Foto de imagen del golfo
XALAPA, VER. –
Vecinos de la colonia Ampliación Jardines del Sur, perteneciente al municipio
de Córdoba, Veracruz, se manifestaron esta mañana de miércoles 30 de septiembre en la Plaza Sebastián Lerdo de
Tejada para denunciar una presunta red de simulación y fraude procesal que
busca despojar a 103 familias de sus viviendas.
Los inconformes se plantaron frente a Palacio de Gobierno para solicitar la intervención inmediata de las autoridades competentes. Señalaron directamente al licenciado Gustavo González Lazcano, exjuez segundo de Primera Instancia del distrito judicial de Córdoba, de incurrir en graves violaciones al debido proceso, parcialidad sistemática y omisiones a la legalidad, lo que mantiene a los residentes en una total incertidumbre jurídica.
De acuerdo con los manifestantes, el juicio de prescripción positiva promovido por la directiva de una asociación civil se realizó en presunta confabulación entre el exjuez, la Notaría Pública número 18 y el descendiente de las propietarias originales de los terrenos, quienes ya fallecieron.
ACUSAN FALSIFICACIÓN DE FIRMAS Y AMENAZAS
Al respecto, la señora Luisa Galán, una de las afectadas, acusó directamente a Daniel Trujillo, a una persona identificada como Jesús Cruz y a la señora Beatriz Valdivia, quienes se ostentan como directivos de la asociación "Jardines del Sur, Córdoba, A.C.". La afectada afirmó que dicha asociación civil fue constituida sin notificar a los residentes de la colonia que promoverían juicio para adjudicarse el predio en donde se encuentra asentada la colonia ampliación Jardines del sur.
"Es una asociación que se fundó el 17 de abril de 2022. Al enterarnos de las irregularidades cometidas, nos negamos a integrarnos a la misma y, en represalia, ahora nos quieren quitar nuestros terrenos; se sienten dueños de los lotes. Nos invitaron a ser parte de la asociación y, como no aceptamos, ya nos están amenazando con que nos van a quitar los predios, siendo nosotros fundadores desde el año 2004", manifestó la señora Luisa Galán.
Finalmente, los afectados detallaron que poseen de buena fe sus propiedades, avaladas por contratos de compraventa fechados desde el 4 de noviembre de 2004, por lo que exigieron que se detenga el atropello legal en su contra.
Hacen un llamado a la gobernadora para que las apoye y que no se cometa el atropello, además que se reactive la denuncia penal y se protejan sus intereses patrimoniales dentro de las demandas de nulidad de juicio.
Los manifestantes fueron atendidos y canalizados a las dependencias para agilizar sus peticiones.
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