Durante la sesión de la Comisión de Quejas, consejeros intercambiaron acusaciones sobre cambio de criterios conforme a qué partido se denuncia.
(Foto: PAN / INE)
Redacción AN
abril 21, 2015 7:16 pm
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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó suspender la transmisión de un promocional llamado “Honestidad C” del Partido Acción Nacional (PAN), en el que critica a la candidata del PRI al Gobierno de Sonora por apoyar a los dueños de la Guardería ABC, donde murieron calcinados 49 niños.
La resolución se presentó por mayoría (2-1) después de un intercambio de acusaciones entre los consejeros del INE, de favorecer a partidos políticos con la decisión o de cambiar decisiones y criterios confirme al sujeto denunciado.
Las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Favela votaron a favor del retiro del spot yRoberto Ruiz votó en contra.
En la sesión de este martes también participaron, con voz pero sin derecho a voto porque no forman parte de la comisión, los consejeros Pamela San Martín, Ciro Murayama y Arturo Sánchez.
La consejera Adriana Favela fue quien hizo estas acusaciones, ante lo que San Martín, Murayama, Sánchez y Roberto Ruiz reaccionaron airadamente.
“Estoy doblemente preocupado no sólo por la no sistematicidad en los criterios, sino por los argumentos no válidos y falaces de parte de una consejera”, afirmó el consejero Ruiz.
Murayama afirmó que le preocupaba el papel censor que estaba asumiendo la comisión.“No me parece coherente que por una frase se retire todo el contenido del spot”, dijo Murayama.
“Ni en los tiempos de RTC bajo las órdenes de Gobernación… en las películas nos quitaban el beso, pero no toda la película”, comentó.
La consejera Favela matizó sus señalamientos y criticó a la vez que a ella se le señale de estar limitando el debate.
“Aquí se afirma que nosotros cambiamos de criterios, que estamos limitando la libertad de expresión y que nosotros limitamos el debate y estas afirmaciones carecen de sustento“, reviró.
Comisión de quejas
Recientemente la Comisión de Quejas ha bajado diversos spots del PAN contra el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto, como el del reloj de 2 millones de pesos del dirigente del PRI, Cesar Camacho y el viaje a Londres con 200 personas de gobierno federal.
En este caso el spot contra Pavlovich, pautado con tiempos para el proceso electoral federal, fue considerado como contrario a la ley electoral y genera –a la vez- una ventaja indebida ante sus oponentes en esa entidad.
El promocional afirma que la trayectoria de Pavlovich “es todo lo contrario” a su lema de “La honestidad es nuestra fortaleza”, al acusarla de que como senadora —cargo del cual cuenta actualmente con licencia— votó a favor de subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera y mantener los aumentos mensuales a la gasolina.
También dice que la candidata “protegió” a los dueños de la Guardería ABC, tras el incendio de 2009 en el que murieron 49 menores de edad, e incluso de que “calla” ante escándalos como la”casa blanca” en las Lomas, de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
“Responde, Claudia, ¿qué hiciste con las dos maletas de dinero?”, dice una voz en off en el video, mientras muestra un fotomontaje de la priista con dos maletas que desbordan billetes verdes. “¿Tú le crees a Claudia, nosotros tampoco”, remata el spot.
Galindo y Favela determinaron por mayoría que dicho spot difunde elementos calumniosos en perjuicio de la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del estado, Pavlovich Arellano.
Los integrantes de la Comisión fijaron al PAN un plazo que no podrá exceder las 6 horas, a partir de la notificación correspondiente, para que sustituya estos materiales, se abstenga de solicitar la programación de propaganda con contenido semejante y presente pruebas a la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto sobre el cumplimiento de este acuerdo.
De igual forma, establecieron un plazo de 24 horas -contadas a partir de la notificación legal- para que las concesionarias de radio y televisión cancelen dichos spots, y vincularon a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que coadyuve en el acatamiento de estas medidas cautelares.
En un clima de persecución y criminalización de la
protesta social, el documentar, fotografiar o filmar abusos de las autoridades
se ha convertido en algunos casos en pretexto para someter o encarcelar a
quienes portan una cámara o un celular. Sin embargo, filmar, fotografiar o
grabar dentro de los límites legales forma parte del derecho a la libertad de
expresión y se contempla en los artículos 6º y 7º de la Constitución.
De manera textual, el Artículo 6º plantea: “Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión”.
Por su parte, el 7º considera que “es inviolable la
libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y
comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y
opiniones”.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la
censura previa ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que
los previstos en el primer párrafo del Artículo 6º de la Constitución. En
ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de
información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
Expertos consultados por SinEmbargo aseguraron que
en México muchas veces los funcionarios públicos desconocen la ley y, como
consecuencia, la obligación que tienen de rendir cuentas.
Ciudad de México,
22 de abril (SinEmbargo).– En julio de 2013, el director del documentalPresunto
Culpable, Roberto Hernández, filmó la detención de una persona en estado de
ebriedad en la Alameda Central de la Ciudad de México. Mientras documentaba el
acto, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
(SSPDF) también lo detuvo, argumentando que entorpeció el trabajo de los
oficiales.
–Oiga, ¿Cuál es la infracción que
estoy cometiendo yo? –le preguntó el cineasta.
– Estar interrumpiendo las labores de
un oficial –respondió el policía.
– ¿Y en qué lo estoy interrumpiendo a
usted?
– En estas grabaciones que a usted no
le corresponde.
–Oiga, perdón, ¿sabe usted que hay
libertad de expresión en México?
–No, no sabría decirle, mejor ahorita
lo llevamos al Cívico y ahí usted le dice.
Finalmente, Hernández no fue llevado
al Ministerio Público, gracias a que otras personas comenzaron a apoyarlo y
también a grabar los hechos.
Cada día salen a la luz pública situaciones
como la de Roberto. Ciudadanos que intentaban documentar un hecho público
fueron víctimas de abuso de autoridad o de arrestos arbitrarios. Sin embargo,
filmar, fotografiar o grabar dentro de los límites legales forma parte del
derecho a la libertad de expresión y que se contempla en los artículos 6º y 7º
de la Constitución.
Expertos
consultados por SinEmbargo aseguraron que en
México muchas veces los funcionarios públicos desconocen la ley y por tanto la
obligación que tienen al rendir cuentas.
“Esa ignorancia funciona para la
represión social”, aseguró el abogado Jesús Robles Maloof en entrevista con
este medio.
A esto se suman los casos donde
predomina la ira y la violencia ante el escrutinio público y también las
acciones legislativas para criminalizar la publicación de información por medio
de “halconeo” (actos o conductas tendientes a obtener información de las
instituciones de seguridad pública); castigar delitos que atenten contra “el
derecho al honor”, “ataques a la imagen propia”, “ataques a la intimidad” y el
“derecho al olvido”, que especialistas han considerado “artimañas” para
justificar la censura.
Las leyes protegen el derecho a la
libertad de expresión y acceso a la información, siempre y cuando no se genere
un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque
algún delito o perturbe el orden público.
El Artículo 6º constitucional
estipula que: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural
y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda
índole por cualquier medio de expresión”.
Y agrega: “La manifestación de las
ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.
El Artículo 7º expone: “Es inviolable
la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares”.
Por eso ningún funcionario público
tiene el derecho de pedir, por ejemplo, el celular o la cámara con que fue
filmado o fotografiado, ni que el material sea borrado.
El investigador Pablo Monzalvo Pérez,
de la Universidad Iberoamericana, explicó que los funcionarios tienen un
trabajo público y por tanto su trabajo está expuesto al escrutinio de los
ciudadanos.
“En el caso de los trabajadores del
Estado –como los policías– tienen una responsabilidad de rendir cuentas ante la
sociedad sobre sus actos, antes, durante y después de su función”, dijo.
Por su parte, el activista y abogado
Jesús Robles Maloof expuso que documentar la función de un trabajador del
gobierno es un derecho a la información que tiene todo ciudadano y nadie debe
ser detenido por filmar o fotografiar la actuación de un policía.
“No sólo no es un delito, documentar
es un derecho que tenemos. Podemos filmar, fotografiar, grabar audio… La
actuación de la autoridad pública es de interés general y están sujetas a
rendición de cuentas. No pueden argumentar la violación de la privacidad cuando
están trabajado, y menos si es en vía pública”, detalló Robles.
Pero no siempre los casos donde se
documenta terminan mal. El pasado 27 de marzo, Ignacio Vizcaino Tapia salió al
balcón de su casa en Bosque Real, Huixquilucan, en el Estado de México, y sin
querer tomó las fotografías que le costaron a David Korenfeld Federman su
puesto como titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), luego que se
descubriera que utilizó un helicóptero del Estado para beneficio propio.
Asimismo, decenas de videos han
servido para hacer justicia a personas detenidas arbitrariamente en las
manifestaciones de la Ciudad de México, por poner ejemplos.
¿QUÉ SÍ Y QUÉ NO?
a documentación tiene reservas que dependen de del tiempo, modo y lugar. Además, hay límites legales o incluso hay normas locales que autoridades pueden usar como escudo y censura.
Por ejemplo, la organización Artículo 19 expuso en su informe “Estado de Censura” que varios códigos penales castigan la búsqueda y difusión de información. Aunque está más enfocado a documentos, también se debe considerar para otro tipo de archivos, como fotografías, videos, audios, entre otros.
El “halconeo” es la actividad de buscar información sobre cuerpos policíacos. Gobiernos locales aseguran que quien hace esta actividad podría interferir en una investigación o que dicha información puede beneficiar a un criminal. Sin embargo, este delito viola los artículos 1º, 6º y 7º constitucionales, y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además del Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por ejemplo, el Artículo 192 del Código Penal de Nuevo León indica que es un delito cometido contra servidores públicos: “A quien aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, actividades operativos o en general las labores de seguridad pública de persecución del delito o la sanción de penas”. Este crimen se sanciona con una pena de dos a 15 años de cárcel y multa de 22 a 4000 “cuotas”.
Actualmente el “halconeo” es considerado un delito en Chiapas, Colima, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Veracruz.
Pero también existen los llamados “crímenes contra el derecho al honor”, como injuria, difamación y calumnia. En México al menos 13 estados contemplan estos tipos de delitos en sus códigos penales, se trata de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Jesús Robles Maloof dijo que estos crímenes son anticonstitucionales, debido a que el segundo párrafo del Artículo 7º establece: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.
A las reservas de documentación se agregan los espacios privados, los lugares donde por seguridad no se permite filmar o fotografiar sin permiso, o en el caso de edificios o monumentos son protegidos por derechos de autor.
Si se trata de un espacio privado o una propiedad queda a consideración del dueño si permite documentar o no.
En la vía pública es posible, siempre y cuando se respeten reglamentos locales. Por ejemplo, cuando la toma puede afectar la circulación o el paso peatonal se requiere de un permiso.
En el transporte depende si es público o concesionado. En el Metro de la Ciudad de México, por ejemplo, se requiere un permiso para filmar en sus instalaciones y se sustenta en leyes capitalinas de filmación, y en su reglamento interno. Sin embargo, tras las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el titular de ese sistema colectivo, Joel Ortega Cuevas, informó que se garantizará el derecho a la libertad de expresión y la documentación a de los policías.
En el caso de edificios o monumentos muchas veces se requiere de un permiso, o pago de derechos en caso de imágenes fijas o en movimiento con fines comerciales, puesto que muchos son considerados piezas arquitectónicas protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor; en la misma ley estipula que no se requiere autorización cuando sea con fines culturales, educativos, o de publicaciones sin fines de lucro. No obstante, México no cuenta con una legislación específica en la materia.
El Movimiento de Oposición Veracruzana, criticó el que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
Arturo Bermúdez Zurita, \"se haya enviado a hacer un mural\" de su
rostro.
Lo anterior fue
calificado como un acto sin sentido y que, expresaron, sólo deja en claro que imperan el “ego y la
soberbia”, y no el trabajo por la seguridad en la entidad.
Ese Movimiento
circuló un correo electrónico que condena tal acción y describe:
\"El
secretario de seguridadpública del estado de Veracruz,
Arturo Bermúdez Zurita, mandó a producir un mural a su imagen y
semejanza, como si se tratara de un héroe nacional, cuando lo único que ha
hecho este personaje es permitir que se consolide la inseguridad en toda la
entidad veracruzana”.
Y
agrega: “Más allá del culto a la personalidad que lleva implícita esta imagen,
nos preguntamos cómo es que se permitió hacer este gasto cuando hay por delante
un millón de cosas por hacer para mejorar la seguridad de los veracruzanos,
como brindarle unamejor calidad de vida a los buenos policías,
dotarlos de equipo o capacitarlos.
Cuando pensábamos
que con #LadySSP había llegado a la cumbre de la vergüenza, nos regala esta joya. Eso sí, hay que
reconocerle a Bermúdez Zurita que es una persona que siempre trata de
superarse\".
En redes sociales,
el hecho también ha causado la indignación de muchos veracruzanos, quienes
condenaron lo anterior y lo calificaron como un acto fuera de lugar, cuando la
entidad atraviesa por graves problemas de inseguridad.
Luego de casi siete meses en prisión, la tarde de
este martes salió del Centro de Reinserción Social el dirigente de la
Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ), Isidro
Tehuintle Pacheco, tras recibir sentencia absolutoria en la acusación de fraude
que se le fincó.
Entrevistado al abandonar el Cereso de Zongolica, el líder indígena
consideró que su estancia en ese lugar se dio por motivos políticos y detrás de
ello está el transportista Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia y la ex
delegada de la CDI, María Isabel Pérez Santos, quienes contaron con la
complicidad del Ministerio Público y el entonces juez José Eduardo Roberto
Garcés Martínez, quien fue removido en fechas recientes.
Señaló que por la pérdida de su libertad buscará una audiencia con el
gobierno del estado para que se esclarezca su caso pues fue víctima de una
injusticia.
Tehuintle Pacheco dijo que su caso estuvo plagado de vicios desde la
integración de la investigación ministerial, su posterior consignación y
detención, por lo entablará una demanda en contra de quienes participaron en su
proceso.
Agregó que durante su estancia en el Cereso de Zongolica, pudo detectar
al menos 15 casos de otros indígenas cuya estancia también parece ser también
injusta, por lo que buscara apoyarles ya que se trata de gente que no cuenta
con recursos para contratar a un abogado.
Tehuintle Pacheco, quien fuera acusado por la venta indebida de
terrenos, fue liberado a las 14:50 horas luego de recibir la sentencia
absolutoria por el delito que se le imputaba.
Estos criminales asaltaron un negocio de articulos de bicis en Xalapa, si los reconocen o les ofrecen articulos marca FOX favor de avisar. Es inconcenbible que siendo las 4 de la tarde esto pueda suceder. Se sospecha que son taxistas pues varios motociclistas son detenidos para ofrecerle la mercancía robada.
y te mando otro del mismo tipo asaltando otro negocio en xalapa (Foto de publicación en Facebok).
se rumora que llega en taxi, por la cantidad de bolsas negras y antes de robar siempre va una señora a ver el negocio antes y usan tambien un niño para los atracos El asalto a la tienda de motos fue el jueves pasado y ahorita andan los taxis vendiendo la mercancia robada, parando a los motociclistas y ofreciendola
No hay parques industriales ni obras de alto impacto sólo “primeras piedras”, además de una deuda de 700 mdp a proveedores: Canacintra.
Córdoba, Ver.- (AVC) La falta de inversión en desarrollos industriales por parte del gobierno estatal, el hecho de que ponga primeras piedras pero no se terminen las obras y los más de 700 millones de pesos que adeuda a empresas proveedoras, propician que Veracruz sea la penúltima entidad en materia de crecimiento económico, del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional y en los indicadores industriales.
Abraham Aíza Debernardi, presidente de la delegación en Córdoba de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), lamentó que mientras en otros estados del centro y norte del país hay “bonanza” económica, atrayendo inversiones nacionales y extranjeras, generando empleos mejor remunerados y logrando un crecimiento importante, Veracruz cada vez se rezague más.
Sostuvo que en los últimos años, sólo se han colocado “primeras piedras” pero no se concretan obras importantes, en tanto que el Centro de Convenciones para Córdoba, tal parece haber quedado en el olvido.
La enorme deuda pública acumulada por el gobierno del Veracruz ha creado un profundo hueco a las finanzas públicas estatales al generar pagos por los créditos contratados cada vez más grandes.
En 2010, el monto del pago por intereses y amortización de la deuda fue de 581.5 millones de pesos (mdp). Para 2011 esa cantidad se cuadriplicó pasando a 2,140.3 mdp. Para 2014 fue de 3,890.9 y para 2015 alcanza la escandalosa suma de 4,769.8 mdp, es decir, que de 2010 a 2015 el pago de la deuda se volvió ocho veces mayor (un incremento en 820%).
Lo anterior significa que durante el período 2010-2015 se habrán pagado de manera acumulada 16,136.2 mdp, de los cuales apenas 3,290.6 mdp, esto es el 20% de lo pagado corresponde a una reducción de la deuda, es pues ese es el monto que se ha destinado al pago de amortización. En cambio se han destinado 12,845.6 mdp al pago de intereses y comisiones, esto el el 80% del total de lo destinado a pago de deuda.
Esta irracional estrategia de pagos es resultado de la quiebra financiera del gobierno que en 2011 lo obligó a contratar deuda para pagar deuda, por lo que esta pérdida de su capacidad de pago provocó que liquidar durante algunos años únicamente pudiera liquidar los intereses de la deuda, y en realizar amortizaciones muy reducidas, comparadas con las destinadas al pago del servicio de la deuda.
Así es posible observar que en 2010, 2012 y 2013 el gobierno del estado sólo tuvo capacidad financiera para pagar el interés de la deuda. En esos dos años no se destinó ni un solo peso a la reducción del endeudamiento, mientras que en 2011, 2014 y 2015, los pagos por servicio de la deuda fueron superiores a la amortización.
El endeudamiento excesivo en Veracruz ha conducido, según se ve, a limitaciones presupuestales muy severas, pues el pago de la deuda impide poder utilizar esos recursos para programas que mejoren la economía y el bienestar de los veracruzanos. El pago de la deuda es un desperdicio de recursos por que la deuda no ha servido para mejorar al estado. Y aún quedan más de veinte años de seguir pagando la deuda. El futuro de Veracruz ha sido hipotecado.
Maruchi Bravo Pagola, tuitera que fue encarcelada por el gobierno de Javier Duarte de OchoaAlejandra Gamboa
Por: Silvia Núñez Hernández
Maruchi Bravo Pagola,
tuitera que fue encarcelada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa
responsabilizó al ex mandatario, Fidel Herrera Beltrán, el actual ejecutivo
estatal y sus ‘amigos’ de cualquier cosa que se suceda, luego de recibir
una amenaza que decía ‘Tus días están contadoz’.
“Cualquier
cosa que suceda debemos de buscar con los amigos de Fidel incluyendo al
golpeador y muchos otros, y de Javier Duarte porque ellos están en contra de
cualquiera que diga que pasa lo que pasa, aquí el problema no es que se digan
que pasan las cosas”, expresó.
De acuerdo a Claudio San Juan, líder del Movimiento Popular
Magisterial en Veracruz, el gobierno estatal, mediante la retención de los
salario a los maestros, ha iniciado una campaña de presión para obligar a los
docentes a apoyar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los próximos
comicios.
El
dirigente recordó que Flavino Ríos, titular de Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV), justificó la retención de los pagos diciendo que esta medida se
había aplicado a los maestros que “andaban en campaña” y no se presentaban en
las aulas.
“El
secretario no miente del todo, pues en efecto algunos maestros andaban en
campaña, pero estos eran los 7,000 aviadores que hay en la SEV, mismos que
fueron heredados de la administración pasada”, comentó.
Señaló
que a estos llamados “aviadores” también se les ha presionado para apoyar al
PRI. Claudio San Juan expresó que la SEV aún le debe al movimiento que preside
cerca de 800 mil pesos de prestaciones, deuda que no se ha saldado desde 2013.
“El
secretario o miente o no sabe mandar porque él tiene la lista de quienes
son los aviadores, además en la página de cada sindicato podría checar quienes
son los que andan en campaña o como funcionarios o regidores. A los
verdaderos aviadores no se les descontó (…) los aviadores del secretario, que
fueron la herencia de otras administraciones también los están presionando para
que se metan a las campañas del PRI (…) Flavino quiere ganar votos ”,
sentenció.
Dijo
que los descuentos que aplicó esta secretaria por la justificación antes
citada, son indebidos ya que se les descontó a maestros que si asisten a sus
aulas. “Sí hay maestros aviadores a los que les decimos ‘prófugos del gis’,
pero la lista que ellos presentaron de estos aviadores no es cierta”, comentó.
El
líder magisterial demandó que estos descuentos no fueron aplicados a quienes se
desempeñan como regidores, síndicos u otros funcionarios, y a la vez están
registrados como profesores.
Al
respecto comentó que esta acción es una incompetencia de la SEV, ya que,
argumentó, se quiere cobrar la factura de los aviadores a todos los maestros.
Detalló que estos aviadores son amigos de funcionarios de la SEV, a los que se
les ha amenazado con apoyar al partido, diciendo “o ayudas o se lleva la
fregada a todos”.
“Estos
son aviadores funcionales porque no están fuera del todo de un trabajo pero no
atienden a sus grupos”, apuntó.
El
portal web Animal Político, de la Ciudad de México, acaba de descubrir 10 casos
de adeudos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa a empresas y organismos
privados que tuvieron participación en los pasados XXII Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, en noviembre pasado, pero también a equipos de
basquetbol como Halcones de la Universidad Veracruzana, tanto en Xalapa como el
Puerto de Veracruz, el ya conocido adeudo a Autobuses de Oriente (ADO), a
extrabajadores de esa justa deportiva, al Instituto Electoral Veracruzano
(IEV), al Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (Ismev),
maestros, comerciantes y empresarios de Xalapa y otras zonas.
En total, esos
adeudos suman 500 millones de pesos, por lo menos, aunque la cifra podría ser
mayor. El gobierno duartista ha reconocido, hasta diciembre del año anterior,
una deuda estatal de 40 mil millones de pesos, pero expertos en finanzas creen
que llegaría por lo menos al doble, o incluso más. En este caso, los adeudos
que menciona Animal Político son a las empresas Turner, Fox, Straffon por la
producción y difusión de material audiovisual de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe 2014, 11.9 millones de pesos; el multicitado adeudo a Autobuses de
Oriente (ADO), que este martes se supo que ha demandado el pago de 10 millones
de pesos que aún se le restan, aunque supuestamente ya estaba cubierto, según
decía hace unas semanas el secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía,
Harry Grappa Guzmán; los trabajadores de ese encuentro deportivo a los que aún
se les debe algo así como siete millones de pesos; el Instituto Electoral
Veracruzano (IEV), con 6 millones de pesos; el Poder Judicial estatal, con 80
millones; el Instituto Superior de Música (Ismev), con 1.2 millones; Halcones
de Xalapa y Halcones Rojos de Veracruz, a cuyos jugadores les deben, en
promedio, tres meses de sueldo, o quizá cuatro, contando abril; compañías
constructoras, con 200 millones de pesos, pues según la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC) no ha liquidado obras a por lo menos 40
empresas; empresarios de Xalapa, a los que el entonces secretario de Finanzas y
Planeación, Mauricio Audirac Murillo, mandó a desalojar de su oficina cuando
llegaron a exigirle que ya no hubiera más retrasos, y por último, a los 6 mil
maestros que a principios de esta semana realizaron un paro de brazos caídos en
varios municipios de la Entidad porque se les deben tres quincenas.
El portal
capitalino dice que "la Contraloría General del estado de Veracruz anunció
que envió a la Auditoría Superior de la Federación información contable para
solventar las observaciones que se hicieron en la Cuenta Pública 2013 por un
monto de 7 mil millones de pesos no comprobados, y se espera una respuesta en
los próximos meses", y agrega que el titular de esa dependencia, Ricardo
García Guzmán, "negó públicamente que tengan problemas para justificar el
pago de 2 mil millones de pesos, como señalaron versiones extraoficiales, y
subrayó que cuentan con las pruebas necesarias que amparan las observaciones
que se hicieron", pero no presentan documentos que lo demuestren. En fin,
el gobierno de Javier Duarte de Ochoa navega en el proceloso mar de la
desconfianza, la duda, la mentira, y lo que es peor, el descrédito a nivel
estatal y nacional.
Casa en las Lomas de Miguel Osorio Chong, ahora resulta que todos son millonarios
Por Sabina Berman
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El juego que todos jugamos hoy en México se llama Funcionarios Ladrones contra Ciudadanos Ingenuos. Para jugarlo, ambos bandos deben empezar por olvidar un par de cosas. Deben fingir que no saben que los funcionarios no están vigilados sistemáticamente por alguna institución, digamos la policía, y fingir que el país alguna vez fue distinto y en ese país fantástico del pasado los funcionarios no robaban. Aceptada esta ceguera voluntaria por ambas partes, los jugadores podemos pasar al juego propiamente dicho y gozar de sus enormes emociones.
El funcionario empieza el juego robando.
Roba 300 millones de dólares del erario como Arturo Montiel o finge una compra-venta cuando está tomando una gratificación por un acto ilícito, como el presidente Peña Nieto o el secretario Videgaray, o usa helicópteros del Estado para citas familiares, como el entonces director de Conagua, David Korenfeld, o en lugar de levantar una multa a alguien que se pasó una luz roja le cobra un soborno, como mi amigo Rodrigo El Policía de la Condesa, o como una examiga funcionaria grava los recursos estatales que gasta con 14% para ella, o etcétera y etcétera.
La emoción ha iniciado. El ladrón se siente feliz con su ganancia y con su privilegio, que lo levanta sobre cualquier otro ciudadano cinco centímetros, o 5 mil millones de pesos, según sea su hurto. En cada intercambio con un congénere, disfruta su superioridad secreta. Piensa: Soy el gran Pillo, soy Steve Jobs del Hurto (aunque por desgracia sin inventos).
Acá puede acabarse el juego, y de hecho en general acá termina. El funcionario se va a gastar su robo y en la vejez les explica a sus nietos que ha sido un genio de la función pública.
Pero hete acá que a veces alguien descubre al ladrón.
Un vecino lo fotografía abordando el helicóptero estatal con toda su familia, una periodista y su equipo videan las casas mal habidas, el Policía Ladrón de La Condesa recibe en lugar de un billete el flashazo de un ciudadano que publica en Twitter el robo.
Ahora sí empiezan las emociones enormes, dignas de un partido de futbol México contra Estados Unidos.
Los jugadores se multiplican por millones: ha entrado al juego el pueblo mexicano, más otros porristas menores. El pueblo se acuerda de golpe de que las cosas idealmente debieran ser distintas. Usa palabras altisonantes y nobles. El Bien Común. La Patria. El Porvenir. La Justicia. Ya me cansé. Todos somos Buenos. Indignado, el pueblo grita a coro. Tuitea. Vilipendia. Saca banderolas. Su ganancia es la rabia compartida, la sensación de pertenencia: soy parte del pueblo herido y robado, soy muchos más aparte de mí mismo.
Y lo dicho, entran al juego otros personajes menores. Por ejemplo, los esquiroles. Tienen un nombre peor, pero me da pena escribirlo.
Son los que toman la defensa de lo indefendible. Publican artículos que empiezan así: “Pregunté quién era el Funcionario Ladrón y todos me informaron que era un señor muy simpático, que usa shorts lindísimos, y quiere a sus hijos”. O escribe confesiones de cercanía al Funcionario Delincuente: “Ayer en la cena le pregunté cómo se sentía de ser multimillonariamente odiado y me dijo que era él quien odiaba al puto pueblo mexicano y que su familia ya vivía en California, como castigo al pueblo mexicano”. Es decir, el esquirol saca su manita de limosnero para que el Funcionario en su Desgracia lo reconozca con alguna dádiva. Esa es su ganancia, amén del odio del pueblo. (Vaya, si uno no puede ser universalmente amado, puede intentar ser universalmente odiado.)
Y entonces salen en la cancha del bando del pueblo los apocalípticos. Exigen la renuncia del presidente. Exigen una nueva Constitución. Exigen un nuevo código genético nacional. Exigen que la Virgen baje y nos bendiga. Su ganancia es saber que saben cuál es la Solución de Todo, aunque sea eternamente inaccesible.
Lo que sigue es el clímax oscuro del juego: una muerte social. Alguien es tumbado del tablero de juego. Alguien ve su nombre hundido en el fango. Alguien camina en un sambenito mientras le tiran piedras. Alguien pierde miserablemente.
A veces se tumba al periodista o al ciudadano que reveló el crimen del Funcionario Ladrón. A este resultado se llama Matar al Mensajero. A veces, sobre todo si es un alfil menor, se asesina socialmente al Funcionario Ladrón. A este resultado se llama Uno Menos entre Cien Mil Que Ahí Siguen.
El pueblo es infeliz en el primer caso y muy feliz en el segundo caso. Los esquiroles van a cobrar su limosna en las dependencias pertinentes y tuercen cínicos la boca cuando en la calle los plebeyos los insultan. Los apocalípticos guardan sus ambiciones de bondad absoluta en un cajón y vacacionan una semana. No más que una semana, porque a la semana se reinicia el juego con un recambio del personaje principal. ¡Otro Funcionario Ladrón descubierto!
Como en todo juego, hay una sola forma de suspender nuevos partidos: negarse a jugar otra vez. En el caso de Funcionarios Ladrones contra Ciudadanos Ingenuos, la suspensión ocurriría si los ciudadanos se niegan a la afasia inicial que les pide el juego y recordaran que el juego sólo es posible porque el país no tiene un sistema de justicia.
Por un momento imaginémoslo. Los ciudadanos se reúnen ya no para la indignación solamente, sino para exigir un Sistema de Justicia. Interrumpen a los funcionarios cuando hablan de otras cosas. Piden un juicio para cada funcionario suspendido en que se publiquen los pormenores del robo y el ladrón resarza al país, o se le exonere, si eso es lo justo. Por ejemplo, se pone al señor Korenfeld a juicio no sólo por el uso indebido de un helicóptero, sino por la sospecha bien fundada de truquear medidores de agua, preparar licitaciones de valores inflados y tratar de hacer pasar por el congreso una Ley de Agua que lo hubiese vuelto a él multimillonario mientras hubiera llevado a la desesperación a millones de mexicanos.
En tanto no nos atrevamos a pedir un Sistema de Justicia, gritemos en la plaza:
¡Tumben a Korenfeld! ¡Libertad al helicóptero mal usado!
