Aparece Juan Lavín con daño patrimonial

• Huiloapan y Soledad Atzompa dentro del grupo de 80 ayuntamientos con daño patrimonial.

Felipe Villanueva.

XAPALA VER.- En la sesión ordinaria del segundo año de ejercicio constitucional, el Congreso del Estado, no aprobó las cuentas públicas de al menos ochenta ayuntamientos del ejercicio 2010, estas irregularidades financieras e inconsistencias administrativas, arrojaron esta vez un monto de los 809 millones 953 mil 453.92 pesos, mientras que de tres entidades para municipales se registró un desvío por dos millones 329 mil 182.54 pesos.

 

De las administraciones 2008-2010 con estas irregularidades aparecen municipios como Córdoba con un daño patrimonial de 48 millones 845 mil 452.19 pesos cuto trienio sostuvo Juan Antonio Lavín Torres . Asimismo este ayuntamiento cordobés vuelve a aparecer con daño patrimonial como entidad para municipal dentro de las tres señaladas; como son las Comisiones Municipales de Agua Potable y Saneamiento, ahí se nombraron a Córdoba con 674 mil 710.75 pesos, Coatepec con Un millón 292 mil 67.40 pesos, así como La Antigua con 362 mil 404.75 pesos.

 

Dentro de la zona centro se contaron a municipios como Carrillo Puerto con un daño patrimonial de 10 Millones 178 mil 93.68 pesos, así como la ex administración panista del municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc con un daño de 10 Millones 898 mil 30.40 pesos, El ayuntamiento 2008 -2010 que tuvo como alcalde al conocido "Tito" aparece con un desvío de 8 millones 600 mil 820 .77 pesos. Del mismo modo se encontró a Tezonapa con desvío de 11 millones 243 mil 46.28 pesos sin dejar a un lado a Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica con un desfalco de 11 millones 925 mil 894.26 pesos.

Asimismo el Congreso del estado enlistó en la Comisión de Vigilancia con irregularidades a ayuntamientos 2008-2010 a Las Choapas con 57 millones 55 mil 272.49 pesos; Soledad de Doblado, 40 millones 782 mil 963.08 pesos; Álamo-Temapache, 28 millones 920 mil 654.02 pesos; Tecolutla, 28 millones 48 mil 389.84 pesos y Tuxpan, 37 millones 103 mil 795.86 pesos. Catemaco, 26 millones 465 mil 435.16 pesos; Yecuatla, 21 millones 140 mil 806.42 pesos; Texcatepec, 18 millones 105 mil 920.07 pesos; Tempoal, 16 millones, 68 mil 612.91 pesos; San Rafael, 17 millones 582 363.38 pesos; Naolinco, 15 millones 863 mil 149.30 pesos; Gutiérrez Zamora, 14 millones 376 mil 584.29 pesos; Tlachichilco, 12 millones 830 mil 120.65 pesos; Sayula de Alemán, 12 millones 47 mil 299.99 pesos y Mecatlán, 6 millones 55 mil 502.76 pesos, Jalacingo con 11 millones 503 mil 214.16 pesos; Cosoleacaque, 11 millones 655 mil 136.27 pesos; Ángel R Cabada, 8 millones 628 mil 376.07 pesos y Ayahualulco, 6 millones mil 637.36 pesos, parte de los 80 municipios enlistados.

 

Para los efectos legales consecuentes el Órgano de Fiscalización Superior ORFIS recibió instrucciones para inicie la fase de determinación de responsabilidades; fincar indemnizaciones y sanciones, en contra de los servidores o ex servidores públicos cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos del ejercicio fiscal del 2010; ya que con esto se afecta a Hacienda en 80 ayuntamientos; del mismo modo a los órganos de control interno, recibieron instrucciones para que den el seguimiento debido a las irregularidades y recomendaciones y, en su caso, sustancien el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad de los servidores públicos, debiendo informar al Congreso del Estado y al ORFIS sobre los procedimientos abiertos y las medidas aplicadas con base en la Ley Estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

 

 http://www.orizabaenred.com.mx/cgi-bin/web?p=orizabaenred&b=VERNOTICIA&{num}=94551

El Baldón: Política primero, tu hambre… Después

Por José Miguel Cobián

Es increíble lo absurdo del comportamiento de los gobernantes en México. Su ambición política los hace distorsionar el criterio y considerar lo más ridículo como algo cuerdo y lo razonable como algo imposible de llevar a cabo.

No sé si en otros países sucede lo mismo, cuando menos en USA he visto que la agenda político va por encima incluso de la vida de los estadounidenses, como en el caso de las guerras iniciadas para lograr la reelección de un presidente o la próxima contra Irán si se observa que Obama pierde puntos contra el republicano que resulte candidato.

En México nuestro estado benefactor, nuestros funcionarios de figura paterna que nos resuelven todos los problemas a los que nos enfrentamos, los superhéroes que llegan cuando el pueblo más los necesita, siempre nos desilusionan con sus absurdas prácticas políticas y burocráticas.

¿A dónde quiere llegar el desventurado columnista? Lleva mucha perorata y no ha tocado el tuétano del asunto, se pregunta el corrector de estilo y el amable lector. Ante tanta presión quien esto escribe no tiene más remedio que descubrir el velo que hasta este párrafo ha tratado de ocultar.

Hay sequía en 20 estados del país. La sequía es la más dura en los últimos 70 años, según las propias autoridades. Agricultores y ganaderos están a niveles de hambre –se habla de suicidios por hambre en la sierra tarahumara-, la secretaría de hacienda afirma que hay una enorme bolsa de recursos para apoyar a los productores afectados, pero… el dinero no fluye y los días pasan.

El gobierno federal tiene dinero y no quiere entregarlo directamente a los gobernadores, ante la posibilidad (muy real por cierto) de que éstos, usen esos recursos para ayudar a la gente, pero también para promover electoralmente a sus candidatos y partidos políticos. Los gobernadores están urgidos de recibir esos recursos para entregarlos a la población cuya conducta ya raya en la desesperación y no los reciben, porque el cálculo político de la federación es que no es el momento adecuado y habrá que esperar hasta que se realicen las elecciones.

Visto lo anterior, tal parece que el hambre, los campos, los ciclos agrícolas, las reses a punto de morir, etc., todos ellos tendrán que esperar hasta julio para ser socorridos, pues en este país por encima del bienestar de los ciudadanos se privilegian las agendas políticas de los funcionarios que toman decisiones y de los partidos de dichos funcionarios.

Así de triste es nuestra realidad, misma que no sentimos tan dura en Veracruz porque aquí la sequía no ha pegado, aunque ya tuvimos la experiencia de tener que esperar más de un año, los recursos del fonden (ese fondo para remediación de efectos de desastres naturales), porque a pesar de las necesidades de la gente, el aspecto burocrático es lo más importante para los funcionarios que deben entregar esos recursos para reconstrucción de zonas de desastre y apoyo a ciudadanos afectados por esos mismos desastres.

Debido a que esta forma de actuar y manejar los dineros que son de todos los mexicanos por parte de los funcionarios públicos no va a cambiar en el corto plazo, hay que rogar a Dios que no suceda otro desastre natural antes de las elecciones y que los huracanes que afecten nuestro estado no caigan en fechas cercanas a elecciones, (por cercano considero año y medio o menos), porque aunque por ley se deben usar recursos ya etiquetados por el congreso para paliar los daños, la realidad implica que no van a llegar hasta que los tiempos políticos sean favorables, como si el sufrimiento y el hambre de la gente pudieran esperar seis meses, un año o dos.

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“UN ENGAÑO EL SEGURO POPULAR”: DERECHOHABIENTES

Tras el reclamo de una pobladora del municipio de Carrillo Puerto al presidente Fe lipe Calderón, sobre la supuesta gratuidad de los servicios que tanto predica, con el Seguro Popular, vuelven a salir a la luz los cuestionamientos sobre la eficacia de los programas impulsados por el gobierno federal

El presidente Felipe Calderón y el gobernador Roberto Borge.

Por Hugo David Pérez y Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo (*)
Se autoriza reproducción con crédito a la revista y autores

Cancún, Q. Roo., a 31 de enero de 2012

La escena ya es conocida: durante su visita al municipio quintanarroense de Felipe Carrillo Puerto, el 12 de enero pasado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue increpado por una habitante del municipio de Carrillo Puerto. Le reclamó airadamente un cobro injustificado en el Hospital General a pesar de contar con el Seguro Popular. Alto en reflejos, Calderón no tardó en apuntar al gobierno estatal, poniendo en entredicho el buen uso de los recursos.

Mercedes Hernández Rojas, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), estaba junto al presidente y recrea el tenso momento. Detalla que Calderón volteó a ver al gobernador, Roberto Borge, y lo interrogó: “a ver señor gobernador, qué me tiene que decir al respecto”. El gobernador respondió: “nosotros la vamos a atender de inmediato a la señora”.

Después caminaron y sostuvieron una breve plática en privado. “Yo creo que el presidente dio una indicación puntual a la Secretaría de Salud federal porque algo va a resultar de esta situación”, asegura la delegada federal.

Y es que políticos y organizaciones civiles coinciden en la importancia de poner candados a los recursos federales, pues al menos en el tema de salud, no cuentan con delegados atentos a cada programa.

De hecho, en el último informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que incluye los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, detectó anomalías por cerca de 3 mil millones de pesos en los recursos que ese año se entregaron a los estados para la operatividad del Seguro Popular.

De las 32 auditorías practicadas -una a cada estado- la opinión contenida en los dictámenes de la ASF fue negativa para 14 de ellas y con salvedad para 18. Dentro de las anomalías detectadas se encuentran la falta de transparencia de las Reglas de Operación, pues no establece los plazos para que se presenten las solicitudes de recursos; la resolución acerca de la viabilidad de los proyectos; la autorización de solicitudes; el envío de informes de los recursos y la formalización de los convenios de colaboración con las entidades federativas.

Alfonsa Zituk es la mujer de edad avanzada y rasgos humildes que denunció ante el presidente que en el Hospital General de Carrillo Puerto le habían pedido 106 pesos para atender a su hijo. “Yo les digo, para qué dicen que hay Seguro Popular, no es cierto que hay Seguro Popular porque lo llevé y son 106 pesos, me cobraron”.

 

El mandatario federal explicó, ante la mirada de la agraviada y el gobernador, que el gobierno estatal es el encargado de ejecutar el programa, destinar la infraestructura y los recursos humanos. “Lo voy a revisar”, comentó y señalando al gobernador dijo: “él es el que tiene que dar la salud”.

En septiembre del año pasado en su visita a Chetumal, aprovechó la oportunidad para hacer un señalamiento al secretario de Salud en Quintana Roo, Rafael Humberto Alpuche Delgado y al gobernador Roberto Borge. “Recuerden que bajamos mil 300 millones de pesos nada más a Quintana Roo para que cumplan con el objetivo de salud”. Y lo repitió en su discurso que dio en el Hospital Morelos. “Por cada afiliado al Seguro Popular, el gobierno federal paga una cantidad al estado. De tal manera, que hoy, el estado de Quintana Roo, recibirá unos mil 300 millones de pesos al año, por el Seguro Popular para, precisamente, poder mejorar poco a poco la calidad del servicio de salud que prestan ustedes”, declaró.

Es inimaginable que un programa federal (que para este año contará con un presupuesto de 430 mil millones de pesos) siga teniendo deficiencias no sólo de carácter social, sino administrativo, tan así que el secretario de Salud del estado ha afirmado que se debe ser muy eficaz y transparente en el ejercicio de estos recursos.

 

La opacidad en el uso de los recursos

Según el artículo Pesos y Contrapesos, realizado por la asociación Fundar y Briseida Lavielle, se debe tomar en cuenta el dictamen emitido por la Auditoría Superior de la Federación para detectar las partes más vulnerables de este programa.

De estos, señala el texto, quizás el que mayor descontento provoca es el que se refiere para el acceso efectivo a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, pues los resultados muestran que el 94.8 por ciento de los beneficiarios encuestados adquiere con sus propios recursos los medicamentos que le faltan; el 48.1 por ciento no está satisfecho con el tiempo de espera para recibir atención médica; el 29.9 por ciento consideró que no es fácil conseguir una cita médica, y el 23.6 por ciento manifestó no estar conforme con las instalaciones y el equipamiento de la unidad de salud.

Si bien, los servicios de salud dependen de cada entidad federativa, es la Secretaría de Salud estatal quien recibe los recursos, los ejecuta y evalúa su efectividad. Este sistema en el que se es “juez y parte” ha sido criticado por varios legisladores, dado que les entregan recursos a los estados sin una manera eficaz de poder auditarlos.

Una visita al Hospital General de Benito Juárez, ubicado en la ciudad de Cancún, es suficiente para comprobar que diariamente se dan cita cientos de personas en busca de una consulta o remediar una urgencia, para constatar el descontento entre la población por el mal trato y la queja más recurrente: la falta de medicinas.

 

Irma Valenzuela, quien vive en la Región 232, dice no entender por qué, además de no tener medicinas, cuando las hay, se las quieren cobrar. “Me tengo que trasladar en taxi, y gasto dinero, todo para llegar y no haya medicinas, prefiero ir a las farmacias, ahí saliendo tienes los medicamentos bien baratos”.

 

María Pérez habla de los malos tratos que ofrece el Hospital General. Ingresó a su hija a las siete de la tarde y 24 horas después nadie le daba razón de ella. “El Seguro Popular nos quita el peso del dinero, pero la atención es muy mala, son muy déspotas”.

 

La señora Rosa se siente muy agradecida por contar con el Seguro Popular, sin embargo, coincide en señalar el mal servicio en las clínicas de salud. “Te dan la consulta, sí, pero para sacar la ficha debes formarte desde las tres de la mañana, eso no se vale”.

Gestor de Servicios de Salud del Hospital General de Cancún y encargado del Seguro Popular en ese centro médico, Cristian Aguilar González, señala por su parte que a veces la gente no sabe cuáles son los padecimientos que cubre este seguro, así como los alcances en materia de medicamentos.

Comenta que a pesar de que se cubren muchas operaciones, las transfusiones de sangre durante la cirugía corren a cargo del paciente, además, cuando se necesitan los servicios de algún especialista que no trabaja en el estado, se les canaliza a un hospital en Mérida, un traslado que mucha gente no puede pagar.

 

Asimismo, explica que existen personas que llegan a afiliarse a pesar de contar con algún otro seguro. “Hay gente que tiene IMSS y viene a sacar su seguro”, lo cual, es claramente violatorio al reglamento, pero aclara que no hay forma de conocer quién cuenta con ISSSTE o IMSS.

 

“Nosotros no tenemos acceso a ningún padrón de seguros, no podemos saber si cuentan con algún tipo de seguridad social, a nadie se le niega el servicio, además en Cancún, debido a los empleos temporales, hay veces que la gente está asegurada por dos meses sí, dos meses no”, subraya Aguilar González.

El presidente de la comisión de Salud del Senado, Ernesto Saro, ha consignado ante la prensa en varias ocasiones que en la operación del Seguro Popular existe una gran corrupción. “Aunque la estrategia estuvo bien concebida para garantizar el acceso a servicios médicos a personas sin seguridad social, se cometió el error de dejar la administración a los gobiernos de los estados, donde ha prevalecido la falta de transparencia y claridad en el uso de los recursos”.

Sobre la posibilidad de que la propia Federación fiscalice el uso del presupuesto, Saro explicó que existe el obstáculo de la autonomía estatal. Las investigaciones, si se realizan, dependen de las mismas autoridades locales.

 

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Mercedes Hernández Rojas, señala que durante las visitas a las regiones rurales más necesitadas, como parte del Programa Oportunidades, el reclamo recurrente de la gente es en materia de salud. “La carencia de médicos, los medicamentos que nunca llegan, esas situaciones marcan nuestra experiencia en las regiones”, relata.

 

“Yo, como presidenta del Comité de Desarrollo Social en el estado, hago énfasis que la Secretaría de Salud del estado debe acrecentar sus esfuerzos; ellos son los que tienen que contestar cuando hay un reclamo. Con mil 300 millones se puede hacer que los médicos estén oportunamente en las localidades, la gente tenga asistencia médica”, manifiesta la panista.

Y deja en claro que el responsable de los rezagos en materia de salud y bienestar social, no sólo es el gobierno federal, pues en este caso también tienen responsabilidad el gobierno del estado y de los municipios.

Nadie está exento

 

Con un presupuesto cercano a los mil 400 millones de pesos, la delegación de la Sedesol en Quintana Roo reconoce que estos recursos no están exentos de caer en irregularidades con intermediarios que extorsionan a la población para sacar beneficio propio o asignarles a discreción estos recursos a particulares.

 

La Secretaría de Desarrollo Social tiene en marcha en el estado los programas 70 y Más con una inversión de 32 millones; Hábitat con 83 millones 948 mil 324 pesos, mientras que el programa Oportunidades se estima en 608 millones de pesos.

 

En casos de corrupción ligados con la secretaría, quizás el que más impacto tiene es el que se refiere a la malversación de más de 10 millones de pesos asignados para viviendas en la zona continental de Isla Mujeres.

 

La titular de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico del municipio, Atenea Gómez Ricalde, fue acusada de otorgar 200 inmuebles con el programa denominado Tu Casa 2011, a militantes y líderes panistas, además dejó en evidencia que más de tres integrantes de una misma familia recibieron el apoyo.

 

Otro caso en que se vio inmiscuida esta Secretaría fue el del ex diputado local del PAN y actual delegado de la Secretaría del Trabajo, Rogelio Márquez Valdivia, señalado por defraudar presuntamente a 300 personas a través de una empresa que les pidió dinero para ingresarlos en el padrón de beneficiarios de las viviendas otorgadas por la Sedesol .

De hecho, la mayoría de las denuncias ante la PGR son de personas que se asumen en las comunidades como representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y engañan a los habitantes con falsas promesas de lograr un trámite efectivo en cuestión de vivienda.

 

Mercedes Hernández asegura que es muy complicado tener el control de los recursos federales, pues se necesita contar con una vigilancia constante y no siempre bastan los 140 coordinadores e inspectores del organismo.

“Una obra que no se vigila es una obra que corre el riesgo de no ejecutarse”, afirma la panista. Y detalla que su equipo de trabajo forma una contraloría social con los vecinos de las comunidades en las que trabajan dando el seguimiento de la obra que realiza el municipio y ellos hacen las visitas.

Con anterioridad, Sedesol había señalado que municipios como Benito Juárez, se mostraban reticentes a apoyar en la implementación de programas para construir habitaciones populares.

 

El regidor Rafael Quintanar asevera que el gobierno federal, “pichicatea” con criterios electorales lo que le entrega a cada estado y de qué manera.

 

En el mismo rubro, el perredista explica que existen muchos problemas con los programas sociales federales que competen a los tres niveles de gobierno. En principio, el municipal no cuenta con un censo confiable ni un análisis de cuáles son los rubros que se necesitan para poder hacer frente a las necesidades de Cancún.

 

Quizás otra de las acusaciones que más revuelo causaron fue la hecha por Raymundo King de la Rosa, presidente del PRI en Quintana Roo, quien denunció que los recursos y programas operados por la Sedesol se utilizaban con fines electorales y pidió al Congreso de la Unión que se auditara a la delegación.

 

Por este hecho, el PAN arremetió contra el priísta acusándolo de “difamador” por no presentar una denuncia formal ante la PGR. “En su momento hicimos el señalamiento y estamos recabando la información para tomar acciones contra estas medidas” asegura King, midiendo el sigilo de cómo los enfrentará “No voy a caer en las provocaciones del PAN. Nosotros vamos a hablar en su momento y no vamos a caer en la confrontación pues se trata de aumentar el nivel de debate”, juzga.

¿Qué es el seguro popular?

Este programa federal fue implementado durante el sexenio del presidente Vicente Fox con el que se planeaba cubrir los servicios médicos de la población más vulnerable que carece de algún tipo de seguridad social. El programa piloto inició en Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Zacatecas y Campeche.

En Chetumal y Cancún inició operaciones en agosto de 2002, pero fue hasta 2004, una vez reformada la Ley General de Salud, que entra en vigor a nivel nacional y en ese mismo año se firma en Quintana Roo, el acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

Ya en el periodo de Felipe Calderón, se le asignaron 52 mil millones de pesos al programa con la intención de que atendiera a la mayor parte de población que carecen de estos servicios.

El Seguro Popular cubre más de mil 400 enfermedades que están relacionadas con especialidades como ortopedia, traumatología, reumatología, rehabilitación, estomatología, ginecología y obstetricia, pediatría, dermatología, salud mental, adicciones y urgencias. Además de acciones de prevención y promoción de la salud, así como atención de enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas y cirugía general.

Los requisitos para afiliarse son residir en el país, no contar con ningún otro seguro, ya sea ISSSTE o IMSS, así como pagar una cuota familiar dependiendo del resultado de un estudio socioeconómico y que comprende 10 niveles, de los cuales los cuatro primeros están exentos de pago y los siguientes 6 van desde 2 mil pesos hasta los 11 mil 300 pesos.

Web de la revista Luces del Siglo: www.lucesdelsiglo.net

INTERCEPTA LA PGR 25 MILLONES DE PESOS A FUNCIONARIOS CORRUPTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

PENOSO CASO QUE INVOLUCRA A JAVIER DUARTE DE OCHOA

Dinero

Los 25 millones de la avioneta de Veracruz

- El país de la corrupción

- Los empleos de Coca-Cola

Enrique Galván Ochoa

Mientras en las redes sociales se comenta que los 25 millones de pesos interceptados por la PGR en el aeropuerto de Toluca, transportados en una avioneta oficial del gobierno de Veracruz, podrían tener como destino la campaña de Peña Nieto, el tesorero del estado, Víctor Benítez González, intempestivamente presentó su renuncia. La orden al banco de entregar el dinero en efectivo a una camioneta de servicio de valores que lo condujo al aeropuerto partió de la Tesorería. El secretario de Finanzas, Tomás Ruiz, había dicho antes que se utilizó ese medio de transporte porque había prisa por pagar a la empresa que participa en las festividades de La Candelaria, la Cumbre Tajín y el Carnaval de Veracruz. Según esto, se los comieron las prisas, porque La Candelaria ya es esta misma semana. Al frente de la compañía aparece Willy Souza, que también tuvo metidas las manos en las fiestas del Bicentenario. ¿De veras transportar el dinero en avión es el medio más rápido de hacerlo llegar a su destino, como dice el secretario de Finanzas? No exactamente. El medio más rápido, efectivo y sobre todo seguro es una transferencia electrónica de banco a banco. Un cliente tan importante como el gobierno de Veracruz pudo haber ordenado la transferencia electrónica del dinero y en menos de cinco minutos habría estado disponible en una de sus sucursales en Toluca, el Distrito Federal… o en Japón, si fuese necesario. Dice Tomás Ruiz –el gobernador Duarte está haciéndole al avestruz: no quiere dar la cara– que toda la operación se hizo con absoluta transparencia, conforme a un contrato, y éste prevé la posibilidad de pagos en efectivo. Entonces ¿por qué renunció el tesorero si hizo las cosas bien?

 

El país de la corrupción

Coincidió con el laberinto de los 25 millones de pesos jarochos la presentación de un nuevo estudio sobre el crimen, la corrupción y el lavado de dinero en México. La organización Financiera Global, GFI son sus siglas en inglés, dice que estas calamidades costaron a los mexicanos, sólo el año 2010, el último del que tiene registro, 68 mil 500 millones de dólares. Y siguiendo la pista desde 1970 a 2010, los últimos 40 años, el crimen, la corrupción y la evasión fiscal costaron 872 mil millones de dólares, de acuerdo con el director del grupo, Raymond W. Baker. Esa suma es la que se necesita para rescatar de la crisis financiera a los países de la eurozona. El Tratado de Libre Comercio vino a acrecentar la evasión fiscal y la corrupción a través de la práctica de la subfacturación.

 

@Vox Populi

Asunto: los empleos de Coca-Cola

Me quedé estupefacto al oír que Felipe Calderón celebró la supuesta inversión de Coca-Cola por mil millones de dólares este año para acrecentar sus ya de por sí multimillonarias ganancias a costa de la salud y economía de los mexicanos. Sin embargo, cabe decir que el presidente del empleo no sabe que los empleos de Coca-Cola son de dar lástima, pues este año ya les anunció a todos sus trabajadores de base que no habrá reparto de utilidades, puesto que su dinero la empresa lo había invertido para comprar la marca Tampico Citrus Punch, también de origen gringo. La cosa no termina ahí, ya que la empresa tiene el programa de “socios” repartidores, el cual consiste en una forma descarada de subcontratación para la entrega de sus productos en zonas urbanas y rurales pagando al particular un monto de 2 por ciento sobre los productos entregados. De esta supuesta ganancia el particular tiene que cargar con los gastos, como son: gasolina, vehículos de reparto, personal y sus prestaciones e impuestos. Sobra decir que los particulares no pagan ningún tipo de prestación, utilizan menores de edad para el reparto en muchas ocasiones y tienen jornadas laborales de más de 14 horas diarias de lunes a sábado las temporadas altas (primavera-verano).

Francisco Domínguez/Distrito Federal

R: Los refrescos han venido siendo retirados de las escuelas elementales de Estados Unidos por su impacto en la obesidad infantil y otras enfermedades. Sin embargo, aquí siguen entrando por conducto de las cooperativas o los comercios afuera de los planteles.

 

Asunto: perdiendo dinero en las Afore

Hace aproximadamente diez años que no cotizo al IMSS ni al Infonavit, por tanto mi Afore no crece (estoy en Profuturo, de GNP) y lo malo es que sí decrece. En el reciente estado de cuenta que acabo de recibir me informan que tuve un “rendimiento” de $452.82, y por otro lado la comisión fue de $775.06, lo que representó un decremento en mi contra de $322.24. Mi pregunta es si eso está permitido. A ese paso cuando me jubile no tendré saldo a favor. Se supone que la función de las Afore es jinetear nuestro dinero para hacerlo crecer, no desaparecer.

José Manuel Jiménez/Distrito Federal

 

R: En su origen las Afore sólo podían invertir nuestros ahorros en Cetes; ganaban poquito, pero seguro. A alguien se le ocurrió que también podían invertirlos en las bolsas de valores y ahora están sujetos a sus vaivenes. Claro, sí puede suceder que a la hora del retiro millones de personas vean su patrimonio muy afectado.

Twitter

Parece mentira. Llevo una hora dando facilidades, y el Premio Reverte Malegra Verte sigue desierto. Debo de estarme haciendo viejo.

@perezreverte Arturo Pérez-Reverte

La lucha de sra. Wallace por dar justicia a su hijo fue noble. Lo malo es que ya la prostituyó vendiéndosela al PAN.

(@_foreignaffairs) Luisa Carriles

No me parece buena idea comprar regalos de San Valentín a meses sin intereses. ¡Capaz que los pagos duran más que el amor!

@Andypolo1 Andrea Lopez
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/31/opinion/008o1eco

ESPERAN A DUARTE EL DOMINGO PARA INSISTIR EN SER RECIBIDOS EN UNA AUDIENCIA

POLICIAS AGRESIVOS MANCILLAN LA BANDERA NACIONAL

Córdoba, Veracruz.- Una vez más militantes del Frente Popular Revolucionario se presentaron Aproximadamente las 19 horas del día domingo 29 de enero al evento de la inauguración de la remodelación del parque 21 de mayo de esta ciudad. Esto fue debido a que la semana pasada el empleado de gobierno Jesús Moreno les aparto audiencia para el próximo miércoles, sin embargo el Xalapa no existía agendada una reunión.



Al no ser atendidos los militantes tomaron por asalto el kiosco del zócalo, con megáfono en mano uno de los manifestantes encabezo la manifestación lanzando consignas y reclamando la falta de sensibilidad de los funcionarios del gobierno municipal de Orizaba y Córdoba que nos les interesa las necesidades de la población.


Una veintena de policías encabezados por un oficial se envalentono dando órdenes para que quitaran la manta y una bandera nacional (símbolo patrio); los genízaros que cumplieron las ordenes quitaron la manta y pisotearon la bandera nacional (mancillando el símbolo patrio)


Unos minutos después se calmaron los ánimos al presentarse ante los manifestantes un representante de gobierno de nombre Alejandro Lara, que conmino a los manifestantes a quitar sus mantas y su bandera, comprometiéndose para que este lunes serian atendidos en la oficina de gobierno.


Los que lideraban este movimiento, Maximino Hernández y Andrés Gómez, representante regional y municipal del Frente popular Revolucionario entablaron el dialogo en ese momento, comprometiéndose el personal de gobierno que este lunes 30 de enero serian atendidos, se retiraron del lugar lanzando las consignas.


Es lamentable que a pesar de que funcionarios estatales no cumplan su trabajo de atender a las organizaciones no oficialistas y se tenga que manchar la imagen de un evento en donde se presentaría el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, que por cierto, dejo plantados a cientos de cordobeses en tal relevante evento, a pesar de haber sido difundido con muchos días de anticipación.

Una comisión fue atendida por funcionarios estatales en la oficina del palacio del gobierno estatal, en donde presentaron sus escritos de petición.

Comisiòn de Prensa FPR

Ordenó Renato Tronco a policías dispersar protesta contra la CFE

Norma Trujillo Báez y Sayda Chiñas Córdova -

Coatzacoalcos, Ver.- En el municipio de Las Choapas, el Movimiento de la Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas denunció el hostigamiento contra sus miembros por autoridades municipales; luego de una movilización que hicieron en el centro de esa ciudad se enfrentaron con policías que intentaban proteger el palacio municipal. Los afectados presentaron denuncias contra los elementos policiacos y el alcalde Renato Tronco Gómez.

 

En las primeras horas de este miércoles, los integrantes de la Resistencia Civil de ese municipio, apoyados por grupos de la sierra, realizaron una protesta por los procesos penales que enfrentan y los cortes de energía eléctrica que realiza la Comisión Federal de Electricidad.

 

La manifestación se realizó frente al palacio municipal para pedir al alcalde Renato Tronco que los ayude a reunirse con el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, para que puedan iniciar una negociación.

 

Dos horas después, al querer entrar al recinto municipal, fueron agredidos por los policías, quienes a punta de golpes y con gas lacrimógeno dispersaron a los manifestantes, mientras los policías estatales permanecían a un costado sólo observando, relataron algunos de los integrantes de este grupo.

 

En este enfrentamiento hubo varias personas con golpes en distintas parte del cuerpo y algunos respondieron ya que se estaba agrediendo a mujeres y niños por igual.

 

Entre las personas que resultaron lesionadas se encuentran Mónica Sánchez Ramos, Manrique Romero López, Guillermina Ramos Evenes, Eufemia Lorena Montalvo, Francisco Lemus Diego, Jesús Castillo López, Rafael Sánchez, Felicita y Flor Cano, además de algunos reporteros.

 

Francisco Jiménez Alejandro, dirigente de la Resistencia Civil en este municipio, señaló que la manifestación intentaba ser pacífica y en ningún momento se agredió a las autoridades estatales o municipales, por lo que no entienden por qué les enviaron a los elementos antimotines.

 

Culpó al presidente municipal, Renato Tronco Gómez, de no permitir manifestarse pacíficamente y de las agresiones que recibieron varios integrantes de esta agrupación, por eso iniciaron procesos penales para denunciarlos.

 

A pesar de estas agresiones, los representantes de las asociaciones civiles continuarán con este movimiento y anunciaron que se repetirán en varios municipios donde ya operan algunos grupos de resistencia.

Condena la AMAP agresión a indígenas

 

Ante el desalojo violento del que fueron objeto los miembros del Movimiento de Resistencia Civil Indígena y Popular contra las Altas Tarifas de Luz del sur de Veracruz, luego que se manifestaban en el palacio municipal de Las Choapas, en donde seis indígenas resultaron heridos, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) condena los hechos y demanda la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se realice una investigación sobre las graves violaciones a las garantías constitucionales.

 

De la coordinadora nacional deAMAP, Carlos Beas, dijo que la CEDH debe intervenir para investigar los hechos, ya que de por sí al alcalde Renato Tronco se le conoce como represor y los indígenas usuarios de Agua Dulce, Minatitlán, Soteapan, Mecayapan,Tatahuicapan y Pajapan, miembros de organizaciones de Zaragoza, Cosoleacaque,Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, compañeros telefonistas, petroleros y otros gremios sólo exigían una audiencia directa con el gobernador para pedirle su intervención para que laComisión Federal de Electricidad (CFE) suspenda de manera inmediata los ilegales cortes de luz e intimidaciones contra usuarios que se encuentran en resistencia, que la paraestatal ya no presente más denuncias penales y se cancelen todas las denuncias penales y órdenes de aprehensión ya interpuestas por la CFE en su contra.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=120126_123103_930

¿VAMOS GANANDO?

Filiberto Vargas Rodriguez

Lo bueno es que están aquí. Si no, ¡cómo estarían las cosas!

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que en los cuatro meses que lleva de vigencia la operación “Veracruz Seguro” se han reportado (no registrado, esto es, pudo haber más) 445 homicidios o “ejecuciones”, vinculados con la delincuencia organizada, o en enfrentamientos con fuerzas armadas.

¿Le parecen pocos?

Significan casi cuatro muertes de este tipo por día.

Según el vicealmirante José Luis Vergara Ibarra, vocero de la Semar, desde octubre -cuando se puso en marcha dicha operación- la Marina ha contabilizado, con base en denuncias ante el Ministerio Público, 445 homicidios y al menos 30 casos de secuestros (uno cada cuatro días).

El representante de la Armada de México destacó que hasta diciembre las ejecuciones vinculadas a la delincuencia organizada, eran 396, y en lo que va del mes de enero “sólo 13”.

¿Deberíamos estar tranquilos?

¡Claro que no!

De todos es sabido que en la contabilidad de delitos siempre hay una “cifra negra”, esto es, los delitos que se cometen pero que no son denunciados. En estas cifras no se cuentan las decenas (quizá centenas) de desaparecidos, jóvenes que de la noche a la mañana se esfumaron y de los que su familia nada sabe. Temen lo peor, pero no descansarán hasta conocer el paradero de sus familiares.

La Secretaría de Marina presentó este martes un “corte de caja”, respecto a los resultados que han conseguido en su combate contra el crimen organizado en Veracruz.

La mayoría de los delincuentes caídos en enfrentamientos con las fuerzas armadas fueron ubicados como integrantes del cártel de Los Zetas y en menor medida del Cártel de Jalisco Nueva Generación o “Matazetas”.

Las denuncias por extorsión registradas de octubre a diciembre en la entidad sumaron 2 mil 509, pero en lo que va de enero “sólo” se reportan cien.

¿Ya no extorsionan, o ya no denuncian?

La Marina Armada de México asegura que la incidencia delictiva de alto impacto se redujo hasta en un 62% en la entidad a partir de la aplicación del programa “Veracruz Seguro” y aunque no lo hubiera mencionado, lo cierto es que la sociedad lo ha palpado.

En la zona conurbada Veracruz – Boca del Río renació la vida nocturna, los hoteles han ido recuperando paulatinamente su ocupación y las expresiones de violencia son cada vez más esporádicas.

A cambio, los “jarochos” se han tenido que acostumbrar a convivir con los elementos de la Marina, montados en las patrullas de la extinta Policía Intermunicipal y ahora hasta en las de Tránsito.

Escenas que sólo se veían en áreas invadidas y controladas por fuerzas invasoras (Rusia en Afganistán, o Estados Unidos en Irak) ahora son parte de nuestro paisaje cotidiano.

¿Algún día recuperaremos la paz que vivíamos hace un lustro?

Difícilmente. Eso, como el cambio climático, llegó para quedarse.

No debemos olvidar que las fuerzas armadas del país no están trabajando para abatir el narcotráfico (que tantas divisas le genera a México) sino para reducir la violencia vinculada con esos grupos delictivos.

No pretenden que ya no se trafique con la droga, sino que se acabe con esa guerra de territorios y sus consecuentes daños colaterales.

En esas tareas, los resultados son muy positivos, pero…

¿Con eso debemos conformarnos?

¿Debemos aceptar, como inevitable, que se siga vendiendo droga en las escuelas?

¿Alguna autoridad, estatal o federal, puede presumir que acabó con el tráfico de droga en las cárceles?

Haga usted, querido lector, un sencillo ejercicio.

Pregunte a la gente que le rodea, sus vecinos, sus compañeros de trabajo o de la escuela, si saben cómo conseguir droga, o si saben de alguien que la consume y, por lo tanto, sabe cómo conseguirla. Se sorprenderá del resultado. La gran mayoría de los mexicanos hemos aprendido a convivir con este veneno.

Esa es la prueba más clara de que la guerra no es contra el tráfico, sino contra la violencia, pues es la que impacta en las urnas electorales.

Comentarios al correo fivargasr@hotmail.com

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