16 de octubre de 2012

FIDEL HERRERA BELTRAN CON DINERO DE LOS VERACRUZANOS CONECTO LA ISLA "JUAN A. RAMIREZ" PARA BENEFICIAR A SUS AMIGOS... •ESA ES LA ISLA EL FRONTÓN: MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN....

• Isla El Frontón: Monumento a la corrupción...
Entre lo utópico y lo verdadero.


• Isla El Frontón: Monumento a la corrupción...

¿Conoce usted, inteligente lector, la Isla El Frontón?... Ubicada en Ozuluama de Mascareñas, frente a la Laguna de Tamiahua en el estado de Veracruz, olvidada por muchos, hasta que Fidel Herrera Beltrán realizó costosa obra consistente en enorme puente para comunicar ésta inocente isla veracruzana…

El pasado 12 de octubre del presente año, la PGR anuncia haber decomisado bienes muebles e inmuebles a los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández… Ésta dependencia federal solicita la comparecencia de los exmandatarios, además de ocho presuntos prestanombres para que en un plazo no mayor a 90 días, demuestren ser lícita la adquisición de bienes e informar cómo fueron comprados los diversos muebles e inmuebles y no sean, gracias a favores, protección y fomento en delitos contra la salud… De lo contrario, los bienes pasarán a manos del Estado Mexicano…

Entre lo decomisado, bajo la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, incluyen tres empresas, cuentas bancarias con un monto por cinco millones 764 980 pesos, 11 inmuebles, animales, alhajas, entre ellos broches con imágenes religiosas, vehículos, dinero en efectivo y muebles, así como también, destaca la Isla El Frontón, localizada en las costas del estado de Veracruz y que fue decomisada a Antonio Peláez Pier , presunto prestanombres de Tomás Yarrington Ruvalcaba…

La SIEDO inició la indagatoria… Algo interesante de este informe, que causa indignación, son los casos de dos propiedades a Yarrington Ruvalcaba ubicadas en el fraccionamiento Río en Matamoros, Tamaulipas y la otra en la exclusiva avenida Rubén Darío número 267 interior 12, de la colonia Bosques de Chapultepec, en el Distrito Federal… Peor, cuando conocemos por la PGR, que el dueño de la Isla El Frontón, lugar donde invirtió Fidel Herrera Beltrán millones de pesos de los veracruzanos, fue para beneficio de su amigo Tomás Yarrington… Más adelante, le cuento…


Y ya entrando de lleno con la Isla El Frontón, la SIEDO da las coordenadas para todos aquellos que tenemos GPS y son: longitud-97.643333, latitud 21.796389, ubicada como ya hemos descrito en Ozuluama de Mascareñas, Veracruz… En ella se decomisaron además de artículos y objetos para descanso y recreación, dos cuatrimotos marca Bombardier, modelo 2004 tipo Traxter Max, un vehículo Jeep 4X4, marca Mahindea, un tractor John Deere y una lancha Bombadier tipo Speedste, además de un Mércury V6 EFI…

Y algo muy importante que no debemos olvidar: En el 2007, con una inversión de 50 millones de pesos, se realizó la construcción del puente, "Juan A Ramírez", uno de los "miles que presuntamente hizo Fidel Herrera" con dinero de los veracruzanos… Esta obra conectó la isla "Juan A. Ramírez, misma está rodeada de la laguna de Tamiahua y frente a ella y de menor tamaño, se ubica la Isla El Frontón… La magna obra fue hecha para conectar éstas con las vías de comunicación que llevan, curiosamente, a Tamaulipas y por supuesto, Veracruz…. La longitud de este puente es de 400 metros y gracias a ella, según el INEGI, se beneficiaron 56 habitantes, quienes habitan en el lugar, mejor conocido como Romerillos (Isla Juan A. Ramírez) y siete habitantes en la Isla El Frontón… Millones de pesos gastados para menos de cien personas… Algo curioso, no cree…

Curioso también, cobrar un puente sobre el agua de longitud de 400 metros por 50 millones, como es el Puente Juan A Ramírez y en el 2009, se realizó otro puente, el Tamiahua-Cabo Rojo con longitud de 230 metros, en el cual, el gobierno del Veracruz invirtió 74 millones 720 mil pesos… Esta obra fue más corta y se disparó la cotización de forma sospechosa…

Algo extraño es la justificación que dio el gobierno de Fidel Herrera para hacer el puente Juan A. Ramírez, pues afirmaron que era para dar beneficios al transporte de productos ganaderos, piscícolas, avícolas y al comercio nacional de piña y sandía…Es lógico, pues este boletín se realizó en las oficinas de la In-comunicación Social del Gobierno del Estado, cuando estaba al frente Alfredo Gándara Andrade , hoy desgraciadamente, Presidente Municipal de Poza Rica…

Nos resta comentarles, inteligentes lectores, que la PGR seguirá investigando… Habrá más sorpresas y quizá, llegue a Veracruz, estado con evidente corrupción sexenal y desvíos de recursos de forma desmedida…

Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com 
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Twitter: @cguerreromtz

AQUEJAN INSEGURIDAD, DESEMPLEO Y CORRUPCIÓN A MÉXICO: INEGI


16 octubre, 2012

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), reveló que la inseguridad, el desempleo y la corrupción, constituyen las principales preocupaciones de los mexicanos.

En su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011, indicó que a nivel nacional, en poblaciones urbanas de 100 mil y más habitantes, el 69.2 por ciento considera que la inseguridad y delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del desempleo con 54.6 por ciento y la corrupción con 52.5 por ciento.
El estudio indicó que en relación a la percepción sobre las prácticas de corrupción en la realización de trámites y servicios, el 34.3 por ciento consideró que el grado de ocurrencia de estas prácticas ilícitas es “muy frecuente” en los municipios o delegaciones; un porcentaje similar, 35.2 por ciento y 37.6 por ciento, respectivamente, opinó los mismo con respecto a los gobiernos estatal y federal.
En términos generales, el 91.8 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción es una práctica “muy frecuente” y “frecuente en la policía”, seguido de los partidos políticos con 88.6 por ciento, mientras que por otro lado, en las Iglesias, el Ejército y la Marina estas cifras están en 29.1 por ciento, 28.5 por ciento y 19.4 por ciento, respectivamente.

¿Y cuándo van contra los narco políticos y narco empresarios?/ Piedra en el zapato


por Lilia Baizabal
 “No hay contra el desleal seguro puerto,  ni enemigo mayor que el encubierto.” Alonso de Ercilla y Zúñiga.
No extrañaron en lo más mínimo, las publicaciones del diario Reforma, en el sentido de los “negocios” que alcaldes del PAN, PRD y PRI en el estado de Veracruz, entregaron a organizaciones criminales en aras de que presuntamente,  “no fueran presionados” para pagar “cuotas de protección”. Lo extraño es que no se les investigue ni procese por ser parte de esas redes que tanto daño continúan ejerciendo sobre los ciudadanos.
El fin de semana, el diario capitalino difundió una información basada presuntamente, en la declaración de un contador integrante de la organización de los Zetas, que habría aceptado que algunos alcaldes de municipios de Tabasco y Veracruz, “tienen acuerdos” con los ediles para recibir contratos de construcción y diversa obra pública.
Si la Secretaría de Marina, ha realizado estas detenciones de los principales operadores y  se han puesto a disposición de las autoridades correspondientes como la Procuraduría General de la República (PGR); se preguntará por qué no se investiga nada, ni se llevan a cabo las diligencias en materia judicial que busque la desintegración de la “narco política”.
Dice la información: “El día de su captura, el 8 de junio en Veracruz, “El Orejón” relató a la Marina que tiene dos empresas formalmente constituidas con las que trabaja con diferentes Alcaldes. Una de ellas se llama Rockar, y la otra, Harloc.
De acuerdo con su declaración, unas de las presidencias municipales que le otorgó contratos a la banda criminal es la de los municipios de Alto Lucero y Chinameca, en el estado de Veracruz, así como en Huimanguillo, Tabasco.
“Trabajo para la organización delictiva del cártel de ‘Los Zetas’ como encargado de lavado de dinero en los estados de Veracruz y Tabasco, a través de empresas constructoras estableciendo contratos con Presidentes Municipales (de) dichas entidades”, testificó.
“Para obligarlos a que le otorguen (a la organización) concesiones de construcción de obras públicas, subempleando y obteniendo ganancias de hasta el 35 por ciento del valor de la obra, destacando las empresas Rockar S. A. de C. V. y Harloc G. P. S. A., que actualmente la última de las empresas mencionadas está realizando obras en el Municipio de Alto Lucero, Veracruz”.
“Así también apoyamos a los Presidentes Municipales de Alto Lucero, Veracruz, Lucio Castillo, y al Presidente Municipal de Chinameca, Martín Padua, en sus campañas a la Presidencia municipal, y ahora nos han dado obra pública por apoyo brindado”.
En abril del 2012, el panista Martín Padua Zúñiga, Alcalde de Chinameca –en el sur de Veracruz–, fue detenido junto con un líder regional del grupo delictivo de los Zetas.” Hasta aquí.
Esta información es lo suficientemente grave para que las autoridades federales y también las estatales, abrieran las indagatorias correspondientes y fincaran responsabilidades. Con hechos como estos, se va entendiendo por qué a las fuerzas federales, les ha sido prácticamente imposible exterminar el mal de raíz en el estado de Veracruz.
Queda claro que las redes delincuenciales que tanto daño han causado a los veracruzanos desde hace 8 años, no han actuado solas. Si alcaldes de municipios pequeños han aceptado usar recursos públicos para financiarles actividades ilícitas, no extraña que autoridades de otros niveles, también lo estén haciendo.
A mediados de año, otro delincuente habría declarado que algunos  funcionarios de la administración pública del estado, habrían colaborado también con ellos. E incluso insinuó que un dirigente de partido, habría sido un puente de comunicación con estas redes.
Han transcurrido poco  más de cinco meses de esos hechos y ni la Procuraduría de Justiciadel Estado ni la PGR investigaron nada.  Por tanto, todo queda en la difusión del hecho por parte del medio de comunicación, sin que la autoridades cumpla con la parte que le toca, investigar y sancionar.
Es la hora en que los diputados locales de todos los partidos, debieron anunciar una posición contundente y firme respecto a estos hechos tan graves. No puede permitirse que los alcaldes de cualquier partido, financien a las redes de narcotráfico. Qué les pasa. Acaso no se dan cuenta que por eso viven los ciudadanos del estado una pesadilla peor que las de la película “el despertar del diablo”.
Pero no, están callados e indiferentes sobre estos hechos. Mas preocupados por la repartición del pastel llamado presupuesto público y otras  prebendas previas al proceso electoral 2013.
Hechos como estos, dan al ciudadano una idea sobre por qué pese a tanto despliegue de marinos y soldados en la entidad, el problema de inseguridad continúa. Si desde los diversos niveles del poder público se continúa apoyando y protegiendo  a ciertos grupos delincuenciales, el problema nunca se va a terminar.
Y mientras las autoridades responsables de investigar y sancionar continúen de brazos cruzados, dejando que los marinos y los soldados les hagan el trabajo de detención. Mientras los agentes de ministerio público y jueces los liberan, es un trabajo perdido y un gasto de los impuestos de los ciudadanos inútil, cruel.
Se observa desde  el más alto nivel, la total falta de voluntad política para erradicar el mal de raíz. Mientras no se investiguen y procesen a los que usan sus cargos públicos para protegerlos, la narco política y la narco empresa, continuará expandiéndose cada día más.
Los expertos dicen que esta guerra es una farsa. Será porque “fustigan y matan” al joven que vende una grapa y no tocan a los políticos y empresarios que los protegen, los financian y hasta les lavan los  recursos de procedencia ilícita. Es dinero ilegal  no solo lo que obtienen por  el tráfico de droga, sino también todo lo que ganan a través del secuestro, la extorsión, el tráfico de seres humanos y más.
Vamos a creer que la estrategia ordenada por el PAN y que será continuada por el PRI para presuntamente combatir al narcotráfico,  es acertada solo hasta que veamos a los narco alcaldes, narco diputados locales, narco diputados federales,  narco senadores, narco gobernadores o ex gobernadores y narco presidentes o ex presidentes, en las cárceles.
Hasta que no veamos a uno solo de estos peces gordos (auténticos cerebros tras las bandas delincuenciales),  investigados y encarcelados, vamos a seguir insistiendo en que toda esta guerra es inútil.  Y solo busca sembrar el miedo y el terror entre la población para que no se atreva a salir a las calles a protestar por las políticas neoliberales que tanto daño están causando a los mexicanos. Y muy especialmente, a los que  menos tienen. Pues no puede ser que ya sumen 60 millones de pobres y continúen impulsando políticas que lejos de disminuir el problema, lo crecen.
Mientras, que siga la farsa señores.
Hasta aquí.
FUENTE Y CREDITO: http://plumaslibres.com.mx

AL AIRE...Con Maryjose Gamboa ... ¿QUE ES NORMAL? ....

AL AIRE...
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Que es normal…..


A pregunta expresa de los reporteros de la capital del estado sobre el nivel de  endeudamiento de los municipios Veracruzanos y las severas crisis financieras que atraviesan en este momento muchos de ellos, al punto que no tienen ni para pagar los aguinaldos de los empleados, el Gobernador del estado Javier Duarte respondió que es normal  y que si lo sabrá él que desde la Secretaría de Finanzas le tocó ver muchos casos similares.

¿Normal?  Una cosa es que sea común y otra muy distinta que sea normal, tomarlo como normal implica estar de acuerdo en que los alcaldes ni administren los recursos de manera adecuada, ni transparenten  el destino de cada peso que ingresa a las arcas municipales.  Le puede parecer al  Gobernador habitual porque viene de una administración desastrosa en la que, de acuerdo, no tomaba él las decisiones, pero si ahora como  responsable ya  de administrar y vigilar lo que se hace con el dinero de los veracruzanos  le parece normal, pues estamos fritos.


De los 212 municipios que conforman la entidad, 114 presentan adeudos con instituciones bancarias y de crédito por un monto total de 1489 millones de pesos, los ayuntamientos más endeudados con Coatzacoalcos, Tuxpan, Veracruz, Poza Rica, Cosamaloapan, Álamo, Minatitlán, Fortín, San Andrés Tuxtla y Xalapa.

En el caso específico del puerto de Veracruz gobernado  por la priista Carolina Gudiño,  hasta el 2006 y ya incluidas las cuatro administraciones panistas,  la deuda del municipio era de 88 millones de pesos.  El PRI retoma  el poder en el 2007 con Jon Rementería,  de éste año hasta el 2011 –incluye el primer año de administración de Gudiño- el ayuntamiento ha duplicado su deuda a 163 millones de pesos.

A finales del 2011 en Síndico con licencia Antonio Sierra solicito al congreso del estado que se  revisaran las finanzas del municipio porque 590 millones de pesos no habían sido esclarecidos.  Pocos meses después el diputado panista Oscar Lara solicitó por escrito una revisión por parte de la Secretaría de Fiscalización del Congreso y presentó  un punto de acuerdo en tribuna, después  se requirió a la comisión de vigilancia que revisara la tesorería del Ayuntamiento Porteño.   En julio de éste año el diputado Rogelio Franco del PRD advirtió que el municipio podría  ser  intervenido por su falta de transparencia.  Hasta hoy, nada se ha hecho, la versión extra oficial indica que hay línea directa para no “tocar” a la Alcaldesa.

Ahora dice Javier Duarte que  ante las crisis de cierre de año analiza el Gobierno de Veracruz, dar un anticipo de participaciones federales, pero mejor aún, por qué  no simplemente  dejan que los Alcaldes  sigan manejando el dinero de los veracruzanos como se les antoja, total, aquí estamos una runfla de tarugos dispuestos a seguir pagando deudas eternas que jamás vemos reflejadas en mejoras para las ciudades que habitamos.

Estos niveles de endeudamiento en los municipios solo puede deberse a dos cosas, la primera,  malas administraciones con nula transparencia  y  la segunda, retenciones indebidas por parte de la Secretaría de Finanzas derivadas de la falta de liquidez del Gobierno del estado, ninguna de las dos, es normal.

¿También  será normal?

Ayer la organización no gubernamental Artículo 19 presento el reporte relativo a los 9 meses que han transcurrido del 2012.  Señala como corresponsables de acciones contra la prensa a los funcionarios de los tres niveles de gobierno y denuncia un alarmante aumento en denuncias de éste tipo.

Veracruz con 24 casos que incluyen también agresiones por parte de grupos delincuenciales, se coloca en el primer lugar del país, el reporte incluye el siguiente párrafo:

“Periodistas de distintos medios consultados por ARTICLE 19 coinciden en que la relación con el gobierno estatal ha sido sumamente complicada desde la llegada de Javier Duarte a la administración y la designación de Gina Domínguez a la Coordinación General de Comunicación Social. Existe un excesivo control del gobierno estatal sobre la información que circula en los medios”….

A nivel nacional se contabilizan del 1 de enero al 1 de octubre, 137 agresiones contra la libertad de expresión  de medios y personas dedicadas al periodismo.

El reporte no incluye aún, casos como el de Andrés Timoteo o Lourdes López, que aun con una hoja de vida intachable, han tenido que pedir refugio en otros lugares para poder continuar ejerciendo el oficio periodístico  con la valentía y dignidad que les caracteriza.

Por cierto, ayer también se da a conocer un reporte de la ONU que  desde las primeras horas de la noche  se “bloqueó” su difusión en los principales medios de información nacional, señala que el Estado de México, gobernado por  Enrique Peña Nieto hasta el 2011   tiene municipios que registran un índice de pobreza similar a los de África.

Interesante, mientras el Presidente electo Peña Nieto en España ofrecía su apoyo para que aquel país salga de su crisis económica, la Organización de las  Naciones Unidas denunciaba en su reporte anual índices de pobreza extrema en el estado que recientemente gobernó.

maryjosegamboa@hotmail.com    TW @maryjosegamboa

Del Buzón de quejas;   Padres de familia de la Escuela primaria José Mancisidor  1 ubicada en Isabel la Católica, envían una carta al delegado de la SEV Raúl Díaz Diez, pidiendo su intervención ya que aseguran que la Directora del plantel  trata mal a los pequeños.  Denuncian que los insulta, exige cuotas para elaborar trabajos además de la cuota escolar habitual, se muestra prepotente con los padres de familia y se niega a mantener cualquier diálogo con ellos al respecto.

Como este hay varios casos en la conurbación, lamentablemente  el delegado de la SEV  no sólo ignora los casos sino que además se molesta con los padres  se atreven a “molestarlo” aún  en horas hábiles.  Su ineficiencia y prepotencia es alarmante, lamentablemente el Secretario de Educación en el estado Adolfo Mota le permite esto y más.

LLEGAN LAS MADRES CENTROAMERICANAS POR "LOS DESAPARECIDOS EN MÉXICO"

Pasarán primero con Las Patronas!

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Este martes arribará al estado de Veracruz la “Caravana de Madres Centroamericanas en Busca de sus Hijos “Desaparecidos en México” en la zona central del estado, luego de su recorrido por Chiapas y Tabasco.

Se tiene contemplado que las madres centroamericanas arriben al albergue de migrantes de Las Patronas, asentado en el municipio de Amatlán de los Reyes

Uno de los primeros resultados de la caravana fue el encuentro entre Servelio, un indocumentado hondureño, con sus padres.

"Sus papás buscaron por más de nueve años a su hijo, quien ahora se encuentra en Tenosique junto con una esposa y dos hijos y que apenas hace unos meses pudimos contactar. Ahora será la primera vez que se reúnen de nueva cuenta", explicó Martha Sánchez.

La coordinadora del grupo de “Las Patronas” (grupo de mujeres que de manera altruista ayudan a los migrantes), Norma Romero Vázquez, informó que se trata de la séptima caravana que estará compuesta por 60 personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala.

El grupo de mujeres centroamericanas realiza recorridos por diversas partes del país en busca de sus hijos desaparecidos en tránsito por México cuando intentaban llegar a Estados Unidos.

La iniciativa de estas mujeres es recorrer en 20 días un total de 4 mil 800 kilómetros y en 14 estados, donde diariamente circulan los centroamericanos, tratando de dar con ellos.
 
Explicó que estas féminas buscan a sus hijos o pistas de dónde encontrarlos, porque en algunos casos dejaron de saber de ellos hace más de 18 años.

“Las mujeres provienen de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, apoyadas económicamente por la Cancillería de Honduras, Amnistía Internacional y otras organizaciones”, dijo.

La activista pidió apoyo a los gobiernos y sociedad en general para que les regalen pan, leche y tortillas, y comida no perecedera para poder ayudarlas.

Se espera que los integrantes de la caravana arriben a las siete de la noche para cenar y descansar y al día siguiente partirán rumbo a Ixtepec, Oaxaca, siguiendo la ruta del migrante con la esperanza de encontrar a sus hijos, o alguien que les proporcione algún dato dónde localizarlos.

Por su parte, una de las organizadoras de la caravana, Martha Sánchez Soler, dijo que en algunos casos de hallazgos de los centroamericanos se logró en una investigación efectuada durante la caravana hecha en 2011.

“En las paradas de la caravana exponemos las fotos de los desaparecidos y recogemos información. La localización es un aliciente para las madres que recorrerán este año la ruta del norte del Bajío con la ilusión de hallar una pista sobre el paradero de sus hijos”, dijo.

¿Privatizar PEMEX?


Los Presidentes que lo han intentando, lo han dejado al final de sus respectivas administraciones, pues saben del gran alboroto que su sola pretensión provoca, ya sea por razones históricas, ideológicas, económicas o sociales. Lo cierto es que cada vez que se habla de abrir Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la inversión privada, ya sea nacional o extranjera los mexicanos sentimos algo similar a un escozor. Sin embargo con Enrique Peña Nieto la determinación ha sido tomada desde antes que éste asuma la presidencia de la república y quizá lo más sorprendente es que lo ande manifestando en el continente europeo y no entre los mexicanos, a quienes según nuestra Constitución Política nos corresponde tan preciado bien. 
Recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados la “Reforma Laboral” y ahora nos salen con la declaración de la “imperiosa necesidad” de abrir PEMEX a la inversión privada, esgrimiendo la misma cantaleta de siempre: que urge su modernización para beneficio de todos los mexicanos. Desde el punto de vista económico, ambas propuestas corresponderían a un partido de derecha, cuyo uno de sus propósitos es desalentar la participación del estado en los procesos productivos, de ahí que se entienda que en el 2008 haya sido el propio Felipe Calderón quien haya pretendido modificar la Constitución para alcanzar tal objetivo, mismo que no fue posible precisamente debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se opuso conjuntamente con los partidos de izquierda a que así fuera. Por lo que ahora resulta verdaderamente sospechoso que al igual que la Reforma Laboral, se pretenda aprovechar la mayoría legislativa que integran el PRI y el Partido acción Nacional (PAN) para sacar vía “fast track” la reforma que permita que la inversión privada intervenga en lo que ha sido el sustento de nuestra economía nacional en las últimas décadas.
Es tal el alcance del plan económico neoliberal que nos rige desde hace ya varios años, que siendo sinceros, son pocas las empresas que aún dependen de la rectoría del estado: la Comisión Federal de Electricidad y PEMEX indiscutiblemente resultan las más atractivas para aquéllos que constantemente se frotan las manos sabedores de las grandes utilidades que ambas generan a pesar de su saqueo constante y de su pésima administración. Ya otras empresas con características similares como Ferrocarriles Nacionales y Teléfonos de México, que bajo el mismo argumento han sido entregadas a la inversión privada, han traído grandes beneficios a sus respectivos propietarios, mientras por el contrario en poco o en nada han beneficiado a la gran mayoría de mexicanos que con enojo tenemos que pagar tarifas altísimas a cambio de un pésimo servicio. Es claro que la privatización si produce riqueza, a grado tal de tener entre nosotros a los hombres más ricos del mundo, pero lamentablemente siguen sumiendo en la peor de las pobrezas a millones de mexicanos que ilusos creen en las promesas de mejoría personal a cambio de entregar nuestros recursos.
 Y es que de otra manera no me explico, cómo es que mes tras mes pagamos más por el litro de la gasolina, cuando en los medios electrónicos se hablan de los miles de millones de pesos que se obtienen por el robo del combustible sin que hasta ahora hayan detenido a uno sólo de los culpables. O cómo entender las millonarias participaciones que se le otorgan a su poderosísimo sindicato, que incluso alcanza para financiar campañas electorales, mientras las refinerías cuentan con tecnologías caducas y obsoletas... ¿o es que esa es parte de la estrategia para vendernos el cuento de que la inversión privada resulta impostergable? ¿O cómo explicar que se invierta en países ajenos al nuestro cuando en México es urgente la inversión directa para generar empleos y derrama económica? ¿Cómo creer que es para beneficiar a los mexicanos, cuando la paraestatal ni siquiera es capaz de atender los daños causados por el derrame en el Istmo de Tehuantepec? ¿Este es el tipo de gobierno que nos espera para los próximos seis años? El que se caracteriza por decir que hará cosas buenas que terminan siendo malas. No se equivocaron quienes decían que detrás de la figura de Enrique Peña Nieto está el maquiavélico de Carlos Salinas de Gortari, pues los primeros pasos del Presidente Electo, se parecen muchos a los de él.
 Antes es necesario que se nos explique a los ciudadanos, de ser necesario con peras y manzanas, cuáles serán los beneficios directos e inmediatos que como mexicanos obtendremos. Voy a decirlo con toda claridad, aun cuando los diputados se digan nuestros representantes, lo cierto es que con frecuencia dudamos que así sea, por lo que una campaña de información respecto a qué, cómo, cuándo y dónde se desea hacer es requisito sine qua non para abrir el debate de cara a la sociedad y no sólo en el Congreso, pues ya hay señales claras de que sin el menor decoro están dispuestos a aprobar todo lo que les envíen. Más si se trata de “iniciativas preferentes” como ya lo ha anunciado Peña Nieto pudiera ser el caso de la privatización de PEMEX. Creo que nadie está en desacuerdo en el sentido de que a la empresa que aporta más de cien mil millones de pesos al presupuesto público le urge una “modernizadita”. Pero de ahí que a “ojos cerrados” se diga que la única forma de hacerlo es a través de la inversión privada, hay mucha discrepancia. Su modernización pasa por transparentar su manejo: ingresos, costo de producción, gasto corriente, deuda, entre otras cosas más que con seguridad con una administración colegiada pudiera contribuir a que sus números por momentos se tornen rojos…y que a pesar de ellos haya muchos “dispuestos” a arriesgarse a invertir en ella.
 Por supuesto que hay experiencias exitosas de petroleras privadas en Brasil, en Dubai, en Colombia, pero esos éxitos pasan por programas permanentes de fiscalización y de anticorrupción. Aspectos que en México sí debería modernizarse antes de pensar en entregar a quienes poseen más el 60 por ciento de la riqueza nacional en sus manos, una empresa que por mucho ha sido el orgullo de los mexicanos y que por décadas sirvió para que el PRI usufructuara el poder, hasta que terminó por traicionar sus principios. Parece que doce años alejados del poder, no les fue suficiente y hoy amenazan con volver a las mismas andadas.
 Hay que abrir el debate sobre la posible privatización de PEMEX. 
Tuwiter: @Mario_Mendoza_F

Mentiras, filtraciones e incompetencia en el caso Regina




Falta de voluntad, incumplimiento de la palabra empeñada, incompetencia, actos de intimidación, mentiras… He aquí lo que explica la falta de resultados en torno al asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Así, la procuraduría estatal utiliza a medios locales, siembra versiones falsas –“el crimen fue pasional”, pregona– y acosa al gremio periodístico. A este desaseo se suma el desdén del gobierno de Javier Duarte de Ochoa hacia las organizaciones civiles e instancias internacionales que le han exigido una solución pronta e imparcial del caso. Por ello, este semanario solicitó a la PGR atraer la investigación, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ante la falta de resultados en torno al asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, ocurrido hace más de dos meses, y habida cuenta de las filtraciones del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en torno al caso, este semanario solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) atraer la investigación.
La petición se hizo el 27 de junio último ante esa instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) toda vez que desde el gobierno estatal se emprendió una campaña mediática para sembrar la idea de que se trató de un “crimen pasional”.
No sólo no ha habido resultados, sino que comenzaron las filtraciones de supuestos detalles del crimen “por motivos personales” y hasta se ubicó al presunto autor en el propio gremio periodístico, sin que la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ) haya investigado si el asesinato de Regina Martínez fue perpetrado en represalia por su labor informativa.
El crimen ocurrió la madrugada del 28 de abril en el domicilio de Regina, ubicado en la ciudad de Xalapa. Ella murió por asfixia. Desde el siguiente día, la directiva del semanario le expresó directamente al gobernador Duarte su desconfianza ante las promesas de una investigación pronta y seria (Proceso 1853).
Con la impunidad a cuestas y luego de que durante más de un mes la procuraduría estatal escatimó información a la propia PGR, funcionarios del gobierno veracruzano comenzaron a filtrar la versión del crimen pasional, al margen de la coadyuvancia de la Feadle y de la revista, valiéndose de la prensa local y de Carlos Loret de Mola, conductor de Primero Noticias, de Televisa, y columnista del diario El Universal.
La primera filtración fue a nivel nacional. El 21 de junio, justo una semana antes de que se cumplieran dos meses del crimen, Loret de Mola dio por terminada la investigación en su columna de El Universal: “El gobierno veracruzano está a punto de anunciar los resultados de su indagatoria sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez. Seguramente despertará mucha polémica”, escribió.
Dos días después, el periódico Imagen, del puerto de Veracruz, fue utilizado para continuar con la campaña: “Versión: identifican asesino de Regina Martínez”. Una escueta nota sin firma, en primera plana, fue suficiente para difundir la idea de que se trató de un crimen pasional.
“La autopsia practicada al cuerpo de Regina Martínez Pérez reveló la marca de una mordida en el cuello de la víctima; este indicio llevó a los investigadores a ubicar al agresor… Con esta prueba pericial se estableció que se trató de un crimen pasional o ‘de motivaciones personales’”, informó el diario, con base en “fuentes extraoficiales”. La versión también fue esparcida en Veracruz por la agencia de noticias Imagen del Golfo.
Aunque el mismo diario publicó el 25 de junio, también en portada y sin firma, un comentario sobre “el gran malestar” que causó esa versión, acusando a “algún funcionario” de Duarte de “crear confusión” sobre el asesinato, la versión acerca del “crimen pasional” siguió extendiéndose.
Ese mismo día, el columnista del puerto jarocho Luis Velázquez publicó en el blog expediente.mx: “Todo indica que la Procuraduría de Justicia de Veracruz está a punto de esclarecer el primero de los nueve crímenes de reporteros y fotógrafos ocurridos en los últimos 18 meses”.
Abundó en la versión del diario al que perteneció: “A partir de la mordida, los expertos han seguido la pista… Es más, se habla de que el presunto homicida ya fue identificado y una nube de policías, agentes y detectives siguen la huella”.
Incluso, ubicó al supuesto asesino entre el gremio periodístico de Veracruz: “Por eso es que a varios trabajadores de la información de Xalapa, citados a comparecer, les han tomado una placa de su dentadura para cotejarla con la marca hallada en el cuello de la víctima”.
Prosiguió: “la noche del velorio y el día del sepelio el presunto homicida estuvo presente. Con toda la sangre fría… el asesino participó en el duelo de principio a fin. Desde luego, parando oreja. Días después, no obstante, y según las versiones, desapareció… hasta el momento actual en que nadie de los colegas da señales de sus días y noches.
“Se habla, incluso, de que su trabajo reporteril lo dejó tirado y de nadie se despidió. Simple y llanamente, voló. Por eso es que la procuraduría y la Agencia Veracruzana de Investigaciones, AVI, se está dilatando un poquito… Pero a diferencia del hazmerreír con el hijo del Chapo, y del michoacanazo aquel, la procu jarocha tiene no los pelos de la burra en la mano, sino la burra completa”.
Aseguró que en la procuraduría veracruzana “ya saben todo” del asesino y “tienen hasta fotografías del presunto”. En el mismo tono de advertencia del conductor de Televisa, escribió: “aun cuando resultará (todo indica) una bomba mediática y política, ni modo, la verdad se impone”.
La “versión oficial”
Con la idea del crimen pasional, que de acuerdo al columnista “corresponde más que a una vida privada, a una vida clandestina, pues la corresponsal de Proceso era una mujer discreta”, el gobierno de Veracruz descartó extraoficialmente cualquier relación del asesinato con el trabajo periodístico de Regina Martínez.
Esparcida la versión, salió a escena Marco Antonio Rodríguez Lobato, encargado de la Fiscalía Especializada en la Atención de Denuncias Contra Periodistas y Comunicadores de la PGJ y quien formalmente está a cargo de las investigaciones.
“La PGJ desarrolla la investigación ministerial 019/2012/PC, con distintas líneas de investigación, en las cuales se realizan acciones jurídicas para cubrir las mismas y hasta en tanto no haya una determinación legal final de la indagatoria, no pueden hacerse suposiciones sobre la misma”, escribió el encargado formal de la investigación en una carta enviada al periódico Imagen y a la agencia de noticias Imagen del Golfo.
“Si alguna confusión existe, ésta se origina con la publicación de notas que no identifican sus fuentes y con datos no veraces”, añadió en su escrito publicado como inserción.
La campaña para propalar esa versión ocurrió cuando apenas la PGJ le había solicitado a Proceso el protocolo internacional para investigar casos de ataques contra el ejercicio periodístico, instrumento que desde la primera semana de mayo la revista le pidió a la fiscalía veracruzana que utilizara en sus investigaciones.
Bajo esa petición, lo que hizo la PGJ fue citar a declarar a varios periodistas veracruzanos. En uno de los casos, los policías ministeriales entregaron el citatorio durante una marcha gremial realizada el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Los policías ministeriales, literalmente, corrieron tras Norma Trujillo Báez, reportera de La Jornada Veracruz, para hacer el emplazamiento judicial.
Los policías le pidieron datos de otros periodistas, pues traían por lo menos otros seis citatorios, dice Trujillo. En su comparecencia, la PGJ le preguntó sobre hábitos personales de la corresponsal de Proceso. “Es algo que desconozco”, dice al reportero, y comenta que consideró un acto intimidatorio el hecho de que la procuraduría la citara con dos semanas de anticipación.
A los primeros colegas suyos que declararon, la PGJ no sólo les preguntó sobre sus relaciones con Regina Martínez y su vida personal; también les tomó las huellas dactilares de ambas manos. Los siguientes en comparecer se negaron a que les tomaran las huellas y a ser fotografiados con número, como si se tratara de una ficha signalética ordenada por un juez.
Intimidaciones al gremio
En lugar de indagar la eventual relación del crimen con el trabajo periodístico de Regina Martínez, la PGJ se valió de esos interrogatorios para indagar sobre la vida personal de la corresponsal de este semanario.
La idea del crimen pasional no es nueva. Apenas habían pasado unas horas cuando funcionarios de la propia PGJ así se lo hicieron saber a los familiares de la periodista. Luego siguió el interés de la procuraduría de orientar el asesinato hacia un robo, pues Regina vivía “en un barrio bravo”, según declaró a Proceso el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa.
Durante el primer mes, la PGJ se dedicó a interrogar a los vecinos de Regina Martínez, al poner énfasis en el robo de una televisión de plasma, una computadora y dos teléfonos celulares.
Ya en ese momento, el gobierno de Duarte hablaba de avances en “una línea concreta” de investigación, según declaró la vocera gubernamental, Gina Domínguez, el 23 de mayo.

Sin embargo, para entonces la PGJ ni siquiera había entregado la información completa a la Feadle, que participa como coadyuvante en la investigación. Fue necesario que el 28 de ese mes viajaran a Xalapa la titular de la fiscalía especial, Laura Angelina Borbolla Moreno, y el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Miguel Ontiveros Alonso.
Reunidos con Flores Espinosa, los funcionarios federales comenzaron a hacer una relación de la información no entregada cuando los interrumpió Rodríguez Lobato. El encargado de la fiscalía especial del estado aseguró que la información acababa de ser entregada. Mintió.
Pasaron más de dos semanas para que la Feadle tuviera los datos sobre las huellas encontradas en el lugar. La PGJ sólo había entregado fotografías de las huellas y no la confrontación de las mismas con el banco de datos de Plataforma México, en el que se encuentran, entre otras, las huellas de personas detenidas en territorio nacional. La procuraduría estatal adujo problemas técnicos para la entrega de esa información.
Además, la PGJ había entregado a cuentagotas sus dictámenes, entre ellos el de criminalística de campo, en el que se indica la manera en que se encontraron el cuerpo y el lugar de los hechos. La Feadle aun no determina si admite o no la petición de Proceso para atraer el caso.
Los escarceos del gobierno veracruzano para investigar el asesinato desestiman las peticiones de organismos nacionales e instancias internacionales para esclarecer el crimen, además del seguimiento que le ha dado la prensa extranjera.
Desde que el asesinato de la periodista se difundió fuera del país, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron al gobierno de Duarte hacer una investigación pronta e imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La relatora de la CIDH, Carolina Botero, recordó incluso que en Veracruz Proceso “ha sido objeto de la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se sienten afectados por las publicaciones y en distintas oportunidades se ha visto en la necesidad de mantener en anonimato el nombre de los periodistas que cubren temas de seguridad”.
articulo publicado en proceso con fecha de 3 DE JULIO DE 2012 ·