Arturo Rodríguez García
Las desapariciones o levantones colectivos de personas a manos de gente armada en Coahuila se han multiplicado. Un alto número de las víctimas son trabajadores o vendedores de escasos recursos; por ellos no se pide rescate, lo que hace pensar a sus familiares que sus parientes pueden estar siendo utilizados para que realicen trabajos forzados...
MONCLOVA, COAH, 7 de enero (Proceso).- Por los llanos despoblados del semidesierto, en lugares donde la vista tal vez alcance para ver un tendido eléctrico pero ninguna otra señal de vida humana, el peligro acecha a los forasteros que pasan por aquí.
La carretera 57 México-Piedras Negras, en el tramo que surca Coahuila, al igual que las brechas y caminos que entroncan con ella, son sitios propicios para que mucha gente quede convertida en cenizas o desaparezca sin más.
Pero las familias de los desaparecidos no olvidan. Recorren la misma ruta buscando a los ausentes, pidiendo a las autoridades que investiguen y den con su paradero, preguntando entre quienes pudieron verlos por última vez, aunque en respuesta suelen obtener desde indiferencia hasta intimidación.
La mayoría de los desaparecidos eran trabajadores con una existencia itinerante, caminantes que ofrecían mercancías artesanales, migrantes obreros que iban a probar suerte en la maquila, profesionistas solitarios y, algunos pocos, agentes de seguridad pública que evitaron coludirse con el hampa.
Trabajadores y pobres al fin. Como Pablo Ponce, quien, padre de tres hijos, dejó de ser campesino para emplearse como vendedor de muebles artesanales recorriendo las calles de ciudades desconocidas. Uno de sus compañeros, prófugo del arado también, José Luis Hernández Gómez, llevaba 10 años visitando ciudades norteñas, a más de mil kilómetros de su rancho en Michoacán.
Se supone que ambos pasarían por Monclava el 20 de octubre, y desde entonces sus familias no supieron más de ellos. Originarios del rancho Las Cañas, Santiago Undameo, siete michoacanos desaparecieron en esa fecha y hasta el momento, como ha ocurrido con otras desapariciones grupales, señaladamente de cambaceros, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) no ha logrado avances en las investigaciones.
Ya son muchos los casos de desapariciones colectivas. A mayor precisión, de las 104 víctimas documentadas por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (Fundec), sólo 17 personas desaparecieron de manera individual, y el resto en grupo.
Para la activista Blanca Martínez, las desapariciones colectivas son características de Coahuila, pues a partir del intercambio sostenido con organismos que documentan los casos de otras entidades, sólo aquí se registra con tanta gravedad esa modalidad y, hasta donde han podido indagar, no hay experiencia internacional semejante, salvo en los registros históricos de países gobernados por dictaduras.
Cero avances
La información que ha recogido Fundec establece que la mayoría de las desapariciones en grupo son perpetradas por civiles armados.
Hasta el momento, apenas en cinco casos se ha indiciado por hechos de este tipo a policías o militares.
A bordo de lujosas camionetas de modelo reciente, los comandos establecen perímetros donde, con una coordinada precisión, operan a sus anchas en frenéticas cacerías para enseguida desaparecer con sus víctimas.
El caso más reciente es el de los michoacanos que, el 20 de octubre, desaparecieron en algún paraje indeterminado de Monclova. Poca información existe al respecto, y el fiscal ministerial, Domingo González Favela, apenas confirmó la desaparición y los datos que las propias familias han expuesto: que no se pidió rescate, por ejemplo.
Blanca Martínez describe la ausencia de resultados en la FGE:
“La respuesta es muy limitada. A partir de la presión que se ha hecho con Fundec, la FGE empieza a moverse. Están apenas empezando a aplicar procedimientos que debieron realizar desde el día de la denuncia. No es sino hasta ahora que comienzan a mover las averiguaciones, lo que habla de la irresponsabilidad, de la ineficacia en Coahuila.”
A partir de las denuncias, marchas y protestas de Fundec, el gobernador Humberto Moreira se comprometió a dar celeridad a las investigaciones, pero el resultado es el mismo: nada.
Los casos se multiplican y, de acuerdo con la sistematización de Fundec, del total de 104 desaparecidos, cinco son mujeres, un niño y un adolescente. En 10 ocasiones se han llevado a dos personas. Nueve veces han corrido la misma suerte entre tres y seis individuos. El de los vendedores de pintura de Ecatepec es el único en el rango de 11 a 15 personas desaparecidas en un mismo hecho.
En el rango de 21 a 25, se cuenta con el registro de un contingente de trabajadores de la industria automotriz, originarios de Saltillo, que desaparecieron en Piedras Negras en abril de 2008.
A pesar de ser un caso donde las familias se encuentran dentro del mismo estado, sólo una de ellas se animó a denunciar, pero las autoridades no han logrado avances en las investigaciones. Como las víctimas, el caso se esfumó también de la escena pública.
Extranjeros en riesgo
Sólo avanzar por la ruta es temerario. No hay ningún puesto de vigilancia, excepto aquellos de policía municipal que, “en revisiones de rutina”, indagan quiénes viajan, qué transportan y a dónde van. Son patrulleros que acechan bajo la sombra de un huizache al forastero.
Apenas en noviembre, un motociclista canadiense subió al canal de videos de internet www.youtube.com las escenas de una extorsión que protagonizaron policías de Castaños, Coahuila.
–To moch… –decía el agente municipal escribiendo “$100 usd” en una hoja.
–Yu… –señalaba el agente el dibujo de un monito triste que se hallaba tras las rejas–, yu no moch.
Puede ser peor.
Un retén carretero de civiles armados marca el alto cada tanto. Hasta los políticos en sus recorridos deben obedecer las órdenes y someterse a la revisión de delincuentes o atenerse a las consecuencias.
Pueden ser letales. Como ocurrió con un grupo de canadienses y estadunidenses el 9 de junio, cuando a bordo de dos camionetas se introdujeron a México. Pertenecían a una organización internacional de ciclismo de montaña, dedicada a recabar fondos para conservar senderos montañosos.
Los ambientalistas tenían como propósito llegar a Múzquiz, Coahuila, donde conocerían un rancho que pretendían comprar para hacer pistas de carreras. Luego se supo, por declaraciones de amigos y familiares de ellos en medios de comunicación de sus países, que esa era la forma en que deseaban colaborar para combatir la violencia en México: cuidar los bosques, hacer deporte…
A unos 50 kilómetros de la frontera, por la carretera 57, se detuvieron en el regionalmente famoso “Machacado Doña Herlinda”, de donde vieron salir a varios hombres a los que esperaban ostentosas camionetas.
Serían alrededor de las 13:30 horas cuando los extranjeros terminaron su almuerzo, y al disponerse a partir notaron que los anteriores comensales los estaban esperando en un convoy. Un joven se acercó a la ventanilla de Peter Charles Klowak, un canadiense de 44 años que, asustado, emprendió la marcha. El adolescente, de unos 14 años de edad, trepó con habilidad al toldo del vehículo, disparó y lo mató de un tiro en la cabeza.
La camioneta de Klowak se volcó. El convoy se llevó al joven ejecutor y dio por muerto a un acompañante del baleado que, rescatado por cuatro sujetos de origen estadunidense –presuntos agentes extranjeros–, lo condujeron al puente fronterizo de Piedras Negras y le dieron dinero para un taxi. Ya en Eagle Pass, narró lo ocurrido, de acuerdo con un informe de la FGE.
Tierra de nadie
A veces una patrulla de la Policía Federal ronda por ahí. Pero jamás ve nada. Las cámaras de vigilancia en gasolineras, negocios o garitas no han sido utilizadas en las indagatorias, y si algún civil se atreve a mencionar un dato relevante lo hace desde el anonimato, nunca como declaración ministerial.
El 22 de marzo de 2009, un grupo de vendedores de pintura desapareció con todo y vehículo en una zona cercana a Piedras Negras. Compañeros de ellos reportaron el hecho y también terminaron desaparecidos. En total, 12 personas procedentes de Ecatepec, Estado de México, desaparecieron sin dejar rastro.
Los casos se reproducen:
El 17 de abril de 2009, José Flores, Agustín Núñez y Sergio Cárdenas, procedentes de Guadalajara, visitaban a sus clientes por la zona norte. La última vez que se supo de ellos pernoctaban en un hotel de carretera. Nadie volvió a verlos.
El 29 de agosto de 2009, el jefe de celadores del penal de Saltillo, Esteban Acosta, desapareció en esa ciudad, junto con sus dos hermanos y su hijo. No se sabe de su paradero.
Pero sí que las víctimas suelen ser trabajadores.
“Nos llama mucho la atención el promedio de edad que alcanzamos a calcular. Son entre 28 y 29 años. Es gente en edad productiva. Hay un número alto de trabajadores de oficio rudo, como albañiles.
“Una de las hipótesis de las familias es que se les puede estar usando para realizar algún trabajo. Es una hipótesis que da esperanza. En todos estos casos no hay solicitud de rescate. Como no hay petición de dinero o patrimonio como intercambio, no es secuestro y no hay elementos para identificar el hecho como ajuste de cuentas o algo semejante”, advierte Blanca Martínez.
“La desaparición sirve como mecanismo de control social, de implantación de terror, pero también creemos que están siendo utilizados para algún tipo de trabajo”, agrega.
Además de la ausencia de resultados en las indagatorias, las familias de los desaparecidos han tenido que enfrentar actos de intimidación.
Sin contemplaciones, como si buscaran a un criminal y no a una víctima, los policías ministeriales de Coahuila se introducen en las viviendas, no se identifican, son groseros con los denunciantes, quienes se quejan de que aquéllos obstaculizan su derecho a exigir justicia.
Blanca Martínez concluye:
“Ese es el común denominador: que las familias no obtienen respuestas, y las autoridades les recomiendan que dejen todo así, que no le busquen… es una obstaculización a la gente que exige sus derechos, y los expedientes prueban la inacción de la autoridad.”
