Mono viejo….
Tal como se temía, ayer el PRI aprobó una que sin duda es de las más peligrosas Reformas que hemos visto en los últimos años. La Ley de Transparencia fue modificada a modo que las resoluciones dictaminadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información puedan ser debatidas en otras instancias legales cuando no convenga a la autoridad dar a conocer determinada información, pero además eliminaron la posibilidad de restarle opacidad a los recursos manejados por sindicatos y por partidos políticos….
En
abierto el tramposamente llamado “Nuevo PRI” garantiza el manejo
discrecional del dinero público sin que al parecer nadie pueda evitarlo.
Senadores del PAN y del PRD calificaron como “vergonzosa y cínica” las modificaciones que la bancada priista realizó a dicha ley….. “12 años de retroceso en un día” acusaron en rueda de prensa. Por su parte la Organización defensora de la Libertad de Expresión y Derechos Humanos Articulo 19 emitió un comunicado manifestando su rotundo rechazo a esta aprobación “Es un grave retroceso en la rendición de cuentas, PRI y PVEM niegan la posibilidad de fortalecer una pieza clave del sistema democrático de nuestro país, la ambigüedad del PRD lo hace posible también”….afirma la ONG en el pronunciamiento que hicieron la tarde de ayer a través de su página de internet.
Para ser más claros, lo que los legisladores del PRI y del Partido Verde aprobaron significa en primer término, que si por ejemplo usted solicita información sobre los gastos de un gobierno en determinado rubro, el instituto local, en el caso de Veracruz el IVAI, pida a la dependencia un informe sobre el mismo, pero si a esta no le conviene -como ocurre casi siempre- que se haga público, entonces la dependencia podrá solicitar al poder judicial que revise el asunto y considerando que no existe ni división de poderes ni autonomía en los mismos, lo más probable es que esta instancia legal emita un fallo en el que diga que no se le da la información y punto. Según las modificaciones realizadas, no hay nada más que hacer.
Otro de los puntos planteados en la Reforma original y que fue eliminado por los Senadores del PRI, era que se le debía proporcionar al IFAI las facultades legales necesaria para poder exigir cuentas a los sindicatos cuando cualquier agremiado lo solicitara. Para los legisladores de oposición esta medida podría no sólo representar una posible solución al complejo tema del enriquecimiento “anormal” de la mayoría de los líderes sindicales en nuestro país, sino que también respaldaba el derecho que tienen los empleados sindicalizados a saber exactamente la manera en la que se utilizan sus aportaciones.
La Ley de Transparencia fue propuesta por el Grupo Oaxaca, conformado por académicos, intelectuales, activistas de varias organizaciones civiles de todo el país y aprobada hace doce años, hoy y a pesar de que fue UNO DE LOS COMPROMISOS propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto, fortalecer y dotar de la autonomía necesaria a los organismos encargados de vigilar la rendición de cuentas en nuestro país, los legisladores priistas borraron de un plumazo, como señalaba el Senador Alejandro Encinas, la obligación moral y legal de los gobiernos de rendir cuentas y lograron una ley que protege a quienes decidan manejar el dinero de los ciudadanos como si fuera suyo.
Y ni así…..
Uno de los puntos que debatían los Senadores de oposición inconformes con las modificaciones aprobadas a la Ley de Transparencia, es que en países como el nuestro -catalogado como el tercero en la lista de los más corruptos del continente Americano- y particularmente en estados en los que según la propia Secretaría de Hacienda la deuda pública se ha incrementado en un 480% en los últimos 4 años, esta Reforma permitirá que los gobernantes no tengan siquiera la necesidad de fingir que les preocupa que los ciudadanos sepan la manera en la que se ejercen los recursos provenientes del erario público.
De acuerdo a los datos proporcionados por la SHCP en entidades como Chihuahua, Coahuila, Campeche, Tamaulipas, Morelos, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán y Veracruz la deuda pública pasó en la última década de 90 mil millones a un poco más de 434 mil millones de pesos. En el caso de Veracruz, el ex Gobernador Miguel Alemán dejó al término de su gestión una deuda de 3,500 millones de pesos, la cual se incrementó según cifras oficiales durante el sexenio de Fidel Herrera a 21,500 millones de pesos y esta a su vez, en los primeros tres años de gestión de Javier Duarte al cierre del cuarto trimestre del 2012 rebasaba ya los 40,000 millones de pesos. Gracias a la nueva Ley si cualquier veracruzano quisiera cuestionar el destino de este dinero y el Gobierno se niega a responderle en complicidad con la instancia legal que tenga la última palabra, entonces hasta ahí llegará la indagatoria.
A inicios de semana, el Consejero Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Gerardo Laveada aseguraba que la sólo posibilidad que la reforma a la Ley de Transparencia se aprobara, asustaba y es que a decir de Laveada con la Reforma Fiscal, los Estados contaran con más recursos económicos pero con menos esquemas legales que los obliguen a una auténtica rendición de cuentas. Y ese es exactamente el panorama que se presenta.
En las redes sociales, promovido por más de 15 organizaciones civiles, desde anoche se empezó a convocar a una gran manifestación nacional para exigir a los legisladores del PRI dar marcha atrás a la nueva Ley de Transparencia. Colectivo Transparencia señalaba que tan grave resultan los excesos que desde el poder se cometen como la sumisión con la que acatamos como sociedad cada uno de ellos. El tema de la transparencia, coincidían todos los grupos, debe ser tomado por los Mexicanos con la seriedad que amerita, permitir que en abierto la opacidad en el manejo del dinero público se legalice, no sólo causa más daño que cualquier otra Reforma que se esté analizando porque se provoca que los órganos que en su momento se concibieron como autónomos, queden expuestos a la manipulación absoluta de los gobernantes, sino que también se les otorga a estos el poder absoluto para disponer del dinero público del modo que gusten sin que ningún ciudadano pueda exigirles cuentas.
FUENTE: NOTIVER
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