“Pobre pueblo mexicano. ¡Mandar no puede y obedecer no quiere!”: Ignacio Montes de Oca.
Por lo menos 66 defensores de derechos humanos, luchadores sociales y ambientalistas han sido asesinados en los últimos 7 años en México. El más reciente es el caso de Noé Vázquez Ortíz, en el municipio de Amatlán del estado de Veracruz. Murió según sus compañeros, por ser uno de los principales opositores a la construcción de una hidroeléctrica en la comunidad del Naranjal.
Varios de estos brutales asesinatos han sido repudiados y condenados hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, como en los casos de más de cien comunicadores asesinados, el Estado mexicano se mantiene “ciego, sordo, mudo e indiferente ante la ola de sangre que continúa cobrando la vida de quienes en abierto, exigen justicia, alto al abuso, la impunidad, corrupción, exigen paz y la aplicación de la ley.
La lista de asesinados incluye a hombres y mujeres que han luchado desde diversas trincheras, van desde los que claman por la aparición de hijos levantados, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, líderes indígenas que se oponen a la expropiación de sus tierras, mujeres que luchan contra los feminicidios, Campesinos Ecologistas, defensores del medio ambiente y demás.
Noé Vázquez Ortíz/ Plumas Libres
Sin olvidar las amenazas, intimidaciones, secuestros y hasta desapariciones de muchos otros que se han atrevido a denunciar casos de violación, abuso y tortura por algunos militares, policías judiciales federales, estatales y hasta policías locales.
Guerrero es el estado que más asesinatos de activistas y defensores de Derechos Humanos reporta con el 68% en el país. Le siguen el Distrito Federal, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y ahora Veracruz que se suma a la lista con el asesinato de Noé Vázquez Ortíz. Antes, reportó casos de defensores que han sido procesados penalmente, por manifestarse en contra de la depredación de dunas y contaminación de granjas porcinas en la región de Perote.
Todo hace sospechar que ahora las víctimas podrían ser ambientalistas o defensores de los recursos naturales, bosques, selvas, mares, ríos, lagos, lagunas, especies animales, o férreos opositores a la construcción de 112 hidroeléctricas que vienen por el control sobre el agua en el estado.
Como en el caso de los más de cien periodistas asesinados en los últimos 7 años, el Estado Mexicano ha incumplido no solo con frenar esta ola de muerte evidentemente orquestada desde algún lugar, sino hasta con las medidas cautelares dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha otorgado más de 156 medidas de protección a 200 defensores mexicanos y familiares, que lo solicitaron.
Queda claro que las y los defensores de derechos y medio ambiente, aparecen como algunos periodistas, en la lista de actores incómodos ante las políticas de contrainsurgencia, depredación, privatizaciones, sometimiento al exterior, explotación de recursos naturales, presunta “guerra contra el narcotráfico” y demás.
En el 80% de los casos de asesinatos, las autoridades de Procuración y Administración de Justicia, han respondido con la descalificación hacia las víctimas para excusar la terrible impunidad y corrupción con que trabajan.
A la mayoría de los asesinados los han criminalizado, desprestigiado. Por eso no sorprende que un agente del ministerio público en Córdoba, se haya apresurado a declarar que Noé Vázquez Ortiz, pudo haber sido asesinado por rencillas personales, sin que haya primero cumplido con su labor de investigar y luego hablar.
Jonathan Gerardo Contreras Jiménez, Luis Enrique de la Cruz Martínez y Armando Tlaxcala Hernández, presuntos responsables de la muerte del ambientalista y artesano, Noé Vázquez, continúan detenidos pero nada se ha hecho para asegurar la vida del menor que acompañaba a la víctima único testigo clave de los hechos. Y quién nos asegura que producto del mal trabajo de la Procuración de Justicia, al rato salen libres igualito como sucedió con el caso de Jorge Alberto Hernández Silva, presunto asesino de la ex corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez.
Lo que dejan claro los hechos, es que el ambiente de inseguridad, de violencia, muerte, amenazas, intimidaciones, desapariciones forzadas, se ha volcado en contra de los y las defensoras de derechos humanos y medio ambiente en el país y continuará mientras las autoridades correspondientes no hagan nada y la misma sociedad no se organice para evitarlo.
Suena a solicitar un milagro, cuando organismos internacionales Defensores de Derechos Humanos, han denunciado que muchos de estos crímenes y violencia corren a cargo de comandos armados, grupos paramilitares y elementos estatales (particularmente policías y miembros de las Fuerzas Armadas) que han sido identificados en los reportes de prensa, en las denuncias y en los informes internacionales como ejecutores de la violencia en contra de los defensores y periodistas.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la OACDHONU, manifestó “que servidores públicos “se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos” y que en la pasada gestión federal y en la actual, no se ha tenido ningún progreso respecto de los más de 180 casos de agresiones que ha documentado esa representación internacional.
Un informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, que elaboró la Oficina del Alto Comisionado, de la ONU, revela que en el 51 por ciento de los casos de asesinatos a defensores de derechos humanos, periodistas y ambientalistas, no se puede identificar a los agresores; el 22 por ciento se trata de actores no estatales; el 14 por ciento, de operadores de justicia; el 8 por ciento, de autoridades municipales; el 5 por ciento, de autoridades militares.
Queda claro que existen “operativos”, bien orquestados para acabar con la vida de quienesimpulsan la democracia, la justicia, la equidad, los derechos sociales, territoriales, ambientales, comunitarios en todos los rincones del país.
Tantos asesinatos, no pueden ser producto de la casualidad o hasta de la delincuencia organizada, como muchos funcionarios dicen para no hacer nada.
Las innumerables muertes de defensores de derechos humanos, periodistas y ambientalistas, nos revelan que no son casos aislados, sino parte de una estrategia de intimidación y siembra de miedo para que nadie se atreva a reclamar o defender sus derechos o los recurso naturales, que como nunca antes están siendo depredados en todo el país, producto de la brutal corrupción e impunidad, que permea desde el poder.
Todo, consecuencia de una sociedad en su mayoría indiferente a la grave problemática que enfrenta la nación en materia económica, política, social producto de un modelo económico neoliberal que está empobreciendo al pueblo de México y saqueando los bosques, las selvas, los ríos, los mares, las lagunas, etc.
Pero todos como pueblo tenemos la respuesta. Para solucionar los graves problemas que enfrenta el país, estado, comunidad, hay que romper la barrera del conformismo y la resignación pugnando por una “Revolución Intelectual” que nos permita impulsar los grandes cambios que México necesita. De no hacerlo, se preguntará, hacia dónde irá el país. Al tiempo.
FUENTE: PLUMAS LIBRES
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