El puntal de la política social de Peña Nieto, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, despertó críticas desde que lo anunciaron, dado el enorme gasto y la rentabilidad política de la población que pretende alcanzar. Ahora el plan que encabeza la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, incluye la participación del Ejército y la Marina, pero está provocando rechazo porque la presencia militar se interpreta como una ocupación de territorios indígenas.
Refuerzan vigilancia militar en Guerrero. Foto: Bernandino Hernández
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A medio centenar de comunidades de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero llegaron, en agosto, camiones cargados de soldados con brazaletes amarillos distintivos del Plan DN-III, que usa el Ejército para auxiliar a la población en los desastres naturales. Aunque no había una emergencia de ese tipo, los pobladores vieron a los recién llegados bajar colchonetas, grandes ollas y cajas con víveres e instalarse en el corazón de sus pueblos, donde colocaron amplias lonas con la justificación de su presencia: “Cruzada Nacional contra el Hambre”.
Los presidentes municipales explican a los comisariados ejidales que los soldados se quedarán unos meses (unos dicen tres, otros seis) para alimentar a la gente, construir comedores comunitarios, dar consultas y medicamentos, cortar el pelo gratis y enseñarles a las mujeres a cocinar para los niños. Se instalarán en 500 comunidades.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) esta estrategia fue bautizada inicialmente como “Plan DN-III Social” y se aplica –según los críticos del proyecto– justo en poblaciones que conservan una negra memoria del Ejército por su historial de violaciones a los derechos humanos. Algunas, en este mismo momento están siendo perseguidas y criminalizadas por haber creado su propia policía comunitaria.
Para algunos, la estrategia es de ocupación y en este momento parece esquizofrénica. En comunidades como El Paraíso, Ayutla, la gente ha visto llegar en los mismos días a “soldados buenos” que alimentan a los niños e intentan fomentar nuevos hábitos alimenticios, y a “soldados malos” que desarman a sus policías, someten a la población y encarcelan a sus líderes.
Desde La Montaña de Guerrero, la región que encabeza los índices más altos de miseria en el país, el antropólogo Abel Barrera señala, preocupado: “Ahora resulta que se va a meter a la médula de la vida comunitaria de los pueblos un actor armado que quiere tener el control de la población a través de la dotación de alimentos. Esto es una remilitarización”.
La estrategia ha puesto en un dilema a las comunidades. Varias han anunciado su rechazo a la presencia del Ejército aunque eso implique pasar hambre.
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