Violenta el derecho de libre tránsito, aseveran integrantes de diversos organismos
Viernes, 24 Febrero 2012
GUILLERMO MORALES
Los parquímetros en Orizaba además de no estar contemplados su cobro en el Código Hacendario Municipal, terminan siendo un impuesto local anticonstitucional que violenta el derecho de libre tránsito, pues el pago en la máquina hace las veces de un salvoconducto con el que pueden los automovilistas estacionarlo en el centro de la ciudad durante un determinado tiempo.
Según el coordinador del Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales Organizados (FUTURO) Jorge González Rojas, las autoridades caen en contradicciones al declararse incompetentes para reabrir Madero al ser un tema propio de Tránsito, pero sí son competentes para cobrar por pararse un rato en la vía pública.
En ese sentido Jairo Guarneros, integrante de la Coordinadora de la Sociedad Civil, aseguró que las autoridades tienen un criterio mercantilista al querer cobrar por todo, mientras que González Rojas los calificó de persecutorios al tratar de reventar la economía del centro de la ciudad con tanto impuesto.
Llamó a los conductores a no utilizar los parquímetros, pero sí seguir yendo al centro histórico de compras, pues de ahí depende la economía de cientos de familias.
“Hay mucha razón en quien se opone a ese tipo de aparatos, porque no es un servicio municipal es un impuesto que violenta el derecho de libre tránsito, son impuestos municipales persecurtorios”, expresó.
Explicó que son impuestos y no servicios, al no ofrecer ningún servicio a quien paga una cantidad en el parquímetro y en ese sentido siempre han sostenido que el Ayuntamiento con su Código Hacendario Municipal, “los impuestos que contempla son de carácter persecutorio, es decir, que persiguen al consumidor y es una forma de reventar la economía en el primer cuadro de la ciudad.
Reiteró que los parquímetros tienen el objetivo de desalentar el acceso con vehículo al centro de la ciudad. ¿Porqué alguien va a pagar 10 o 15 pesos? y no obtiene un beneficio a cambio como cuando se va a las plazas comerciales que son lugares privados y donde los automóviles tienen mayor seguridad.
Aseveró que con estos cobros se violenta la Constitución que establece la libertad de tránsito, “el parquímetro la función anticonstitucional que hace es la del salvoconducto, cuando la Constitución dice que ningún mexicano tiene la necesidad de tener un salvoconducto por permanecer o transitar en la vía pública”.
Indicó que desde Juan Manuel Diez y hoy el presidente municipal Hugo Chahín Maluly dejan ver en sus acciones de gobierno no obedecen a un programa que atienda las necesidades de los orizabeños, “ellos provienen de un grupo empresarial que está coludido con los intereses transnacionales y que ese tipo de intereses atentan contra la economía local y regional”.
Aseguró que los presidentes municipales han actuado por ocurrencias, como lo es la instalación de una maya perimetral en el mercado Zapata y los parquímetros.
Recordó que haciendo uso del derecho de petición, solicitaron al ayuntamiento su plan anual de obras y acciones, el plan de gobierno contemplado en el plan municipal de desarrollo y nunca se los han otorgado, “dicen que no existe y a través del sindico Castelán Crivelli se nos contestó que ese tipo de documentos no existían; luego entonces el gobierno no actúa bajo un programa de gobierno estructural, van trazando estrategias según los grupos de poder económico a los que obedecen”.
González Rojas reveló que también solicitaron al Ayuntamiento la justificación del Código Hacendario, pues alguien un síndico, un regidor o el propio presidente en tiempo de Juan Manuel Diez debio haber presentado las reformas al Código Hacendario que están aplicando y la practica legislativa dice que esa solicitud de reformas al Código Hacendario debieron de haber ido acompañadas de una exposición de motivos.
El entrevistado, dijo que saben que los acuerdos de Cabildo reales son acuerdos en lo oscurito entre ediles que actúan como empleados y no como representantes populares. Los ediles en la pasada administración y ahora también parece que ya los plancharon, actúan como empleados del alcalde y no como representantes populares.
Y prueba de ello, argumentó que los parquímetros fueron autorizados en un cabildo, sin mayor tramite y discusión, análisis y reflexión, “simplemente fue un acuerdo que de manera pública se le dio forma, pero el fondo nadie lo sabe”.
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