Fredy Marcos Valor
Los fenómenos meteorológicos naturales han existido por siempre, y el ser humano ha tenido que adaptarse a dichos eventos, el problema radica en que debido al exponencial crecimiento de la población, ésta cada vez busca lugares en los cuáles vivir, sin tomar en cuenta si son o no aptos para ello. Es aquí en donde debe entrar el gobierno, en sus tres diferentes órdenes, comenzando por el federal, pasando por el estatal, hasta llegar al municipal.
Desgraciadamente,
México es un país en el que impera la corrupción y gobierna la anarquía, dicho
de otra forma, hay quienes consiguen que se modifique el uso de suelo mediante
la consabida mordida, sin importar en qué lugar se halle el predio, ya sea a
las orillas de un río, a la ladera de una montaña o cerro, o en las cercanías
de un volcán, desgraciadamente, en nuestro país todo se puede, si se le
puede llegar al precio.
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Por si la corrupción no fuera suficiente, existe también la anarquía, esto es, que grupos de personas siguiendo a un lidercillo, se apoderan de cualquier cantidad de terrenos agrestes, sin importar en lo más mínimo su ubicación geográfica, ni el grado de peligrosidad que representan, el chiste es ejercer presión a las autoridades, para que ante el inminente peligro que representa que se asienten allí, sean reubicados en zonas de menor riesgo, desde luego sin pagar por ello, sino haciendo recaer la carga de conseguir dichos terrenos al gobierno.
Pasemos ahora a lo que las autoridades han hecho para prevenir desastres a las personas que viven en situación de riesgo, sin importar la forma en la que llegaron a habitar dichos lugares, por principio de cuentas, el Gobierno Federal y las 32 entidades federativas, deben contar con un Atlas de riesgos, cuya definición sería “Un sistema integral de información, que permite establecer bases de datos y realizar el análisis del peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, regional, estatal y municipal, con objeto de generar mapas y sistemas geográficos de información”
Ya que con ello se debería en posibilidad de simular escenarios de desastres, emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer efectivas medidas de prevención de los riesgos, así como tener un equipo permanentemente preparado, capacitado y actualizado para contingencias como las ocurridas en nuestro país con el paso de los meteoros denominados “Ingrid” y “Manuel”, los cuáles, para nuestra mala suerte, son las de mayor intensidad en la historia de México, con lluvias que superan los 987 mm en la Sierra de Guerrero, lo que significa un 250 % más del máximo histórico registrado de lluvias en nuestro país.
Ello significa que aun estando preparados, la contingencia traería consigo víctimas fatales, la duda estriba en si las autoridades de Guerrero –y también las de Veracruz.—cumplieron con su deber de dar aviso oportuno a la población vulnerable y en situación de riesgo, así como de evacuar de los sitios peligrosos a todos aquellos compatriotas que lo necesitaran, sin importar los motivos que los orillaron a asentarse en esos lugares, ya que estamos hablando del bien más preciado, que es la vida, y es responsabilidad del estado velar por la vida de todos los mexicanos, incluyendo desde luego a los guerrerenses y veracruzanos.
A nivel federal, hay información acerca de que existieron errores u omisiones al respecto, ya que desde junio pasado, el Coordinador Nacional de Protección Civil Luis Felipe Puente y el presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado, Héctor Yunes Landa,recibieron un estudio de la OCDE en el que se advertía, entre otras cosas, que no había suficiente información en materia de prevención de desastres, que los tiempos de respuesta necesitaban mejorarse y que estados como Guerrero tenían un atlas de riesgos desactualizado y sin acceso al público, hablan específicamente de Guerrero, les parece coincidencia, o es una grave omisión de los funcionarios señalados?
A pesar de contar con esa información, cuatro meses más tarde, tras el golpe de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, en Guerrero suman 80 las personas muertas, daños económicos y en la infraestructura básica en más de la tercera parte del territorio de ese estado, sin embargo, en el seno del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que encabeza la Secretaría de Gobernación, no se implementó ninguna de las recomendaciones. Peor aún, ni siquiera se revisaron y actualizaron los inventarios de recursos y equipo para situaciones de emergencia, tampoco los mapas de riesgo; así como tampoco se elaboraron los escenarios para prevención de riesgos en el país, ni siquiera ante la temporada de ciclones. Las consecuencias están a la vista.
En Veracruz las cosas no fueron muy diferentes, ya que aunque el Presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado es el veracruzano Héctor Yunes Landa, parece que nadie tomó las medidas necesarias para evitar desgracias como la que ocurrió en Coscomatepec, en donde fallecieron 14 personas, en Yecuatla, lugar en el que murieron 13 habitantes más, así como en una congregación de Altotonga, en donde murieron 12 personas ante la falta de logística de protección civil, para –y permítaseme la redundancia—protegerlos del inminente peligro, peor aún, muchos de los muertos en Altotonga eran trabajadores que intentaban limpiar la carretera, cuando era obvio que el cerro tarde o temprano iba a desgajarse, y no hubo un especialista que se los advirtiera a tiempo.
Desgraciadamente, la Secretaria de Protección Civil, Noemí Zolia Guzmán Lagunes, no llevó a cabo su trabajo con eficiencia ni eficacia, y es que lamentablemente, no es una especialista en el tema, es economista y abogada, con un breve seminario en protección civil, el cual ya vimos que no le sirvió de mucho, y prueba de ello son los 38 veracruzano fallecidos por su irresponsabilidad, por lo que concluimos que las pérdidas humanas aquí comentadas, son a causa de la negligencia de las autoridades federales y estatales, y no precisamente a causa del destino.
FUENTE: PLUMAS LIBRES
