Isaín Mandujano
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Torturado hace 12 años por policías judiciales de Chiapas para confesar un crimen que, dice, nunca cometió, Ananías Laparra Martínez fue liberado por las autoridades locales bajo la figura de “sentencia suspendida”.
El 14 de octubre de 1999, Laparra Martínez, su esposa Rosa Godínez, y sus hijos José Ananías y Rocío Laparra Godínez, de 14 y 16 años de edad, respectivamente, fueron detenidos y torturados. El padre de familia fue sentenciado a 28 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, supuestamente perpetrado contra Elvis Díaz Martínez en el municipio de Coacahotán.
En 2007, ocho años después de ocurrido el suceso, amigos, familiares y abogados del acusado crearon el Comité Laparra y exhibieron los abusos cometidos por el gobierno de Chiapas.
El caso se llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, en Washington, Estados Unidos.
Tras varios años de esfuerzo y gestoría, hoy se realizó una reunión en la que participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación y autoridades del gobierno del estado de Chiapas. Estuvieron presentes miembros de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, del Consejo Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Salud, así como el abogado Ricardo Lagunes Gasca.
Desde Seattle, Alejandra Gonza y Thomas Antkowiak, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, presenciaron el evento protocolario vía Skype.
Ananías Laparra Martínez, de 64 años de edad, recordó que luego de ser torturado, sin saber leer ni escribir y con la complicidad del Ministerio Público, fue forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, confesando un crimen que no cometió.
Pese a las reiteradas denuncias de tortura que hizo Laparra desde el primer momento en que estuvo frente a un juez, fue sentenciado a más de 28 años de prisión.
La confesión obtenida bajo tortura fue la prueba principal de su condena, aceptada por los jueces mexicanos con base en el principio de inmediatez procesal.
Laparra Martínez era un blanco fácil para la policía y el Ministerio Público. De escasos recursos económicos y sin instrucción académica, su detención no sería objetada y dotaría a las autoridades de una condena sin mayores esfuerzos de investigación.
En una misiva, el director de la Clínica de Derechos Humanos, Thomas Antkowiak, señaló que este caso “representa una dura realidad en México: el uso sistemático de la tortura y coerción como método de investigación por parte de la policía y el Ministerio Público, y la aceptación de prueba coaccionada por parte del Poder Judicial”.
Esa práctica sistemática ha sido reconocida y reprochada por numerosos organismos internacionales, que han solicitado al Estado mexicano realice cambios estructurales en su sistema de justicia.
De acuerdo con Antkowiak, un momento decisivo en la historia del caso Laparra fue la presentación, por parte de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Varios estudiantes de derecho participaron en el análisis del expediente, así como en la preparación y el seguimiento del caso ante la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano que instrumentara medidas adecuadas para dotar de tratamiento médico y proteger la delicada situación de salud de Laparra.
“La decisión de la CIDH se transformó en una herramienta trascendental para generar un espacio de negociación con oficiales del gobierno local y federal sobre el caso de Ananías Laparra”, dijo Alejandra Gonza, abogada representante en el caso.
Después de un intenso periodo de negociaciones y reuniones, y con la adopción –el pasado viernes 24– de medidas cautelares por parte del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, la Mesa de Reconciliación determinó liberar a Laparra este martes, bajo la figura de sentencia suspendida.
Para llegar a este punto fue fundamental el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la representación legal del abogado mexicano de la familia Laparra Martínez, Ricardo Lagunes Gasca, con quienes la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle pudo consolidar la libertad.
Lagunes, Gonza y Antkowiak dijeron que la Clínica y todo el equipo de abogados y organizaciones que los apoyaron continuarán trabajando en representación de la familia Laparra Martínez, para que el Estado de mexicano le otorgue una reparación integral por las graves violaciones a sus derechos humanos.
Los esfuerzos, añadieron, incluirán el litigio pendiente ante la CIDH, además de las iniciativas entabladas ante autoridades estatales y federales.
Laparra Martínez dejó el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número de 3 de Tapachula, Chiapas (CERSS 3), pero la travesía apenas empieza para él, pues ahora iniciará la búsqueda de su hijo José Ananías, quien “huyó” de la entidad luego de haber sido torturado por policías judiciales, y hasta ahora nada saben de él.
Lo último que Ananías Laparra Martínez supo de su hijo, ahora con 26 años de edad, es que estaba en el Distrito Federal y que se había hecho adicto a las drogas.
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