LAS FUERZAS FEDERALES TOMAN EL CONTROL DE LA POLICIA Y TRANSPORTE EN VERACRUZ PUERTO Y BOCA DEL RIO

Desde el portal En el puerto de Veracruz y en el municipio conurbado de Boca del Río oficiales de la Armada de México asumieron el control de la policía municipal y del transporte como parte del programa de combate a la delincuencia organizada en esa zona del país, una de las más golpeadas por la violencia.

Política Nacional
Ángel Soriano

La medida puede ser efectiva ante el alarmante grado de corrupción de las diferentes corporaciones policiacas de todo el país y de todos los niveles, pero el riesgo es que la contaminación invada a instituciones respetables como la Marina y el Ejército en quienes todavía confiamos los mexicanos, y que es el último recurso para sanear la vida nacional.

Otro riesgo es que, por encima de la autonomía municipal y la soberanía de los estados, las fuerzas federales pronto tenga el mando nacional, y de esa manera avance el centralismo en detrimento de la clara división de poderes por las que durante tantos años se ha luchado en México.

Indudablemente que todas las medidas que se asuman con el objeto de garantizar la seguridad de la sociedad son bienvenidas, pero habrá que cuidar que con ese pretexto no se invadan funciones y se limiten derechos ciudadanos y pronto la sociedad esté controlada desde la ciudad de México, en donde se tenga que consultar para nombrar mandos policiacos.

Los oficiales de alto rango de la secretaría de Marina puestos en mandos policiacos de dos importantes municipios del estado de Veracruz cuentan con una trayectoria intachable, se ha dicho, y son garantía de honestidad y de eficiencia, en comparación con los destituidos jefes policiacos, coludidos con toda suerte de rufianes que merodean el puerto jarocho.

Estamos ante dos hechos fundamentales: si la seguridad nacional debe descansar en las instituciones federales, o los gobiernos estatales y municipales asumen con responsabilidad su función de gobernar de acuerdo con la Ley, sin la intromisión de otros poderes, porque todo parece indicar que, ni el gobierno estatal ni el municipal tienen capacidad para gobernar sus territorios; para eso los ciudadanos no los eligieron.

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RESPONSABILIZAN A PRI DE PROYECTO EN ISLA BLANCA, LIGADO A PEÑA NIETO

Alicia Ricalde, ex presidenta municipal de Isla Mujeres donde se construye el proyecto Soto Lindo, se deslinda del tema.

La panista Alicia Ricalde documenta que los cambios en uso de suelo que permitirán operar un negocio turístico multimillonario en Isla Mujeres se realizaron durante el gobierno de su antecesora en el cabildo, Manuela Godoy.

Por Juan Manuel Coronel * / Luces del Siglo (*)

Se autoriza reproducción con crédito a la revista y autor

Cancún, Q. Roo., a 24 de enero de 2012

Durante el trienio de la priísta Manuela Godoy González como presidenta municipal de Isla Mujeres, se aprobaron modificaciones a los lineamientos ambientales y a los programas de desarrollo en la zona continental, con los cuales se abrió la puerta para que en el territorio de Isla Blanca se desarrolle el proyecto multimillonario Soto Lindo, en el que presuntamente tiene intereses el precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

Ahora, Alicia Ricalde, ex presidenta municipal de la isla se deslinda de los cambios en el uso de suelo del área de 221.53 hectáreas, donde se creará un centro turístico de mil 400 millones de dólares con 25 mil cuartos de hotel. Esto después de que el semanario Proceso publicara una investigación que acusa a la panista de permitir este negocio a empresarios ligados al priísmo del aspirante del tricolor a Los Pinos, Enrique Peña Nieto.

 

“La razón por la que soy citada en la investigación es por un mero error, me confundieron con Manuela Godoy… Tengo a todo mi Cabildo para demostrar que yo no tuve que ver en el manejo de esos terrenos, e independiente de la telenovela que cuentan con actores del PRI, la responsable es Manuela Godoy”, detalla la precandidata a una diputación federal por el PAN.

 

De acuerdo al Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 9 de abril del 2008, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres (POEL) se publicó un día antes de que Alicia Ricalde tomara protesta como alcalde. Previamente, en el 2007, se aprobó el Plan de Desarrollo Urbano de la Península (PDU). Estos dos programas fueron las herramientas, urbanas y ambientales que permitieron la creación del proyecto.

 

Proceso detalla que la trama de los terrenos en Isla Mujeres comienza cuando el ex gobernador Mario Villanueva Madrid vende 19 hectáreas de su propiedad en Isla Blanca por 169 millones de pesos a Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez, quien es compadre y amigo del aspirante presidencial priísta Enrique Peña Nieto.

 

“Este proyecto es posible porque todo está en manos de particulares, ahí no hay tierra del municipio y no se cometió ninguna irregularidad”, explica la panista, y agrega que ella no tenía atribuciones para cambiar el POEL y el PDU aprobados en la anterior administración, pues tenían un candado de dos años. Aun así, Alicia Ricalde está a favor del centro turístico aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Materiales (Semarnart ) y asegura que la depredación al ecosistema será mínima.

 

En estos momentos se están esperando las solicitudes para las licencias de construcción para que el desarrollo se lleve a cabo y el gobierno del municipio invita a las organizaciones ambientales para que acudan a los canales jurídicos o impongan una denuncia.

 

Web de la revista Luces del Siglo: http://www.lucesdelsiglo.net/

POR LLEGADA DE JAVIER DUARTE, SUSPENDEN CLASES EN LA ANTORCHA…

Por la mañana de este martes 24 de enero fueron suspendidas las clases en la escuela primaria Emiliano Zapata, telesecundaria 1 de mayo, Cobaev 46 y algunos preescolares, planteles que se asientan en la colonia Antorchista.

La organización Antorchista exigió la presencia en citado evento a los alumnos y docentes a estar presentes en la inauguración de la obra de un gimnasio de usos múltiples. La Secretaria de Educación Publica no autorizo la suspensión de clases, al parecer todo se debió a la presencia del gobernador, Javier Duarte De Ochoa en ese lugar.

En el evento de inauguración del gimnasio, los alumnos y maestros de esos planteles mencionados fueron utilizados como porristas, que aplaudieron a los funcionarios estatales y locales.

Mediocre papel de los educandos y educadores, ser carne de cañón de eventos políticos que es utilizada como pasarela de los aspirantes y políticos pueblerinos. Pero seguimos como siempre (como en los viejos tiempos priistas) viendo el autoritarismo de una organización que sirve al poder y que impone su potestad en las colonias de la reserva territorial, violando constantemente la ley.

Buen trabajo de Javier Duarte De Ochoa, pero esas organizaciones deberían de cuidar las formalidades y no pisotear la ley…

SE MANIFIESTAN MILITANTES DEL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO ANTE EL GOBERNADOR Y SOLICITAN AUDIENCIA

JAVIER DUARTE DE OCHOA, SALUDANDO

MANTA DEL FPR EXIJIENDO LA PRESENTACION DE GABRIEL GOMEZ CAÑAS

JAVIER DUARTE, INAUGURANDO LAS OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA

Aprovechando el arribo del Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, que llego aproximadamente a las 12:30 horas a inaugurar las oficinas de atención ciudadana, ubicadas por el rumbo de la Colonia Santa Cruz Buena Vista, un nutrido grupo de miembros del Frente Popular Revolucionario, encabezados por Andrés Gómez Ojeda, se manifestaron en el evento. Con una manta desplegada que decía: “exigimos la pronta aparición de Gabriel Gómez Cañas” y dos cartulinas que decían: “Señor gobernador solicitamos audiencia” fueron atendidos por Jesús Moreno, secretario particular del gobernador; agendàndoles una reunión para el próximo miércoles 1 de febrero.

Los manifestantes hicieron entrega de un escrito en donde expresan los puntos que solicitan tratar con el gobernador del estado. El primer asunto es relacionado con la situación prevaleciente con los vendedores ambulantes de esta ciudad, el segundo punto es la solicitud para regularizar los terrenos en ampliación jardines del sur, electrificación y puente en la colonia Heberto castillo Martínez. Así también el tercer punto solicitan que se agilicen las pesquisas de la investigación ministerial numero 399/2011, denuncia presentada en el ministerio publico de Orizaba por la desaparición de Gabriel Gómez Cañas. La desaparición ocurrió el viernes 25 de marzo del 2011 salió de un plantón aproximadamente a las 11:30 de la noche, instalado en el parque Apolinar Castillo de Orizaba, Veracruz, y no se ha vuelto a saber de él.

Una vez que su escrito fue recibido, bajaron la manta y las cartulinas y se retiraron del lugar.

Los miembros del Frente Popular Revolucionario expresaron que era necesario manifestarse de esta manera, debido a que les dan largas en sus asuntos y los funcionarios menores desde hace un año han solicitado audiencia por escrito y hasta el día de hoy no ha habido una respuesta.

Sobre la Reserva territorial, Guadalupe Ibáñez González, miembro del colectivo de esta organización manifestó que su organización es marginada, apoyando solo a las organizaciones oficialistas como a la Antorchista y cardenista, y finalizo diciendo que en Córdoba siguen intimidando a los vendedores ambulantes y solicitan que el ayuntamiento les reconozca dentro del padrón a la asociación civil que se denomina: Unión de Vendedores Ambulantes y Comerciantes de Veracruz, A.C.

Comision de Prensa del Frente Popular Revolucionario

En México, militares violan derechos y gozan de impunidad: HRW

MÉXICO, D.F. (apro).- La tortura y las amenazas de muerte son prácticas comunes utilizadas regularmente por las fuerzas armadas de México contra aquellas personas acusadas de haber cometido algún delito, según el Informe Mundial 2012 de Human Rights Watch (HRW), difundido este domingo.

 

El reporte destaca también que tanto delincuentes como miembros de las fuerzas de seguridad atacan deliberadamente a periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes.

“La tortura continúa representando un problema grave y en general estos hechos se producen en el periodo entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público”, detalla el informe de la organización dedicada a defender los derechos humanos.

 

Agrega que la tortura, que incluye golpizas, la asfixia con bolsas de plástico y por ahogamiento y las descargas eléctricas, es una práctica que se ha perpetuado en México debido a que los jueces aceptan confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos.

 

También porque las autoridades no exigen que se practiquen exámenes médicos para evaluar el estado físico y psicológico de las víctimas y porque la mayoría de los casos de tortura no son investigados, indica HRW.

 

El reporte critica el papel del Ejército en la Estrategia Nacional de Seguridad, implementada por el gobierno de Felipe Calderón en diciembre del 2006 para combatir a la delincuencia organizada.

Destaca que los militares “han cometido graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas”, expone el documento.

 

Al presentar el informe en El Cairo, Egipto, la directora de Comunicación de la organización, Emma Daly, dijo que las fuerzas armadas de México no están bien entrenadas para combatir a la delincuencia organizada y que gozan de impunidad cuando cometen abusos.

“La violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”, señaló Daly.

Aunque no da cifras, el informe indica asimismo que se ha producido “un incremento alarmante de la cantidad de homicidios” por las pugnas entre las diversas agrupaciones del crimen organizado.

 

El reporte también señala que México ha fallado en proteger a grupos vulnerables como periodistas, migrantes y defensores de los derechos humanos.

Explica que esos grupos son blanco de organizaciones criminales y de los cuerpos de seguridad, y que el gobierno del presidente Calderón no les ha brindado las medidas de protección adecuada ni ha realizado las investigaciones por los crímenes en su contra.

http://www.proceso.com.mx/?p=295683

La guerra por el mercado del narcotráfico en México

(CNN) — La traición y el contrabando son cosas incompartidas - Letra de Contrabando y Traición, de Los Tigres del Norte

 

Para entender el combate al narcotráfico hay que aceptar que es imposible hacer un seguimiento de todos sus jugadores. Hay que aceptar que no hay ni buenos ni malos, ni blanco ni negro. Sólo hay gris. Niebla.

 

No obstante, existe consenso entre los expertos sobre cuándo fue declarada esta guerra: a finales del 2004, en ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, a 10 minutos de Laredo, Texas.

 

El cártel de Sinaloa quería esta preciada ruta de contrabando. Cada año, más de 5 millones de automóviles, 1.5 millones de camiones de transporte y 3.8 millones de peatones cruzan aquí de México a Estados Unidos, portando consigo una tonelada de drogas escondidas.

 

En el 2004, Nuevo Laredo estaba controlada por el cártel del Golfo, el cual era tan viejo y tan estilo Corleone como el de Sinaloa.

 

Para ayudar a la defensa de su terruño, el cártel del Golfo contrató a un grupo de exintegrantes de las fuerzas especiales mexicanas, soldados que se hacían llamar Zetas por el código de la policía federal para los oficiales de alto rango: “Z1”.

 

El clan de Sinaloa contrató su propia protección, una banda llamada Los Negros, dirigida por un estadounidense rubio y ojiazul de Laredo. Los seguidores del personaje le decían La Barbie.

 

Los Zetas combatieron a Los Negros con tácticas propias de una fuerza armada de élite. Accionaron armas automáticas, lanzaron granadas comunes y a propulsión. Dispararon entre sí por más de un año. Intervinieron bandas locales. Hubo bajas civiles.

 

Envalentonados por su triunfo en Nuevo Laredo, los Zetas formaron su propio cártel. A medida que fueron tras otros cárteles en todo México, los Zetas se hicieron de reputación por su escalofriante brutalidad. Han sido inculpados por incendiar un casino en el que murieron 52 personas, por matar a 72 inmigrantes en una granja de Tamaulipas en el 2010, por asesinar y arrojar a fosas comunes a mujeres y niños, y por matar a blogueros.

En abril del 2011, los cuerpos de 190 personas, algunos de ellos trabajadores migrantes, fueron encontrados en una fosa común, en el desierto de Tamaulipas.

 

Las autoridades han acusado a los Zetas de hechos violentos, como el lanzamiento de granadas sobre la multitud un 16 de septiembre en Michoacán y también han sido acusados de robar gasolina y atacar ductos de Petróleos Mexicanos. Han causado terror en ciudades que alguna vez parecieron intocables por la violencia, entre ellas el Puerto de Veracruz y Monterrey.

Mientras los Zetas implementaban su terror, aquel rubio ojiazul al comando de Los Negros se enfureció más. Édgar Valdez, una estrella de futbol en una preparatoria de Texas, que se abrió camino en el subterráneo mundo mexicano como traficante de marihuana. En el 2005, el Dallas Morning News informó de un video que mostraba a cuatro hombres ensangrentados atados, presuntamente zetas, interrogados fuera de cámara por un hombre que se cree era Valdez. Una pistola aparece a cuadro, es detonada y uno de los hombres cae. El video se difundió rápidamente. Todo el mundo empezó preguntar qué es lo que realmente pasaba en México.

El periodista Ioan Grillo ha estado en más escenas de crímenes de las que pueda recordar incluye en su nuevo libro, “El Narco: Inside Mexico’s Criminal Insurgency” entrevistas con sicarios, integrantes de pandillas, funcionarios del gobierno y la policía, y con gente personas atrapada en el fuego cruzado.

Grillo repetidamente regresa a una idea. Las guerras suceden porque la gente no puede alimentar a sus familias. Suceden porque grupos de personas se sienten menos, sin derechos, enojados y fracasados. Quieren algo de vida. Sólo se necesita un pequeño grupo con moral deprimida, capaces de aislar o suprimir la culpa, para convencer a muchos de que matar y morir de manera espectacular equivale a la gloria.

 

Los grupos yijadistas, los escuadrones kamikaze, las pandillas callejeras estadounidenses, los cárteles. Todos sus integrantes fueron niños alguna vez. Grillo escribe que ha visto adolescentes que llegan a la escena del crimen y que no dan señales de dolor. Se ha vuelto rutina. Recogen casquillos de bala esparcidos por el suelo y discuten sobre si provienen de AK-47 o M4S.

 

En México hay muy pocos consejeros que ayuden, y hay muy poca educación de calidad fuera de los círculos de los comparativamente pocos privilegiados, escribió.

 

¿Por qué no habría de tomar un niño 50 pesos por ser vigía, o 1,000 pesos por matar a alguien?

 

“Me gustaría ver más dinero invertido en estas preocupaciones”, comentó Grillo, “que en más helicópteros militares y en soldados disparándole a los cárteles”.

Contraatacando

Tras haber sido elegido presidente en el 2006, Felipe Calderón del PAN siguió el ejemplo de su antecesor y declaró la guerra a los cárteles. Tenía a las fuerzas armadas mexicanas diseminadas por todo el país y cientos de agentes de policía fueron despedidos, acusados de corrupción.

Muchos narcotraficantes han sido detenidos, y algunos extraditados a Estados Unidos, pero murieron miles de personas. Entre ellos integrantes de los cárteles, policías y civiles que quedaron atrapados en medio de una horripilante guerra.

 

Calderón y el presidente George W. Bush llegaron a un acuerdo sin precedentes para combatir a los cárteles. La Iniciativa Mérida (así denominada por la ciudad del país en la que se reunieron los presidentes) incluye un compromiso de EU por 1,500 millones de dólares entre el 2008 y 2010. El presidente Obama solicitó más millones para el programa en 2011 para que México reciba aviones, herramientas de inspección y otras tecnologías avanzadas para la detección de drogas. También financia programas de asesoramiento sobre el narcotráfico y de cárceles de rehabilitación.

 

Para luchar contra la corrupción, Estados Unidos también se ha comprometido a dar dinero para ayudar a entrenar a la policía en México.

Por su parte, el gobierno mexicano ha aprobado una ley destinada a reforzar su sistema judicial, y en octubre del 2010, Calderón solicitó formalmente la total remodelación de policía mexicana. La reforma que propuso crearía unas fuerzas policiales estatales unificadas y eliminaría a la policía municipal, mismas que las autoridades federales han dicho son muy propensas a la corrupción debido a sus bajos salarios.

 

Los observadores dicen que cuando llegó al poder, Calderón subestimó el número de policías y otros implementadores del orden que estaban en la nómina de los cárteles. En marzo del 2008, 150,000 soldados habían desertado. Los narcotraficantes, según los expertos, pasaron el gobierno de Fox resguardándose, congraciándose con las comunidades, comprando alimentos y pagando las cuentas médicas, ofreciéndole a las inquietas juventudes un sentido de identidad y dinero en efectivo.

 

Y como escribió Grillo, muchas personas no confiaban en la policía y en los soldados como antes. Las autoridades fueron acusadas por todos lados de cometer violaciones a los derechos humanos durante las misiones en contra de los cárteles. José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, declaró en el 2008 que su oficina había recibido quejas de que policías y soldados habían entrado a poblados para violar, torturar y matar, incluyendo el asesinato a tiros de dos mujeres y tres niños en el estado de Sinaloa.

 

Para muchos, los cárteles se habían convertido en Robin Hood, al igual que sucedió con el capo Pablo Escobar en Colombia. En su empobrecido Medellín, Escobar construyó un campo de futbol y una escuela. Murió en un tiroteo con policías en 1993. En la iglesia que Escobar edificó, algunos colombianos todavía acuden a adorarlo como un santo.

 

Una Barbie, un zorro y algunos puerquitos

La Barbie fue arrestado en agosto del 2010, y sonrió mientras lo exhibieron frente a los medios de comunicación. La playera polo verde marca Ralph Lauren que vestía inspiró una tendencia de la moda internacional.

El gobierno de Calderón anunció con bombos y platillos su detención y la de otros, y se comprometió a seguir luchando contra los cárteles. Pero el presidente está por terminar su mandato.

Muchos esperan que el PRI, que gobernó durante siete décadas, regrese al poder en las elecciones de julio próximo. Quienquiera que gane las elecciones tendrá que dar respuesta a un asunto crucial: ya sea apaciguar a los cárteles y tratar de negociar con ellos o seguir el ataque frontal que lanzó Calderón.

Negociar con los traficantes desempeñó un importante papel en Colombia, donde personajes religiosos y exguerrilleros comandaron las pláticas de negociación, comentaron expertos.

Pero también enfatizan que México no es Colombia, y que hoy no estamos en finales de la década de 1980. Las organizaciones criminales no operan igual. Los principales actores en ambos lados de la frontera tienen distintas consideraciones a las de que se presentaron durante la crisis colombiana. A diferencia de Colombia, afirman que México es mucho menos dado a recibir con buenos ojos un cercano involucramiento extranjero.

 

Tampoco puede llegar una solución de un solo lado de la frontera. El expresidente Fox y otros líderes con experiencia de Latinoamérica han abogado por legalizar el consumo de marihuana, argumentando que reduciría el valor del producto de los cárteles. En el 2011, la Comisión Global de las Naciones Unidas sobre las Políticas contra las Drogas, la cual incluyó a Fox, recomendó a los gobiernos experimentar con la legalización de las drogas, sobre todo con la marihuana.

 

El pasado otoño, el gobernador de Texas, Rick Perry, candidato a la nominación presidencial del 2012 del Partido Republicano, comentó que pensaba que la violencia de la guerra contra el narcotráfico se había vuelto tan grave que podrían ser enviadas a México tropas estadounidenses. El tráfico de drogas en México, han dicho él y otros más, alienta a organizaciones criminales de todo el mundo y alimenta el tráfico de personas y de armas.

Perry apenas había terminado de decir lo que pensaba cuando los críticos ya se habían lanzado contra él, muchos de su propio partido y, sobre todo, sus adversarios: ¿Cómo podría costear eso la tambaleante economía estadounidense? Estados Unidos ya estaba inmerso en dos guerras. Históricamente México ha sido altamente reacio a permitir que una fuerza extranjera combata en su suelo, comentaron expertos.

La idea de que el ’Team America’ incursione en su vecino soberano resulta ofensivo para muchos mexicanos. Tenga en cuenta el himno nacional del país, escrito tras la guerra entre México y Estados Unidos de la década de 1840, en la cual México perdió la mitad de su territorio.

Mas si osare un extraño enemigo

profanar con su planta tu suelo,

piensa oh Patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio.

 

En el 2009 al grupo Los Tigres del Norte le prohibieron interpretar una popular canción llamada La Granja, en una ceremonia de premiación en la Ciudad de México.

 

La canción arremete contra la estrategia del gobierno mexicano dirigida a los carteles, un “Fox (zorro) que llegó a romper los platos en una granja. Los animales salieron para armar un gran relajo”.

 

La canción también señala que Estados Unidos, el consumidor número uno las drogas mexicanas, es igual de sucio.

Los puerquitos le ayudaronSe alimentan de la granja
Diario quieren más maíz
Y se pierden las ganancias
Y el granjero que trabaja
Ya no les tiene confianza

http://cnnespanol.cnn.com/2012/01/23/la-guerra-por-el-mercado-del-narcotrafico-en-mexico/

ENGAÑO, AMENAZAS Y EXTORSIÓN CONTRA MARIO VILLANUEVA

El ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto y el diputado federal regiomontano, Felipe Enríquez Hernández, embarcaron a Mario Villanueva Madrid en la compra-venta de un predio en la Zona Continental de Isla Mujeres y aprovecharon su condición de preso para pagarle parcialmente los 40 millones de dólares acordados en la negociación; hoy el equipo de abogados del tambIén ex gobernador Villanueva ha sido presionado para que desista en su denuncia contra González Canto y Enríquez Hernández

Por Agustín Ambriz * / Luces del Siglo (*)

Se autoriza reproducción con crédito a la revista y autor

Cancún, Q. Roo., a 23 de enero de 2012

En la famosa lista de la OFAC (Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, por sus siglas en inglés) figuran desde 2010 dos políticos priístas que dicen pertenecer al grupo cercano de Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la República: el ex gobernador Félix González Canto y el diputado federal Felipe Enríquez Hernández, a quienes las autoridades estadounidenses investigan por su relación de negocios con el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, juzgado por delitos contra la salud en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los nombres de ambos personajes, que arrastran un negro historial de corrupción y que aspiran a obtener candidaturas en las próximas elecciones federales y en 16 estados de la República, surgieron a partir de la prolija correspondencia electrónica que Villanueva ha enviado desde hace 19 meses en que fue extraditado por las autoridades mexicanas con temas directamente relacionados con la compra-venta de 40 hectáreas en el paradisíaco predio conocido como Isla Blanca, al norte de Cancún, Quintana Roo, propiedad de Mario Villanueva y adquirido por Felipe Enríquez y Félix González en una torcida transacción que está a punto de estallar en los tribunales nacionales, debido al incumplimiento total del pago acordado en 40 millones de dólares.

El origen de esta truculenta transacción se remonta a diciembre de 2007, cuando Mario Villanueva, preso todavía en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, recibió una llamada telefónica del entonces gobernador de Quintana Roo, Félix González, para preguntarle si conocía al señor Amador Ramos López dueño de una fracción de 19 hectáreas del predio de Isla Blanca.

Mario Villanueva le respondió que sí lo conocía y que el terreno era también de su propiedad, a lo que Félix González le respondió que le interesaba adquirirlo a través del señor Felipe Enríquez, originario de Monterrey. Así comenzaron todos los trámites notariales para que el señor Amador Ramos le cediera los derechos a Villanueva para que éste a su vez los pudiera vender al diputado Enríquez.

El 9 de abril de 2008, según consta en la bitácora del Reclusorio Preventivo Norte, el diputado Felipe Enríquez ingresó hasta la celda del ex gobernador donde se asumieron dos acuerdos: el diputado regiomontano no sólo tenía interés de adquirir las 19 hectáreas, sino también los dos predios aledaños, uno de ocho hectáreas perteneciente a la señora Sara Eugenia Pacheco, y otro de 13 hectáreas propiedad del señor Juan Ángel Valle Cárdenas, para sumar una superficie total de 40 hectáreas.

La petición de Felipe Enríquez fue que los tres predios debían concentrarse en una empresa creada por el propio Villanueva y, una vez esto, los predios se trasladarían a otra empresa propiedad del diputado federal regiomontano. Así se hizo, a través de su esposa, Isabel Tenorio de Villanueva, en marzo de 2008 se constituyó la empresa Desarrollos IM S.A. de C.V., la cual procedió a adquirir los lotes que posteriormente fueron trasladados a GLS-4 Corporativo S.A. de C.V.

 

Para tal efecto se firmaron los contratos de promesa de compraventa de las 40 hectáreas. Entre las cláusulas se estableció claramente que la posesión material no podía ser otorgada a la empresa compradora, en virtud de que los predios se encontraban invadidos por personas armadas al servicio del señor Arturo Bojórquez León, quien reclama también la titularidad de los mismos. Por ello se acordó que la compra-venta se finiquitaría cuando se recuperara la posesión de los terrenos con apoyo del gobernador Félix González, quien se comprometió al desalojo por parte de la Procuraduría General de Justicia. La fecha de plazo pactada entre ambas partes fue el 1 de agosto de 2008.

Pero el 10 de abril de 2008, el señor Bojórquez León promovió un juicio ordinario civil de interdicto para retener la posesión de los predios, situación que fue tomada como pretexto por Felipe Enríquez para pretender reducir el valor de los predios (de 40 millones a 27 millones de dólares). El 31 de mayo de ese mismo año, Felipe Enríquez visitó por segunda ocasión a Mario Villanueva en el área de ingresos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, acompañado de su abogado Benjamín Rodríguez Anzures, por parte de la empresa GLS-4 Corporativo, y por parte de Desarrollos IM, los representantes Jesús Horacio García Vallejo, Leticia Vergara Ortiz, Juan Manuel Ramírez Pacheco, Enrique Romero Cervera, Leopoldo Betancourt Pacheco y Rafael Galván.

 

En esa reunión, de la que también quedó constancia en la bitácora oficial, se acordó presentar una denuncia por despojo en contra de Arturo Bojórquez con el objetivo de que la Procuraduría General de Justicia, a cargo en ese entonces de Bello Melchor Rodríguez Carrillo, tuviera fundamentos para ejecutar el desalojo. Sin embargo, a partir de esta reunión, trascurrió el tiempo entre falsas promesas para cumplir con el desalojo por parte del gobierno del estado, amenazas contra Villanueva de parte del diputado Enríquez y un intento de extorsión por parte del procurador Bello, quien a través de su comisionado especial para el caso, Luis Armando Pech Gómez, exigió la cantidad de 350 mil dólares, para que con 50 elementos de la policía judicial pudieran ejecutar el desalojo.

 

Ante el incumplimiento de los acuerdos, Villanueva comenzó los reclamos epistolares contra el ex gobernador Félix González, como la siguiente carta:

 

"Accedí a lo anterior pues mi situación económica era sumamente difícil y tenía participación directa del Gobernador del Estado.

La creación de la empresa y la adquisición de los terrenos, me generó considerables compromisos económicos con la firma de pagarés y grandes adeudos que sólo podía yo finiquitar, el primero de agosto de 2008.

 

Me endeudé confiado en que el Gobernador cumpliría su palabra de llevar a cabo el desalojo de los terrenos antes de la fecha del finiquito, y que el señor Felipe Enríquez colaboraría para realizar dicho desalojo. El Gobernador conocía perfectamente la precaria situación económica en la que nos encontrábamos, mi familia y yo, que dependíamos de la venta de los terrenos para el pago de adeudos, cubrir el costo de los abogados, que participan en mi defensa, y tener lo necesario para subsistir".

Y en otra carta manuscrita, enviada en febrero de 2009, Villanueva le vuelve a reclamar acremente a González Canto:

"Llevamos seis meses esperando que se realice el operativo de desalojo. El Procurador, quien supuestamente tiene órdenes tuyas de llevarlo a cabo, se ha negado a hacerlo y su comisionado el Lic. Luis Pech, ha insistido en que no tiene tiempo, pues le han encargado atender asuntos del señor Renán Castro, por lo que nos daría el nombre de otro abogado para que atendiera este asunto, lo que por cierto, no hizo.

 

Por sus actitudes, no podemos confiar en el Procurador y siento que me están dejando solo con el problema, aun cuando acordamos que lo atenderíamos las tres partes (el Gobernador, el señor Felipe y yo).

 

Si el gobierno tiene algún inconveniente, necesito saberlo. La solución es relativamente sencilla y no entiendo por qué razón no se ha hecho el operativo si supuestamente el Procurador tiene órdenes tuyas.

No es correcto que me dejen solo con este problema, pero si de esto se trata, seguramente entraré en conflicto con el Gobernador, con el Procurador y con el señor Felipe Enríquez. Espero una decisión del Gobernador".

 

Los días transcurrieron hasta el 8 de mayo de 2010 cuando la justicia mexicana decidió extraditar a Villanueva Madrid para ser juzgado por presuntos delitos contra la salud en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Todos estos hechos, según interpretó el propio Villanueva, constituyen diferentes responsabilidades administrativas y delitos por “daño patrimonial” en su contra, ya que de los 40 millones de dólares originalmente pactados, sólo le dieron 18 millones de dólares. Esta es la litis de una denuncia que Villanueva intentó promover ante la justicia estatal a principios de 2010, la cual actualmente está sujeta a negociación con la señora Isabel Tenorio y su hijo Mario Villanueva, quienes han sido sistemáticamente presionados para que se desistan.

Inclusive ha trascendido que el diputado regiomontano Felipe Enríquez tiene amenazado a Villanueva bajo el argumento de ser parte del grupo cercano al precandidato priísta Enrique Peña Nieto, quien supuestamente lo está apoyando para la candidatura a la presidencia municipal de Monterrey en julio entrante. En tanto, Félix González –también compadre de Enríquez– espera ser el candidato al Senado de la República por Quintana Roo.

 

En la famosa lista de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC) se encuentran todos aquellos presos en cárceles de Estados Unidos, relacionados con delitos contra la salud. Cada movimiento de Mario Villanueva, toda comunicación que él tenga vía internet hacia el exterior, es permanente supervisada por esta dependencia, que igualmente investiga a todas aquellas personas que tengan conexión con el preso y sean sus socios en el exterior.

Web de la revista Luces del Siglo: http://www.lucesdelsiglo.net/