En los dos años y medio que lleva Javier Duarte “al frente” del Gobierno Estatal, por lo menos en tres ocasiones ha quedado plenamente comprobada la “habilidad” de las autoridades encargadas de procuración de justicia para manipular expedientes, inventar testigos y enlodar víctimas de tal modo que pareciera que “merecían morir” por andar en malos pasos o por lo menos por no saber elegir bien a sus amistades. El último montaje armado en el palacio se cayó por completo el día de ayer al ser revocada la sentencia de “el Silva” a quien la PGJE atribuyó el crimen de la corresponsal de la Revista Proceso en Veracruz Regina Martínez.
Desde hace varios días le informaba que por más de un año un grupo de Agentes Federales enviados por la Sub Procuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, cuyo titular es Ricardo Francisco García Cervantes y la cual pertenece a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión a cargo de la Maestra Laura Angelina Borbolla Moreno, investigaban por su cuenta TODAS y cada una de las agresiones, hostigamiento, amenazas, o intentos de intimidación -exista o no denuncia formal-, relacionados con el libre ejercicio de expresión en Veracruz. Y también como se lo comentaba en la columna del día 2 de Agosto, el caso Regina Martínez aún con la atribución directa del crimen al sujeto sentenciado, fue objeto de investigación por parte de dichos agentes.
El primer aviso que el expediente armado por la “procu” respecto al homicidio de Martínez se desmoronaba por completo, se dio el martes pasado, cuando la fiscal Laura Angelina Borbolla declaró que tenían indicios suficientes para creer que el móvil del asesinato efectivamente se encontraba en la actividad periodística realizada por Regina Martínez y no en un asunto meramente de “índole personal” como hasta hoy insiste la Procuraduría de Justicia del Estado.
El sucesor de Regina Martínez en la corresponsalía estatal de Proceso Noé Zavaleta, confirma a través de una nota publicada en el portal del semanario, que el Tribunal Superior de Justicia revocó la sentencia de 38 años de Jorge Antonio Hernández alias “el silva” por considerar que se violaron sus garantías durante el proceso de detención, que la confesión de culpabilidad fue obtenida por medio de tortura y que la Procuraduría Estatal no cumplió a “cabalidad” con su función, o lo que es lo mismo no integró el expediente con el sustento legal debido para sostener la sentencia dictada.
Después del asesinato de la periodista ocurrido el día 28 de abril del 2012, la Procuraduría de Justicia decidió sin tener los elementos probatorios necesarios que las indagatorias deberían girar en torno a la vida personal de Regina, no a su actividad profesional, declararon como testigos en el juicio gente que se dijo cercana a la periodista sin que esto se demostrara tampoco, el principal argumento legal en el que fincaron la culpabilidad de “el Silva” fue en que el mismo sujeto había reconocido su participación en los hechos.
Sin embargo, el mismo Jorge Antonio Hernández declaró dos días después de haber sido presentado como el asesino confeso, que su detención ocurrió un mes antes y que durante ese mes, permaneció en un sitio por el rumo de “las trancas” –en las cercanías de Xalapa- en donde fue sometido a toda clase de torturas hasta que confesara un crimen, que dijo en aquel momento también, no cometió.
Por su parte, el equipo de investigadores enviados por la propia Revista Proceso en acuerdo con Gobierno del Estado para coadyuvar en las investigaciones del caso, denunciaron que la información les era negada de manera constante por las autoridades de la PGJE a cargo de Amadeo Flores Espinosa y al darse a conocer los resultados de dicha investigación responsabilizando a “el silva” del homicidio, tanto la Revista como Organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión manifestaron su desconfianza y exigieron no se le diera carpetazo final al asunto al no resultar “creíble” la versión dada a conocer de manera oficial.
La artífice de los montajes…..
Una pieza clave para que las “historias fantásticas” de la prosperidad se difundan y se oculten datos de primera importancia sobre el desarrollo real de los acontecimientos de cualquier índole en Veracruz, es María Georgina Domínguez Colío, Coordinadora de Comunicación Social y Vocera oficial de Gobierno del Estado. Desde esta oficina se han vertido toneladas de lodo sobre quienes se consideran opositores al sistema a través de distintas plumas afines. Estos hechos también son investigados y podrían traer consecuencias más graves de las que podrían calcularse.
El asunto de fondo para demostrar el control mediático ejercido a través de la vocera, es que se dé a conocer a la opinión pública el millonario presupuesto que esta maneja, mismo que hasta hoy y sin importar que surja del propio pueblo, se ha mantenido como información clasificada como “reservada”. La tarde de ayer el político panista Miguel Ángel Yunes Linares puso el dedo en la llaga y presentó una solicitud formal para que se detalle el presupuesto ejercido a través de la Dirección de Comunicación Social de Gobierno del estado del 2010 a la fecha y adelantó que ante la posibilidad de que dicho informe sea negado -el cual por cierto puede solicitar cualquier ciudadano veracruzano- acudirá a la Suprema Corte de Justicia para pedir se obligue a la dependencia, porque además está contemplado en la ley que así sea, a transparentar el manejo de estos recursos
“Es obvio que el gobierno ha utilizado miles de millones de pesos para difundir obras y acciones que no se han llevado a cabo, cuando la crisis que vive Veracruz no tiene paralelo en su historia…..Cerca de 53 millones de veracruzanos en situación de pobreza, inseguridad creciente, pésimos servicios de salud, baja calidad educativa, alta desviación de recursos, carencia absoluta de obra pública, crisis financiera que afecta a los pensionados y jubilados y una deuda pública cercana a los 90 mil millones de pesos”.. es parte del mensaje en el que Yunes Linares calificó como acciones que rayan en la burla por parte de Gobierno del estado.
Pero a este señalamiento que no es menor además, habría que agregarle el posible dinero utilizado para ensuciar a través de publicaciones tendenciosas, la imagen de compañeros vivos y muertos. Todo surge del mismo lugar, y ante la magnitud de los recientes acontecimientos, se demuestra que “este lugar” es una auténtica cloaca de la que difícilmente varios podrán salir “limpios”.
FUENTE: NOTIVER
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