamos un compromiso serio y abierto de aportación de toda información de interés público, dentro de los límites que el nuevo sistema penal establece, y que dejen de favorecer a medios que sirven de voceros oficiosos. Que no se privilegie a sus medios a modo porque eso, en su esencia, es una forma de manipulación.

Atentamente

Todos los Firmantes.

·         NORTE (Tuxpan, Poza Rica, Papantla y Misantla)
Cinthya Trinidad
Francisco Bautista
Angela Noemí Pérez
Benjamín Portilla
Lidia López
Edgar Juárez
Julio Fabián Martínez
Edgar Escamilla
Gabino Escamilla
Janeth Gómez
Ángel Pablo Reyes
Brenda Espinoza
Jesús Villanueva Hernández
Antonio de Jesús Villanueva
Benjamín Arroyo
Mariana Villanueva
José Cárdenas
Jorge Parra
Anibal Fily Hernández
Ivet Sánchez
Vicente Romero
Facundo Villegas
·         XALAPA-CÓRDOBA
Eirinet Gómez
Noé Zavaleta
José Manuel Alor
Hugo Cruz Ojeda
Avisack Douglas
Óscar Martínez
Tulio Moreno
Miguel Ángel León
Karlo Reyes
Flavia Morales
Manu Orestes
Benito Juárez Ramírez
Zaira Juárez
·         VERACRUZ-BOCA DEL RÍO
Félyx Márquez
Iván Sánchez
Itzel Loranca
Israel Hernández
Jair Aranda
Doris Castaneyra
Ana Alicia Osorio
Roxana Aguirre
Sergio Aldazaba
Claudia Pérez
Alejandro Ávila
Alfonso Ríos
Isabel Zamudio
Juan Eduardo Flores
Franco Cardel
Roberto Méndez
Ruben Santos
Daniela Jácome
Ilse Huesca
Carlos Navarrete
Víctor Toriz
Bruno Ferreira
Jorge Sánchez
·         CUENCA DEL PAPALOAPAN- LOS TUXTLAS
Roberto Polo Hernández
Brígido López
Edna López
Edgar Alberto Pucheta
Germán Méndez
Francisco de Jesús Santiago
Viridiana Reyes
Jesús Córdoba Salas
·         COATZACOALCOS
Osvaldo Antonio Sotelo
Ignacio Carvajal
Tamara Corro
Teresa Morales
Armando Ramos
Ángel Hernández
Elizabeth Aviña
Nelly García
Sayda Chiñas
Antonio García
Alan Garrido
Mussio Cárdenas
Azucena Rosado
·         SUR (Acayucan, Las Choapas y Agua Dulce)
José Alejandro Ceja
Santos López Celdo
Juan José Barragán
Carlos González
Roberto Morales
Hernán Villareal
Armando Serrano
Violeta Santiago


AHORA QUE SE HABLA DE DESAFORARLO, TAREK ABDALÁ SAAD PRESENTA SU DECLARACIÓN 3 DE 3

Más vale tarde que nunca, y a 17 meses de ocupar una curul federal en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Antonio Tarek Abdalá Saad, representante del XVII distrito electoral con sede en Cosamaloapan presentó su declaración patrimonial de interés y fiscal, también llamada 3 de 3, justo ahora que autoridades del gobierno estatal buscan que sea desaforado para que responda a los señalamientos por desvío de recursos mientras fue tesorero en la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Abdalá Saad es uno de los 126 diputados, de un total de 500, apenas el 25.2%, que accedieron a presentar de forma voluntaria esa declaración patrimonial, de interés y fiscal, de los cuales hay entre ellos 5 exdirigentes de partidos políticos, 3 coordinadores parlamentarios y este legislador en proceso de desafuero. Abdalá Saad afirma que no tiene propiedades a su nombre, sólo es dueño de un automóvil con un costo de 505 mil 710 pesos y tiene abiertas 2 cuentas bancarias con 97 mil 176 pesos en total. Asimismo dice que en el año 2014 tuvo ingresos como servidor público por 907 mil 805 pesos. Su esposa ganó ese año 180 mil pesos pero tiene 3 cuentas bancarias con más dinero ahorrado que Abdalá, pues suman 269 mil pesos.

Con información de : http://www.gobernantes.com/