JAVIER DUARTE, POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN

Viernes Contemporáneo/ Por Armando Ortiz

Y uno se pregunta: En un país donde abundan los privilegios, donde impera la impunidad, ¿de qué sirve exigir que se aplique la ley? ¿De qué sirve denunciar? 

La denuncia parece ser una obligación ciudadana que poco a poco se ha ido relegando. Es parte del oficio periodístico, es un servicio social que se brinda cuando se han descubierto anomalías. Pero anomalía es una palabra muy suave para englobar las prácticas ilícitas que un servidor público puede llevar a cabo. Saliéndose de la ley un funcionario puede abusar de su poder, enriquecerse de manera descarada, adjudicarse propiedades que no le pertenecen, lesionar a los ciudadanos, violar, asesinar, encubrir; en todo ello va implícita la corrupción, el contubernio, la impunidad.

Y uno se puede pasar la vida denunciando y denunciando, clamando en el desierto sin obtener respuesta de la ley. Porque ellos, los hombres que manejan la ley, la han puesto cada día más lejos, menos accesible, fuera de nuestro alcance. Somos como ese hombre del cuento de Kafka, que decide presentarse ante la ley. Llega pero se le dice que no puede pasar. El hombre cree que esperando un poco se le podrá dar acceso, pero pasan las horas y luego los días y los meses y al hombre no se le da acceso. Cuando el hombre piensa que el guardia se descuida, muestra intenciones de querer entrar sin permiso. Pero el guardia le quita toda intención de entrar pues le dice que si él parece un guardia terrible, adentro hay otro más terrible, y así, de puerta en puerta los guardias van siendo más terribles. Así el hombre espera y espera hasta que ya es un anciano y apenas puede escuchar. Al final, el hombre le pide al guardia que se acerque y le pregunta cómo es posible que en tantos años que han pasado, siendo que hay tantos hombres que buscan acceder a la ley, no se haya presentado otra persona más que él para entrar. El guardia con su voz grave y sonora le dice: “No se ha presentado nadie porque esta puerta era exclusivamente para ti y ahora la voy a cerrar”.

Y uno se puede pasar la vida clamando por justicia, exigiendo que se cumpla la ley, y la autoridad puede ser tan indolente como ese centinela, que no deja que accedamos. El Estado se convierte entonces en un ser monstruoso que impide que tengamos acceso a la ley.

Tal caso se ha dado en el estado de Veracruz, donde la ley se pervierte para no ser aplicada. El acceso a la información es derecho de todos los mexicanos, incluidos los veracruzanos. Este derecho se encuentra amparado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A le letra dice: “El derecho a la información será garantizado por el estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna”.

Sin embargo en Veracruz, antes que ser garantizado el derecho a la información, es el mismo gobernador Javier Duarte quien ha puesto candados para que los ciudadanos no tengamos acceso a la información referente a los gastos de Comunicación Social, particularmente en el rubro de “Programas y actividades gubernamentales”. Así, como un pequeño dictador, Javier Duarte clasificó arbitrariamente como “reservada” esta información.

A la letra el documento señala: “Acuerdo mediante el cual se clasifica como de Acceso Restringido en la modalidad de Reservada y Confidencial la información que obra en poder de Coordinación General de Comunicación Social como Sujeto Obligado, en términos del artículo 5.1 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. Y lo firma ¿quién cree usted? María Gina Domínguez, coordinadora de Comunicación Social de Duarte.

Este acuerdo es complemente inconstitucional. Pasa por alto uno de los primeros artículos de la Constitución, y doblega de manera artera el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En el apartado IX de este artículo se señala que una de las obligaciones del poder Ejecutivo es informar sobre “El monto de los presupuestos asignados, los informes emitidos sobre su ejercicio yaplicación. En el Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada y actualizadapermanentemente por la Secretaría de Finanzas y Planeación, la que ademásreportará sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública del Estado”. Un acuerdo arbitrario, discrecional, que pone candados a la información que debe ser pública es pasar por encima de la Constitución.

Si bien cierta información puede ser considerada como “reservada”, esto sólo ocurre en el caso de que pueda comprometer “la seguridad pública nacional, estatal o municipal, o pueda afectar la integridad territorial, la estabilidad o la permanencia de las instituciones políticas”. Rige el carácter de “reservada” lo que señala el apartado III del artículo 14 de la Ley de Transparencia: “Que el daño que pueda producirse con su liberación sea mayor que el interéspúblico de conocerla”.

A raíz de esto uno se pregunta: ¿Cómo puede afectar la seguridad nacional o estatal, saber en qué se gastan los millones de pesos para la difusión y promoción de los “Programas de actividades gubernamentales? ¿Conocer en qué se gastan los millones de pesos en Comunicación Social es “tan” gravoso para el estado, que se puede pasar por encima del interés público de conocerlo?

¿Acaso la coordinadora de Comunicación Social tiene algo que esconder? ¿Será que tiene miedo de que nos podamos enterar de a quién está otorgando jugosos convenios de publicidad? Publicidad no sólo para el gobierno del estado, sino también para los restaurantes y negocios de su propiedad. ¿Pueda ser que nos enteremos que empleados del restaurante Casa Veracruz y la Cueva del Dragón están pagados con estos escondidos presupuestos? ¿O quizá no quiera que nos enteremos que parte de estos presupuestos se pudieron haber utilizado para levantar su enorme mansión en la congregación de Zoncuantla, en las inmediaciones de Coatepec? Donde por cierto los vecinos ya se han quejado por la enorme cantidad de policías que resguardan el lugar, policías pagados con nuestros impuestos, por supuesto.

De antemano, con este tipo de acuerdos arbitrarios e inconstitucionales se vislumbra lo que será el desequilibrio de poderes en el estado, donde el Ejecutivo pasará por encima de los otros poderes; si pasa por encima de la Constitución, Duarte puede pasar por encima de lo que sea. 

Círculo Rojo: La muerte de Noé Vázquez Ortiz, Veracruz nuevamente en el ojo internacional
La muerte del activista ambiental Noé Vázquez Ortiz, integrante del Colectivo Defensa Verde en Amatlán debe ser investigada y los ciudadanos debemos exigir que se esclarezcan las causas. Esperemos que la Procuraduría no salga con “chivos expiatorios” como ya se le va haciendo costumbre. La muerte del joven activista a unos días de que se celebrara el X aniversario del colectivo al que pertenece resulta indignante. Los delegados ambientalistas de todo el país que participarían en el evento exigen se haga justicia, nosotros también.

Postdata 1: Regresa Catalina Cruz Herrera a la delegación de Sedesol

Que ya regresó la señora Catalina Cruz Herrera a la delegación de Sedesol. Esto a pesar de las denuncias y de la corrupción comprobada. Por favor, que alguien me pase el teléfono de la señora para felicitarla. Ahora sí los trabajadores, “que agachen el chipo y coman su mierda”; ustedes tendrán la culpa si dejan que se quede.

Postdata 2: Círculo Rojo en eldemocrata.com

No olvide que tenemos una cita los viernes por la tarde con la Mesa Política con el Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Nos puede ver a través de http://eldemocrata.com.mx/mesapolitica/ Aquí mismo puede ver el programa anterior grabado.

Armando Ortiz aortiz52@hotmail.com

FUENTE: PERIODICO VERAZ