Carlos Acosta Córdova
A diferencia de lo que semana tras semana afirma la Secretaría de Hacienda, la violencia y la inseguridad en México sí tienen un costo en dinero, sí entorpecen el crecimiento económico. Y eso lo dicen analistas privados e incluso instancias oficiales: la Secretaría de Economía, el Inegi, la Coparmex, BBVA Bancomer... Los cantos triunfales de Ernesto Cordero sobre recuperación, producción y empleo ya no son aplaudidos ni siquiera en el gabinete de Felipe Calderón.
MÉXICO, D.F., 10 de noviembre (Proceso).- La Secretaría de Hacienda se quedó sola en su ejercicio del autoelogio, ese en el que todos los días asegura que la economía mexicana muestra un “sólido proceso de recuperación” con una “alta generación de empleos” y un incremento en la actividad productiva.
Dice que la economía va tan bien que ni siquiera la violencia –producto de la guerra contra el narcotráfico– y sus más de 30 mil muertos hacen mella en su promisoria marcha. Apenas el 31 de octubre, en el Informe Semanal que edita y difunde su Unidad de Comunicación Social, la dependencia descubrió que “vamos mejor de lo esperado”.
Y es así, asegura, porque en México sí se han hecho bien las cosas, no como en otros países –los avanzados sobre todo– que enfrentan “graves problemas” porque apostaron “por la excesiva estimulación artificial de la demanda”.
Pero durante la semana pasada respingaron miembros del gabinete, grupos empresariales y analistas financieros. Sobre todo en lo relativo a la violencia, que para todos ellos ha tenido una clara incidencia negativa en la economía mexicana.
El lunes 1, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, sin empacho contradijo a su par de Hacienda, Ernesto Cordero, quien no se cansa de decir que la inseguridad y la violencia no afectan el desempeño económico.
Ferrari reconoció que la violencia y la inseguridad en muchos estados deterioran la operación de miles de empresas y frenan la recuperación del mercado interno. “Son preocupantes los daños al mercado interno provocados por la violencia”, afirmó en la décima Semana Nacional Pyme. “Las empresas están sufriendo mucho por esta situación”, agregó.
Como ejemplo puso a las empresas del sector restaurantero en el norte del país, que han debido cerrar o modificar sus horarios de servicio bien porque la gente ya no va o para proteger de los delincuentes a la clientela.
También los empresarios alzaron la voz, mostraron públicamente su hartazgo y dieron un mentís a Hacienda. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Coparmex, explotó en su mensaje semanal: “La inseguridad pública, la violencia y la penetración del crimen organizado en la sociedad y en las instituciones de muchas zonas del país han llegado a niveles intolerables, como se confirmó la semana pasada con nuevas matanzas multitudinarias de jóvenes, hechos que no pueden dejar de indignarnos”.
Costos económicos de la violencia
Gutiérrez Candiani le puso números a esos “niveles intolerables”: en los últimos cinco años el secuestro ha crecido más de 300%; el robo a casa habitación, 20%; el robo con violencia, casi 30%, y la extorsión, casi 160%.
“El mayor costo”, aseguró Gutiérrez Candiani, “es el de oportunidad: se cierran negocios, se dejan de crear empresas, se limita la actividad productiva y se desalienta la inversión”.
Además del secretario de Economía y de los empresarios que replicaron el discurso feliz de la Secretaría de Hacienda, el Grupo BBVA Bancomer tradujo en cifras el costo de la violencia y la inseguridad.
El Servicio de Estudios Económicos de ese grupo financiero, que encabeza el especialista español Jorge Sicilia –economista en jefe de BBVA para Norteamérica– presentó el miércoles 3 su informe trimestral Situación México, en el que por primera vez incluye un capítulo con el tema específico de la violencia y su impacto en la economía.
Su conclusión es contundente: entre 2006 y 2010 la violencia y la inseguridad han hecho que la economía del país no crezca, en promedio por cada uno de esos años, 1.1 puntos del PIB. Es decir que el crecimiento económico en esos años ha sido menor en 1.1 puntos, en promedio, al que hubiera habido sin los actuales niveles de violencia.
También sostiene que la violencia y la inseguridad cada año cuestan 143 mil millones de pesos (1.1% del PIB) a precios actuales, pues el Producto Interno Bruto estimado para este año a precios corrientes, es de poco más de 13 billones de pesos.
Si nada más se tomaran en cuenta los cuatro años de gobierno de Calderón –los de la guerra contra el narcotráfico– se tendría una suma superior a todo lo que se espera recaudar en 2011 por concepto de IVA: más de medio billón de pesos, afirma BBVA.
La violencia le ha restado cuatro puntos de crecimiento a la economía en este sexenio. Si no fuera por eso “México habría crecido un punto porcentual más del PIB, por arriba de las tasas a las que ha crecido en los últimos años”, dijo en la conferencia de prensa.
Es un impacto nada despreciable, aseguran los analistas de BBVA Bancomer, pero Hacienda insiste en lo contrario. En su Informe Semanal del 17 de octubre aseguraba que “es evidente que el crimen y la delincuencia organizada no están inhibiendo la recuperación económica a nivel nacional como se ha querido hacer creer”.
Pero en el informe Situación México, los especialistas de BBVA explican: “La violencia impacta transversalmente en la economía aumentando los costos de producción y transacción y reduciendo la acumulación de capital físico y humano. Un entorno de violencia eleva los costos de producción por el necesario aumento de las medidas de seguridad y los de transacción por el deterioro del entorno institucional.
“Desde el punto de vista de la acumulación de factores productivos, de capital físico y humano, la violencia también impacta negativamente, por lo que reduce la capacidad de crecimiento de la economía en el medio plazo.”
El discurso optimista
Las declaraciones de Ferrari y las quejas de los empresarios, reproducidas por los medios el lunes 1 y el martes 2, más el estudio de BBVA el miércoles 3, que también ocupó espacios en los medios, causó tal enojo en la Secretaría de Hacienda que recurrió a la maniobra de opacar las “malas noticias” con el despliegue amplio de las “buenas”.
Ese mismo miércoles Hacienda convocó urgentemente a los medios a una conferencia para informar, con bombo y platillo, de un nuevo “máximo histórico” de creación de empleos formales: en octubre se generaron 129 mil 406 nuevas plazas de trabajo registradas ante el IMSS, con lo que en los primeros 10 meses del año se crearon 850 mil 889 empleos netos.
“Repito: 850 mil 889 empleos netos”, insistió alzando la voz Ernesto Cordero, acompañado por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el director general del IMSS, Daniel Karam.
A Lozano le correspondió magnificar las cifras: el incremento de 129 mil 406 nuevos empleos en octubre “es el mayor registro para un mes de los últimos 35 meses”.
Abundó: el incremento interanual en el número de empleos, es decir, de octubre de 2009 a octubre de 2010, es de 751 mil 689 nuevos empleos. “Esto es un aumento porcentual de 5.38%. Y no se había visto una cosa igual desde agosto de 2000. Es decir, estamos hablando del mayor crecimiento interanual de los últimos 11 años”.
Y faltaba un dato también espectacular: durante la crisis de 2008-2009 se perdieron 701 mil 317 empleos. Pero de junio del año pasado a octubre de este se generaron 957 mil 652 nuevos trabajos.
Es decir, afirmó Lozano, ya se recuperaron, y por mucho, los empleos perdidos en la crisis. “Tenemos ya un superávit de más de un cuarto de millón de nuevos empleos netos, formales, con nombre y apellido, que están registrados no como una encuesta, no como una aproximación o una estimación, sino como datos duros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”.
Pero resulta que el manejo de números y cifras siempre es relativo y se acomoda al propósito de quienes los usan.
Lozano celebró que con los aumentos en el empleo el IMSS ya tiene registrados 14 millones 732 mil 170 trabajadores –que “es un nuevo máximo histórico”– pero la cifra de asegurados en el IMSS es apenas 31% de la Población Económicamente Activa –de poco más de 47 millones de personas– y 33% de la Población Ocupada, que suma 44.7 millones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Es decir, sólo tres de cada 10 personas activas –con o sin empleo– están en el IMSS. O 3.3 de cada 10 de las que tienen un trabajo están afiliadas al instituto.
Obviamente el secretario omite que una cifra muy similar está en la informalidad. El Inegi, en su más reciente encuesta trimestral de ocupación y empleo señala que 28.8% de la población ocupada está en la economía informal y eso significa cerca de 13 millones de personas.
Peor aún, según Lozano en lo que va del sexenio de Calderón se crearon 1 millón 157 mil 469 empleos. Eso quiere decir que por año se han generado unos 290 mil nuevos puestos.
El problema es que la demanda anual de empleo va de 800 mil a 1 millón de plazas. Lo que se ha creado es apenas alrededor de la tercera parte de lo que se necesita.
Cuando los funcionarios dan conferencias sobre empleos nuevos omiten la otra cara del mercado de trabajo en el país: las altas tasas de desempleo (como en ningún otro sexenio), el crecimiento exponencial de la informalidad, la subocupación creciente y una serie de indicadores que dan cuenta de la mala calidad y peor remuneración de los empleos en México.
Dentro de los 10 años de gobiernos panistas, los cuatro del actual se han destacado por los índices más altos de desocupación. Con Vicente Fox las tasas de desempleo abierto de los primeros meses de gobierno eran apenas de más de 2%; ahora se han registrado tasas por arriba de 6% –que han implicado hasta 3 millones de desempleados– y los promedios no bajan de 5.5%.
Además en el sexenio se han sumado 1 millón 600 mil personas a la informalidad, fenómeno creciente pues nadie se puede dar el lujo de quedarse sin ingresos, aunque sea en la informalidad con todo lo que ello implica: sin contrato, sin seguridad social, sin salario fijo (o incluso sin salario, porque muchos son negocios familiares) y sin prestaciones.
Otro caso que omiten los funcionarios es la subocupación –en la que están las personas que buscan un trabajo adicional o jornadas laborales más largas para conseguir un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas– que pasó de 3 millones en diciembre de 2006 a 4.3 millones (9% de la población ocupada), aunque en 2009 llegó a rebasar los 5 millones.
En materia de salarios el Inegi da cifras dramáticas: de las 44.7 millones de personas con trabajo, 3.8 millones no tienen ingresos, 6 millones ganan hasta un salario mínimo, 10.4 millones tienen un ingreso de más de uno y hasta 2 salarios mínimos y 9.4 millones de personas ganan más de 2 y hasta 3 mínimos.
Hay 29.6 millones de personas en México que trabajan pero cuyos ingresos va de cero a tres salarios mínimos. Es decir 66.2% de quienes laboran –dos tercios del total– no están remunerados o cuando mucho ganan 56, 112 o 168 pesos diarios; al mes, mil 680 (uno), 3 mil 360 (dos) o 5 mil 40 pesos (tres salarios mínimos).
