Por: Redacción
Nogales, Veracruz
Mientras los propietarios legítimos denuncian un despojo ilegal, un selecto grupo de empresas con operaciones opacas se reparte el millonario negocio de la gestión de residuos en el Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas. Detrás de este esquema, diversos señalamientos apuntan a una red de tráfico de influencias operada desde el poder político.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO: EL DESPOJO A ARRENDADORA CONSTRUCTO
La disputa legal comenzó con la empresa Arrendadora Constructo S.A. de C.V., propietaria legítima de varias parcelas clave del relleno sanitario, incluida la denominada Celda 9. Desde el año 2021, los apoderados legales de la firma denunciaron que les fue impedido el acceso a sus propios terrenos mediante el uso de la fuerza pública, específicamente a través del Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX).
A pesar de contar con escrituras públicas, actas notariales y registros fotográficos que acreditan su propiedad, la empresa fue marginada de las instalaciones. Ante estos hechos, se promovió la denuncia penal bajo la Carpeta de Investigación 663/2021, la cual permanece sin resolverse de fondo.
LA RED DE EMPRESAS OPERADORAS Y PRESUNTOS PRESTANOMBRES
Tras el desplazamiento de los dueños originales, la administración del predio cambió de manos de forma expedita:
Desarrolladora de Proyectos Lotto S.A. de C.V.: Tomó el control operativo del inmueble de manera sorpresiva.
Materiales Oconit S.A. de C.V.: En febrero de 2022, el Ayuntamiento de Nogales le otorgó una concesión directa por 15 años. Esta empresa, cuyo giro principal es la obra civil, carece de experiencia probada en el manejo de residuos ambientales, lo que ha levantado sospechas entre especialistas sobre su naturaleza jurídica.
LAS CONEXIONES POLÍTICAS: EL HILO CONDUCTOR
Investigaciones locales y denuncias directas vinculan este esquema con dos figuras de alto perfil político en la entidad: el diputado ZENYAZEN ESCOBAR GARCÍA y el exprocurador de Medio Ambiente del Estado, SERGIO RODRÍGUEZ CORTÉS.
La operación muestra un conflicto de interés sistemático: fue la propia Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), entonces encabezada por Rodríguez Cortés, la que impuso multas y clausuras consecutivas a Arrendadora Constructo, abriendo el camino para la entrada de los nuevos operadores. Asimismo, el representante legal que ha comparecido en las mesas de negociación de las empresas beneficiadas es un funcionario público directamente ligado al entorno cercano de la esposa de Escobar García.
UN MONOPOLIO FORZADO DE RESIDUOS
El impacto económico y ambiental de esta maniobra afecta a toda la región de las Altas Montañas:
Municipios afectados: Entre 45 y 50 ayuntamientos se ven obligados a depositar sus desechos exclusivamente en este sitio.
Costo financiero: Los gobiernos locales pagan altas tarifas por tonelada, consolidando un monopolio privado financiado con recursos públicos.
LITIGIO VARADO:
Mientras el negocio florece, los propietarios legítimos enfrentan un largo y tortuoso proceso en los tribunales locales.
EL RETO PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL
Este entramado de corrupción y despojo patrimonial representa un desafío directo para la administración de la gobernadora Rocío Nahle García. La opinión pública y los sectores afectados cuestionan la inacción del Ejecutivo estatal ante las pruebas presentadas por los legítimos dueños. La falta de intervención institucional deja en el aire una pregunta crítica: ¿se mantendrá la impunidad para proteger los negocios al amparo del poder de la administración pasada, o se aplicará el Estado de Derecho en el tiradero de Nogales?
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