…..Y siguen infiltrados/ Zona Franca
ROBERTO MORALES AYALA
Veracruz tiene dos problemas: una
policía infiltrada por el crimen organizado y un gobierno que
miente, que encubre y que solapa los vínculos de sus guardianes del orden con el
narcotráfico.
La mala nueva es que 35 policías, adscritos a la Secretaría de Seguridad
Pública de Veracruz, fueron aprehendidos por la Marina-Armada de México a
petición de la Procuraduría General de la República por presuntos nexos con el
grupo delictivo de Los Zetas.
Dieciséis de ellos fueron detenidos en los límites de San Luis Potosí y
Veracruz, y los otros 19 en Xalapa, la capital del estado. En el grupo figuran
cuatro mujeres. Se les acusa de operar para los malosos, transgrediendo la ley y
faltando a la ética y a su compromiso como servidores públicos.
Una vez capturados, el sábado 22, se les trasladó a la ciudad de México y
fueron puestos en manos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada. De ahí, serán consignados a un juez, el cual les
iniciará proceso penal.
Este hecho es extremadamente revelador. Pone en tela de duda los controles de
confianza, la farsa del examen antidoping y exhibe a las corporaciones como
entes indignos de ser vistos como garantes de la seguridad de los
veracruzanos.
Desnuda, también, al gobierno de Veracruz que de labios hacia fuera dice
combatir la corrupción y en los hechos mantiene y sostiene una policía que
trata, opera, alerta y protege a las bandas del narcotráfico y concretamente a
Los Zetas.
Lo que ocurre es para reír, y quizá, para llorar. Cuando Javier Duarte de Ochoa llegó al poder, su
primera acción relevante fue entregar la seguridad de Veracruz al gobierno
federal.
Reconocía su incapacidad para enfrentar el problema del narcotráfico y los
delitos que de él derivan: levantones, extorsión, secuestro, asesinato, trata de
personas, y optó por buscar un salvavidas. Así llegó el operativo Veracruz
Seguro, que implicó un despliegue en fuerzas del Ejército y la Marina en el
puerto de Veracruz y Boca del Río, luego en Xalapa y ahora en diversas regiones,
territorios facturados a Los Zetas desde el régimen del ex gobernador Fidel
Herrera Beltrán.
El gobierno de Veracruz, en correspondencia, anunciaba la depuración de los
cuerpos policíacos. Desmanteló la policía y Tránsito en Xalapa y liquidó a los
elementos de la intermunicipal de Veracruz-Boca del Río. Festinó que los
controles de confianza y los exámenes antidoping servirían para tener una mejor
policía.
A fin de cuentas, todo fue una mentira. Su policía sigue siendo corrupta,
informante del narco, operando para el crimen organizado, filtrando detalles de
operativos, alertando del paso de patrullas militares.
Lo que invirtió en las pruebas antidoping para identificar a quienes consumen
droga, fue dinero —cientos de miles de pesos o millones— tirados a la basura.
Los exámenes de confianza fueron una
pantalla para mantener en la nómina de la policía a elementos
que se entendían —y muchos de ellos, por supuesto, aún se entienden— con el
narco y que forman parte de su estructura delictiva.
Mucho se ha dicho que la certificación policíaca avanza y que eso dará
certidumbre a los cuerpos de seguridad. Los hechos, sin embargo, demuestran lo
contrario. Las policías de Veracruz son tan o más corruptas que antes y sus
nexos con el crimen organizado se mantienen intactos.
La aprehensión de 35
elementos pone nuevamente en la vitrina de los escándalos al gobernador Javier
Duarte, cuya política de seguridad se ve atrapada una vez más en las
contradicciones entre el discurso del autoelogio y la terrible realidad.
El gobierno de Duarte es pésimo para justificar errores y peor para explicar
desventuras. En ese departamento
también padece un déficit solvencia moral y, sobre todo, de
credibilidad para convencer a la sociedad de que se actuó a tiempo y se actuó
bien. Siempre escoge al peor del equipo, al menos idóneo.
Él es Gerardo Buganza Salmerón, el secretario de gobierno, que esta vez no
tenía nada, aboslutamente nada qué decir. De lado, evadiendo el bulto, sin
admitir que el tema es la implicación de 35 elementos de Seguridad Pública
con Los Zetas, el número dos habló en abstracto y de todo menos
de lo que debió ser en la mejor parodia cantinflesca.
Dijo que el gobierno de Veracruz se comprometió a garantizar una “policía
digna y confiable”, por lo que “no existen espacios para la impunidad”. Destacó
que el objetivo es “que los cuerpos policiales estén al servicio de la
ciudadanía”.
Buganza es, además de incongruente, sumamente hilarante. Provoca risa.
Mientras la Marina les pescaba 35 policías veracruzanos enredados con el narco,
el secretario de Gobierno intentaba convencer que los programas de formación en
materia de seguridad cumplían el objetivo de proteger a la sociedad.
Gerardo Buganza ha sido siempre así. Le falta intuición, olfato y carece de
sexto sentido. Al inicio del gobierno de Javier Duarte, fue desdeñoso con los
periodistas que le expresaron su recelo con la seguridad para ejercer su
profesión. Les dijo que no disponía de elementos para cuidar prensa. Se los dijo
y luego sonrió, como es su costumbre.
Meses después, cuando el columnista del diario Notiver, Miguel Angel López Velasco, Milo Vela, y
su familia, así como la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz, fueron asesinados,
muchos recordaron el desenfado con que Buganza le negó protección a los
periodistas que vivían amenazados.
Después vendrían otros crímenes y él continuaría con su sonrisa burlona,
mientras al gobernador Duarte se le venía el mundo encima.
De nada le han servido los años que ha militado en política. Buganza gusta de
rechazar una buena relación con la prensa y como encargado de los temas de
seguridad, cárceles, el operativo Veracruz Seguro y la política interna de
Veracruz, ha carecido de información precisa para evitar los escándalos que han
agobiado al gobernador Duarte, su jefe.
La más reciente se dio con el exilio en Francia del periodista Andrés Timoteo Morales, autor de la
columna Texto Irreverente, que publicaba en el diario Notiver, a la par de ser
corresponsal del periódico capitalino La Jornada, quien salió de Veracruz, no
amparado por el gobierno del estado, sino gracias a organizaciones de
periodistas que lo sacaron del estado subrepticiamente.
Andrés Timoteo había recibido amenazas de muerte desde que su amiga, Regina
Martínez, corresponsal de la revista Proceso, fue asesinada en Xalapa. Varias
veces le allanaron su domicilio y le robaron objetos de trabajo. Es un feroz
crítico del gobernador Javier Duarte de Ochoa y de su vocera, María Gina
Domínguez Colío, a quien apoda Mano de Metate. A ambos los acusaba de mantener
un constante hostigamiento contra los periodistas.
Gerardo Buganza no olfateó este nuevo escándalo, que ahora, con el exilio de
Andrés Timoteo en Francia, y su solicitud de asilo, saca a la luz que son 16
periodistas que han dejado suelo veracruzano por las amenazas de muerte y la
incapacidad del gobierno estatal a garantizar su integridad.
Sumamente limitado, el secretario Buganza sólo ha servido para el ridículo,
lo mismo en la salvaguarda de los periodistas que en la explicación de por qué
35 policías fueron aprehendidos por la Marina por corruptos y por cómplices de
Los Zetas, cuando supuestamente el gobierno de Veracruz invierte en exámenes de
confiabilidad, pruebas antidoping y una formación ética y profesional de sus
elementos de seguridad.
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