Por José Martínez M. (*)
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México, D. F., a 27 de febrero de 2012
Para mi general y amigo
José Francisco Gallardo Rodríguez
En los últimos días, los ojos del mundo se centraron en el proceso judicial en contra del juez Baltazar Garzón. La prensa mundial también se ocupó del caso. No es para menos. Es la primera vez que se procesa a un juez por defender los derechos humanos y que se ha distinguido por perseguir crímenes internacionales.
Por tal motivo, la semana pasada cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar contra el Tribunal Supremo de España y en defensa del asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos y Degradantes.
No es poca cosa el palmarés de Baltazar Garzón, con más de una veintena de doctorados Honoris Causa por varias universidades españolas y del extranjero y una reputación ganada a pulso por procesar a conspicuos sátrapas y genocidas como Pinochet. Y otros a quien tenía en la mira como a Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de Italia a quien en 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar cuando éste se desempeñaba como miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo.
El caso Garzón me recuerda al proceso que en su momento enfrentó en Francia el capitán Alfred Dreyfus y un tanto el caso del general José Francisco Gallardo Rodríguez, por proponer en México un ombudsman para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? El abuso de poder y la conjura de los poderes fácticos.
La revelación del escándalo en Yo acuso (J’accuse), un artículo de Émile Zola en 1898, provocó una sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en Francia que, en el momento de su apogeo en 1899, revelaron las fracturas profundas que subyacían en la Tercera República Francesa. Dividió profunda y duraderamente a los franceses en dos campos opuestos, los pro y los contra a Dreyfus y reveló la existencia en la sociedad francesa de un núcleo de violento nacionalismo y antisemitismo difundido por una prensa sumamente influyente. El caso se convirtió en símbolo moderno y universal de la iniquidad en nombre de la razón de Estado.
El caso Dreyfus tuvo como origen un error judicial, sobre un trasfondo de espionaje y antisemitismo, en el que la víctima fue el capitán Dreyfus que marcó un hito en la historia del antisemitismo. Enjuiciado por un tribunal militar por el delito de alta traición, Dreyfus fue condenado a prisión perpetua y desterrado en la Colonia penal de la Isla del Diablo en la costa de la Guayana francesa.
Convencida de la arbitrariedad de la condena, la familia del capitán, con su hermano Mathieu al frente, intentó probar su inocencia y para ello recurrieron a los servicios del periodista Bernard Lazare. Simultáneamente, el coronel Georges Picquart, jefe del servicio de contraespionaje, comprobó, en marzo de 1896, que el verdadero traidor había sido el comandante Ferdinand Walsin Esterhazy. El Estado Mayor se negó, sin embargo, a reconsiderar su decisión y sacó a Picquart de Francia destinándolo al norte de África.
A pesar de las intrigas del ejército para evitar la revisión, en 1898 el Tribunal Supremo reabrió el caso y al año siguiente anuló la sentencia que condenó a Dreyfus, ordenando realizar un nuevo Consejo de Guerra, que se efectuó en Rennes ese mismo año. Contra todo pronóstico, Dreyfus fue condenado otra vez, ahora a diez años de trabajos forzados, aunque en este fallo el tribunal mencionó que existían «circunstancias atenuantes».
Diez días después, agotado y con su salud quebrantada por cuatro largos años de prisión en condiciones inhumanas, Dreyfus aceptó el indulto que le concedió el presidente Émile Loubet. En 1906 su inocencia fue reconocida oficialmente por la Corte de Casación a través de una sentencia que anuló el juicio de 1899, sin reenvío para realizar un nuevo juicio, y decidió la rehabilitación del capitán Dreyfus, decisión inédita y única en la historia del derecho francés.
Rehabilitado, el Capitán Dreyfus fue reintegrado al ejército con el rango de Comandante, participando luego en la Primera Guerra mundial. Con la dignidad en alto, Dreyfus falleció en 1935.
La siguiente es la carta abierta de Émile Zola al presidente de Francia M. Felix Faure y publicado por el diario L’Aurore el 13 de enero de 1898 en su primera plana a favor del capitán Alfred Dreyfus:
“Yo acuso al teniente coronel Paty de Clam como laborante –quiero suponer inconsciente– del error judicial, y por haber defendido su obra nefasta tres años después con maquinaciones descabelladas y culpables. Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del siglo. Acuso al general Billot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus, y no haberlas utilizado, haciéndose por lo tanto culpable del crimen de lesa humanidad y de lesa justicia con un fin político y para salvar al Estado Mayor comprometido. Acuso al general Boisdeffre y al general Gonse por haberse hecho cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical, el otro por espíritu de cuerpo, que hace de las oficinas de Guerra un arca santa, inatacable. Acuso al general Pellieux y al comandante Ravary por haber hecho una información infame, una información parcialmente monstruosa, en la cual el segundo ha labrado el imperecedero monumento de su torpe audacia. Acuso a los tres peritos calígrafos, los señores Belhomme, Varinard y Couard por sus informes engañadores y fraudulentos, a menos que un examen facultativo los declare víctimas de una ceguera de los ojos y del juicio. Acuso a las oficinas de Guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en L’Éclair y en L’Echo de Paris una campaña abominable para cubrir su falta, extraviando a la opinión pública. Y por último: acuso al primer Consejo de Guerra, por haber condenado a un acusado, fundándose en un documento secreto, y al segundo Consejo de Guerra, por haber cubierto esta ilegalidad, cometiendo el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable. No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de julio de 1881, que se refieren a los delitos de difamación. Y voluntariamente me pongo a disposición de los Tribunales. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia. Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los Tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero. Émile Zola”, París, 13 de enero de 1898. Esta carta le costó a Zola el exilió en Londres, donde vivió en secreto.
El del general José Francisco Gallardo fue un caso sin precedentes en la justicia mexicana. En pleno salinato, la represión en su contra partió cuando el militar presentó una tesis de maestría titulada “La necesidad de un ombudsman militar en México”.
El delito consistió en haberla publicado en la revista Forum, una modesta publicación mensual. Por ese motivo, Gallardo estuvo más de diez años en prisión. Se le fincaron innumerables delitos, 16 averiguaciones previas, 9 causas penales, 7 autos de formal prisión y más de 20 delitos imputados.
Gallardo interpuso 17 amparos en materia penal y 20 en materia administrativa contra actos de la autoridad militar a lo largo del proceso que se le siguió desde 1993. Ante el abuso de la autoridad su caso fue atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una recomendación al gobierno mexicano para que fuese liberado.
La Suprema Corte de Justicia de la ación concedió amparo al general Gallardo Rodríguez a fin de mantener su grado militar, el cual le había sido cancelado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades militares le exigieron la entrega de las patentes o constancias de sus grados militares a fin de proceder a su cancelación, en cumplimiento de una sentencia del Supremo Tribunal Militar.
Además, le habían prohibido que no usara las insignias de General Brigadier, retirado su salario y apercibido que no firmara con su grado de general, ya que de hacerlo se haría acreedor al cargo de usurpación de funciones.
Un claro ejemplo de abuso de poder de las autoridades militares. El caso Gallardo dejó en claro tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ninguna institución de Estado, ni el Ejército, debe eximirse de la crítica y del escrutinio social.
El debate en torno al caso Gallardo motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, dictaminara que la autoridad militar utiliza las instituciones de justicia para un fin distinto para el cual fueron concebidas, realizando actos con apariencia legal; al debate se sumaron la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch, Pen Internacional el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos, las comisiones de derechos humanos del Congreso de la Unión y las organizaciones no gubernamentales mexicanas, todas bajo el pronunciamiento por la desaparición de la jurisdicción militar para esclarecer los crímenes del pasado y terminar con las graves y sistemáticas violaciones a los derechos civiles.
Ahora el caso Garzón pone ante la historia a España como nación. De manera inaudita la justicia española –si se le puede llamar así– por primera vez procesa a un juez por defender los derechos humanos. Dos de las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hicieron un llamado al gobierno de España, las que coincidieron en señalar que “la obligación de cualquier Estado es perseguir cualquier violación de derechos humanos y no se puede juzgar a ningún juez por hacerlo”.
Los principales diarios del mundo reaccionaron con indignación ante el proceso a Garzón. La inhabilitación de Baltazar Garzón “es una persecución por motivos políticos”, tituló The Guardian. “Una injusticia en España”, apuntó The New York Times. Le Figaro, tituló su portada “Superjuez”, The Times lo calificó como “El juez de las cruzadas”.
Baltazar Garzón se convirtió en una figura emblemática de la justicia. Su actuación rebasó las fronteras. Combatió al crimen organizado, lo mismo que al terrorismo, los abusos del poder y crímenes de lesa humanidad. A principios de los noventa se enfrascó en combatir a los cárteles de las drogas, encabezó las operaciones antidrogas “Nécora” y “Pitón” desarticulando a dos poderosas bandas de narcotraficantes que operaban en Galicia. Fue nombrado delegado del Plan Nacional sobre la Droga, alcanzando el rango de secretario de Estado.
En cuanto al terrorismo fue implacable con los grupos vinculados a Euskadi Ta Askatasuna (ETA) por lo que los partidarios de País Vasco y Libertad lo señalaron de criminalizar a las organizaciones independentistas, entre ellas a varias editoriales y periódicos de la izquierda nacionalista vasca. Lo cuestionaron por guardar silencio ante más de 200 casos documentados de tortura de los separatistas.
Sin embargo, Garzón también actuó con mano firme ante las organizaciones de la ultraderecha y las mafias políticas vinculadas al Partido Popular, que fue lo que desató una campaña de odio en su contra y un proceso judicial sin precedentes que lo llevaron a partir del 14 de mayo de 2010, ha ser suspendido cautelarmente en sus funciones de juez de la Audiencia Nacional por decisión del Consejo General del Poder Judicial. El motivo: haber ordenado unas escuchas en la cárcel de Carabanchel entre los acusados de una gran red de corrupción, conocida como caso “Gürtel” y que involucra a decenas de políticos vinculados al gobernante Partido Popular, que encabeza el presidente Mariano Rajoy.
El empresario Francisco Correa Sánchez, el Carleone español, dirigía varias empresas muy estrechamente vinculadas al Partido Popular (PP), entre ellas Special Events, que durante algunos años organizó importantes eventos del partido cuyo gobierno lidera Mariano Rajoy.
En su alegato Garzón hizo saber que a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, las escuchas se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y lavando dinero desde la prisión. Los integrantes del Tribunal Supremo acusan a Garzón del delito de “prevaricación” por haber ordenado las escuchas, que esta autoridad considera “ilegales” por lo que exigen una pena de 11 años de inhabilitación y pérdida definitiva del cargo que ostenta.
No obstante el punto medular del proceso en su contra lo constituye, además, el haberse declarado competente desde el año 2008 para investigar las desapariciones ocurridas durante la guerra civil española y el franquismo.
Garzón tocó las fibras más sensibles de la ultraderecha española, que ahora detenta el poder político y, que para su desgracia, le ha jugado una vendetta con el proceso judicial en su contra que ha puesto a España en el escándalo por todo lo que ello representa, para un país que demuestra que aún no cicatrizan las heridas de su pasado reciente y que pone en jaque a sus instituciones y a la democracia española.
Detrás de las acusaciones a Garzón ante el Tribunal Supremo están los grupos fascistas aglutinados en torno a la ultraderechista Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) y las no menos fascistas y ultraderechistas Manos Limpias, y la asociación Igualdad e Identidad.
Garzón no está solo, son varios los magistrados del Tribunal Supremo que defienden su causa y que saben que se trata de un caso de ignominia. En palabras del ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, el caso Garzón puede ser resumido así: “Es un golpe a la democracia 35 años después de la muerte del dictador, la extrema derecha ha conquistado una victoria que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un Consejo General del Poder
Judicial cómplice”.
En palabras de la organización Human Rights Watch resume así el caso Garzón: “Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima de España. El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país… Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento de un juez de investigarlos”.
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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción yLa Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.
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