A 90 días de terminar su administración como presidente de México, Felipe Calderón deja tras de sí un país devastado –“el más mortífero del mundo”, de acuerdo con el diario francés Le Monde–, una lista interminable de agravios y total impunidad.
MARCELA SALAS CASSANI
México DF. Muerte, desapariciones, impunidad, injusticia, pobreza, inseguridad, desempleo y falta de oportunidades es lo que han dejado al país los seis años de mandato de Felipe Calderón, coinciden en entrevista con Desinformémonos Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco; Salvador Campanur, de la emblemática comunidad de Cherán; Abel Barrera, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; y Michel Salas, abogada y defensora de los derechos humanos, del colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez.
Apenas hubo tomado el poder, en diciembre de 2006, Felipe Calderón, cuya administración está a noventa días de concluir, emprendió una “guerra contra el narcotráfico” como parte de una estrategia para legitimar su llegada al poder, que había sido severamente cuestionada. Un sexenio después, las fatídicas consecuencia de su fallida táctica, han dejado al país bañado de sangre, con más de 70 mil muertos a cuestas.
“El balance que como pueblo mexicano tenemos de este gobierno que termina es que estamos cada vez peor. Felipe Calderón emprendió una lucha dizque ‘en contra del narco’, pero en realidad esta guerra es en contra de nosotros, se ha ejercido una tremenda violencia en contra del pueblo”, apunta Trinidad Ramírez, figura emblemática de la defensa que desde el año 2000 el pueblo de Atenco, en el Estado de México, ha protagonizado contra los intentos de despojo de su territorio para construir un aeropuerto.
“México está siendo saqueado y agredido. El saldo que deja este gobierno son muchas desapariciones, asesinatos, inseguridad, desempleo, privatización de la educación y de la atención a la salud y cada vez más pobreza. En lugar de avanzar e ir saliendo de todo lo que hemos vivido, todo lo malo se ha ido intensificando a raíz de la imposición de Felipe Calderón”, agrega Ramírez del Valle.
Para los pueblos indios de México, el panorama tampoco ha sido halagador. “El sexenio de Calderón no ha sido otra cosa que la aplicación de la ley foxista, que es una ley de muerte para nosotros. Durante este mandato, se ha aplicado la práctica del olvido, las desapariciones, los asesinatos y los encarcelamientos para la gente de abajo, la gente humilde, la gente indígena. Vemos que sigue habiendo inseguridad. Nada bueno ha traído este sexenio para los pueblos indios”, asegura Salvador Campanur.
En la comunidad purhépecha de Cherán, en Michoacán, hace un año y cinco meses que sus habitantes –hartos de los talamontes que saqueaban sus bosques y de las autoridades que solapaban y encubrían a los grupos criminales– los comuneros, encabezados por las mujeres, retomaron su forma tradicional de gobierno, para procurarse la protección y justicia que el Estado les había negado.
“Nosotros seguimos exigiendo que se castigue a los responsables de todo lo que ha dañado a comunidades como la nuestra, porque va de por medio la vida o la muerte de nuestros compañeros. Para nosotros, nuestra lucha significa una lucha por la vida. Pero el gobierno en lugar de dar protección y de abrir las puertas de la justicia, sólo nos da sangre” apunta Campanur.
El comunero recuerda además, que desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, en 1994, los gobiernos han modificado la Constitución –sobre todo el artículo 27, que habla de la posesión de la tierra– para que “se haga más fácil la aplicación del despojo, del robo y la privatización de nuestro territorio”.
En materia de derechos humanos, la cifra de muertos y desaparecidos y, sobre todo, la forma en que la población ha sido sometida por el crimen organizado, arrojan un balance fatídico para el país, explica Abel Barrera, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero. “Con una mirada desde la Montaña –un lugar donde la pobreza y la violencia se siguen profundizando– la situación es sumamente grave, en tanto que se ha roto el tejido comunitario de estos pueblos y se ha generado una desconfianza entre la ciudadanía hacia los órganos investigadores, hacia los encargados de la seguridad pública y ante quienes tiene la obligación de impartir justicia. Es decir, no hubo justicia para los ciudadanos, no se les atendió. Hay una deuda mayor de este gobierno hacia las víctimas y, lo más cruel es que se dejó atrás una ley que atendía el reclamo de las víctimas”.
En el marco de una política belicista, el aumento de la militarización en el país es un indicador de que solamente aumentaron las muertes y las confrontaciones, y de que esta estrategia no dejó ningún saldo positivo para que las víctimas alcancen justicia. Aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército y no hubo forma de garantizar que los crímenes cometidos por los militares fueran a la justicia civil. A pesar de las sentencias de la Corte Interamericana, sigue imperando la protección al ejército.
Barrera advierte que en lo relacionado a las desapariciones ahora no se investiga, sino se criminaliza y se descalifica la trayectoria de las personas que son secuestradas o “levantadas”. “Es un saldo rojo el que deja Calderón, en todos los sentidos, pero sobre todo en el tema de justicia y falta de respeto a los derechos humanos. Hoy la gente no cree en los órganos de justicia, tiene temor de operaciones policiacas y sabe que el ejército no ha sido de ayuda para proteger, sino más bien que genera un patrón de violaciones a los derechos de seguridad y de integridad física”.
En cuanto al tema de los feminicidios la administración que está por concluir deja otro sexenio más sin que los culpables hayan sido procesados, enjuiciados o encarcelados. En entrevista con Desinformémonos, la abogada y defensora de los derechos humanos Micheel Salas, explica que las familias de las víctimas que han sido asesinadas siguen esperando justicia y las familias de las jóvenes desaparecidas –que hoy sabemos que están siendo víctimas de las redes de trata– siguen esperando que sus hijas sean rescatadas.
En días pasados se inauguró en Ciudad Juárez una escultura en memoria de las víctimas de violencia de género. La inauguración del monumento forma parte de los resolutivos dictados en la sentencia de la Corte Interamericana –el máximo tribunal de derechos humanos a nivel interamericano– en 2009, sobre el caso emblemático de Campo Algodonero. Allí, un grupo de familiares de las víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas irrumpieron en el acto, manifestándose y exigiendo que se buscara a sus hijas y que los culpables fueran sancionados, pero al final del acto el secretario de Gobernación –que iba en representación del gobierno mexicano- se limitó a tomar brevemente la palabra y decir “Bueno, pues sabemos que hay mucho por hacer”, pero “sabemos que en 90 días difícilmente todos los pendientes podrán resolverse”, advierte Micheel Salas.
La litigante asegura además que en el caso de Ciudad Juárez, “la estrategia de Calderón de llevar a los militares a las calles ha provocado que aumenten considerablemente el número de mujeres asesinadas”. De 1993 a la fecha, han sido asesinadas más de mil 300 mujeres en la entidad. Desde 2007, año en que el gobierno implementó el Operativo Conjunto Chihuahua Seguro, aumentó la presencia de militares y policías federales en el estado y han muerto más de 700 mujeres. Esto, se suma al fenómeno del alarmante incremento que habido en las desapariciones de mujeres y niños.
La entrega del Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, coincide con la designación oficial de Enrique Peña Nieto como presidente de México, por parte del Tribunal Electoral, un hecho que ha provocado protestas en la cámara de diputados y movilizaciones diversas, tanto en la Ciudad de México, como en el resto del país.
Abel Barrera advierte que con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia “se va a acentuar más la situación que tenemos en el país, es decir, habrá mayor polarización, mayor tensión, sobre todo el tema de la justicia, un endurecimiento de las políticas de seguridad y mayor protección al ejército. Es decir, se vislumbra un escenario poco halagador para las víctimas. No vemos que en verdad haya una agenda o se haya trabajado con compromisos para atender a la situación que enfrentan miles de víctimas”.
Con todo el sistema de seguridad está colapsado y sin la más mínima intención por parte del Estado para depurar en el corto plazo a las corporaciones policiacas “va a haber mayor protección para quienes violan los derechos humanos y existe la tendencia de que se siga criminalizando a los defensores de los derechos humanos y de los movimientos sociales, y éstos tendrán que seguir trabajando contracorriente”, explica en antropólogo.
El director del Centro de Derechos Humanos, advierte además que debido al “descontento social generado por la falta de acceso a la justicia, durante el gobierno de Peña Nieto podría haber un incremento del uso de la fuerza para socavar la organización y tratar de sofocar cualquier inconformidad social. Esto es lamentable para quienes hacemos un trabajo de acompañamiento a las víctimas en términos del sistema de justicia, pues no está representando ninguna ventana de oportunidad para que puedan tener esta confianza de que se van a atender sus demandas”.
Salvador Campanur coincide con el pronóstico poco halagador de Abel Barrera. “Pensamos que el gobierno que viene, con Peña Nieto, no es otra cosa que el seguimiento de las políticas de despojo, de robo y de privatización del país con todos sus recursos materiales, humanos y económicos. No nos espera nada bueno, sino la continuación de las políticas salinistas: privatizadoras, globalizadoras y entregusitas”.
Mientras tanto, desde Atenco, Trinidad Ramírez del Valle recuerda que Enrique Peña Nieto “es el responsable de las violaciones de nuestras compañeras y de los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés”, y asegura que, “si no nos mantenemos unidos y organizados, va a hacer con otros movimientos lo mismo que hizo en Atenco”.
“Sabemos que seguimos en la mira, porque Peña Nieto va a intentar reactivar el proyecto de aeropuerto, va buscar toda las estrategias que hasta ahora no ha podido consumar para arrebatarnos nuestra tierra, nuestra historia, nuestra forma de vida, pero nosotros seguiremos luchando con valor y coraje, y sobre todos, tendremos que convencer a otros hermanos de que la lucha es de este lado, no con quien promete y regala una cubeta o una gorra o un lápiz. La lucha es del pueblo”.
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A 90 días de terminar su administración como presidente de México, Felipe Calderón deja tras de sí un país devastado –“el más mortífero del mundo”, de acuerdo con el diario francés Le Monde–, una lista interminable de agravios y total impunidad.
MARCELA SALAS CASSANI
México DF. Muerte, desapariciones, impunidad, injusticia, pobreza, inseguridad, desempleo y falta de oportunidades es lo que han dejado al país los seis años de mandato de Felipe Calderón, coinciden en entrevista con Desinformémonos Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco; Salvador Campanur, de la emblemática comunidad de Cherán; Abel Barrera, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; y Michel Salas, abogada y defensora de los derechos humanos, del colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez.
Apenas hubo tomado el poder, en diciembre de 2006, Felipe Calderón, cuya administración está a noventa días de concluir, emprendió una “guerra contra el narcotráfico” como parte de una estrategia para legitimar su llegada al poder, que había sido severamente cuestionada. Un sexenio después, las fatídicas consecuencia de su fallida táctica, han dejado al país bañado de sangre, con más de 70 mil muertos a cuestas.
“El balance que como pueblo mexicano tenemos de este gobierno que termina es que estamos cada vez peor. Felipe Calderón emprendió una lucha dizque ‘en contra del narco’, pero en realidad esta guerra es en contra de nosotros, se ha ejercido una tremenda violencia en contra del pueblo”, apunta Trinidad Ramírez, figura emblemática de la defensa que desde el año 2000 el pueblo de Atenco, en el Estado de México, ha protagonizado contra los intentos de despojo de su territorio para construir un aeropuerto.
“México está siendo saqueado y agredido. El saldo que deja este gobierno son muchas desapariciones, asesinatos, inseguridad, desempleo, privatización de la educación y de la atención a la salud y cada vez más pobreza. En lugar de avanzar e ir saliendo de todo lo que hemos vivido, todo lo malo se ha ido intensificando a raíz de la imposición de Felipe Calderón”, agrega Ramírez del Valle.
Para los pueblos indios de México, el panorama tampoco ha sido halagador. “El sexenio de Calderón no ha sido otra cosa que la aplicación de la ley foxista, que es una ley de muerte para nosotros. Durante este mandato, se ha aplicado la práctica del olvido, las desapariciones, los asesinatos y los encarcelamientos para la gente de abajo, la gente humilde, la gente indígena. Vemos que sigue habiendo inseguridad. Nada bueno ha traído este sexenio para los pueblos indios”, asegura Salvador Campanur.
En la comunidad purhépecha de Cherán, en Michoacán, hace un año y cinco meses que sus habitantes –hartos de los talamontes que saqueaban sus bosques y de las autoridades que solapaban y encubrían a los grupos criminales– los comuneros, encabezados por las mujeres, retomaron su forma tradicional de gobierno, para procurarse la protección y justicia que el Estado les había negado.
“Nosotros seguimos exigiendo que se castigue a los responsables de todo lo que ha dañado a comunidades como la nuestra, porque va de por medio la vida o la muerte de nuestros compañeros. Para nosotros, nuestra lucha significa una lucha por la vida. Pero el gobierno en lugar de dar protección y de abrir las puertas de la justicia, sólo nos da sangre” apunta Campanur.
El comunero recuerda además, que desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, en 1994, los gobiernos han modificado la Constitución –sobre todo el artículo 27, que habla de la posesión de la tierra– para que “se haga más fácil la aplicación del despojo, del robo y la privatización de nuestro territorio”.
En materia de derechos humanos, la cifra de muertos y desaparecidos y, sobre todo, la forma en que la población ha sido sometida por el crimen organizado, arrojan un balance fatídico para el país, explica Abel Barrera, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero. “Con una mirada desde la Montaña –un lugar donde la pobreza y la violencia se siguen profundizando– la situación es sumamente grave, en tanto que se ha roto el tejido comunitario de estos pueblos y se ha generado una desconfianza entre la ciudadanía hacia los órganos investigadores, hacia los encargados de la seguridad pública y ante quienes tiene la obligación de impartir justicia. Es decir, no hubo justicia para los ciudadanos, no se les atendió. Hay una deuda mayor de este gobierno hacia las víctimas y, lo más cruel es que se dejó atrás una ley que atendía el reclamo de las víctimas”.
En el marco de una política belicista, el aumento de la militarización en el país es un indicador de que solamente aumentaron las muertes y las confrontaciones, y de que esta estrategia no dejó ningún saldo positivo para que las víctimas alcancen justicia. Aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército y no hubo forma de garantizar que los crímenes cometidos por los militares fueran a la justicia civil. A pesar de las sentencias de la Corte Interamericana, sigue imperando la protección al ejército.
Barrera advierte que en lo relacionado a las desapariciones ahora no se investiga, sino se criminaliza y se descalifica la trayectoria de las personas que son secuestradas o “levantadas”. “Es un saldo rojo el que deja Calderón, en todos los sentidos, pero sobre todo en el tema de justicia y falta de respeto a los derechos humanos. Hoy la gente no cree en los órganos de justicia, tiene temor de operaciones policiacas y sabe que el ejército no ha sido de ayuda para proteger, sino más bien que genera un patrón de violaciones a los derechos de seguridad y de integridad física”.
En cuanto al tema de los feminicidios la administración que está por concluir deja otro sexenio más sin que los culpables hayan sido procesados, enjuiciados o encarcelados. En entrevista con Desinformémonos, la abogada y defensora de los derechos humanos Micheel Salas, explica que las familias de las víctimas que han sido asesinadas siguen esperando justicia y las familias de las jóvenes desaparecidas –que hoy sabemos que están siendo víctimas de las redes de trata– siguen esperando que sus hijas sean rescatadas.
En días pasados se inauguró en Ciudad Juárez una escultura en memoria de las víctimas de violencia de género. La inauguración del monumento forma parte de los resolutivos dictados en la sentencia de la Corte Interamericana –el máximo tribunal de derechos humanos a nivel interamericano– en 2009, sobre el caso emblemático de Campo Algodonero. Allí, un grupo de familiares de las víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas irrumpieron en el acto, manifestándose y exigiendo que se buscara a sus hijas y que los culpables fueran sancionados, pero al final del acto el secretario de Gobernación –que iba en representación del gobierno mexicano- se limitó a tomar brevemente la palabra y decir “Bueno, pues sabemos que hay mucho por hacer”, pero “sabemos que en 90 días difícilmente todos los pendientes podrán resolverse”, advierte Micheel Salas.
La litigante asegura además que en el caso de Ciudad Juárez, “la estrategia de Calderón de llevar a los militares a las calles ha provocado que aumenten considerablemente el número de mujeres asesinadas”. De 1993 a la fecha, han sido asesinadas más de mil 300 mujeres en la entidad. Desde 2007, año en que el gobierno implementó el Operativo Conjunto Chihuahua Seguro, aumentó la presencia de militares y policías federales en el estado y han muerto más de 700 mujeres. Esto, se suma al fenómeno del alarmante incremento que habido en las desapariciones de mujeres y niños.
La entrega del Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, coincide con la designación oficial de Enrique Peña Nieto como presidente de México, por parte del Tribunal Electoral, un hecho que ha provocado protestas en la cámara de diputados y movilizaciones diversas, tanto en la Ciudad de México, como en el resto del país.
Abel Barrera advierte que con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia “se va a acentuar más la situación que tenemos en el país, es decir, habrá mayor polarización, mayor tensión, sobre todo el tema de la justicia, un endurecimiento de las políticas de seguridad y mayor protección al ejército. Es decir, se vislumbra un escenario poco halagador para las víctimas. No vemos que en verdad haya una agenda o se haya trabajado con compromisos para atender a la situación que enfrentan miles de víctimas”.
Con todo el sistema de seguridad está colapsado y sin la más mínima intención por parte del Estado para depurar en el corto plazo a las corporaciones policiacas “va a haber mayor protección para quienes violan los derechos humanos y existe la tendencia de que se siga criminalizando a los defensores de los derechos humanos y de los movimientos sociales, y éstos tendrán que seguir trabajando contracorriente”, explica en antropólogo.
El director del Centro de Derechos Humanos, advierte además que debido al “descontento social generado por la falta de acceso a la justicia, durante el gobierno de Peña Nieto podría haber un incremento del uso de la fuerza para socavar la organización y tratar de sofocar cualquier inconformidad social. Esto es lamentable para quienes hacemos un trabajo de acompañamiento a las víctimas en términos del sistema de justicia, pues no está representando ninguna ventana de oportunidad para que puedan tener esta confianza de que se van a atender sus demandas”.
Salvador Campanur coincide con el pronóstico poco halagador de Abel Barrera. “Pensamos que el gobierno que viene, con Peña Nieto, no es otra cosa que el seguimiento de las políticas de despojo, de robo y de privatización del país con todos sus recursos materiales, humanos y económicos. No nos espera nada bueno, sino la continuación de las políticas salinistas: privatizadoras, globalizadoras y entregusitas”.
Mientras tanto, desde Atenco, Trinidad Ramírez del Valle recuerda que Enrique Peña Nieto “es el responsable de las violaciones de nuestras compañeras y de los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés”, y asegura que, “si no nos mantenemos unidos y organizados, va a hacer con otros movimientos lo mismo que hizo en Atenco”.
“Sabemos que seguimos en la mira, porque Peña Nieto va a intentar reactivar el proyecto de aeropuerto, va buscar toda las estrategias que hasta ahora no ha podido consumar para arrebatarnos nuestra tierra, nuestra historia, nuestra forma de vida, pero nosotros seguiremos luchando con valor y coraje, y sobre todos, tendremos que convencer a otros hermanos de que la lucha es de este lado, no con quien promete y regala una cubeta o una gorra o un lápiz. La lucha es del pueblo”.
