La
falsa sensación fabricada para el ciudadano, de que el pueblo hace el reparto
del poder entre partidos, es la esencia de la farsa democrática actual en
México, pues el poder público se reparte sólo a voluntad de la Presidencia de
la República, y no del pueblo.
Por Sergio O. Saldaña Zorrilla
La decisión de publicar este
artículo no me fue fácil. Tengo una relación cordial con muchos actores
involucrados a quienes quizá no les agrade la dureza de mi argumentación. Sin
embargo, si la civilización en México ha de subsistir, debemos romper con la
sistemática tolerancia a la violación de los preceptos democráticos de la que,
pasiva o activamente, son cómplices quienes no llaman a las cosas por su
nombre. Si nos mostramos blandos en la crítica hoy que el Estado mexicano se
cae a pedazos, mañana recaerá sobre nosotros la responsabilidad histórica de no
haber diseñado una ruta para refundarlo. No diseñar un nuevo orden implica
necesariamente la repetición de la historia y, en nuestro caso, de una muy
trágica historia.
Me parece que el resultado de las
elecciones del 7 de junio de 2015 será resultado de acuerdos entre los partidos
políticos y el gobierno federal. Los partidos podrían ocupar un número de
cargos sin corresponder necesariamente al número de votos que obtengan en las
urnas. Una vez electos, los diputados de cada partido simularán en tribuna
defender con su discurso a uno u otro ideal, pero finalmente las votaciones en
el Congreso seguirán yendo en la dirección que la Presidencia de la República
señale. En ese caso, el sistema político mexicano seguirá representando una
farsa democrática. Ante ello, la anulación del voto en las próximas elecciones
me parece una respuesta eficaz. Mis argumentos y fundamentos a continuación.
La falta de independencia de partidos y órganos
electorales
Es muy probable que las próximas
elecciones sean un fraude porque existe abundante evidencia de que las
dirigencias de los partidos políticos y los consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE, antes IFE) fueron decididos desde Los Pinos. Esta vez no será
un fraude a algún partido político e, indirectamente, al pueblo; esta vez será
directamente al pueblo. La intervención de la Presidencia de la República en la
elección del presidente del Partido Acción Nacional (PAN) está bastante
documentada[1]; lo mismo con la del Partido de
la Revolución Democrática (PRD)[2].
En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI)… quizá salga sobrando
documentar al respecto. Entonces, si las dirigencias de los partidos le deben
el cargo al presidente, no es difícil advertir que estos partidos no tienen
independencia para decidir a sus candidatos; es muy factible, entonces, que los
candidatos de los partidos sean sólo aquellos autorizados por la Presidencia de
la República.
A su vez, las dirigencias de
estos partidos son las que han ido decidiendo a los consejeros del INE,
pactando entre ellos cuotas de cada partido al interior del Consejo General del
INE[3]. Así, el INE tampoco es
independiente, sino dependiente de las dirigencias de los partidos políticos,
las cuales, a su vez, tienen una deuda con el presidente de la República. Lo
mismo ha sucedido con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF o Trife) y de los tribunales electorales locales[4], los cuales son los encargados de
resolver las controversias legales en los procesos electorales.
Entonces, tanto los candidatos
como los árbitros (INE) como los jueces (Trife) de la elección son decididos
por la Presidencia de la República. Así, mientras la selección de candidatos al
interior de los partidos no es objetiva ni imparcial ni independiente debido a
que las dirigencias de, al menos, los tres grandes partidos provienen de Los
Pinos; igualmente, cualquier controversia o impugnación sobre el proceso y la
jornada electoral tampoco tiene garantizada la objetividad ni mucho menos la
imparcialidad de estos órganos electorales por provenir sus consejeros y
magistrados también de Los Pinos[5].
Lo anterior no quiere decir que todas las decisiones del INE y del Trife vayan
necesariamente en beneficio del partido en el poder; hace tiempo que los fallos
favorables se negocian entre los partidos y el Ejecutivo federal (y no de
acuerdo con la ley ni la voluntad popular, como debe ser en un sistema
democrático). La falsa sensación fabricada para el ciudadano sobre un reparto
del poder entre partidos electos por el pueblo es la esencia de la farsa
democrática actual en México, pues el poder público se reparte sólo a voluntad
de la Presidencia de la República, y no del pueblo.
Así, se han encendido dos señales
de alarma de la lucha por la democratización en México:
1.
Al ser decididas desde la Presidencia de la República las
dirigencias de los partidos mayoritarios, estos partidos no representan a la
mayoría del pueblo, por lo que no existe la representatividad democrática en
México.
2. La
existencia de un pacto no escrito entre los partidos mencionados, en el que, de
facto, se le permite el uso del poder a una sola persona (al presidente de la
República) para controlar el resultado de las elecciones, son síntomas de la
instauración de una dictadura. Fundamentemos lo anterior, pues alguien con
razón aparente podrá objetar que una dictadura es algo mucho peor (como aquel
que dijo que los sucesos de Iguala del 26 de septiembre de 2014 no son un
crimen de Estado, que “crimen de Estado es algo mucho más grave”[6]). Ignacio Molina (2007[7]) define la dictadura como “una
forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un
solo individuo o élite, generalmente a través de la consolidación de un
gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes,
una propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría
que la apoya, la independencia del gobierno respecto a la presencia o no de
consentimiento por parte de cualquiera de los gobernados, y la imposibilidad de
que a través de un procedimiento institucionalizado la oposición llegue al
poder”.
Opositores farsantes
Esta farsa
democrática tiene muchos cómplices. La base de esta farsa son los políticos a
modo del presidente, los cuales, sin el más mínimo respeto por la democracia,
aprueban sin leer todo lo que el presidente envía al Congreso; este bloque es
evidente y está integrado por los legisladores del PRI, del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) y del Partido Nueva Alianza (Panal). El resto de la
farsa la constituye el bloque de legisladores del PAN y del PRD, quienes, bajo
pretextos siempre inverosímiles, alternadamente se unen al bloque de los
legisladores del presidente para aprobarle todo también. Los legisladores
aparentemente en contra –incluyendo a los de partidos pequeños– toman la
palabra para contradecir las iniciativas presidenciales; su discurso en tribuna
pronto parece convertirse en un predicar en el desierto en una alegada defensa
de las mayorías de este país, en medio de un huracán de legisladores abiertamente
serviles al presidente que terminan por ganarles cada ronda de votación.
Pero, ¿por qué las figuras de
oposición no salen a la opinión pública a denunciar esto? ¿No brillarían más si
empujaran una verdadera democratización y denunciaran esta farsa convocándonos
a todo el pueblo a exigir juntos la democratización por medio de una
movilización histórica? Después de todo, sus partidos disponen de una
estructura territorial para movilizarnos si ellos quisieran. Ello sería la
prueba irrefutable de que no son unos farsantes y de que en verdad son nuestros
representantes. Sin embargo, no lo hacen porque les conviene, no los dejan o
simplemente porque se conforman con interpretar el papel de víctimas del
parlamentarismo en esta farsa, que no es más que una obra de teatro.
Para esta obra, ellos luchan
entre sí –por medio de las elecciones– para quedarse con el papel de
parlamentario opositor; para interpretar el papel del que se desgañita en
tribuna defendiendo al pobre pueblo del infame tirano; tirano al que reiteradamente
expresan su coraje para ganar credibilidad. Que ese papel lo interpreten ellos
y no otros en nada cambiará nuestras vidas ni la de la nación. Eso solamente es
relevante en la vida personal de ellos, que acrecentarán su fama personal. Las
elecciones internas para esas candidaturas de oposición parecen cumplir más
bien la función de casting de selección de actores. El guión ya está escrito;
sólo tienen que competir entre ellos. Una vez electos, ellos no pueden
modificar sus líneas de los diálogos de la obra –sólo el estilo personal–. Así,
las figuras de oposición hacen las veces de válvulas de escape de la presión
social, a través de las cuales se calma el ansia popular, pues nos hacen sentir
que alguien ya llevó nuestra voz a las más altas tribunas de la nación. Luego
del fracaso al proponer una iniciativa popular, en entrevistas nos dicen: “lo
intentamos, soy un convencido de que la próxima vez sí lo logremos”,
invitándonos siempre a seguir apoyándolos votando por ellos. Puedo comprender
las motivaciones de estas figuras de oposición; para ellos esto es una carrera
profesional, con prestigio, privilegios y cuya remuneración suele ser tan buena
como la de un parlamentario del partido oficial –o incluso mayor, dependiendo
de su papel relativo al interior del grupo parlamentario a que pertenezcan–.
Todos, con diferentes papeles y vestuarios: actores de la misma farsa.
El caso del partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) es el mismo. Aunque este partido dará la lucha,
sólo le reconocerán algunas posiciones, las suficientes para que el pueblo crea
que alguien lleva su voz a tribuna, pero menos de las necesarias para que se
aprueben sus iniciativas populares. Si las elecciones se definirán nuevamente
en Los Pinos y Gobernación, me queda la impresión de que a Morena se le ha
invitado a un fraude electoral en forma de pacto de caballeros; me queda la
impresión de que Morena aceptó esa invitación y que, aunque van a presionar muy
fuerte para que les reconozcan sus triunfos (como lo hacía la oposición –de
izquierda y de derecha– de los años setenta en una mezcla de heroísmo y
mendicidad), al final se tendrán que conformar.
Los seguidores de Morena me
parecen el elemento más vulnerable de esta farsa, porque los avances de su
partido este 2015 les darán falsas esperanzas. En el 2018 nuevamente no los
dejarán pasar a la Presidencia, luego de lo cual sus líderes volverán a invitar
a sus seguidores a desfogarse en marchas y plantones, y un mes después,
refunfuñando todos, les pedirán continuar con sus vidas. Sus líderes, no
obstante, habrán arrebatado a otros partidos los papeles estelares de líderes
del pueblo en el Congreso.
Anulación del voto
Así las cosas, en las elecciones
del 7 de junio próximo ¿debemos votar, abstenernos, anular el voto, boicotear
las elecciones o qué hacer? Para efectos legales, ni la abstención ni la
anulación del voto ni el boicot electoral tienen posibilidades reales de anular
la elección[8]. Partidos y gobierno ya se
aseguraron que la legislación electoral posibilite que las elecciones sean
válidas, así sea con un solo voto (además que ellos controlan el Trife[9]).
Para efectos morales, en cambio,
la abstención, anulación y boicot sí serán cachetadas con guante blanco al
sistema político mexicano actual. Su impacto sería indirecto. Una cachetada con
guante blanco surte efecto directo sólo cuando quien la recibe tiene un mínimo
de moral –y, por tanto, de vergüenza–, y reacciona ante ello corrigiendo su
actuar. Sin embargo, el gobierno y sus partidos carecen de moral y de
vergüenza, por lo que la medida no tendrá gran impacto directamente en ellos.
El impacto de estas acciones provendrá de su eco al interior de cada hogar en
el país, así como por su alcance internacional. El mensaje de deslegitimación
será difundido entre nosotros a todos los mexicanos, así como por todos los
medios a todo el mundo. Esto fortalecerá la unidad de la sociedad mexicana para
exigir con más fuerza la democratización del país. A través de nuestros
relatos, estas acciones se traducirán en millones de mensajes a nuestros
familiares, vecinos, amigos, redes sociales y, por múltiples declaraciones, a
medios nacionales y extranjeros.
Entre las acciones mencionadas,
creo que la mejor es anular el voto. El voto se anula al:
·
Escribir un mensaje en la papeleta.
·
Marcar en la papeleta a más de un candidato.
·
Depositar en blanco la papeleta en la urna.
Ello, además de ser perfectamente
legal, será un mensaje pacífico y claro. En contraparte, abstenernos de votar
sólo alimentaría el argumento de que nos quedamos viendo el futbol, mientras
que boicotear las elecciones –ya sea pacífica o violentamente– abre la puerta a
caer en provocaciones del propio gobierno y sus partidos (no necesitamos más
mártires en México; los 120,000 de los últimos 10 años ya son suficientes).
Existe un no-estructurado pero
generalizado repudio de la sociedad mexicana a esta farsa democrática. Este
repudio se ha ido manifestando por etapas: la primera fue (y es) la “Acción
Global por Ayotzinapa”; la segunda, el “Aristegui se queda”, y la tercera son
estas elecciones. Mientras el guión de esta farsa está muy claro, el nuestro no
está escrito; en ello radica nuestra ventaja.
[1]“El PAN ya no es oposición; ‘Peña sí cumple’, Madero”.
Documental. Revista Proceso. 11 de mayo de 2013.
“PAN cogobierna con Peña Nieto”, entrevista de El Universal a Gustavo Madero del 21 de abril de
2014.
[2]La campaña de Carlos Navarrete a
la presidencia del PRD fue apoyada por
Ángel Aguirre, y Ángel Aguirre, a su
vez, apoyó la campaña de
Peña Nieto.
[3]“El INE, en crisis por
intervención de partidos en elección de Consejeros”. Reportaje de
El Universal del 31 de marzo del 2015.
“Elección de consejeros del INE tuvo el respaldo de partidos”. Azteca Noticias, 23 de febrero del 2015.
“Expertos: cuotas de partidos tienen al INE en crisis”. Reportaje de El Universal del 25 de febrero del 2015.
[4]Los magistrados del Trife son
elegidos por el Senado por medio de ternas propuestas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) (y, a su vez, los ministros de la SCJN son
propuestos a votación del Senado por ternas propuestas por el presidente de la
República). Respecto a la elección de magistrados del Trife véase la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Art. 198.
Respecto a la elección de los magistrados locales consúltese la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, Art. 108.
[5]Aquí podrán objetar muchos, en
especial los magistrados del Trife, que ellos son gente de carrera, que
estudian y se preparan mucho día con día. Tienen razón; eso yo no lo podría
objetar en la mayoría de los casos. El elemento que, en contraparte, ellos no
me podrán objetar, es que al ser ellos postura de alguien dejan de ser
independientes en sus fallos: su conciencia ya no es libre.
[6]Al respecto, véase mi respuesta al
ex-procurador
Murillo Karam al respecto.
[7]Molina, Ignacio (2007). Conceptos
fundamentales de Ciencia Política. Alianza Editorial. ISBN 84-206-8653-0.
[8]Véase el art. 75, incisos a), b),
c), d), e), f), g), h), i), j) de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), los cuales describen todas las
causales específicas de nulidad de la votación recibida en casilla, mismas que
no contemplan ni la anulación del voto ni la abstención electoral. Si bien el
art. 77 de la misma LGSMIME considera que la no instalación de al menos 20% de
las casillas en un distrito electoral federal es causal de nulidad de la
elección del diputado del distrito correspondiente, impedir que se instalen
esas casillas conlleva un alto riesgo de tensión o incluso violencia
innecesaria. Innecesaria porque, aun si con ello se lograra anular la elección
en algún distrito, puede hacerse efectiva la Tesis LXXII/98 del TEPJF, la cual
contempla la expedición de convocatoria para organizar una nueva elección en
ese distrito –y así, tantas veces como sea necesario hasta
elegir diputado.
[9]Si bien la Tesis X/2001 y
Sentencia SUP-JRC-165/2008 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación contempla la invalidez de una elección por violación a principios
constitucionales (como la falta de independencia de la autoridad electoral,
aquí demostrada), ello queda sujeto a interpretación de la Sala Superior del
TEPJF, y ya expliqué a quién se deben sus magistrados. Insisto, el laberinto no
es sólo legal, también es político.
Sergio O. Saldaña Zorrilla es doctor en ciencias económicas y sociales por la
Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la
ONU (Cepal) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt.
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