Lunes 23 de diciembre de 2024, por Michoacán
Posicionamiento del FNLS
A través de su Comunicado
DGDDH/337/2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite
posicionamiento sobre su propio Informe Especial sobre la Participación de la
Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, Prevención y Cultura
de la Paz; donde todo su discurso está enfocado a refutar la denuncia popular y
negar la realidad que vivimos en nuestro país: la persistencia y continuidad
del proceso de militarización de la vida pública en México.
De acuerdo con el Diccionario de
la Real Academia Española, militarizar significa “Dar carácter u organización
militar (a alguien o algo)”, tal definición encuentra su conceptualización en
la propia realidad.
En materia de seguridad pública,
al momento de poner a las fuerzas policiacas bajo un mando castrense y
prepararlas bajo un régimen militar como es el caso de la Guardia Nacional,
donde varias prácticas tienen su origen en los centros de capacitación
internacional como la Escuela de las Américas, los centros de adiestramiento
dirigidos por las fuerzas de seguridad israelí y los colegios militares;
resulta obvio que se está militarizando.
La incorporación y sostenimiento
de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y su despliegue en las
calles, implica que los métodos a utilizar para mantener el control social son
de carácter militar donde el objetivo principal es la destrucción del enemigo.
Con el incremento de efectivos militares en las calles, la violencia en los
pueblos, comunidades y ciudades se incrementa, nacen y crecen los grupos de la
“delincuencia organizada” y los grupos paramilitares y, el cometido de crímenes
de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
forzadas aumentan de manera exponencial.
La construcción y administración
de proyectos oligárquicos como el Tren Maya y el Tren Transísmico; la entrega
de la mayor parte de los aeropuertos como el AIFA; el crecimiento de las arcas
del ejército a través de la designación de diversos fideicomisos de parte del
ex presidente Andrés Manuel López Obrador y los cotos de impunidad otorgados,
indican un crecimiento del poder económico y político de las fuerzas armadas.
En conclusión, el proceso de
militarización en nuestro país consiste en el incremento de la participación de
las fuerzas castrenses en la seguridad pública, la administración estatal, la
economía, entre otros temas que confirman la existencia y fortalecimiento de un
Estado policiaco-militar en nuestro país, donde la figura presidencial tiene la
función de otorgar impunidad a las fuerzas armadas. El grado de sumisión del
poder ejecutivo al ejército se mostró públicamente cuando Andrés Manuel López
Obrador realizó la defensa y rescate del criminal de Estado Salvador
Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos bajo diversas acusaciones.
Por ello es que afirmar que esta
realidad “dista del concepto real histórico de militarización”, niega de facto
los factores económicos objetivos que explican el por qué se avanza en este
proceso que inició en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y se
intensificó durante las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto
y Andrés Manuel López Obrador.
La crisis económica del
capitalismo obliga al Estado burgués incrementar los cuerpos represivos para
sostenerse como régimen, a ello obedece que estados como Chiapas, Quintana Roo,
Campeche, Oaxaca, Veracruz, entre otros que representan una importancia
estratégica para los intereses oligarcas y el desarrollo de un nuevo ciclo del
capital, se incrementa el número de efectivos militares desplegados; ejemplo de
ello es la presencia militar en la represión contra manifestantes que protestan
en las vías férreas de Michoacán y Oaxaca y, el actuar de la Guardia Nacional
como filtro migrante en Chiapas. En fin, el régimen capitalista mexicano sólo
puede sostenerse bajo la bota militar.
Las políticas públicas tienen un
carácter contrainsurgente, pues mientras el pueblo es víctima constante de la
violencia de Estado y la represión, las necesidades e intereses del capital y
la burguesía son protegidos y garantizados, resultando en violaciones graves a
los derechos humanos y cometido de crímenes de lesa humanidad por parte del
aparato policiaco-militar. Para el Estado mexicano, el enemigo a combatir es el
propio pueblo y todo aquel que lucha y se organiza fuera de los marcos
corporativizantes del Estado. La estrategia de seguridad pública fundada bajo
el engaño de “combatir el crimen organizado” sigue propiciando el derramamiento
de sangre del pueblo, dando a entender que la paz que se busca construir es
aquella que garantiza acallar toda voz de protesta y descontento popular.
Por sus propias declaraciones, la
CNDH muestra completa sumisión al poder ejecutivo representado por MORENA,
quien es el principal impulsor y continuador del proceso de militarización del
país. De esta manera se confirma que tal institución, cuyo papel debe ser la
defensa, protección y promoción de los derechos humanos; adopta el papel de
servir de instrumento de simulación, repudiando así las diversas
recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos
como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, que demandan poner un alto a la
militarización.
El pueblo “bueno y sabio”
manifiesta su repudio a hacia las fuerzas armadas a través de la protesta y
manifestación, pues sabe que estas son el brazo armado de la burguesía y los
principales ejecutores de la violencia que se vive en la actualidad.
Una institución que se dice
“velar por la máxima protección de los derechos humanos de todas las personas
en el país” y se coloca el letrero “¡Defendemos al pueblo!”, pero que justifica
y defiende la militarización del país, traiciona al pueblo mexicano y se convierte
en cómplice de los criminales de Estado. Esto se confirma con la propia
confesión de no ejercer su facultad de interponer una acción de
inconstitucionalidad por la incorporación formal de la Guardia Nacional a la
SEDENA, medida repudiada a nivel nacional e internacional, pero impuesta bajo
la avasalladora mayoría calificada en el Congreso de la Unión, donde viejos
políticos de oficio que antes repudiaron y denunciaron la militarización, hoy
la avalan y justifican.
Por tal motivo, desde nuestro
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) sostenemos nuestro repudio
hacia el proceso de militarización del país, posicionamiento que no está basado
en una mera percepción, sino en una realidad que vivimos las masas explotadas y
oprimidas.
Hacemos el llamado al pueblo a
repudiar esta política profascista y a continuar ejerciendo sus derechos
humanos y constitucionales, ¡No podemos callar ante toda infamia e injusticia
cometidas desde el Estado Mexicano y sus instituciones!
Atentamente:
¡Alto a la militarización del
país!
¡Alto a la violencia de Estado
contra el pueblo!
¡Juicio y castigo a los
criminales de Estado!
¡Por la Unidad Obrera, Campesina,
Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo FNLS
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