TODO QUEDÓ BAJO SOSPECHA. Dos empleados menores del Gobierno del Estado de Veracruz fueron sorprendidos en el aeropuerto de Toluca cuando bajaban de un jet privado cargando un abultado maletín que contenía 25 millones de pesos en efectivo. Fue la Procuraduría General de la República quien detuvo a los dos empleados y quien requisó los millones a la Secretaría de Finanzas del gobierno a cargo de Javier Duarte.
ESTO HA SIDO SIN LUGAR duda el producto de una denuncia anónima de alguien infiltrado al interior del mismo gobierno veracruzano, o quizá del fuego amigo que en estos tiempos siempre existe y ha existido.
LO QUE SÍ QUEDA FUERA de cualquier duda: Se trata de un movimiento aéreo de millones de pesos propiedad de los veracruzanos, sacado de las arcas del gobierno del estado al margen del más elemental marco jurídico. Es sin duda una extraña y sospechosa operación. Se trata de un procedimiento a todas luces irregular y al margen de los códigos administrativos internos que rigen este tipo de movimientos de dinero y que por alguna razón no quiso satisfacer la Secretaría de Finanzas de Veracruz hoy a cargo de Tomás Ruiz (por cierto de muy infausta memoria). Es sin duda un acto de corrupción nada transparente del que nadie debería saber nada, según el gobernador Duarte, pero que por fortuna no fue así.
LO QUE SÍ SUBYACE en este extraño asunto nos pone de manifiesto que algo debe andar muy mal en el manejo de los dineros de los contribuyentes veracruzanos, como para que a las doce de la noche y un día viernes, dos empleados muy menores se trasladen desde Jalapa a Toluca portando un maletín con 25 millones de pesos, disque para pagar a proveedores. Según los detenidos el destino de los 25 millones era para pagar algunas empresas encargadas de promover un carnaval, las fiestas de la Candelaria y el Festival de Tajín.
LO QUE SÍ PARECE muy extraño es que se trataría del primer caso en la historia de nuestra terrible burocracia, que un gobierno corre solícito por la noche, en jet y hasta el mismo domicilio de sus proveedores para pagarles en efectivo lo que les debe; cuando la realidad y en la gran generalidad de los casos, los proveedores necesitan hacer miles de gestiones y pagar "moches" para que les paguen sus facturas.
LA REALIDAD es que todo esto huele a corrupción. No existen oficios ni órdenes de pago signados por la Secretaría de Finanzas; no consta la expedición de un cheque nominativo a los proveedores debidamente documentado y controlado por parte de la Tesorería del Estado; tampoco un recibo de recepción. No han aparecido los contratos de prestación de servicios ni las licitaciones que exige la ley para el otorgamiento de contratos a proveedores etc. etc.
PERO LO QUE NUNCA llegará a saber el pueblo de a pie, será el destino final de los sonados 25 millones de pesos; quiénes eran realmente los beneficiarios; cuál es la causa real de las entregas y los bolsillos finales a donde irían a parar esos millones. Lo más grave: ¿Cuántas operaciones del mismo tipo se habrán realizado hasta el día de hoy, pero que han sido debidamente encubiertas?
¡Para aguante, el del ciudadano mexicano!
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