XALAPA, Ver. (apro).- Con un presunto homicida prófugo, una serie de irregularidades e inconsistencias en la investigación ministerial y la cerrazón sistemática de información a Proceso, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ) pretende cerrar el expediente del caso Regina Martínez, corresponsal del semanario, asesinada el 28 de abril de 2012 en el interior de su domicilio en la capital del estado.
María de los Ángeles Diana Coq Toscanini, abogada coadyuvante en las investigaciones y nombrada por el semanario como su representante ante los órganos judiciales y ministeriales de Veracruz, acusó que a más de 10 meses del asesinato de Regina Martínez en la privada de Rodríguez Clara, en el barrio del Dique, a mano de dos presuntos “malvivientes”, la Fiscalía de Veracruz pretende archivar el caso.
Entrevistada en Xalapa, la litigante Toscanini, máster en Derecho, dijo: “Yo le pongo copia al procurador Amadeo Flores Espinosa y le pido a la jueza (Beatriz Rivera Hernández, encargada del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa) que se tomen en cuenta toda las pruebas que no se han hecho y que se actúe conforme a Derecho, eso es lo que piden los directivos de la revista”.
La abogada indicó que aunque la causa penal 358/2012 y la integración de la investigación ministerial número 019/2012/PC continúan abiertas, hay una intentona de la Fiscalía de Veracruz por cerrarlas, aun cuando no están agotadas todas las instancias y todas las declaraciones.
Toscanini aseguró que los directivos de Proceso no están contentos con el curso de las investigaciones, en parte por el cúmulo de irregularidades e inconsistencias y en parte porque las autoridades les han obstaculizado el camino para consultar el expediente.
“Les han negado las copias del caso, pero las consiguieron; yo estudié las copias y ellos consultaron con los abogados de México y estuvieron de acuerdo con mi forma de pensar”.
La abogada destacó que en el caso de los presuntos homicidas de Regina Martínez uno de los dos presuntos implicados continúa prófugo. Se trata de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho.
“Y pese a todo quieren cerrar el caso, sólo pedimos que se lleve como debe ser el proceso”.
Apenas el 19 de febrero pasado, la agencia Apro reportó que continuaban entrampadas las investigaciones del caso Regina Martínez, debido a que había diligencias programadas por la autoridad judicial, mismas que no se estaban llevando a cabo.
Ese día se canceló una diligencia judicial donde se interrogaría a los policías estatales Ángel Pérez Martínez y Jorge Luis Téllez Ruiz, quienes aprehendieron a El Silva, homicida confeso de la periodista, según la PGJ.
El motivo: la falta de coordinación entre autoridades de la AVI y del Juzgado Tercero de Primera Instancia dependiente del Poder Judicial, que impidió que los policías estatales y el abogado defensor de El Silva, Adair Gasca Hernández, así como el propio indiciado, se cruzaran las caras en la mesa 9 de la rejilla de prácticas.
Al preguntarle al Comandante Braulio, encargado de presentar a los oficiales Ángel Pérez y Jorge Téllez para el interrogatorio judicial, por qué no asistieron a la diligencia, respondió:
“No sé, no se presentó el abogado defensor de El Silva, quien solicitó la diligencia. Se tendrá que acordar y volver a agendar. Ya me voy”.
Sobre el desarrollo de la causa penal 358/2012, los careos, interrogatorios y demás diligencias por el homicidio de Regina Martínez, la encargada del Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa, Beatriz Rivera Hernández, señaló:
“Que no vengan a decir mentiras, aquí está el acta, sí hubo diligencia, se abrió a las 10:05 am. No se presentaron los policías (citados a declarar) y se tuvo que cerrar. Se llevará a cabo la próxima semana, probablemente el martes (26)”.
En los pasillos del Juzgado Tercero de Primera Instancia trascendió que la diligencia no se llevó a cabo porque los policías que iban a declarar llegaron tarde, pero sobre todo por la presencia de medios de comunicación.
En lo que va del gobierno de Javier Duarte, nueve periodistas han sido asesinados en Veracruz.
Según el gobernador, a la fecha ha resuelto seis de esos casos. Esos periodistas, dijo, perdieron la vida a manos de Los Zetas y del cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes los utilizaron como parte de sus pugnas.
En el caso de Martínez Pérez, el gobierno de Veracruz ha sido enfático al insistir que el robo fue el “único móvil” del asesinato.
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