Familiares de desaparecidos protestan en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz |
MEXICO, D.F. (apro).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre el uso de la desaparición forzada como “herramienta para enfrentar situaciones de conflicto o disturbios internos”, por lo que llamó a los Estados miembros a investigar, enjuiciar y a sancionar a los responsables de ese delito de lesa humanidad.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas (GTDFI) expresó su preocupación de que se recurra a este delito para “enfrentar el terrorismo, para combatir la delincuencia organizada o para suprimir las legítimas demandas civiles por la democracia, la libertad de expresión o religión”.
En un comunicado, el GTDFI recomendó combatir la impunidad y hacer modificaciones legislativas apegadas a los estándares internacionales.
Recordó que el 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, normatividad que obliga a todos los Estados miembros de la ONU a garantizar la seguridad de sus gobernados.
Ese acuerdo también reconoce “el derecho de todas las personas afectadas por una desaparición forzada a conocer la verdad sobre las circunstancias de este delito, los avances y resultados de la investigación, así como la suerte o el paradero de la persona desaparecida”.
Sin mencionar casos específicos o países, el GTDFI destacó haber recibido información de “desapariciones por cortos periodos de tiempo”, referidas a aquellas en las que las víctimas “son llevadas a lugares desconocidos o clandestinos de detención, fuera de la protección de la ley, antes de ser liberadas semanas o meses después; inclusive en algunas ocasiones luego de haber sido torturadas y sin haber sido puestas a disposición de un juez u otra autoridad civil”.
Luego de exhortar a los gobiernos a “seguir promoviendo y otorgando plenos efectos a la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, el grupo de expertos de la ONU consideró que la definición de este delito como “autónomo e independiente, (…) distinto a actos similares como el secuestro, es una medida efectiva en la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”.
Manifestó, asimismo, su disposición en apoyar a los Estados que deseen incluir la desaparición forzada en sus códigos penales de acuerdo con los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos.
En marzo pasado, el GTDFI hizo una visita de trabajo en México y alertó sobre un “deterioro de la situación de desaparición forzada” en el país, al observar un incremento del ilícito.
En esa visita, realizada del 18 al 31 de marzo, organismos no gubernamentales informaron al Grupo de Trabajo que, a partir de 2006, al iniciar la guerra contra el narcotráfico, contabilizaron unas 3 mil desapariciones forzadas.
Rechazan ley de seguridad
En Jalapa, Veracruz, los activistas Ramiro Díaz Baltasar y Braulio Morales Pascual denunciaron que en los casi cinco años del gobierno de Felipe Calderón se han registrado unas 5 mil desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales, entre ellas las de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez.
Esta cifra, aclaró Díaz Baltasar en rueda de prensa, incluye los casos de levantones y desapariciones producidas en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, advirtió el también dirigente del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), el gobierno busca enmarcar estos casos en el combate al narcotráfico, “cuando en realidad se trata de una estrategia para criminalizar y desaparecer a luchadores sociales y activistas”.
Es por ello que los representantes del FDOMEZ expresaron su rechazo a la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, al considerar que con su aprobación se legalizaría la militarización del país
En tanto Amnistía Internacional (AI) resaltó que desde hace 30 años ha documentado cientos de casos de este delito en el mundo.
En cuanto a México, AI denunció “un aumento en los informes de desapariciones a manos de las Fuerzas Armadas en el contexto de operativos para combatir el crimen organizado”.
Consideró que mientras “los abusos a los derechos humanos no sean llevados a la justicia y castigados, es probable que esos abusos vuelvan a cometerse”. (Con información de Regina Martínez)