MÉXICO, D.F. (apro).- Decenas de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, incluida la ONU, condenaron por separado la imparable violencia contra periodistas mexicanos; exigieron al gobierno de Felipe Calderón y a los gobiernos estatales esclarecer los hechos y salvaguardar la integridad de los comunicadores.
Las organizaciones internacionales reprobaron las agresiones contra el gremio periodístico, sobre todo en Veracruz, donde el pasado 14 de junio fue asesinado del reportero Víctor Manuel Baéz Chino.
En Ginebra, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, expresó su “preocupación por el dramático incremento de la violencia contra las y los periodistas, en particular en México”.
Durante la inauguración de la XX sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pillay se refirió al asesinato de Baéz Chino, periodista del portal www.reporterospoliciacos.mx y de la sección policial del diario Milenio el Portal de Veracruz, así como al hallazgo, el 18 de mayo, del cuerpo sin vida de Marco Antonio Ávila García, reportero de El Regional, de Sonora, quien fue levantado en la víspera en Ciudad Obregón.
Ambos hechos, consideró la representante de la ONU, “constituyen actos criminales de extremo y negativo impacto contra el gremio periodístico mexicano que incrementan la dimensión del riesgo en el que ejercen su profesión, lo cual vulnera el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.
Tras exigir “investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales”, el representante de Navi Pillay en México, Javier Hernández Valencia, resaltó que la reciente reforma constitucional que obliga al gobierno federal a atraer las investigaciones de los crímenes contra la libertad de expresión “necesita seguir siendo priorizada”.
En tanto, Amnistía Internacional, puntualizó que el reciente crimen de Baéz Chino, que se suma a otras agresiones contra periodistas en Veracruz, “demuestra que las autoridades tanto a nivel federal como estatal, no han sido capaces de acabar con la impunidad en los casos de ataques” contra este sector, “ni parecen dispuestos a hacerle a las y los periodistas protección efectiva de acuerdo con sus necesidades”.
La prueba de esto último, añadió Amnistía, lo ilustra el secuestro temporal de la periodista Stephanía Rodríguez Cardoso y de su pequeño hijo de dos años, en Saltillo, Coahuila, quien el 15 de junio se comunicó a una estación de radio pidiendo ayuda al gobierno federal, pero hasta este lunes 18 no se le había proporcionado.
Todos estos acontecimientos, continuó la organización en su comunicado, demuestran “la vulnerabilidad de las y los periodistas y defensores de derechos humanos”, por lo que coincide con el representante de la ONU en México de decretar la ley en la materia.
La organización se sumó a la exigencia de esclarecer el homicidio de Baéz Chino.
Desde París, Francia, Alison Meston, directora de Libertad de Prensa de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), declaró que “cada muerte de un periodista es un golpe a la esencia de la democracia”.
Recordó que junto al cuerpo inerte y mancillado del periodista de Xalapa, Veracruz, había un mensaje que decía “Esto es lo que sucede a quienes traicionan y quieren ser inteligentes, atentamente Los Zetas”.
La defensora de WAN-IFRA apuntó que “la total impunidad de la que gozan los autores de estos delitos en México, plantea serias dudas sobre la compresión por parte de las autoridades mexicanas de la democracia”.
Anthony Mills, subdirector del Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), opinó que el crimen contra Báez Chino demuestra la falta de protección de las autoridades al derecho de los comunicadores a informar con libertad y seguridad.
Además, expone “una deficiencia grave y letal que socava aún más la capacidad de México de defender el imperio de la ley y salvaguardar el libre flujo de la información, que considerando la violenta crisis actual es de enorme importancia”,
A estas exigencias de justicia se sumaron decenas de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión.
En un documento lanzaron una dura crítica al gobierno priista de Veracruz que encabeza Javier Duarte, por “la falta de acción oportuna y eficaz de las autoridades competentes impidió salvar”, la vida de nueve periodistas asesinados en su mandato.
Los firmantes recordaron que como consecuencia de “amenazas e intimidaciones y la falta de garantías de seguridad para sus vidas y ss familias, más de media docena de periodistas han tenido que salir del estado –uno de ellos solicitó asilo en Estados Unidos.
A la falta de acciones preventivas, las agrupaciones resaltaron que “las investigaciones de los casos no han arrojado ningún resultado concluyente, con lo cual se ha propiciado la repetición de los hechos delictivos y la indefensión de las víctimas”.
Alertaron que “las agresiones no cesarán mientras el gobierno de Veracruz continúe sin dar respuesta eficaz a los llamados urgentes que diversas organizaciones nacionales como internacionales, el propio gremio periodístico y la sociedad en general le han reiterado sobre su obligación de proteger y asegurar la integridad física de las y los periodistas sin escatimar esfuerzos”.
Al gobierno de Duarte, las organizaciones firmantes piden “garantías efectivas” para salvaguardar la integridad física y moral, así como el ejercicio periodístico; actuación efectiva ante amenazas de vida de reporteros; investigación por parte de las procuradurías de Veracruz y la General de la República en los casos de asesinatos y desapariciones, así como cualquier otro tipo de amenaza; y transparencia en las investigaciones.
Firman el comunicado Reporteros sin Fronteras, Freedom House, el Observatorio Latinoamericano de Libertad de Expresión, Comité para la Protección de Periodistas, así como agrupaciones gremiales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Honduras, Ecuador y Estados Unidos, entre otras; de México, la Asociación de Radios Comunitarios (Amarc), Casa de los Derechos de los Periodistas, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Asociación Mexicana de para el Derecho a la Libertad de Expresión (Amedi) y el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), entre otras.
