Vividor de la política es una definición que encuadra en Arturo Pérez Pérez. Desde su condición de comisionado estatal del Partido del Trabajo lucra con el cargo, medra con los recursos públicos y se alquila para hacer tareas de desprestigio. Su última hazaña fue embestir al secretario de Comunicaciones de Veracruz, Marco César Theurel Cotero, a quien acusó de exigir cantidades de dinero a cambio de contratos de obras públicas. Lo dio por sentado sin prueba o evidencia con la cual demostrar sus afirmaciones. Señaló que Theurel cobra el diezmo a las constructroras y que eso ha provocado un ambiente de corrupción en la dependencia.
Días después, el comisionado petista volvió a la carga. “No es posible que pese a las múltiples acusaciones que la ciudadanía y autoridades han hecho contra Marcos Theurel, éste no presente su renuncia”, dijo con total desparpajo.
Días después, el comisionado petista volvió a la carga. “No es posible que pese a las múltiples acusaciones que la ciudadanía y autoridades han hecho contra Marcos Theurel, éste no presente su renuncia”, dijo con total desparpajo.
Arturo Pérez no ha aportado una sola prueba de la supuesta corrupción de la que acusa al secretario de Comunicaciones de Veracruz. Varias veces ha insistido en que Theurel Cotero se ha enriquecido cobrando un porcentaje a los constructores por asignarles los contratos de obra. Ha sido puntilloso en señalar que el funcionario debe renunciar, incluso por vergüenza.
Lo cierto es que Marco Theurel no es un santo sino un funcionario más en el gabinete fidelista. Hace lo que el
gobernador Fidel Herrera Beltrán le ordena, como ocurre con todos los miembros del gobierno estatal. Cuanto sucede en la SECOM, lo sabe FHB, y nada se hace sin su anuencia.
Bajo esa lógica, don Arturo Pérez sabe que si han existido irregularidades, asignación de contratos de manera
sospechosa, cobro de diezmos y presiones a los constructores, es responsabilidad del gobernador de Veracruz. Sin embargo, el comisionado del PT estatal no dirige sus baterías a quien manda en cada una de las instituciones del estado sino hacia quienes acatan las órdenes del jefe del gabinete.
Arturo Pérez no es, además, un personaje con solvencia ni lo reviste una aureola de ética y moral. En 2007, durante el proceso electoral para renovar el Congreso de Veracruz y las 212 alcaldías, dejó huellas de su rapacidad y ambición. Apenas concluida la elección, llamó a quienes fueron candidatos del PT a alcaldes y les pidió cortésmente que le firmaran recibos por 80 pesos cada uno de ellos para acreditar los recursos que su partido les hizo llegar para la realización de sus campañas. No faltó quien, movido por la extrañeza, se preguntó por qué debía firmar un recibo por tal cantidad si sólo había tenido en sus manos 3 mil pesos para su campaña. La respuesta de Arturo Pérez fue tan cínica como obvia. Debía acreditar el uso de recursos para que su partido no fuera sancionado por los órganos electorales.
En el fondo Arturo Pérez y los ex candidatos a alcaldes sabían que era una patraña. Sabían que el comisionado del PT y sus jefes se quedarían con una millonada y que para hacerlo bastaba presentar recibos que acreditaban cantidades menores a lo que en realidad se había invertido en las campañas ¿Con esa moral ahora Arturo Pérez pide, exige, la renuncia de Theurel?
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