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| EL DICTADORCILLO PUEDE HABER INCURRIDO EN ABUSO DE AUTORIDAD... |
FERNANDO INÉS CARMONA
Orizaba, Ver.- El alcalde Hugo Chahín y sus ediles pudieron haber incurrido en el delito de abuso de autoridad. El programa de parquímetros, aplicado por acuerdo de cabildo, no tiene la autorización para multar, inmovilizar o detener vehículos que sobrepasen las tres horas de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad, si se atreven a hacerlo sobrepasarían su función, “Tránsito del Estado es la única autorizada para aplicar infracciones viales”.
Pero el abogado Juan Oropeza, secretario del Foro de Abogados y Postulantes Metropolitanos, va más allá y revela que si el ayuntamiento, a través de los operadores de los parquímetros “se atreve a poner las arañas en las llantas de los vehículos, el conductor puede demandar al ayuntamiento y de paso promover un juicio de amparo que seguramente ganará”.
Las condiciones en las que opera el programa de parquímetros deja en claro que el ayuntamiento omitió la ley.
El ayuntamiento no tiene facultad para cobrar por el estacionamiento de vehículos en las calles, “no existe una reforma al Código Hacendario, a los ediles se les olvidó ese detalle. Debe existir una reforma, que incluso debe ser aprobada por el Congreso del Estado”.
Pero en el supuesto caso que esa reforma existiera, aún no podrían sancionar a los vehículos, “tendría que sostenerse un convenio con la Dirección General de Tránsito del estado para entonces pedirles el apoyo y se proceda a la sanción. Queda claro que el ayuntamiento y su departamento jurídico no se condujeron por los caminos legales. Lo hicieron al vapor”.
Estas condiciones permiten que cualquier automovilista pueda estacionar su vehículo en los cajones habilitados, pasar el tiempo de tolerancia, tres horas y ni el ayuntamiento o Tránsito del Estado puede sancionar, multar, inmovilizar y arrastrar con grúa el vehículo. Eso sería un abuso de autoridad. No hay argumento legal.
Por otro lado, Organizaciones No Gubernamentales criticaron el programa que desde hace una semana puso en marcha el ayuntamiento. El fin de semana fijaron su postura y advierten que el ayuntamiento “viola las garantías individuales como el libre tránsito”. Señalan que los operadores de los parquímetros lo único que pueden hacer es eso: operar los aparatos y no más.
No obstante, la operación de los parquímetros no es el único tema en discusión. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) promotora del programa ahora se dice inconforme, no por la operatividad sino por la distribución de los recursos económicos que se obtengan de ellos.
El ayuntamiento, a través de su Departamento de Comunicación Social, anunció que el dinero recaudado se destinará de la siguiente forma: 80 por ciento para el DIF municipal y 20 por ciento para el mantenimiento del centro histórico, incluido los 16 parquímetros instalados.
“Creemos que debe haber una reconsideración”, reclama el presidente de la delegación de Canaco, Enrique Guillomen Maldonado, “debe haber mayor dinero para mantener en buenas condiciones el centro histórico y no que el DIF se lleve la mayor parte”, exige.
En tanto el haber abierto los cajones de estacionamiento y reducir nuevamente a un carril el tráfico vehicular provocó que los congestionamientos viales regresaran al centro de la ciudad. Hasta hace apenas dos semanas el desplazamiento vehicular en cuatro calles en línea recta era no mayor a los cinco minutos, hoy el mismo tramo se recorre hasta en 15 minutos, sobre todo en horas pico.
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