2 de septiembre de 2011

LAS REDES SOCIALES Y EL TERRORISMO

Uriel Flores Aguayo
De manera sorpresiva y abrumadora las redes sociales cibernéticas, prácticamente sin control alguno, se instalaron entre nosotros, inaugurando novedosos fenómenos de comunicación en México. Sobre todo los sistemas facebook, surgido en febrero del 2004, y twiter, surgido en julio del 2006, que por su inmediatez han crecido en forma acelerada en el mundo y en nuestro país. A nivel internacional el primero ya anda en 600 millones de usuarios, mientras que el segundo supera los 300 millones, ambos con datos de mayo del 2011. En México, facebook anda en 18 millones de usuarios en tanto que twiter hace un año ya tenía un millón de usuarios. Por cierto, Xalapa, se encuentra entre las 7 ciudades con mayor porcentaje de usuarios del país.

En los últimos meses estas redes han jugado un papel muy importante en las movilizaciones y protestas en los países árabes y europeos, en lo que ha significado un factor nuevo en las convocatorias sociales; en México, en cambio, el uso dominante es el de las relaciones personales y algo de exhibicionismo. Es muy insipiente y poco notable la utilización de las redes para la movilización social. Por supuesto que estamos ante un poderoso medio de expresión que, en algunos casos, ya empieza a emplearse como espacio de crítica a las elites; ese efecto ya empieza a llegar a gobernantes y periodistas.

En Veracruz se presenta un caso especial, la consignación de dos personas acusados de terrorismo cibernético. Vale la pena una reflexión: estamos ante hechos inéditos, por lo tanto es muy complejo definirlos y, en caso de que constituyan delitos, sancionarlos. Sin referentes en el país y el mundo habrá que crear las explicaciones, las guías, los códigos y las actuaciones de las autoridades y la sociedad. Por supuesto que lo que pasó hace unos días en el puerto de Veracruz es sumamente grave, pudiendo haber tenido consecuencias fatales los rumores y las mentiras esparcidas por las personas señaladas. Estamos ante la clásica disyuntiva del dolo o el error. Para broma resultó demasiado nociva, la sensibilidad que nos acompaña no admite jueguitos de esa naturaleza; si hubo dolo, se puede demostrar y está tipificado penalmente, se debe sancionar ejemplarmente.

La guerra loca de Calderón trajo muertes, ya andamos por 50 mil cadáveres, y un ambiente nacional de zozobra. Estamos en medio de una guerra de balazos pero también de impactos sicológicos. Es obvio que las mafias, las del narcotráfico y las de cuello blanco, pretenden atemorizar a la sociedad, les conviene un escenario con una ciudadanía débil o vencida. En ese contexto el comportamiento de los usuarios de las redes sociales debe regirse por un alto sentido de la responsabilidad, en este caso para evitar ser” tontos útiles” o cómplices de la delincuencia organizada.

Lo novedoso de estas redes plantea un reto de gran envergadura a las instituciones y a la sociedad, que deberán reflexionar y trabajar sobre esta materia para que se usen positivamente. En la guerra loca de Calderón, la mayoría de los medios de comunicación se han comportado con frivolidad, pretendiéndose héroes o negociantes, sin establecer códigos mínimos de conducta que los acerquen a la información de verdad y los alejen del amarillismo que espantan y sirve de eco a los criminales.

Como tantos otros, en este tema de las redes sociales se ve la necesidad de que maduremos como sociedad, en el sentido de desarrollar un mayor nivel de identidad y de fortaleza colectiva, donde haya mucha solidaridad y gran participación ciudadana. El que la haga que la pague pero que no paguen justos o tontos por pecadores.

Recadito: en el laberinto de su mitomanía el trastupijes se consulta solo.

Son 100 mdp sin solventar por Juan Antonio Lavín Torres, exmunicipe de Còrdoba, Veracruz

JUAN ANTONIO LAVIN TORRES, A SU DERECHA MARTHA CUICAHUA Y POR SU IZQUIERDA VICENTE MONTIEL
Felipe Villanueva.


CÓRDOBA VER.- La bancada panista en el Congreso del Estado, dijo estar de acuerdo que sean castigados los alcaldes que cometieron irregularidades, incluso ex funcionarios panistas, pero también exigirán que la ley de aplique parejo, ya que existen servidores públicos estatales en funciones que son ex alcaldes y que también cometieron delitos ya comprobados, los cuales pertenecen al Partido Revolucionario Institucional .

Los políticos del blanquiazul encabezados por Germán Yescas Aguilar quien es integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso, insistieron en que Mauricio Audirac, titular del Órgano de Fiscalización Superior ORFIS, de a conocer la lista de los ex alcaldes que cometieron irregularidades en la cuenta pública del 2009 y se aplique el peso de la ley; y es que en la lista de quienes cometieron delitos en sus administraciones, mencionan a Marcelo Montiel, quien fungió como alcalde Coatzacoalcos, en Minatitlán con Guadalupe Porras, entre otros más como el ex alcalde de Córdoba, Juan Antonio Lavín Torres , quien tuvo un promedio de 141 observaciones de las cuales sólo pudo solventar tres de estas, detectadas por la Comisión Especial.

Más claro, son 100 millones de pesos que aún no son justificados y que provinieron del ramo 033 y del programa "Peso a Peso"; en este rubro existen presuntas solventaciones por 35 millones de pesos con aportaciones a la Cruz Roja y Asociaciones Civiles.

Como ya se había dicho por el diputado Juan Carlos Castro Pérez , ya se han presentado otras inconsistencias de la administración 2008-2010. De los recursos del ramo 033 se utilizaron al gasto corriente lo cual no es permitido, mientras que el programa Peso a Peso, constataron que no existen las obras que fueron aprobadas por el congreso del Estado, y la única explicación para solventar por el ex munícipe, es que también este dinero se usó en el gasto corriente.

Para el ex alcalde existe un plazo legal para solventar este tipo de observaciones, pero en el caso de no hacerlo, deberá responder ante las autoridades mediante un proceso penal, a menos de que confíe en que en el Congreso del Estado existe una mayoría de diputados priistas, incluida su esposa Paulina Munguira.

Y es que no sólo se trata de las observaciones del ORFIS para este ex munícipe, sino además enfrenta la denuncia presentada por Sergio Vaca Betancourt ante la Fiscalía de la Federación en Córdoba en donde firman ex diputados, al acusarlo de haber desviado tres millones de pesos, por la supuesta compra de un predio en la comunidad Ojo de Agua, terreno que habría sido donado por ejidatarios, pero que al final fue descubierto.


El Baldón: Múltiple

Por José Miguel Cobián
Múltiple porque comentaremos varios temas… El primero, una carta enviada desde el sur de este país, sobre el hermanito del presidente municipal panista de Monterrey, ese que los panistas del país defienden a capa y espada, en lugar de reconocer que el gris rata es su color favorito: ¨Estimado Contador me permito comentarte lo siguiente: Lo que estamos viendo en la prensa nacional orienta a los Contadores del Sur, ( los que en mayoría no estudiamos en la de Paga) que tienen en el norte del País un mercado de trabajo promisorio, te lo comento porque nos estamos enterando por lo que dice el defensor del Hermano del presidente Municipal de Monterrey, que los fajos en efectivo que recibía el susodicho hermano eran en pago de la venta de queso y mezcal, yo creo que hasta un "Chalan" de auditoría le hubiera hecho la observación que eso le causa un impuesto por depósitos en efectivo que excedan del monto y periodo que marca la ley, pero eso sería lo de menos, como "se arriesgó" a andar en la calle con la inseguridad que existe,

cargando dinero en efectivo. No cabe duda que le tiene confianza a la administración de su hermano en la seguridad que proporciona a los "vende quesos y mezcal"

Saludos y por allá buscaré la oportunidad de saludarte. Ramón.¨

Tiene razón Ramón. El cobro en efectivo le va a causar problemas al hermanito, y el pago en efectivo le causa problemas al casino. Burrada de explicación, con la bendición y protección del PAN nacional. Qué vergüenza que hoy el PAN defienda pillos.

El segundo comentario es el linchamiento mediático de Javier Duarte por parte de los twitteros del país, que no acaban de entender que quien acusa a Maruchi y a Gilberto de terrorismo es el gobierno del estado, porque enviaron cerca de 15 twitters cada uno con información alarmante que generó todo el pánico de la semana pasada, pero es un juez el que los sentencia. Quizá es dura la aplicación de la ley, pero eso hace falta en el país. Y si alguien duda del daño que hicieron, nada más recordemos lo que pasó en la región de Córdoba con chismes parecidos, y el sufrimiento de las madres y padres en Córdoba –en aquéllos días- y en Veracruz la semana pasada, por la actitud de desestabilizar a una ciudad. Adicionalmente hay que considerar los daños a la economía local, los choques y daños en propiedad ajena, y la baja de productividad, cuando menos. Coincido con los twitteros en que no sólo esos delitos hay que perseguir sino todos los demás, pues es queja recurrente que detuvieron a los dos twitteros en un día, pero a los del granadazo en el acuario todavía no.

El tercer comentario es sobre la efectividad de la policía en Monterrey. De inmediato atraparon a los incendiarios, como si sus jefes los hubieran castigado y puesto a disposición de la autoridad, aunque nos dijeron que fue por una huella digital de un güey. Falta meter a la cárcel a la mera mera de protección civil nacional, y a los de protección civil municipal, y a los que se corrompieron, y a los protegidos del líder nacional del PAN que recibieron la concesión y no cumplieron con las normas de tener abiertas las salidas de emergencia. Y a los empleados que sacaron el dinero del casino, en lugar de sacar a los clientes, y tantos y tantos más. En todo el país hay que combatir la corrupción y la impunidad, algo que a Calderón se le ha olvidado, y por ello a todos los órganos inferiores de gobierno.

Que porquería la reunión que organizó el ayuntamiento de Córdoba sobre seguridad. Expositores de buena fe pero a modo, salvo honrosas excepciones, y absoluta privación de libertad para hablar del resto de los presentes. No hubo temas trascendentes, funcionarios repitieron lo que todo mundo sabe, y no se aportaron ideas, ni hubo compromisos de fondo. Hicieron venir a Arturo Bermúdez a perder el tiempo, igual que lo perdimos los que asistimos. Está bien que no debía ser un foro de quejas, pero no se vale que inviten a la población y no se pueda hablar, porque no se cuenta con la venia del presidente municipal. Recordemos que Córdoba no es propiedad del alcalde en turno, es de todos los cordobeses. Lástima el haber perdido la oportunidad de realizar un buen evento, y haberlo convertido en una comparsa para nota y fotos en la prensa, pero sin un resultado concreto.

@jmcmex 

Cierran avenidas en Córdoba; exigen ayuda para localizar a maestro

Aproximadamente 100 personas las que se plantaron frente a Palacio Muncipal y luego tomar algunas avenidas para exigir ayuda para encontrar
Escrito por Isabel Morales/ElGolfo.Info
Córdoba, Ver.- Unas cien personas, entre maestros y familiares, iniciaron un plantón frente al Palacio Municipal y algunas avenidas importantes de Córdoba para exigir a las autoridades ministeriales ayuden a localizar a profesor Miguel Martínez Morales, quien desapareció el pasado miércoles.

Según los familiares, el catedrático fue visto por última vez el pasado 31 de agosto luego de un enfrentamiento entre policías municipales de Yanga y presuntos delincuentes.

"Martínez Morales viajaba en la camioneta Ford Ranger, misma que fue asegurada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pues en ella viajaban los dos delincuentes que se enfrentaron contra los municipales. Queremos que busquen a Miguel Martínez Morales quien es profesor ya no fue visto desde el lugar de los hechos, cuando a decir de ellos, viajaba en la camioneta donde fue detenida una persona. Exigimos justicia", señaló una persona.

Los inconformes dijeron que no se moverán hasta que no sea hallado el maestro, por lo que piden apoyo a las autoridades de seguridad.

Pronunciamiento de Reporteros sin Fronteras sobre los twitteros de Veracruz

(LA LIBERTAD DE EXPRESION NO ES TERRORISMO SR. SECRETARIO DE GOBIERNO, GERARDO BUGANZA SALMERON...) MARTIN MARTINEZ SOSOL
Dos usuarios de redes sociales, detenidos y acusados de “terrorismo” y “sabotaje”
Por haber difundido mensajes vía Twitter y Facebook sobre posibles ataques del crimen organizado, dos usuarios de estas redes sociales se encuentran detenidos desde el 25 de agosto de 2011 en Jalapa, en el estado de Veracruz (este). Acusados formalmente de “terrorismo” y “sabotaje”, Gilberto Martínez Vera, de 35 años de edad, y María de Jesús Bravo Pagola, de 34 años, corren el riesgo de purgar una pena de 30 años de prisión, pagar una multa de 750 días de salario, así como de la suspensión de sus derechos políticos durante cinco años.

"Esta inculpación es delirante, pese a la imprudencia de algunos mensajes difundidos por los acusados. Pedimos que Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola sean puestos en libertad de forma inmediata. Según el Código Penal del Estado de Veracruz, la prisión preventiva es una medida excepcional, factible sólo en caso de que exista información sobre la presunta responsabilidad de los inculpados en tales actos. Ante la ausencia de pruebas sobre su intención de ‘perturbar la paz pública’, ‘menoscabar la autoridad del Estado’ o ‘trastornar gravemente la vida económica o cultural del Estado’, los dos twitteros no tienen nada qué hacer en prisión. Asimismo, la censura va acompañada de un abuso de autoridad”, declaró Reporteros sin Fronteras.

"Incluso si la información difundida por estas dos personas pudiera parecer dudosa o exagerada, procesar a los usuarios de redes sociales por actos de terrorismo constituye un exceso procesal”, agregó la organización. Por otra parte, el estado de la libertad de informar en Veracruz es cada vez más alarmante. A los numerosos casos de intimidación y amenazas se suma el hecho de que desde el inicio del año han sido asesinatos tres periodistas en el territorio: Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco y Noel López Olguín (http://es.rsf.org/mexico-con-el-asesinato-de-una-periodista-27-07-2011,40703.html)

El 25 de agosto de 2011 Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola difundieron alertas sobre posibles ataques contra una escuela de Veracruz. Ese mismo día fueron arrestados, después de que la policía identificara sus cuentas. El 27 de agosto pasado el Ministerio Público del Estado de Veracruz señaló en un comunicado oficial que los detenidos “tenían la intención de provocar perturbaciones en la vida social, económica y educativa del estado”, así como “reacciones de angustia y temor entre los padres”. Acusación confirmada con la decisión tomada el 1 de septiembre. Otros quince usuarios de redes sociales también fueron objeto de una investigación.

Según información del Grupo Fórmula, durante el interrogatorio los dos detenidos habrían padecido presión psicológica para obligarlos a que se declararan culpables (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=194190). No habrían tenido acceso a un abogado durante más de sesenta horas. Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola se declararon inocentes y denunciaron haber recibido malos tratos por parte de las autoridades.

Este episodio ilustra un poco más la fisura del Estado de Derecho a medida que se infla el balance humano de la ofensiva federal contra el narcotráfico, que ha dejado mas de 45.000 muertes desde diciembre de 2006 (http://es.rsf.org/mexique-campana-basta-de-sangre-no-sangre-11-02-2011,39527.html).

Mexique

Deux utilisateurs de réseaux sociaux détenus et poursuivis pour "terrorisme" et "sabotage"

Pour avoir diffusé des messages sur de possibles attaques du crime organisé via Twitter et Facebook, deux utilisateurs de ces réseaux sociaux sont détenus depuis le 25 août 2011, à Xalapa, dans l’Etat de Veracruz (Est). Formellement accusés de "terrorisme" et de "sabotage", Gilberto Martínez Vera, 35 ans, et María de Jesús Bravo Pagola, 34 ans, risquent de trois à trente ans de prison assortis d’une amende de 750 jours de salaire et la suspension de leurs droits politiques pendant cinq ans.

"Cette inculpation est délirante malgré l’imprudence de certains messages postés par les accusés. Nous demandons la libération immédiate de Gilberto Martínez Vera et María de Jesús Bravo Pagola. Selon le code pénal de l’État de Veracruz, la détention préventive est une mesure exceptionnelle, envisageable seulement s’il existe une information quant à la responsabilité présumé des inculpés dans de tels actes. En l’absence de preuve de leur intention de ‘perturber la paix publique’, ‘affaiblir l’autorité de l’État’ ou ‘troubler gravement la vie économique ou culturelle de l’État’, les deux usagers de twitters n’ont rien à faire en prison. La censure se conjugue ici à l’abus d’autorité", a déclaré Reporters sans frontières.
"Même si l’information diffusée par ces deux personnes a pu sembler douteuse voire exagéré, poursuivre des utilisateurs des réseaux sociaux pour des actes de terrorisme constitue un excès procédurier", a ajouté l’organisation. L’état de la liberté d’informer dans l’État de Veracruz est d’ailleurs de plus en plus alarmant. Outre de nombreux cas d’intimidation et menaces, le territoire compte à lui seul trois journalistes assassinés depuis le début de l’année : Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco et Noel López Olguín (http://fr.rsf.org/mexique-avec-l-assassinat-d-une-27-07-2011,40702.html).

Gilberto Martínez Vera et María de Jesús Bravo Pagola ont diffusé, le 25 août 2011, des alertes sur de possibles attaques contre une école de Veracruz. Ils ont été arrêtés le jour même, après identification de leurs comptes par la police. Le ministère public de l’État a déclaré, le 27 août dernier, dans un communiqué officiel, que les détenus "avaient l'intention de provoquer des troubles à la vie sociale, économique et éducative de l'État" ainsi que des "réactions d'angoisse et la crainte chez les parents". Accusation confirmée avec la décision du 1er septembre. Quinze autres utilisateurs de réseaux sociaux font également l’objet d’une enquête.

D’après une information de l’agence de presse Grupo Formula, les deux détenus auraient suivi des pressions psychologiques pendant l’interrogatoire pour les obliger à plaider coupable (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=194190). Ils n’auraient pas eu accès à un avocat pendant plus de soixante heures. Gilberto Martínez Vera et María de Jesús Bravo Pagola se sont déclarés innocents et auraient dénoncé des mauvaises traitements de la part des autorités.

Cet épisode illustre un peu plus la faillite de tout état de droit à mesure qu’enfle le bilan humain de l’offensive fédérale contre le narcotrafic, qui a fait plus de 45 000 morts depuis décembre 2006 (http://fr.rsf.org/mexique-campagne-basta-de-sangre-no-sangre-11-02-2011,39536.html).

Casinos, vías libre para el lavado de dinero

Nunca antes como en los gobiernos panistas floreció la industria de juegos y sorteos, legales e ilegales. El Congreso de la Unión, el gobierno federal y el sector turístico, legisladores, funcionarios y empresarios analizaron durante muchos años las repercusiones de permitir esta actividad, y en gobiernos del PRI siempre concluyeron que esta actividad estaba ligada al crimen organizado, al tráfico de drogas, la prostitución y al lavado de dinero sucio. Sobre esto último se discutió su gran vulnerabilidad ante la participación del blanqueo de capitales, como la forma de financiamiento de todo tipo de crímenes. Se pidió que los centros de apuestas y sorteos se instalaran lejos de centros de trabajo; se advirtió sobre el riesgo de generar problemas sociales y sicológicos como la ludopatía y de otros problemas como prostitución, trafico de mujeres y consumo de estupefacientes. En fin, sobre los juegos y sorteos, sobre la operación de casinos, se revisaron una y otra vez las amenazas relacionadas con la operación de una actividad económica que en otros países, incluido EU, genera miles de millones de dólares en inversiones y utilidades, además de generar empleos lícitos e ilícitos bien remunerados, que ayud economía mexicana.

Fue así, con argumentos a favor y en contra, cómo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se autorizaron y promovieron los “casinos” en México, sin importar que esta actividad está concentrada mundialmente en los casinos de Las Vegas y Mónaco, mientras que en México prácticamente no ha sido un negocio lícito redituable, pero para el crimen organizado ha sido una máscara que le permite lavar millones de dólares, ante la anuencia del gobierno del PAN. Por qué creerle entonces a Felipe Calderón de su “buena” intención de combatir al crimen organizado si promueve los casinos. Una prueba más de su falacia.

En realidad, se trata de centros de juegos y apuestas en donde el 90 por ciento de las actividades de entretenimiento se realizan a través de máquinas tragamonedas, en donde el gasto promedio de los visitantes a estos establecimientos es de 600 dólares, según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC).

El problema ha sido, sin embargo, que el otorgamiento de permisos se convirtió en moneda de cambio y pago de favores políticos. De esto sabe muchos el precandidato presidencial panista Santiago Creel Miranda, quien como titular de Gobernación en el sexenio foxista otorgó el mayor número de permisos de casas de apuestas.

Algo parecido a muchos contratos que se otorgan en Pemex a contratistas improvisados. Al final, estas historias se convierten en fracasos y problemas para los contribuyentes. En la Secretaría de Gobernación se otorgan los permisos, se recuerdan las obligaciones de la contraprestación (que genera impuestos por más de 400 millones de dólares) y, al final, se aplican las sanciones o revocaciones correspondientes. viciarse de origen y en muchos casos someterse a prácticas de corrupción. Después, en los tribunales se logran amparos en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo y se refuerza, en muchas ocasiones, la corrupción que permite la operación de establecimientos que incumplen las disposiciones de la Secretaría de Gobernación. Los jueces no podían quedar fuera tan rentable negocio de corrupción.
 
Posible metástasis

Además de estos problemas de origen, los casinos en México también han registrado la metástasis en su operación generada por el crimen organizado, la presencia del dinero sucio y sobre todo la descomposición social. La APJSA advirtió desde el año pasado, en el marco del análisis legislativo para aprobar la Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, que los casinos “ilegales” eran altamente vulnerables a todos los males que se les atribuía antes de autorizar su operación. Pero yo diría que no sólo los ilegales, también los legales.

La APJSA que representa intereses como los de la española Codere, CIE (Administradora Mexicana de Hipódromo), Televisa, Caliente de la familia Hank con más de ocho empresas permisionarias, entre otros como Promociones e Inversiones de Guerrero, dijo en voz alta que la industria del juego enfrentaba problemas derivados de la ilegalidad y de la informalidad. Denunció, de esta forma, el crecimiento del juego ilegal. Hay indicios, dijo, de la participación de recursos de procedencia ilícita en las salas de juego ilegal, que operan fundamentalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, en donde operaba el Casino Royale, cuyo permiso se otorgó a Ramón Aguirre Velázquez, aquel viejo político priista que llegó a ocupar la regencia del gobierno capitalino y de quien se cuentan negras historias.

El año pasado, en la Procuraduría General de la República, empresarios de este sector a través de la APJSAC interpusieron al menos 30 denuncias contra los establecimientos ilegales que había identificado. Sin embargo, aunque la PGR ha logrado clausurar algunos de estos casinos, se confirmaba que en pocos días volvían a operar sin mayor trámite, ante la pasividad de la Segob, aseguraron representantes de dicha asociación. Ese círculo vicioso orilló a la APJSAC a presentar nuevas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra los funcionarios que no estaban actuando diligentemente para frenar este problema.

Políticos y casinos

En la revista Contralínea, Zósimo Camacho escribió cómo panistas y priístas han sido los beneficiarios de la operación de negocios como Casino Royale, donde murieron más de 52 personas luego de que el inmueble fuera atacado e incendiado por un comando armado el pasado 25 de agosto. El centro de apuestas -que operaba en la ciudad de Monterrey sin los permisos del municipio, pero con la “autorización” de un juez del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo - era administrado por Cymsa Corporation y Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV.

Aunque Cymsa es la inversionista, las “concesiones” son de Atracciones y Emociones Vallarta, las cuales datan de 1992. Hasta la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, la empresa era la que contaba con más autorizaciones (14) por parte de la Secretaría de Gobernación, sólo detrás del Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon.

Vicente Fox, en la Presidencia, y Santiago Creel, en la Secretaría de Gobernación, entregaron cientos de nuevos permisos en 2005 a debutantes inversionistas del ramo, entre los que se encuentra Televisa. Atracciones y Emociones Vallarta era propiedad de Ramón Aguirre Velázquez, quien fuera regente del Departamento del Distrito Federal de 1982 a 1988. Las concesiones para operar casas de apuestas fueron consideradas “premio de consolación”, luego de la primera “concertacesión” entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en 1991: el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari habría negociado con Diego Fernández de Cevallos el reconocimiento del triunfo de Carlos Medina Plascencia en las elecciones estatales de Guanajuato y la derrota del propio Aguirre Velázquez. A cambio, el exregente de la ciudad de México se convirtió en próspero empresario del juego.

Ya en manos de Rodrigo Aguirre Vizzuet, hijo de Ramón Aguirre Velázquez, Atracciones y Emociones Vallarta se asoció con la familia Madero. Se trata de primos del exalcalde panista de Monterrey Adalberto Madero Quiroga. Según declaraciones de Aguirre Vizzuet al diario El Norte, la familia Madero terminó por quedarse con la administración y mayoría de acciones de Atracciones y Emociones Vallarta.

Además de las familias Madero y Aguirre Velázquez, las dinastías Hank, Riva Palacio y Guardia, así como el Corporativo CIE, son las beneficiarias de las concesiones para centros de apuestas y sorteos desde la época del priísmo. Los panistas no sólo han renovado sus permisos, sino que han entregado cientos de nuevas autorizaciones y con su doble moral promueven las apuestas y sorteos.
 

RSF condena la "escalada interminable de terror" contra la prensa en México

Reporteros Sin Fronteras condenó hoy la "escalada interminable de terror" contra la prensa en México, avivada por el reciente asesinato de dos periodistas en ese país, donde unos 80 reporteros han muerto desde el año 2000.
Los cuerpos desnudos y con un disparo cada uno de Marcela Yarce, de la revista Contralínea, y Rocío González Trápaga, quien trabajó varios años para la cadena Televisa, fueron descubiertos el jueves en un parque en el sureste de la capital mexicana.
 
En un comunicado, RSF denunció que "México es uno de los países más peligrosos del mundo para la profesión y el más mortífero del continente" y lamentó que la autocensura o el exilio sean "cada vez más" las opciones de los profesionales de los medios allí.
 
"¿La prensa puede esperar sobrevivir allí?", se preguntó RSF, que recordó que las autoridades todavía no han puesto en marcha los mecanismos de seguridad para periodistas firmados hace cerca de un año.
 
La organización añadió que esa última tragedia "incrementa aún más el sentimiento de terror que inspira la situación mexicana desde el despliegue, en diciembre de 2006, de la ofensiva federal contra el narcotráfico", cuyo balance, según sus datos, se eleva en la actualidad a 50.000 muertos.

Sobre los dos últimos asesinatos, RSF indicó que el móvil de ese doble homicidio "queda por esclarecer" y pidió ser informada de manera regular por las autoridades de los resultados de la investigación.