MÉXICO, D.F. (apro).- En el juicio que se sigue por el derrame petrolero ocurrido en abril de 2010 en el lado estadunidense del Golfo de México, los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo deben demostrar que han sufrido daños ambientales y económicos, sin embargo hasta ahora el gobierno federal no ha interpuesto una demanda por el accidente.
“A la fecha no ha interpuesto su reclamo. Desconocemos la verdadera razón por la cual el gobierno no lo haya hecho. Les recomendamos actuar inmediatamente, pues los hemos puesto al tanto de que hay plazos que no cumplieron”, indica a Apro Enrique Serna, representante legal de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.
El equipo del despacho Serna & Associates PLLC, afincado en la ciudad texana de San Antonio, sostuvo dos reuniones con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –en noviembre de 2010 y en el mismo mes de 2011– sobre los aspectos legales del caso, sin que la secretaría a cargo de Patricia Espinosa decidiera actuar.
El juez Carl Barbier, de la Corte del Distrito Este de Louisiana y responsable del Litigio Multidistrital 2179 (MDL, por sus siglas en inglés), estableció al inicio del proceso que todo aquel con un daño físico, material o económico podía interponer cargos contra la suiza TransOcean, dueña del pozo que estalló, entre abril de 2010 y ese mismo mes del año siguiente.
Como los afectados seguían presentándose ante los tribunales estadunidenses, el magistrado extendió el plazo hasta el 16 de septiembre de 2011. Finalmente Barbier alargó el lapso hasta abril de este año, pero con la condicionante de que esa corporación avale cualquier nuevo reclamo. Fenecido ese periodo, el caso prescribirá.
“Mano negra”
El 20 de abril de 2010, la plataforma de perforación Deepwater Horizon, que la transnacional British Petroleum (BP) alquilaba a Transocean, explotó frente a las costas del estado de Louisiana y se hundió dos días después. Ello causó la muerte de 11 trabajadores.
Entre esa fecha y el 15 de julio de ese año, cuando el pozo Macondo fue sellado, se fugaron 4 millones 900 mil barriles de petróleo, de los cuales sólo se recogieron 800 mil.
El 16 de septiembre de 2010, los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo interpusieron una querella debido a los daños ocasionados por el desastre. Lo hicieron ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, presidida por el juez Orlando García.
Las entidades acusan a TransOcean, BP, Halliburton Energy Services (responsable de la cementación del pozo y su tapa), Anadarko Petroleum Corporation (dueña de al menos 25% del pozo siniestrado) y Cameron International Corporation (fabricante de las válvulas del preventor de explosiones que no funcionaron durante el percance).
“Nos sorprende que la Federación no haya actuado. Lo que más nos sorprende es que su propia comunidad científica, en colaboración con la estadunidense, los políticos, Petróleos Mexicanos y las organizaciones no gubernamentales, saben los impactos de un derrame de esta magnitud a largo plazo y apoyan que se interponga una demanda”, señala Serna, abogado egresado de la Texas Southern University.
Serna expresa “su miedo” de que “la burocracia y la indecisión política vayan a llegar a tal grado que la acción prescriba y que México se quede fuera completamente del litigio, a pesar de saber los grandes daños al ambiente”.
Desde el año 2000, Halliburton, vinculada al exvicepresidente estadunidense Dick Cheney (2000-2008), ha ganado al menos 128 contratos de Pemex por un monto superior a los 80 mil millones de pesos.
“Es enorme el juego de intereses. Me preocupa que haya ‘mano negra’, que de alguna manera u otra BP o Halliburton hayan influido en la decisión de no demandarlos”, denuncia el abogado.
Afectaciones
Las tres entidades acusan a las empresas por negligencia grave, daños por pérdidas, lesiones y perjuicios derivados del vertido, que ha derivado en un monumental proceso legal que aglutina a unos 130 mil acusadores y más de 500 juicios.
En su pliego, identificado con la clave 2:10-cv-04240-CJB-SS, al que Apro tuvo acceso, Tamaulipas argumenta que depende de sus recursos naturales presentes en el Golfo de México para su bienestar económico de largo plazo. “De primordial importancia son el turismo, la industria pesquera y la navegación comercial”, cita el documento de 26 páginas de extensión.
Postura similar arguye Quintana Roo en su demanda 5:10-cv-00763-OLG, de 28 páginas, y que resalta la importancia del turismo, el ecoturismo y la industria pesquera.
Por su parte, Veracruz alega en su querella 5:10-cv-00761-OLG, también de 28 páginas, que el petróleo derramado en la zona causará “daño severo al ambiente del Golfo, incluyendo el marino, el costero y el estuario”.
El crudo vertido ocasionará “daño presente y futuro y riesgos de afectación a la vida marina a lo largo de las costas” de los estados, así como otras partes del Golfo.
Los acusadores mencionan serias pérdidas financieras y daños, incluyendo cuotas, impuestos e ingresos, así como gasto relacionado con medidas de prevención, estudios científicos y otras averías.
Barbier falló el pasado 9 de diciembre que Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo no pueden reclamar daños bajo la Ley de Contaminación Petrolera (OPA, por sus siglas en inglés), pues no existe un tratado entre México y Estados Unidos que avale esa solicitud.
El magistrado determinó que ni los tratados invocados por esas tres entidades ni el Acuerdo de Cooperación sobre Polución del Ambiente Marino por Descargas de Hidrocarburos y Otras Sustancias Peligrosas, conocido como Plan Mexus, ni el Convenio de Cartagena para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe, permiten reclamos de extranjeros por vertidos de crudo bajo la OPA.
Serna optó por esperar a que concluya todo el proceso legal para apelar esa decisión.
Los cargos levantados por los tres gobiernos estatales se mantienen, “pero sólo en la medida que ha habido perjuicio físico” de intereses de propietarios, según el fallo de Barbier, que basa el proceso en la ley marítima estadunidense, por la ubicación del ecocidio.
“Podemos demostrar no solamente en la afectación pesquera, como al camarón blanco, el ostión, el lenguado, sino también en todos los pedazos de playas donde hay granjas y donde hay que limpiar y restaurar el ambiente”, sostiene el abogado.
Debido especialmente a la crisis económica y al vertido, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) canceló temporalmente el proyecto turístico Costa Lora, que requería de unos 600 millones de dólares.
“Hubo otros proyectos industriales cancelados de menor impacto en la industria pesquera en Tampico-Madero y en los puertos más populares como Altamira”, explica Serna, sin ofrecer detalles de esas iniciativas, y quien estima que la Federación debería calcular al menos un mil millones de dólares en daños sufridos a mediano y largo plazos.
La representación legal de los tres estados debe presentar informes que acrediten las afectaciones.
Mientras en Estados Unidos han abundado los estudios sobre el vertido, en el país escasean y no han sido concluyentes respecto del grado de contaminación de la zona.
La Comisión Intersecretarial creada para monitorear el derrame, que encabeza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no ha difundido algunos informes, “porque los está guardando para el litigio de la República”, en la versión de Serna.
Una de las preocupaciones existentes se basa en los restos de petróleo que han quedado en el lecho submarino. Para diluir el crudo, BP empleó el dispersor Corexit, un químico poderoso y altamente contaminante.
El resto no se diluye, “pero se queda bajo el mar. Toda aquella bolita va a todos lados. Lo que no se ve es lo que más daño nos va a causar. ¿Dónde están los millones de litros de petróleo diluido?”, se pregunta el abogado.
“El crudo, los dispersores y otros materiales y sustancias vertidas por los acusados en el Golfo de México y el Caribe causarán daño a una de las fuentes de Quintana Roo de agua potable y no potable”, pues toma y procesa agua de ambos sitios, cita la demanda del gobierno quintarroense.
Luego del desastre, se puso en marcha la Oficina de Reclamos de la Costa del Golfo dotado con 20 mil millones de dólares para atender exigencias por daños.
Además, BP entregó 500 millones al gobierno estadunidense y 100 millones a los estados de Texas, Luisiana, Alabama, Mississippi y Florida.
“Pedimos esa suma para restaurar el ambiente, pero lo negaron. BP no nos quiere pagar, va a negar cualquier daño”, insiste Serna, quien también representa a grupos de pescadores afectados de Tamaulipas y Veracruz.
En el MDL también figura una demanda de la empresa Grupo Turístico Tamaulipas.
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