Desarmador Politico
La paciencia del sector empresarial mexicano parece haber llegado a un punto crítico. Lo que comenzó como un encuentro institucional de carácter privado, celebrado el mes pasado en la Secretaría de Gobernación entre su titular, Rosa Icela Rodríguez, y un grupo de destacados inversionistas, terminó convertido en un abierto desahogo sobre uno de los principales obstáculos que, según empresarios, enfrenta la inversión en distintas regiones del país: la corrupción y la presunta extorsión desde estructuras gubernamentales.
La reunión tenía, en principio, un propósito discreto: conocer de primera mano la percepción de la iniciativa privada sobre el rumbo del Gobierno Federal.
Pero la conversación tomó otro cauce.
A la titular de Gobernación le llovieron reclamos.
El cobro de piso por parte del crimen organizado ya formaba parte de las preocupaciones empresariales. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios expuestos durante el encuentro, existe otro fenómeno que comienza a generar igual o incluso mayor inquietud entre algunos inversionistas: una presunta “extorsión gubernamental”, ejercida —según los denunciantes— mediante trámites, permisos, inspecciones y obstáculos administrativos.
Los señalamientos involucraron principalmente a administraciones municipales emanadas de Morena y, en menor medida, de Movimiento Ciudadano.
VERACRUZ, EN EL CENTRO DE LAS QUEJAS
Entre las entidades mencionadas, Veracruz habría concentrado una parte importante de los reclamos.
La preocupación empresarial plantea una pregunta de fondo: ¿qué tanto conocen los gobiernos estatal y federal las prácticas que, según los denunciantes, estarían ocurriendo en determinados ayuntamientos?
Los empresarios describieron una serie de mecanismos que, aseguran, terminarían convirtiendo la burocracia en una barrera para la inversión.
Licencias de construcción que se prolongan indefinidamente, dictámenes de Protección Civil, permisos relacionados con agua potable y otros requisitos administrativos serían utilizados, de acuerdo con los testimonios expuestos, para retrasar, condicionar o encarecer determinados proyectos.
Y cuando la tramitología no resulta suficiente, sostienen los denunciantes, aparecerían exigencias económicas informales.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a que algunos funcionarios municipales admitirían en privado que participan en estas prácticas por temor a perder sus puestos.
Se trata, desde luego, de afirmaciones que requieren investigación, documentación y el derecho de réplica de los funcionarios involucrados antes de establecer responsabilidades.
AYUNTAMIENTOS Y NEGOCIOS PRIVADOS
El problema, según los empresarios, no terminaría en la solicitud de pagos indebidos.
También denunciaron que determinados grupos vinculados con funcionarios municipales estarían intentando intervenir directamente en mercados y negocios locales mediante terceros o presuntos prestanombres.
La acusación es grave: que algunos gobiernos municipales estarían utilizando el poder público para favorecer intereses particulares.
En ese contexto fue mencionado el caso del relleno sanitario de Nogales y una adjudicación que, según los testimonios recogidos durante el encuentro, habría estado relacionada con el entonces legislador Zenyanzen Escobar García, quien posteriormente falleció.
Por la naturaleza de la acusación, el caso requiere ser contrastado con documentos oficiales, contratos, expedientes administrativos y resoluciones de las autoridades competentes antes de establecer cualquier conclusión.
INVERTIR EN VERACRUZ, UN DESAFÍO
Para una empresa ya establecida, enfrentar obstáculos administrativos puede traducirse en mayores costos, pérdida de tiempo y retrasos operativos.
Para un nuevo inversionista, el problema puede ser todavía más delicado: reconsiderar el proyecto.
De acuerdo con empresarios consultados, en determinados municipios veracruzanos el camino para concretar una inversión no dependería únicamente de la autoridad formalmente constituida, sino también de grupos de influencia que operarían alrededor de los ayuntamientos.
La percepción expresada durante la reunión es que asesores, socios, operadores políticos y personas cercanas a funcionarios tendrían una influencia considerable en determinadas decisiones económicas locales.
Son acusaciones que, de comprobarse, dejarían de ser un simple problema administrativo.
Significarían un riesgo para la competencia, la inversión, la generación de empleos y, en última instancia, para la confianza de quienes consideran destinar capital al estado.
EL CASO DEL INGENIO SAN PEDRO
Otro de los ejemplos expuestos durante el encuentro fue el de municipios ubicados en la zona de influencia del Ingenio San Pedro.
Según los testimonios referidos por empresarios y habitantes de la región, autoridades municipales habrían impuesto obstáculos regulatorios y administrativos que terminaron afectando la operación de la factoría.
Algunos productores cañeros y trabajadores atribuyen a esas dificultades parte de la presión que habría contribuido a la decisión de liquidar la planta, con el consecuente impacto sobre el empleo y la economía regional.
Nuevamente, se trata de señalamientos que deben ser contrastados con expedientes administrativos, decisiones empresariales, información financiera y testimonios de las partes involucradas.
LA RESPUESTA DE GOBERNACIÓN
Frente a este inventario de preocupaciones —que los empresarios aseguran también se presenta, con distintas modalidades, en otras regiones del país—, la respuesta de Gobernación habría sido institucional.
Durante la reunión, Rosa Icela Rodríguez tomó nota de los planteamientos y, según lo referido por los asistentes, se comprometió a hacer llegar la información a la Presidenta de la República.
Hasta ahora, de acuerdo con los empresarios participantes, no se han hecho públicas acciones concretas derivadas de aquellos señalamientos.
Y ahí está precisamente el punto de fondo.
La iniciativa privada no solo reclama seguridad frente al crimen organizado.
También exige certeza jurídica, reglas claras y autoridades que no conviertan los trámites públicos en obstáculos para invertir.
Porque si un empresario debe enfrentar simultáneamente al crimen organizado por un lado y una burocracia presuntamente utilizada para obtener beneficios particulares por el otro, la pregunta deja de ser cuánto está dispuesto a invertir.
La pregunta comienza a ser otra:
¿Vale la pena invertir?
Las acusaciones expuestas en Bucareli son demasiado serias como para quedar archivadas en una libreta de apuntes.
Corresponde a las autoridades investigar cada caso, deslindar responsabilidades y, sobre todo, distinguir entre una denuncia sustentada y una acusación sin pruebas.
Porque la transparencia también consiste en eso:
Investigar. Documentar. Rendir cuentas.
La pregunta final, entonces, no es solamente de qué transformación hablan los actuales gobernantes.
Es mucho más concreta:
¿Qué harán las autoridades cuando quienes denuncian los abusos son precisamente quienes arriesgan su capital, generan empleos y sostienen buena parte de la economía local?
La respuesta —y las acciones que de ella se desprendan— corresponderá a las autoridades.
Pero el mensaje empresarial ya fue enviado.
Y esta vez, el grito llegó hasta Bucareli.
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