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| ALIADO DE PEÑA NIETO |
Entre julio y octubre de 1998 el candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas, Tomás Yarrington, aparecía en varios anuncios. “Amigos tamaulipecos. Ustedes me conocen. Me comprometo a realizar un gobierno que escuche al pueblo (...) Soy hombre de palabra, cumpliré”.
Con Eugenio Hernández Flores como Presidente de la Comisión Estatal de Financiamiento en la campaña, Yarrington llegó a la gubernatura, que ocuparía hasta el 31 de diciembre del 2004.
El 22 de mayo, una acusación por fiscales en Brownsville, Texas, vinculó a funcionarios tamaulipecos con una compleja operación de lavado de dinero que alcanza los 20 millones de dólares y acusa a Alejandro Cano Martínez como uno de los operadores financieros de los funcionarios entre 1998 el 2012.
LA PRIMERA DEMANDA
El caso civil 12-CV-167 interpuesto en la Corte de Corpus Christi, Texas, se trata de la solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos para el decomiso de la propiedad ubicada en 334 Padre Boulevard en South Padre Island. Dicha propiedad está registrada a nombre de Napoleón Rodríguez, pero se señala a Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba como el “verdadero dueño”.
Los argumentos de dicho proceso de decomiso se basan en las acusaciones de que Yarrington, durante su periodo como Gobernador de Tamaulipas y candidato presidencial mexicano en el 2005, “adquirió millones de dólares en pagos (...) de grandes organizaciones de las drogas operando dentro y a través del estado de Tamaulipas, así como de varios esquemas de extorsión y sobornos.
“Durante y pasado su servicio en la oficina pública, (Yarrington) utilizó sus ingresos ilícitos de sus años en la política para convertirse en gran inversor de bienes raíces a través de varios mecanismo de lavado de dinero”, se lee en el documento presentado por los fiscales.
Es a través de su nuevo oficio, que Yarrington se hace de los servicios de operadores financieros como Napoleón Rodríguez y Alejandro Cano Martínez.
LA CONSPIRACIÓN, DE ACUERDO CON DOCUMENTOS DE BROWNSVILLE
La segunda demanda, cifrada como B-12-435, describe cómo fue realizada la operación de lavado de dinero de los recursos recibidos por “altos funcionarios electos, candidatos, autoridades policiacas y personas dentro del sector judicial del estado de Tamaulipas”, por concepto de sobornos a cambio de que no intervinieran de ninguna manera durante las operaciones de trasiego de drogas del Cártel del Golfo en el estado.
Los sobornos comenzaron “a principios de 1998 hasta hoy en día y la suma de todos los sobornos es desconocida, pero se estima en varios millones de dólares”, se lee en la segunda querella.
Cano Martínez fue parte de la operación ilegal al “conspirar y convenir en combinación con otras personas conocidas y desconocidas -no se mencionan nombres- al Gran Jurado, a cometer la ofensa definida en el título 18 del código de los Estados Unidos sección 1956(a)(2)(B)(i): de transportar, transmitir y transferir, e intentar transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos que involucran la procedencia de actividades ilegales”.
Esta denuncia hace mención de distintas operaciones hechas por Cano Martínez, entre junio del 2005 y diciembre del 2009, que incluyen la creación de compañías inmobiliarias, las cuales incluyen SPI Ling & Marling Townhome Project, LP, SPI Development Partners, LLC, Cantera-Parkway Development Partners of SA, LP, SA Cantera Development Partners, LLC, y Culebra SA 179 Management LLC; préstamos de los bancos Inter National Bank, Lone Star Bank, First National Bank y Falcon International Bank por un monto de 19 millones 393,000 de dólares; la creación de aproximadamente 10 cuentas bancarias en México, que incluían las siguientes instituciones bancarias: HSBC, Scotia Bank, BBVA Bancomer, Banamex y Banregio; 18 transferencias de fondos a través de Monex a varias cuentas en Estados Unidos, pertenecientes a una o varias de las empresas citadas previamente, con montos que oscilaban entre los 50,000 y los 312,000 dólares.
De la misma manera, esta demanda acusa a Cano Martínez de declaraciones falsas y pide el decomiso de un monto aproximado a 20 millones de dólares.
Para finalizar, la demanda reconoce que Cano Martínez permanece como ilocalizable al “ejercicio de dicha diligencia”; sin embargo, permanece en el grado de acusación sin alcanzar el estatus penal.
EN COMPARACIÓN
- 19.3 Millones de dólares fueron solicitados en préstamos a instituciones del sur de Texas por Alejandro Cano Martínez.
- 8.3 Millones de dólares es el máximo registrado como la fortuna personal del presidente de EU, Barack Obama.
- 8.8 Millones de pesos es la fortuna personal que registró el presidente mexicano, Felipe Calderón en el 2006.
LOS 14 AÑOS DE GOBIERNO, BAJO LA LUPA DE EU
- En 1998, comenzó la campaña por la gubernatura de Tamaulipas, siendo Tomás Yarrington el abanderado del PRI. El Gobernador saliente de dicho estado era el también priísta Manuel Cavazos Lerma.
- Entre el 5 de febrero de 1999 y el 31 de diciembre del 2004. Tomás Yarrington fungió como Gobernador constitucional del estado de Tamaulipas.
- Ambas querellas interpuestas por la fiscalía estadounidense mencionan que los presuntos sobornos a funcionarios tamaulipecos iniciaron de 1998 a la fecha.
- El 30 de enero de este año, el gobierno de México emitió una alerta para vigilar los pasos de los tres gobernadores tamaulipecos entre 1993 y el 2010: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores.
REUNIÓN DE PROCURADORES
FCH PIDE NO TOLERAR A CORRUPTOS
Recién se dio a conocer la presunta vinculación del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con el crimen organizado, el presidente Felipe Calderón sentenció que no se debe tolerar a quien se coluda con los criminales.
En Monterrey, Nuevo León, Calderón dijo que algunas regiones del país sufren una espiral de inseguridad por servidores públicos corruptos.
“(Por) los servidores públicos que traicionen la confianza ciudadana o quienes por omisión, por temor, por corrupción o por cualquier razón hayan faltado a este deber de salvaguardar los derechos y las leyes, es que algunas regiones del país sufren una espiral de inseguridad, incertidumbre, corrupción e impunidad”, mencionó.
Durante la inauguración de la XXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, expuso que la siguiente administración debe continuar con los esfuerzos en materia de seguridad.
Luego de la inauguración, el Presidente convivió con las Fuerzas Armadas en el municipio de Escobedo.
Frente a personal de la VII Zona Militar, externó que en “no en pocos casos” la delincuencia se ha infiltrado en los gobiernos locales.
(Con información de Tania Rosas)
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