Ante la amenaza de perder su posición como exportador de petróleo, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) – de la cual depende gran parte de los ingresos con los que sobrevive este país – busca delegar en compañías privadas su responsabilidad constitucional de remontar la crisis de reservas por la que atraviesa. Además, desde el primer año de gestión de Felipe Calderón, la petrolera mexicana cayó del sexto al onceavo lugar en el listado de las mayores firmas petroleras del mundo.
Sin embargo, esta estrategia de “diversificación” no es nueva y ha fallado en experiencias recientes que se han convertido en esquemas velados de privatización: arrendamientos, contratos de servicios múltiples, integrales y subrogaciones. Ese ha sido el problema: Pemex no ha sido transparente y, en medio de la indefinición, la corrupción se cuela como el agua que inunda un edificio y mina sus más profundas estructuras.
Así, este 18 de marzo, más que un nuevo aniversario de la expropiación petrolera a manos del general Lázaro Cárdenas, será para Felipe Calderón y su director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, una fecha histórica de cómo fracasaron, se corrompieron y vendieron al mejor postor lo que tantos años había significado el principal orgullo nacional: el petróleo.
Nada que festejar y mucho que lamentarse, de cómo gobiernos priistas y ahora panistas acabaron con las principal industria del Estado y arrasaron con las arcas de la paraestatal petrolera. Hoy como nunca, la corrupción en Pemex se ha convertido en algo inherente a su forma de operación, empresa que otorga contratos de bienes y servicios en donde servidores públicos se enriquecen con las comisiones y sobornos; empresarios corruptos, mexicanos y extranjeros, abultan sus cuentas bancarias mediante el incumplimiento de obras y servicios; los políticos del gabinete, del Congreso y hasta de la Corte festinan las recomendaciones que hacen a la paraestatal petrolera en beneficio de consorcios privados; el sindicato sigue asaltando la caja de la empresa petrolera, y hasta los abogados que litigan los juicios de Pemex en México y en el extranjero, se ven beneficiados económicamente cuando pierden los casos en tribunales.
Como documenta la reportera Nancy Flores, en la portada de la más reciente edición de la revista Contralínea, la paraestatal ya no es dueña de plataformas, equipos de perforación ni buques-tanque. Mientras tanto, su deuda total por 675 mil millones de pesos compromete poco menos de la mitad de sus activos y la importación de petrolíferos supera ingresos por 690 mil millones, tan sólo en lo que va del gobierno de Calderón. Una delicada situación financiera.
Aún más, el sistema de refinerías opera a menos del 50 por ciento de su capacidad. Además, se posterga la decisión de construir una nueva refinería, a pesar de que la paraestatal mantiene ese proyecto entre las prioridades que vende a los inversionistas del mercado de valores. No obstante, ni siquiera la publicidad que se ha dado a este proyecto ha logrado que se termine con la decisión “política” adoptada en la década de los ochenta, en el gobierno de Miguel de la Madrid, de no volver a construir refinerías.
Es en medio de estos fracasos que a 73 años de la expropiación petrolera, impulsada por el general Lázaro Cárdenas del Río, la iniciativa privada ha sustituido a Pemex en el control de sus procesos, incluso aquellos que se consideran estratégicos, como la exploración y explotación de los hidrocarburos.
Más allá del inagotado debate en torno a las violaciones a la Constitución, Pemex y su transición hacia los nuevos esquemas de participación de la iniciativa privada en el sector petrolero ha fallado en el seguimiento, control y cumplimiento de objetivos. En otras palabras, ha sido la alta burocracia de la paraestatal la que, escudándose en los “obstáculos” del régimen fiscal, ha fallado en dirigir el destino de la industria petrolera nacional que hoy navega a la deriva.
Un ejemplo que ilustra la ausencia de una estrategia son los contratos de arrendamiento y servicios que han permitido a la filial Pemex Exploración y Producción (PEP) ceder el control al sector privado de 47 plataformas ubicadas en el Golfo de México, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 185700001610 hecha por Contralínea.
De esas plataformas privadas, 11 son embarcaciones, indica PEP. Y, aunque la subsidiaria señala que otras 241 plataformas aún son de su propiedad, sus informes –entregados a ese semanario vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– omiten incluir los datos del Yuum K’ak’náab, o Señor de los Mares, la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga cuya renta implica, en total, 1 mil 134 millones 692.9 mil dólares.
Ahora, con los contratos incentivados, Pemex establecerá una asociación en participación con compañías privadas-extranjeras, lo cual amenaza con terminar con todo el conocimiento en materia de exploración.
El reportaje de Nancy Flores documenta que después de 1938, en México el control y rectoría del Estado sobre los recursos petroleros permitió que se formaran varias generaciones de ingenieros y expertos mexicanos quienes hicieron prosperar la industria de capitales: antes se compraba 50 por ciento o más de los equipos de las refinerías y ahora se compra, cuando bien nos va, el 5.0%.
Los esquemas de contratación que veladamente privatizan el sector, también han permitido que, de los 257 equipos de perforación de pozos que operan en los yacimientos petroleros de México, 155 –el 60.3%– sean propiedad de trasnacionales.
Desde mediados de 2007, PEP también privatizó sus ductos como resultado de la licitación 18575111-006-07 para la operación y mantenimiento, durante 10 años, de 66 ductos ubicados en Veracruz y Tabasco.
Ya la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llamó la atención de los legisladores sobre esta área y las irregularidades descubiertas en ella: en su auditoría al contrato asignado por Pemex Exploración y Producción a la compañía estadounidense Energy Maintenance Services Group, para el mantenimiento y operación de ductos, la ASF comprobó que Pemex pagó millonarios montos por trabajos que no se hicieron. Además, alerta que la falta de mantenimiento tiene en riesgo la principal área de distribución de hidrocarburos del país.
Las conclusiones de la auditoría confirman un trabajo también publicado en Contralínea por Ana Lilia Pérez. El año pasado, la reportera publicó una investigación periodística que documentó ampliamente las irregularidades en el proceso de contratación de EMS, que, según Pemex, ganó la licitación pública 18575111-006-07 y que derivó en el contrato 420407836 por 4 mil 312 millones 553 mil pesos para el “Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por Ducto de PEP, Sistema 4”. Se evidenció su deficiente desempeño y abandono de los servicios de mantenimiento –preventivo, predictivo y correctivo? a los ductos a su cargo, área medular para el transporte de crudo desde Campeche, Chiapas y Tabasco.
La investigación periodística expuso las irregularidades en el proceso de licitación para simular el concurso, lo que generó, incluso, que el senador Graco Ramírez Garrido presentara una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del entonces director de la petrolera, Jesús Reyes Heroles; del titular de PEP, Carlos Arnoldo Morales Gil, y de la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel.
La ASF dice que, en efecto, se trató de un concurso manipulado mediante bases que no contenían completa la información técnica, la ingeniería ni los alcances del proyecto, lo que impidió a otros 10 consorcios presentar propuestas. Se declaró que la propuesta ganadora fue la de EMS, pero la ASF encontró que ni siquiera compró las bases de licitación.
La firma asentada en Houston, que encabeza el exejecutivo de la Marathon Oil, Timothy Harold Nesler, no cubrió cabalmente los requisitos para que la subsidiaria que dirige Carlos Arnoldo Morales Gil le suscribiera el contrato, determina la ASF.
EMS no presentó la calificación crediticia que debía emitirle una calificadora de valores registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tampoco acreditó su solvencia financiera.
Como parte de la estrategia de privatización de Pemex que Felipe Calderón aceleró desde inicios de su gobierno, la operación del 57 por ciento de la red de ductos de PEP se le entregó a EMS, aun cuando Pemex no tenía suficientemente acreditado el análisis de costo beneficio de este nuevo esquema.
Contratos incentivados
Ahora, el gobierno panista de Calderón busca escribir en Pemex una nueva historia con un nuevo tipo de contratos: de riesgo, en asociación en participación con empresas privadas y que se han probado con buenas y malas experiencias en varias regiones del mundo.
La presentación de estos contratos se hizo en la ciudad de México, Estados Unidos y Canadá, en la ciudad de Calgary, en donde directivos de Pemex buscaron atraer el interés de inversionistas ligados con la industria petrolera. Así salen al mercado los contratos incentivados después de que la Suprema Corte de Justicia les dio su aval para declararlos legales.
Muchos mexicanos, entre ellos expertos petroleros, sin embargo, los siguen considerando inconstitucionales y contrarios al interés público. Se privatizarán, de esta forma, las ganancias de la exploración petrolera, pero se democratizarán y distribuirán entre los mexicanos los riesgos. La diferencia, como siempre, podría aportarla la transparencia y rendición de cuentas de este tipo de contratos dirigidos a la exploración en aguas profundas.
No obstante, es un objetivo difícil de alcanzar y que requiere de mucha buena fe y honestidad, lo cual en Pemex no existe. El legajo de 200 páginas que contiene los términos de los contratos relacionados parece, sin embargo, más un campo minado para Pemex que una oportunidad de negocios. Aún más, se trata de una relación que se iniciará de una forma desventajosa para la empresa estatal. Simplemente se carece de experiencia en este tipo de acuerdos, mientras que compañías como Halliburton, Schlumberger o Repsol, por sólo mencionar algunas, tienen décadas de trabajo y hasta de litigios en esta materia con una lista enorme de despachos de abogados listos para entrar en acción.
Para muestra un botón de lo que nos espera con los contratos relacionados:
“En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto de sus diferencias en materias técnicas, operacionales o relacionadas con cuestiones de contabilidad, impuestos y cálculo de pagos exigibles conforme al Contrato, las Partes podrán acordar sujetarse a las decisiones de un Experto Independiente”.
También Pemex, en forma cándida, aclara en el contrato: “De conformidad con los artículos 25, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley de Pemex, este Contrato no confiere al Contratista derecho alguno de realizar, por cuenta propia Servicios u otras operaciones petroleras en el Área Contractual. Por lo que, bajo ninguna circunstancia, se entenderá que el Contrato confiere al Contratista derecho de propiedad alguno sobre los depósitos de Hidrocarburos, los cuales son propiedad de México y así permanecerán en todo momento. Asimismo, este Contrato no confiere al Contratista, bajo ninguna circunstancia, derecho de propiedad sobre, ni derecho a participar de, los Hidrocarburos Producidos ni del producto de su venta, los cuales serán y permanecerán propiedad de PEP. Igualmente, en ningún caso, otros recursos minerales existentes en el Área Contractual (sean o no descubiertos por el Contratista) serán propiedad del Contratista”. Menos mal aunque en la teoría se comparte la propiedad, aunque eso, seguramente, será materia en litigios futuros.
