Por José Miguel Cobián
A raíz de la última balacera en Veracruz, muy cerca del auditorio Benito Juárez, y la estampida humana que generó ante el lleno por la presentación de la ¨Arrolladora Banda Limón¨, incluida la muerte de la sra. que fue con su esposo e hijo al concierto, surgen dudas adicionales sobre la presencia del ejército en las calles y su combate al crimen organizado.Primero hay que recalcar que según el parte oficial de la Marina Armada de México, los ocupantes del Bora blanco sospechoso, fueron los que comenzaron el ataque a nuestras fuerzas armadas, por lo tanto, a los marinos les quedaba la opción de emprender graciosa huida o repeler el ataque. Optaron por la segunda opción, y se desataron 30 minutos de balazos.
Como hubo heridos y daño en propiedad ajena porque alcanzaron al bora con los vehículos militares y para detenerlo lo estrellaron contra otros autos, incluidos dos taxis, surge la pregunta de siempre.
¿Quién paga los daños? La pregunta viene a colación porque estamos acostumbrados –en el caso del ejército- a la prepotencia, y a que ellos (los soldados) amenacen, y no paguen nada, gozando de una increíble impunidad. La experiencia la vivimos en Córdoba cuando fuerzas federales de la PFP allanaron casas, amenazaron y amagaron a sus ocupantes, catearon las casas y luego sin siquiera un ¨usted disculpe¨ se retiraron, pudiendo recuperar uno de los propietarios su cartera porque exigió su devolución delante de la prensa escrita de la región. Y obtuvo una mínima compensación por los daños a la puerta de su casa, misma que no alcanzó ni para un 10% del costo de la reparación del daño. Lo peor fue cuando el Senado de la República pidió explicaciones y la respuesta de la PFP fue que esa noche no hubo operativo en Córdoba, y por lo tanto no sabían de qué responsabilidad se les imputaba. Lo cual implica que todos los testigos, la policía municipal, los medios presentes, los vecinos, las tres casas (de gente inocente) que sufrieron vejaciones, los uniformes, la presencia de casi cien elementos, los camiones, las camionetas artilladas, los niños con las miras laser en su cuerpo, todo eso fue una alucinación colectiva, incluidos los daños físicos.
Así, viendo la impunidad con la que se mueven las altas esferas del poder federal, resulta muy difícil pensar que los daños colaterales por el combate al crimen organizado sean cubiertos por el propio gobierno. Es más, la experiencia indica que la ciudadanía no es sólo víctima de la delincuencia, sino también víctima de las autoridades que la combaten, pues no sólo ha habido una serie de errores que terminan con la muerte de civiles inocentes, sino que también hay incontables daños que nadie paga.
Imaginemos nada más al par de taxis dañados hace unos días en el puerto. Seguramente tienen dueño, y éste vive de o de manejar su taxi, o de rentarlo en dos turnos. El propietario tendrá que pagar la reparación del choque provocado por la marina, pues como en México no hay autoridades responsables, nadie lo va a apoyar. Cuando hay heridos en estos operativos, normalmente son llevados a instituciones de asistencia pública, sin la menor atención y mucho menos búsqueda de los responsables.
En países civilizados las autoridades responden por sus actos. Antes de tomar una decisión, en particular la de perseguir o entrar en combate, toman en cuenta los posibles daños a la población civil, es que juraron proteger. También toman en cuenta las leyes de México, esas que juraron respetar y hacer respetar. Si alguien mata a un civil, responde por sus actos. Aquí en México el gobierno de Felipe Calderón encubre asesinos, con el pretexto de no enemistarse con el ejército, cuando alguno de sus miembros comete un error y asesina a población civil inocente. Ejemplos hay muchos, como el caso de las familias asesinadas supuestamente por no haber hecho alto total en retenes aparentemente inexistentes, o el asesinato de dos estudiantes dentro del Tec de Monterrey, allá en la capital regia. Nada le ha pasado a los culpables.
Resulta divertido escuchar al presidente de la república, insistir en que nos unamos a su cruzada contra el crimen organizado, cuando desde el propio ejecutivo federal no se respetan las leyes y se estimula la impunidad de los consentidos del sistema. No sólo las fuerzas armadas para quienes intervenir en esta lucha legitimadora de un gobierno ha sido una desgracia, sino también una serie de amigos del presidente, o de intereses de poderes fácticos, que están por encima de la ley.
En México el gobierno nos pone de ejemplo siempre a los gringos, cuando de tasas impositivas se refiere, pero se le olvida que allá hasta a sus presidentes juzgan, mientras que aquí, la justicia es para los de abajo, mientras la impunidad reina en las alturas. Esa es la patria ordenada y generosa que nos ha ofrecido el gobierno del primer panista presidente. (Fox no era panista no lo olvidemos).
En un país dónde no reine la barbarie, en un país civilizado (que acorde a esto México no lo es), las autoridades deberían de reparar los daños a la propiedad de los civiles afectados por su actuación, e indemnizar a las familias de los heridos y muertos ¨por error¨, aunque para ello deberían primero reconocer su error, y eso en este sexenio es imposible.
Por cierto, quien paga los daños es el dañado.
