Javier Duarte acaba de comprobar que en asuntos de prensa está reventado. Se esforzó al máximo, se empeñó en vender que le había hecho justicia a la periodista Regina Martínez; que había atrapado a su asesino; que los comunicadores son su prioridad y que es su defensor a ultranza, y en un instante el caso se le cayó.
Duarte tomó una vereda equivocada en el caso Regina. Siempre sostuvo que el móvil del crimen era pasional. Descartó que la corresponsal de la revista Proceso haya sido ultimada por su oficio, por sus reportajes críticos hacia clase política veracruzana, incluso hacia los narcopolíticos, y se embarcó en la aventura de imputarle la autoría material a un individuo que resultó sólo un chivo expiatorio, Jorge Antonio Hernández Silva, “El Silva”, al que le echaron 38 años y dos meses de cárcel.
El
gobernador de Veracruz se sentía pleno y soberbio con esa sentencia. Su brazo
ejecutor fue el procurador Amadeo Flores Espinosa. El verdugo fue, en primera
instancia, la jueza de la causa, Beatriz Rivera Hernández.
Duarte suponía haber acallado las críticas del gremio periodístico y con su muy estrecha visión, imaginaba que la opinión pública se tragaría el cuento de que en Veracruz la justicia existe, se aplica sin distingo y con ella se derrota a la impunidad. En sus adentros, el gobernador gozaba al aferrarse a la hipótesis —una perversa hipótesis— de que Regina Martínez fue asesinada por un par de amigos, dos delincuentes de poca monta, con los que solía embriagarse y que en una de sus jornadas de desenfreno la mataron para robarle.
Con el aparato de justicia bajo sus órdenes, Javier Duarte sabía que el fallo sería a modo. No sólo enlodaba a Regina Martínez, cuya trayectoria –y conducta pública- fue impecable y es un ejemplo para las nuevas generaciones de periodistas por su profesionalismo, honestidad y valentía, sino que desvinculaba a los grupos de poder de cualquier sospecha, pues entre los señalados por la corresponsal de Proceso por actos de corrupción, abuso de autoridad, ineficiencia administrativa e incluso vínculos con el crimen organizado se hallan el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, el ex secretario de gobierno, Reynaldo Escobar, y el diputado Alejandro Montano, sin descartar a los cuerpos policíacos y al área de investigación e inteligencia del gobierno veracruzano.
Acusar al “Silva” fue lo de menos. Analfabeta y enfermo de Sida, no había quien viera por su vida, así fuera sin pruebas concluyentes que lo implicaran en esa coartada concebida porAmadreo Flores, el procurador, y avalada por el gobernador de Veracruz.
Javier Duarte pudo imponer un móvil en el que nadie creyó y supuso que se había salido con la suya. Enfrentó la crítica y dio muestras de que todo lo que le dijeran se le resbalaba. Recibió el halago de su prensa afín, los periodistas a sueldo, pagados con dinero de los veracruzanos para aplaudir y callar, pero a los que nadie les cree.
En cambio, lo aplastó una avalancha de señalamientos de la prensa seria, las voces críticas, dentro y fuera de México, medios extranjeros, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de la integridad de los periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Human Rights, entre muchas.
Casi cuatro meses después, el caso Regina se le cayó. La Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz emitió una sentencia que hace polvo el teatro justiciero de Javier Duarte: ordena la liberación del “Silva” y se sustenta en el hecho de que se le violaron sus derechos; fue aprehendido sin orden judicial y tampoco en flagrancia; se le torturó para incriminarse; se carece de un testigo que lo señale, y a su supuesto cómplice hasta el momento no se le ha detenido.
La ponencia de esa sentencia estuvo a cargo del magistrado Edel Álvarez Peña, ex alcalde de Coatzacoalcos, ex director de Notarías y ex líder estatal del PRI, un hombre del sistema, dueño del periódico El Liberal y una cadena de medios, que siempre ha cosechado jugosos contratos de publicidad y que por lo mismo ha sido un leal servidor del gobernador en turno.
Dicha ponencia fue apoyada por el magistrado Andrés Cruz Ibarra, un ex juez en Coatzacoalcos y ex director jurídico municipal en los días en que Edel Álvarez era tesorero del ayuntamiento. Ambos son viejos hernandezochoístas y hasta donde se sabe, Cruz Ibarra no hace nada si Edel no se lo ordena. Con el voto de ambos, la sentencia letal acabó con el plan con el que Javier Duarte pretendía deshacerse del crimen de Regina Martínez.
Esa fue una mala noticia para el gobernador de Veracruz. Pero no es la única. La Procuraduría General de la República, que también tiene coadyuvancia en el caso Regina Martínez, expresó horas antes de conocerse que “El Silva” sería liberado, que el crimen de la periodista obedecía a lo que escribía y no a su vida privada.
La fiscal especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, de la PGR, Laura Angelina Borbolla, había señalado el 7 de agosto, que entre los objetos que desaparecieron de la casa de Regina Martínez el día que fue asesinada, se hallaban dos computadoras personales y teléfonos celulares, “además de que fueron desprendidas las conexiones de dos smartphone y de las computadoras”.
Lo que agregó, generó revuelo en los medios de comunicación y pareció el preludio de la debacle de opinión pública que hoy enfrenta Javier Duarte. Dijo:
“Eso nos permite generar la línea de investigación de que es por su actividad periodística, sin que sea la única que se tenga abierta y sin que se hayan agotado al menos de parte de la fiscalía ninguna de las líneas de investigación”.
Al día siguiente, se conoció que “El Silva” había sido exonerado, que fue sometido a tortura y que se le violaron sus derechos. El caso se había ido de las manos al gobernador Javier Duarte.
Desde entonces, la prensa crítica y las organizaciones defensoras de los periodistas se han dado a la tarea de exigir que el caso Regina Martínez sea atraído por la PGR, pues le da más validez a la hipótesis de que fue asesinada por su labor periodística y no por un móvil pasional, como sostiene Javier Duarte.
El caso se le volvió una maraña al gobernador veracruzano. No todos los días el Tribuna Superior de Justicia le derrumba una sentencia de tal magnitud, con la que Javier Duarte intentaba eximir a la clase política del crimen de Regina Martínez y con la que se presentaba, en el colmo de los colmos, como un defensor de los periodistas.
Si a ese hecho se agrega que la PGR se inclina por seguir la línea del asesinato por lo que Regina Martínez escribía, y que tiene que ver con los políticos veracruzanos, de Fidel Herrera y Javier Duarte para abajo, el asunto es por demás delicado para el gobernador y para su futuro político.
¿Acaso el Presidente Peña Nieto instruyó al procurador Murillo Karam para reactivar el caso Regina Martínez? ¿Acaso Edel Álvarez Peña recibió línea para liberar al “Silva” y poner contra la pared al gobernador Duarte? Son preguntas que circulan en medios de prensa y también entre la familia política.
Bastaría con que el caso Regina pase a la esfera federal para que el grupo duartista, que es el mismo grupo fidelista, comience a pensar cómo enfrentar el crimen de una periodista que siempre, con información sustentada, con su honradez y honestidad por delante, venía exhibiendo cómo han lucrado con Veracruz y cuánto daño le han hecho a los veracruzanos.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
No hay comentarios:
Publicar un comentario