 |
| OBLIGACION DEL GOBIERNO DAR SEGURIDAD |
Javier Duarte y la impunidad
Cuatro periodistas muertos en Veracruz en los últimos cinco días; nueve desde que, el 1 de diciembre de 2010, el priísta Javier Duarte de Ochoa asumió el gobierno de esa entidad.
El sábado pasado, el gremio periodístico se cimbró con el hallazgo en Xalapa del cadáver de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso. Y ayer, justo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, tres fotoreporteros fueron encontrados sin vida, desmembrados y con huellas de tortura. Dos de ellos eran freelancers y laboran para Veracruznews, Voz del Sureste, El Diario de Cardel y Notiver; el otro, hacía poco había renunciado por amenazas a su trabajo en el diario AZ.
Veracruz es ya la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México y, aún peor, todos estos asesinatos, más dos desapariciones reportadas por ONG’s, no han sido resueltos por la autoridad estatal y permanecen impunes.
El gobierno de Duarte de Ochoa dijo ayer, como lo hizo en los otros casos, que por las características de las ejecuciones se presume la participación de la delincuencia organizada y, por ello, solicitará a la Procuraduría General de la República la atracción del caso.
Sin embargo, su falta de compromiso para atender los constantes ataques contra los comunicadores en ese estado es ya el sello distintivo de su administración.
Por eso no sorprende que ayer la ONG Freedom House colocara a México, por segundo año consecutivo, como “país no libre” debido a que “la libertad de prensa se vio amenazada fundamentalmente por las condiciones provocadas por el lugar central que ocupa México en el tráfico internacional de drogas ilícitas, por el empleo de la fuerza militar en las principales ciudades del país y por la imposibilidad del gobierno para promover reformas significativas” y mejorar la protección de los periodistas.
Lo que preocupa no es sólo la falta de protección sino además la impunidad que se nutre desde los gobiernos federales, estatales y municipales. Si no hay castigos ejemplares, entonces se abre una gran puerta para atacar con libertad a los comunicadores o a cualquier otro ciudadano.
Y no sólo se le da carta blanca a los grupos criminales, sino también a empresarios, caciques locales y políticos.
Los tres niveles de gobierno en México han sido omisos y han dejado hacer y pasar los crímenes de comunicadores, como una consecuencia –daños colaterales, le llaman oficialmente– de la guerra de la administración de Felipe Calderón Hinojosa contra el crimen organizado.
Pero esta violencia afecta y daña a todos, incluidos a quienes gobiernan y sea cual sea su partido.
