Viernes Contemporáneo/ Por Armando Ortiz
Y uno
se pregunta: En un país donde abundan los privilegios, donde impera la
impunidad, ¿de qué sirve exigir que se aplique la ley? ¿De qué sirve
denunciar?
La denuncia parece ser una obligación
ciudadana que poco a poco se ha ido relegando. Es parte del oficio
periodístico, es un servicio social que se brinda cuando se han descubierto
anomalías. Pero anomalía es una palabra muy suave para englobar las prácticas
ilícitas que un servidor público puede llevar a cabo. Saliéndose de la ley un
funcionario puede abusar de su poder, enriquecerse de manera descarada,
adjudicarse propiedades que no le pertenecen, lesionar a los ciudadanos,
violar, asesinar, encubrir; en todo ello va implícita la corrupción, el
contubernio, la impunidad.
Y uno se puede pasar la vida denunciando y
denunciando, clamando en el desierto sin obtener respuesta de la ley. Porque
ellos, los hombres que manejan la ley, la han puesto cada día más lejos, menos
accesible, fuera de nuestro alcance. Somos como ese hombre del cuento de Kafka,
que decide presentarse ante la ley. Llega pero se le dice que no puede pasar.
El hombre cree que esperando un poco se le podrá dar acceso, pero pasan las
horas y luego los días y los meses y al hombre no se le da acceso. Cuando el
hombre piensa que el guardia se descuida, muestra intenciones de querer entrar
sin permiso. Pero el guardia le quita toda intención de entrar pues le dice que
si él parece un guardia terrible, adentro hay otro más terrible, y así, de
puerta en puerta los guardias van siendo más terribles. Así el hombre espera y
espera hasta que ya es un anciano y apenas puede escuchar. Al final, el hombre
le pide al guardia que se acerque y le pregunta cómo es posible que en tantos
años que han pasado, siendo que hay tantos hombres que buscan acceder a la ley,
no se haya presentado otra persona más que él para entrar. El guardia con su
voz grave y sonora le dice: “No se ha presentado nadie porque esta puerta era
exclusivamente para ti y ahora la voy a cerrar”.
Y uno se puede pasar la vida clamando por
justicia, exigiendo que se cumpla la ley, y la autoridad puede ser tan
indolente como ese centinela, que no deja que accedamos. El Estado se convierte
entonces en un ser monstruoso que impide que tengamos acceso a la ley.
Tal caso se ha dado en el estado de Veracruz,
donde la ley se pervierte para no ser aplicada. El acceso a la información es
derecho de todos los mexicanos, incluidos los veracruzanos. Este derecho se
encuentra amparado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. A le letra dice: “El derecho a la información será
garantizado por el estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a
información plural y oportuna”.
Sin embargo en Veracruz, antes que ser
garantizado el derecho a la información, es el mismo gobernador Javier Duarte
quien ha puesto candados para que los ciudadanos no tengamos acceso a la
información referente a los gastos de Comunicación Social, particularmente en
el rubro de “Programas y actividades gubernamentales”. Así, como un pequeño
dictador, Javier Duarte clasificó arbitrariamente como “reservada” esta
información.
A la letra el documento señala: “Acuerdo
mediante el cual se clasifica como de Acceso Restringido en la modalidad de
Reservada y Confidencial la información que obra en poder de Coordinación
General de Comunicación Social como Sujeto Obligado, en términos del artículo
5.1 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. Y lo firma ¿quién cree
usted? María Gina Domínguez, coordinadora de Comunicación Social de Duarte.
Este acuerdo es complemente inconstitucional.
Pasa por alto uno de los primeros artículos de la Constitución, y doblega de
manera artera el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En el
apartado IX de este artículo se señala que una de las obligaciones del poder
Ejecutivo es informar sobre “El monto de los presupuestos asignados, los
informes emitidos sobre su ejercicio yaplicación. En el Poder Ejecutivo, dicha
información será proporcionada y actualizadapermanentemente por la Secretaría
de Finanzas y Planeación, la que ademásreportará sobre la situación de las
finanzas públicas y la deuda pública del Estado”. Un acuerdo arbitrario,
discrecional, que pone candados a la información que debe ser pública es pasar
por encima de la Constitución.
Si bien cierta información puede ser
considerada como “reservada”, esto sólo ocurre en el caso de que pueda
comprometer “la seguridad pública nacional, estatal o municipal, o pueda
afectar la integridad territorial, la estabilidad o la permanencia de las
instituciones políticas”. Rige el carácter de “reservada” lo que señala el
apartado III del artículo 14 de la Ley de Transparencia: “Que el daño que pueda
producirse con su liberación sea mayor que el interéspúblico de conocerla”.
A raíz de esto uno se pregunta: ¿Cómo puede
afectar la seguridad nacional o estatal, saber en qué se gastan los millones de
pesos para la difusión y promoción de los “Programas de actividades
gubernamentales? ¿Conocer en qué se gastan los millones de pesos en
Comunicación Social es “tan” gravoso para el estado, que se puede pasar por
encima del interés público de conocerlo?
¿Acaso la coordinadora de Comunicación Social
tiene algo que esconder? ¿Será que tiene miedo de que nos podamos enterar de a
quién está otorgando jugosos convenios de publicidad? Publicidad no sólo para
el gobierno del estado, sino también para los restaurantes y negocios de su
propiedad. ¿Pueda ser que nos enteremos que empleados del restaurante Casa
Veracruz y la Cueva del Dragón están pagados con estos escondidos presupuestos?
¿O quizá no quiera que nos enteremos que parte de estos presupuestos se
pudieron haber utilizado para levantar su enorme mansión en la congregación de
Zoncuantla, en las inmediaciones de Coatepec? Donde por cierto los vecinos ya
se han quejado por la enorme cantidad de policías que resguardan el lugar,
policías pagados con nuestros impuestos, por supuesto.
De antemano, con este tipo de acuerdos
arbitrarios e inconstitucionales se vislumbra lo que será el desequilibrio de
poderes en el estado, donde el Ejecutivo pasará por encima de los otros
poderes; si pasa por encima de la Constitución, Duarte puede pasar por encima
de lo que sea.
Círculo Rojo: La muerte de Noé Vázquez Ortiz,
Veracruz nuevamente en el ojo internacional
La muerte del activista ambiental Noé Vázquez
Ortiz, integrante del Colectivo Defensa Verde en Amatlán debe ser investigada y
los ciudadanos debemos exigir que se esclarezcan las causas. Esperemos que la
Procuraduría no salga con “chivos expiatorios” como ya se le va haciendo
costumbre. La muerte del joven activista a unos días de que se celebrara el X
aniversario del colectivo al que pertenece resulta indignante. Los delegados
ambientalistas de todo el país que participarían en el evento exigen se haga
justicia, nosotros también.
Postdata 1: Regresa Catalina Cruz Herrera a la
delegación de Sedesol
Que ya regresó la señora Catalina Cruz Herrera
a la delegación de Sedesol. Esto a pesar de las denuncias y de la corrupción
comprobada. Por favor, que alguien me pase el teléfono de la señora para
felicitarla. Ahora sí los trabajadores, “que agachen el chipo y coman su
mierda”; ustedes tendrán la culpa si dejan que se quede.
Postdata 2: Círculo Rojo en eldemocrata.com
No olvide que tenemos una cita los viernes por
la tarde con la Mesa Política con el Círculo Rojo del periodismo veracruzano.
Nos puede ver a través de http://eldemocrata.com.mx/mesapolitica/ Aquí mismo
puede ver el programa anterior grabado.
FUENTE: PERIODICO VERAZ
