20 de octubre de 2026
LA GOBERNADORA DE BARRO
SAMANTHA VICENTTINI: ENTRE LA POLÉMICA, LOS ATAQUES EN REDES Y LA RESISTENCIA POLÍTICA
Córdoba, Veracruz.
En una época en la que la política parece reducirse a titulares estridentes, publicaciones replicadas y campañas de descalificación en redes sociales, el caso de Samantha Vicenttini Luna vuelve a colocar en el centro del debate el uso de las plataformas digitales como escenarios de confrontación política.
Ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Córdoba e integrante del Movimiento del Sombrero, Vicenttini Luna se encuentra nuevamente en medio de la controversia tras su detención en su domicilio y posterior liberación, hechos que provocaron cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y dieron pie a diversas reacciones en el ámbito político y social.
Sus simpatizantes sostienen que su caso representa una muestra de resistencia frente a las presiones y los señalamientos que, aseguran, buscan debilitar su liderazgo. Desde esa perspectiva, su salida del penal de La Toma fue interpretada como un momento de reivindicación para quienes respaldan su participación dentro del movimiento.
Sin embargo, la polémica no terminó con su liberación. En redes sociales continúan circulando publicaciones y comentarios que cuestionan su trayectoria política, su vida personal y su desempeño profesional. Algunos mensajes recurren a descalificaciones personales e incluso a referencias sobre su entorno familiar y su salud mental, terrenos que poco aportan a una discusión pública seria y responsable.
La crítica política es legítima; la descalificación personal es otra cosa.
Cuestionar la trayectoria de una figura pública, sus decisiones partidistas o su actuación como profesionista forma parte del debate democrático. Pero convertir las redes sociales en espacios de hostigamiento, donde se mezclan acusaciones, rumores y ataques a la vida privada, no contribuye a esclarecer los hechos ni a fortalecer la rendición de cuentas.
También resulta pertinente cuestionar el uso de grupos digitales para difundir contenidos ajenos a su propósito original, particularmente cuando se trata de espacios destinados a alertar sobre situaciones de riesgo. Si estos grupos terminan convertidos en plataformas de confrontación política o de ataques personales, su utilidad para la comunidad se desvirtúa.
En el caso de Samantha Vicenttini, sus seguidores defienden su permanencia en la vida pública y aseguran que continuará al frente de sus actividades políticas. Sus detractores, por su parte, mantienen sus cuestionamientos sobre su trayectoria y sus decisiones. En una democracia, ambas posturas pueden expresarse, siempre que las críticas se sustenten en hechos verificables y no en la difusión de señalamientos sin pruebas.
La discusión de fondo no debería limitarse a determinar quién publica más fotografías, quién replica más mensajes o quién consigue mayor repercusión en Facebook. La pregunta es si el debate político en Córdoba está dispuesto a abandonar la descalificación como método y regresar a la confrontación de ideas, trayectorias y resultados.
Samantha Vicenttini podrá ser cuestionada por su pasado partidista, sus decisiones y su actuación pública, como cualquier otra figura política. Pero también tiene derecho a que los señalamientos en su contra se examinen con seriedad, sin convertir su vida privada en munición para la confrontación digital.
Porque la fortaleza de un movimiento no se demuestra atacando a sus adversarios, sino defendiendo sus principios con argumentos. Y la credibilidad de la política no se construye a base de publicaciones virales, sino de hechos, responsabilidades y resultados.
EL RECICLAJE POLÍTICO EN CÓRDOBA: LA NUEVA IZQUIERDA CON VIEJOS INTERESES
Sin embargo, detrás de esta llamada nueva izquierda poco parece haber renovación ideológica. Lo que se observa es el reciclaje de personajes que, lejos de mantenerse fieles a una identidad partidista, transitan entre distintas fuerzas políticas de acuerdo con sus intereses y posibilidades de acceder al poder.
El fenómeno exhibe una de las prácticas más cuestionadas de la política mexicana: cambiar de siglas sin cambiar las formas, las lealtades ni las ambiciones. Hoy, integrantes del equipo de Leticia López Landero aparecen vinculados a distintas fuerzas políticas, entre ellas el PT, en una estrategia que despierta cuestionamientos sobre la congruencia de quienes ahora buscan presentarse como una alternativa renovadora.
En Córdoba, el pasado no se borra cambiando de partido. La administración municipal encabezada por Leticia López Landero durante el periodo 2017-2021 continúa siendo un referente obligado en el debate público sobre el manejo de los recursos municipales y las responsabilidades de quienes estuvieron al frente del Ayuntamiento.
Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en aquella gestión y el papel de los organismos fiscalizadores, incluido el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), forman parte de una discusión que exige claridad, rendición de cuentas y resultados verificables. Cualquier responsabilidad administrativa o penal, desde luego, debe acreditarse por las vías legales correspondientes.
Por eso, el regreso de sus antiguos colaboradores al escenario político no puede pasar inadvertido. Los ciudadanos tienen derecho a preguntar qué cambió, cuáles son sus nuevas propuestas y qué garantías ofrecen de que no repetirán las prácticas que tanto se han cuestionado de administraciones anteriores.
La paradoja es evidente: mientras los partidos hablan de transformación, renovación y compromiso con el pueblo, en Córdoba resurgen viejos grupos que buscan acomodarse bajo nuevas banderas. El PT enfrenta así el desafío de demostrar si realmente apuesta por cuadros distintos y un proyecto propio, o si termina convertido en refugio para políticos que buscan prolongar su influencia.
Porque cambiar
de partido no significa cambiar de historia. Y cuando los mismos personajes
reaparecen con un discurso distinto, la pregunta es inevitable: ¿se trata de
una verdadera renovación política o simplemente de una nueva oportunidad para
seguir viviendo del poder?
ORIZABA: DEL RUIDO DE LAS FÁBRICAS AL SILENCIO DEL DESEMPLEO
Orizaba: del ruido de las fábricas al silencio del desempleo
POSICIONAMIENTO LEÍDO EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN: ODIO, RACISMO, DISCRIMINACIÓN, SEGREGACIÓN Y PRO FASCISMO
El verdadero rostro de Alfonso Martínez Alcázar que trata de ocultar tras el telón del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM)
Desde el 1 de octubre del presente, el presidente municipal de Morelia, con el falaz argumento de “proteger” a Morelia, desplegó un operativo policíaco que instauró un Estado de Excepción en el Centro Histórico de Morelia, al tiempo que desató una campaña de odio, racismo, discriminación y segregación contra el FNLS con el pretendido objetivo de impedir que instalemos un plantón en la plaza pública Melchor Ocampo, y llevemos a cabo una JORNADA NACIONAL DE LUCHA A 534 AÑOS DE RESISTENCIA INDÍGENA Y POPULAR POR: JUSTICIA, LIBERTAD, PRESENTACIÓN CON VIDA Y EL DERECHO A LA PROTESTA.
Durante décadas hemos desarrollado esta jornada de lucha en el contexto del 12 de octubre, que para nosotros es Día de Resistencia Indígena y Popular, un mes para dar a conocer las injusticias sociales, la marginación que persiste en las comunidades indígenas y campesinas, colonias populares y sectores marginados del pueblo, al tiempo que promovemos el rescate de la cultura, el arte y tradiciones de los pueblos originarios desde una perspectiva independiente y socialista.
Esta decisión tomada por Alfonso Jesús Martínez Alcázar, constituyen medidas de corte fascista que han suprimido derechos constitucionales, libertades políticas y democráticas conquistadas en siglos de luchas emancipadoras del pueblo mexicano.
A través de cercos policiacos, la persecución, hostigamiento y represión, se han conculcado libertades fundamentales de indígenas, campesinos, artesanos, colonos y sectores sociales que integramos el FNLS, pero también de todo el pueblo que acude a la capital del estado de Michoacán, ya sea por motivos de trabajo, recreativos, o a resolver trámites de diversa índole, lo que constituye un atentado a las Garantías Constitucionales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se ha recurrido a la calumnia, la mentira, la distorsión de la realidad y la criminalización de la protesta para desestimar las legítimas y justas demandas del FNLS y justificar dichas medidas pro fascistas que socaban el espíritu del Garantismo Constitucional. Todo sustentado en una campaña de odio, racismo, discriminación, segregación y criminalización de la protesta.
En este mes de octubre y tras el telón del Festival Internacional de Cine de Morelia, (FICM) que se realiza en la capital michoacana, se han reprimido diversas manifestaciones de protesta, entre ellas, el 1 de octubre mediante un cerco policiaco y un estado de Sitio, se nos imposibilitó al FNLS instalar el histórico plantón en la plaza pública Melchor Ocampo, el 2 de octubre, la histórica marcha que conmemora la masacre del 2 de octubre de 1968 fue descarrilada y en un hecho inédito fue impedida de arribar a Palacio de gobierno, el 4 de octubre se nos impuso un cerco policiaco en el monumento a Lázaro Cárdenas para suprimir una marcha del FNLS que tenía como fin llegar a palacio de gobierno para solicitar audiencia con el Gobierno del estado, el 12 de octubre en un acto por demás racista, discriminatorio e intolerante, se cercó y encapsuló la marcha del FNLS en el contexto del 12 de octubre, Día de Resistencia Indígena y Popular, y pese que había un amparo de por medio, la Policía Morelia desacató el mandato judicial e impidió el libre tránsito frente al Poder Judicial de la Federación (PJF), el 15 de octubre los normalistas de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, (ENRVQ) también fueron “contenidos” para que su marcha arribara a Palacio de Gobierno, el 16 de octubre fue brutalmente reprimida la marcha de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), el 17 del mimo mes, por enésima ocasión fue cercada y reprimida a la altura del Monumento Ecuestre a Morelos, una marcha del FNLS que partió del PJF, con rumbo a la Palacio de Gobierno.
El odio, el racismo, la discriminación, la segregación, la intolerancia y la criminalización de la protesta, han sido el credo y proceder de Alfonso Jesús Martínez Alcázar del primero de octubre a la fecha. El hostigamiento, la intimidación, la amenaza, la represión y los insultos de odio y racismo, han sido la respuesta a nuestras demandas.
Hechos que confirman que las medidas policiales y políticas tomadas por Martínez Alcázar, son violatorias de los derechos humanos, contravienen el espíritu Garantista de la Constitución, son racistas, discriminatorias, segregacionistas, profundamente antidemocráticas y descaradamente pro fascistas, lo que constituye una amenaza a todo el pueblo, porque hoy somos nosotros el FNLS, mañana será cualquier ciudadano que no comulgue con las ideas y pensamiento de dicho gobernante.
DENUNCIAN NEPOTISMO, COMPADRAZGO, AMIGUISMO, INFLUYENTISMO Y PRIVILEGIOS EN AYUNTAMIENTO MORENISTA DE TRES VALLES
Aunque en Morena se llenan la boca diciendo que acabaron con las lacras de la política, como el nepotismo, el compadrazgo, el amiguismo, el influyentismo y los privilegios, lo cierto es que en los hechos esas prácticas están vivitas y coleando entre los morenistas que ocupan cargos públicos.
Prueba de ello es lo que ocurre en el ayuntamiento de Tres Valles, en donde el alcalde de Morena José Juan Gallegos Cárcamo se ha despachado con la cuchara grande en la asignación de cargos municipales y salarios para sus compadres y los familiares y amigos de sus compadres. De acuerdo con el testimonio de trabajadores municipales que pidieron el anonimato, en el Ayuntamiento se registra una serie de irregularidades. Citan el caso de Héctor Hernández, quien funge como director de Obras Públicas, cuya hermana despacha en la Dirección del DIF Municipal, mientras que su sobrina Abigail está adscrita a la misma Dirección de Obras Públicas. De igual forma, mencionan a Gilberto Hernández Ruiz, director de Servicios Públicos Municipales, de quien señalan formó parte de la corporación de la Policía Federal y hoy registra un súbito cambio en su situación económica, al señalar que actualmente se mueve en un costoso vehículo Jeep.
El caso es que la ciudadanía de Tres
Valles desconfía de los antecedentes partidistas de quienes gobiernan
actualmente el municipio, especialmente cuando se cuestiona la permanencia de
prácticas asociadas con otras fuerzas políticas. La pregunta que incomoda en
Tres Valles es inevitable: ¿De verdad llegó una nueva forma de gobernar o
solamente cambiaron los colores del ayuntamiento? Por lo anterior, el alcalde
Gallegos Cárcamo tiene la oportunidad de transparentar nombramientos, perfiles
profesionales, declaraciones de intereses, porque el ayuntamiento no es patrimonio
de ninguna familia, de ningún compadre ni de ningún grupo político. “Es una
institución que debe servir a todos los habitantes de Tres Valles”, afirman los
inconformes, quienes pidieron transparentar la trayectoria e ingresos de los
funcionarios públicos.
Gobernantes.com
ANILÚ, LA 4T NO TE DEBE NADA
JOSEFINA, A SUS 70 AÑOS, DOBLÓ AL SISTEMA: TRES DÍAS DE PROTESTA BASTARON PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A RESPONDER
Josefina demostró que quien ríe al último, ríe mejor. A sus 70 años, y en apenas tres días de protesta, consiguió lo que durante años le habían negado: obligar a las autoridades a atender sus demandas, resolver sus problemas y ofrecerle incluso un apoyo económico adicional.
Mientras algunos policías que permanecían detrás de ella se burlaban de sus condiciones laborales, calificadas por la manifestante como motivo de indignación, Josefina mantuvo firme su protesta y terminó doblando a un sistema que parecía ignorar sus reclamos.
La mujer rechazó dialogar con el gobernador de Yucatán, a quien calificó de «mentiroso», y llegó a manifestar que estaba dispuesta a «dar la vida» con tal de llevar su protesta contra Claudia Sheinbaum hasta Palacio Nacional.
La presión surtió efecto. De acuerdo con lo señalado sobre el caso, las autoridades aceleraron la solución de sus principales exigencias: regularizar su pensión por viudez, garantizarle el acceso a sus medicamentos y reparar el pozo de agua de su vivienda, una petición que, aseguró, llevaba años sin recibir respuesta.
Pero la respuesta no terminó ahí. También habría recibido un apoyo económico extraordinario, una medida que, en medio de la controversia, alimentó las interpretaciones sobre la urgencia oficial por desactivar una protesta que amenazaba con escalar hasta el ámbito federal.
La historia de Josefina deja una pregunta incómoda: ¿por qué una mujer de 70 años tuvo que exponerse durante días, desafiar a las autoridades y amenazar con llevar su inconformidad hasta Palacio Nacional para obtener soluciones a necesidades básicas que debieron atenderse desde mucho antes?
Su victoria personal contrasta con una realidad preocupante: en ocasiones, parece que el ciudadano necesita llegar al límite de la resistencia para conseguir que el gobierno cumpla con sus obligaciones.
Josefina ganó su batalla. Sin embargo, el verdadero problema permanece: ¿cuántas personas más tendrán que protestar, arriesgar su salud o enfrentarse al poder para recibir una respuesta que debería ser un derecho y no una concesión de las autoridades?.
19 de octubre de 2026
TRAGEDIA EN ECUADOR: SACERDOTE MUERE AL CAERLE ENCIMA UNA GRAN CRUZ DURANTE UNA MISA TRANSMITIDA EN VIVO
Guayaquil, Ecuador.— Una tragedia sacudió a la comunidad religiosa de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, luego de que un sacerdote perdiera la vida el sábado al caerle encima una gran cruz mientras celebraba una misa transmitida en vivo por las redes sociales.
El lamentable accidente ocurrió durante la ceremonia religiosa y quedó registrado en la transmisión, lo que permitió que el momento se difundiera en plataformas digitales.
El hecho ha generado consternación entre los fieles y usuarios de redes sociales, al tratarse de un acontecimiento inesperado ocurrido en pleno acto litúrgico.
Hasta el momento, la información disponible no precisa las circunstancias exactas que provocaron la caída de la estructura religiosa ni si las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.
SAMANTHA VICENTTINI DENUNCIA PRESUNTOS ABUSOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL; ACUSAN PERSECUCIÓN POLÍTICA
Córdoba, Veracruz. — La detención de Samantha Vicenttini Luna, ex candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Córdoba e integrante del Movimiento del Sombrero, desató nuevas críticas contra la actuación de la Policía Ministerial y abrió un debate sobre el posible uso de las instituciones de procuración de justicia contra actores políticos opositores.
De acuerdo con los reportes sobre el caso, elementos de la Policía Ministerial de Investigación detuvieron a Vicenttini Luna la tarde del domingo en su domicilio, ubicado en la colonia San José, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de amenazas.
Tras el operativo, integrantes del Movimiento del Sombrero de las Altas Montañas denunciaron una presunta persecución política contra la ex aspirante a la presidencia municipal de Córdoba. Los señalamientos pusieron en cuestión las circunstancias de la detención y el trato que recibió durante el procedimiento.(Comunicado: https://www.facebook.com/share/p/19afHPxfNp/)
La propia Samantha Vicenttini Luna difundió una carta abierta en su muro de Facebook, dirigida a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y al juez de control del distrito judicial de Córdoba, en la que denuncia presuntas violaciones a sus derechos humanos durante su aseguramiento y traslado.
En el documento, sostiene que solicitó de manera reiterada realizar una llamada telefónica para informar a sus familiares y a su defensa legal sobre su paradero y situación jurídica. Sin embargo, afirma que los agentes le retiraron y retuvieron su teléfono celular, impidiéndole comunicarse y manteniéndola incomunicada.
También acusa a los elementos ministeriales de presuntamente ejercer violencia física y verbal en su contra, mediante agresiones, insultos y amenazas que, según su versión, vulneraron su integridad personal y dignidad.
Ante estos hechos, solicita que sus señalamientos queden asentados en el expediente judicial, que se le practique una valoración médica para documentar las lesiones que asegura haber sufrido y que se investigue la actuación de los agentes involucrados. Asimismo, pide que, en caso de acreditarse responsabilidades, se proceda por las vías penal y administrativa correspondientes.
¿Justicia o posible persecución política?
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ha acompañado a la política mexicana: la utilización de procedimientos judiciales contra personajes que mantienen posiciones críticas frente al poder.
En distintos sectores de la oposición han surgido cuestionamientos sobre la reactivación de denuncias y procesos penales contra adversarios políticos, bajo la sospecha de que las instituciones de justicia pueden convertirse en instrumentos de presión o intimidación. Sin embargo, cada caso debe analizarse a partir de pruebas y hechos verificables, sin dar por acreditada una persecución política únicamente por la identidad o filiación de la persona detenida.
En el caso de Vicenttini Luna, la denuncia de sus compañeros del Movimiento del Sombrero plantea interrogantes que las autoridades tienen la obligación de aclarar: ¿se respetaron sus derechos durante la detención?, ¿se le permitió comunicarse con su defensa?, ¿existieron agresiones por parte de los agentes ministeriales? y ¿hay elementos objetivos que sustenten el señalamiento de persecución política?
La existencia de una orden de aprehensión por el presunto delito de amenazas no exime a las autoridades de cumplir con los protocolos legales ni justifica posibles abusos. Del mismo modo, las acusaciones contra los agentes deben investigarse para determinar si existieron conductas indebidas.
Por ahora, los señalamientos de Samantha Vicenttini Luna y las acusaciones de persecución política formuladas por integrantes del Movimiento del Sombrero constituyen versiones que requieren esclarecimiento. Será responsabilidad de la Fiscalía y de las autoridades judiciales garantizar el debido proceso, investigar las presuntas agresiones y ofrecer información que permita conocer las circunstancias reales de la detención.
La justicia no puede utilizarse como herramienta de venganza política, pero tampoco puede sustituirse por acusaciones sin pruebas. La obligación de las autoridades es actuar con legalidad, transparencia e imparcialidad, sin distinciones partidistas ni represalias contra quienes ejercen la oposición.











